Gesa Centro S.A.C — Res. 951-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Incluye todas) y, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo). 20555195444 soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 02 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 08 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señala que la resolución materia de impugnación se sustenta en una serie de fundamentos que son producto de una indebida aplicación e interpretación de los dispositivos legales citados en la misma, en el presente caso uno de los fundamentos que les causa agravio es lo expuesto en el numeral 11 de la parte considerativa. ii. Afirma que es falso que el inspector comisionado haya seguido los lineamientos establecidos para la notificación electrónica, pues si bien SUNAFIL mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica, para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, también es cierto que dicha norma reglamentaria debe de estar en consonancia con el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, que establece de manera clara que cuando una entidad administrativa te asigne una casilla electrónica a fin de emplazarte por dicho medio, previamente y de manera indispensable a la implementación de dicha modalidad de notificación, la administración debe contar con el consentimiento expreso del administrado o usuario. iii. Expresa agravio por lo manifestado en el numeral 12 de la resolución apelada e indicó que es un argumento lesivo decir que las alertas no revisten de validez a las notificaciones y además que es obligatorio para el administrado revisar constantemente la casilla electrónica, desconociendo la autoridad con tal afirmación lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, sobre la obligación de las alertas, por lo que solicita la nulidad de todos los actuados. iv. Señala que la administración pretende desconocer, lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual señala de manera expresa que cada vez que se realice una notificación mediante la casilla electrónica, la administración (SUNAFIL) tiene la obligación de comunicar al administrado, a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica en su correo electrónico y/o mediante el servicio de

mensajería, nótese que dicho dispositivo legal contiene un mandato obligatorio y no facultativo y al no ser así, resulta que los requerimientos de información notificados en la casilla electrónica son nulos. v. Asimismo, alega que la administración tiene la obligación de demostrar que ha cumplido con remitirles las alertas al correo electrónico y/o servicios de mensajería esto para poder considerar que los requerimientos hayan sido notificados válidamente, como derecho de todo administrado a conocer oportunamente el contenido de los documentos que le sean notificados.

i. La Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, cuya finalidad es mejorar la gestión pública y la atención al ciudadano. En mérito a ello, se emite el Decreto Supremo N° 003-2020-TR que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, y se crea el Sistema Informático de Notificación Electrónica, en calidad de sistema web que permite la trasmisión y almacenamiento de la información de notificaciones vía casilla electrónica, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la notificación diligenciada electrónicamente. ii. En relación a ello, con la publicación del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se establece el uso obligatorio de la Casilla Electrónica en SUNAFIL para empleadores y trabajadores, en ese contexto se realizaron diferentes actos de publicidad respecto a su activación y su obligatoriedad; desde su publicación en la página web de la SUNAFIL hasta su difusión en medios periodísticos, redes sociales a nivel nacional, desde el año 2020 con tutoriales de su activación, y uso correcto de la misma. iii. Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Laboral se pronuncia además señalando: “6.5 Resulta relevante para el presente caso, que se determine que todos los dispositivos legales antes señalados, citados por los pronunciamientos anteriores al presente, se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano. Por tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación conforme lo establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. Por ello, al ser responsabilidad del administrado el conocer lo dispuesto en las normas citadas, y siendo que ésta pudo tomar conocimiento sobre los alcances de la implementación de la Casilla Electrónica, no se advierte la falta de la razonabilidad en la aplicación de un procedimiento que se encuentra regulado en las normas legales de la materia, tampoco siendo por ello atendible el argumento del sujeto inspeccionado

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, véase folio 39 del expediente sancionador.

que cuestiona la oportunidad en la que fueron puestos de conocimiento los requerimientos de información emitidos por la autoridad inspectiva de trabajo”. Criterio que da cuenta que las normas publicadas conforme a ley son de obligatorio cumplimiento, siendo responsabilidad del administrado conocerlas. iv. Respecto a lo establecido por el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, este no determina que se requiera de autorización expresa del administrado, pues en el caso que nos ocupa, éste articulado permite que mediante decreto supremo del sector, se pueda aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, pues como lo señala el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se estableció que la casilla electrónica, se constituye en un domicilio legal obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas al administrado. v. En ese sentido, al tratarse de un domicilio obligatorio, establecido en el marco de la emergencia sanitaria, a efectos de evitar la propagación del COVID-19, en el que su registro en la Casilla Electrónica es por cuenta y obligación de los empleadores, a partir de su usuario y la clave SOL, de manejo y conocimiento exclusivo del contribuyente; se establece la legalidad de la creación de la casilla electrónica, y por ende, se advierte que, la notificación efectuada de los requerimientos de información, fueron válidamente realizados, tal como lo señala el numeral 7.4.2. de la Directiva N° 02-2020-SUNAFIL/GG - Normas para el Funcionamiento del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL. vi. Ahora bien, respecto al envío de las alertas o comunicaciones previas, en atención a la Directiva citada, en el numeral 7.1.5 dispone: “Una vez asignada la casilla electrónica al trabajador, empleador o sujeto interesado, esta es considerada como domicilio legal obligatorio a través de la que se notifican los documentos generados en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL”. vii. En mérito a esta disposición, es que se notificaron los requerimientos de información del 02 y 08 de marzo de 2021, a la casilla electrónica del sujeto inspeccionado, las mismas que fueron válidamente efectuadas, tomando en consideración el numeral 7.4.5 de la directiva en mención, que establece: “La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario”. viii. Por tanto, la validez de la notificación se circunscribe al depósito de la misma en la Casilla Electrónica, no estando sujeta a la condición del envío de la alerta, que es una actuación adicional y automática, que se envía al contacto que se muestra en el registro; razón por la que en el artículo 8.2 del Decreto Supremo N° 03-2020-TR, se establece como obligación del usuario de la casilla: “mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica”. En ese contexto, se concluye que no se vulnera el derecho del sujeto inspeccionado a la defensa ni al debido procedimiento. ix. Finalmente, como prueba de las notificaciones efectuadas, no solo se cuenta con las constancias de notificación de los requerimientos de información depositados en la casilla electrónica, sino también se tiene el reporte de notificaciones proporcionado por la OGTIC de la SUNAFIL, en el que figura el contacto, correo, número de teléfono de contacto consignado para las alertas por el sujeto inspeccionado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GESA CENTRO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de enero de 2022 y 14 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta y subsana su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes argumentos:

