Gastronomia Pucallpa S.A.C — Res. 787-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo materia: Gratificaciones y Pago de Bonificaciones); Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y su formalidades); Contratos de Trabajo (Subgrupo materia: Formalidades); Certificado de Trabajo (Subgrupo materia: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materia: Vacaciones) y; Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo materia: Depósito de CTS).

20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

indemnización; también, por la comisión de tres (03) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre de 2020, por no asistir a la comparecencia de fecha 30 de diciembre de 2020 y por no asistir a la comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con asistir a través de si representante legal o apoderado a la comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con asistir a través de si representante legal o apoderado a la comparecencia de fecha 30 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Toda resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo ser esta motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas

2 Véase folio 240 del expediente sancionador.

que con referencia directa justifican el acto adoptado, lo cual no se produjo con la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 13-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA. ii. De lo antes mencionado, estima que al momento de declarar improcedente el recurso de reconsideración no ha merituado debidamente los fundamentos expuestos y no ha cumplido con el principio de impulso de oficio, el mismo que establece que: “Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias” iii. Ante la existencia de serias divergencias que invalidan los efectos de la Resolución de Sub Intendencia N° 00013-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA. Asimismo, precisa que, dentro de todo procedimiento administrativo y en especial dentro del procedimiento administrativo sancionador, toda resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo ser esta motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, lo cual no se produjo con la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 13-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA y dentro de todo el procedimiento sancionador. Agrega que, han apreciado que la misma ha sido emitida contando con una motivación aparente, con la única finalidad de ratificar la sanción impuesta a su representada, sin haber verificado si las infracciones fueron impuestas respetando el debido procedimiento y demás principios del procedimiento sancionador, como también se han vulnerado los principios del procedimiento administrativo sancionador. iv. Reitera que, adolece de una motivación insuficiente y aparente, toda vez que adolece de una motivación insuficiente y aparente, por pretender tergiversar los argumentos insuficientes en los cuales se ha sustentado la Resolución de Sub Intendencia N° 13- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA a fin de pretender dar validez a un acto evidentemente nulo, vulnerándose de este modo lo señalado por el artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo nula la resolución apelada. v. Menciona que, todas las notificaciones se han consignado una dirección que difiera con la dirección de su representada, no habiendo asistido a las diligencias porque existió un error en la notificación, verificándose que, desde el inicio del procedimiento de inspección, existió un vacío y carencia de validez de los actos posteriores. vi. Por consiguiente, no tiene responsabilidad alguna por los hechos imputados.

3 Notificada a la impugnante el 27 de marzo de 2023. Véase folio 277 del expediente sancionador.

i. La impugnante no ha realizado el mínimo esfuerzo por identificar y señalar los errores de hecho y derecho en los que el órgano de primera instancia habría recaído, pues no solo se limita a plasmar en su escrito de apelación argumentos generales sobre el debido procedimiento y la motivación de la resolución, sino que, además se observa que ha plasmado, los mismos argumentos que en su momento el órgano de primera instancia ha cumplido con absolver en la venida en grado. ii. Mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 00013-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA de fecha 13 de enero de 2023, se resuelve entre otros, declarar la improcedencia del recurso de reconsideración interpuesta por la impugnante, debido a que se advierte que el recurso de reconsideración carece de nueva prueba que amerite una nueva revisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 668-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA; toda vez que, los medios probatorios y argumentos esgrimidos por la impugnante fueron evaluados al momento de emitirse la resolución impugnada. iii. En tal sentido, el recurso de reconsideración no es una vía para el reexamen de los argumento y pruebas presentadas por el impugnante durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, sino que su finalidad está orientada a pruebas nuevas que no hayan sido analizadas, siendo que para los argumentos referidos a una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, estos tienen como mecanismo de revisión el recurso de apelación. iv. En el presente caso, la impugnante no remitió y/o presentó documentación que se constituya como prueba nueva; por lo que, la autoridad de primera instancia previo análisis del escrito y los medios probatorios presentados de fecha 22 de diciembre de 2022, declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto, la misma que se encuentra motivada y fundamentada en los considerandos III y IV del acto administrativo impugnado. v. Entonces, luego del análisis correspondiente y los actuados que obran en el expediente sancionador, se concluye que, el órgano de primera instancia ha realizado un análisis correcto al momento de resolver el recurso interpuesto por la impugnante, respetando los principios de legalidad, debido proceso y motivando debidamente su decisión. vi. Con relación a la notificación de los requerimientos de comparecencias, verifica que el personal inspectivo en fecha 02 de diciembre de 2020, realizó notificación de manera personal al entonces sujeto inspeccionado a través de su apoderada, quien además firmó la recepción del requerimiento de comparecencia; por lo que, corrobora que válidamente notificado y no advierte vulneración del derecho de defensa. De igual forma, verifica que, con fecha 22 de diciembre