i. Con referencia a la modalidad de notificación mediante casilla electrónica, la SUNAFIL al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR y la Directiva N° 02- 2020-SUNAFIL/GG, regula el uso obligatorio de la casilla electrónica, así como el funcionamiento de la misma, pues bien, dichas normas reglamentarias no son los únicos dispositivos legales que la SUNAFIL debe de tomar en consideración al momento de realizar las notificaciones electrónicas a la casilla electrónica, sino que en primer lugar debe tener presente lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ii. En el presente caso, la SUNAFIL a inaplicado lo dispuesto en el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, que señala que la administración cuando asigne una casilla electrónica, antes de comenzar a notificar por dicho medio debe recabar el consentimiento expreso del administrado, esto a fin de advertir al administrado el inicio del procedimiento inspectivo y/o sancionador, y de esta forma

pueda ejercer su derecho de defensa, lo que en el presente caso no se ha dado, puesto que la administración antes de emplazar mediante casilla electrónica los requerimientos de información de fechas 02 y 08 de marzo de 2021, no les ha solicitado su consentimiento expreso, generando un estado de indefensión, además que al haber transgredido una norma, trae consigo que dichos actos sean nulos, de conformidad a lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. iii. Lo que hace la administración es desconocer el mandato legal establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, respecto a la regulación de la exigencia del consentimiento expreso en caso de notificaciones vía casilla electrónica, a fin de justificar dicho incumplimiento; regulación que la encontramos en el quinto párrafo de la norma. Asimismo, si la ley es de cumplimiento para todos, tal como lo señala la Intendencia, la administración en el presente caso también tiene que cumplir obligatoriamente lo dispuesto por la ley, ya que la sanción a la contravención a lo dispuesto en la misma es la nulidad. Asimismo, se estaría vulnerando el principio de legalidad, el cual exige que la actuación del inspector del trabajo tiene que estar conforme a la constitución y las leyes; por tanto, en el presente caso se ha acreditado que el inspector no cumplió dicho principio, afectándose el derecho constitucional de defensa y debido procedimiento, por lo que dicho procedimiento sería nulo. iv. Se ha inaplicado el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual establece que, cada vez que se realice una notificación mediante casilla electrónica, la administración tiene la obligación de comunicar al administrado a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería; sin embargo, en el presente caso la SUNAFIL no ha cumplido con remitir la alerta al correo electrónico asociado a la casilla electrónica de la empresa, mediante la cual se les advirtiera que dichos requerimientos habían sido depositados a la casilla electrónica, conllevando esto a que dichos actos de notificación de los requerimientos sean nulos por la contravención a una norma reglamentaria, causal que se encuentra regulada en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. v. Asimismo, es preciso mencionar que el Poder Judicial, mediante Casación N° 875-2018, ha establecido que es nula la notificación realizada a la casilla electrónica, sino se ha cumplido con enviar la alerta de notificación al correo asociado a la casilla electrónica, pues dicho hecho afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino

también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12).” (énfasis agregado)

Finalmente, la impugnante ejerció su derecho a la defensa desde que tomó conocimiento de la infracción imputada. Sin embargo, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis agregado)

la Administración Pública, conforme al principio de verdad material11 (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”13.

“el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, por cuanto se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 13 El subrayado no es del original.

probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

14 J. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405. 15 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 16 Véase por ejemplo las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

“los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa” (énfasis añadido).

“En cuanto al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los procedimientos (sea cual fuere su naturaleza), no solamente porque está ligada íntimamente a un deber de la Administración, sino porque resulta esencial para ejercer el derecho de defensa de los administrados (énfasis añadido).

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

requerimientos sean nulos por la contravención a una norma reglamentaria, causal que se encuentra regulada en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

17 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 18 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que, si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional”.

19 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido. 20 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

“normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”24.

Consecuentemente, es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

“de manera independiente; esto es, sin estar sometidos a presiones internas o externas que dobleguen su voluntad para determinar el sentido de lo resuelto. En definitiva, deben contar con todas las garantías necesarias para resolver conforme a Derecho las controversias que se sometan a su consideración”25.

21 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 22 Ibid. fundamento jurídico 4. 23 Loc. Cit. 24 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 25 Ver el Fundamento Jurídico 19 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC. 26 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General

Figura 01:

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura 02:

Figura 03:

sobre la notificación realizada, a la luz del principio de buena fe procedimental citado en el fundamento 6.7.23 de la presente resolución.

27 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 28 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 29 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GESA CENTRO S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 251-2021- SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, de fecha 21 de setiembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Junín, y también las sucesivas actuaciones y actos emitidos en el marco del procedimiento administrativo recaído en el expediente sancionador N° 185-2021- SUNAFIL/IRE-JUN.

SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento sancionador hasta el momento en que se produjo el vicio original; esto es, al momento de la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 251-2021- SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Junín y a la Gerencia General de SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.8.5 de la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a GESA CENTRO S.A.C., y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener que mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20221012MCR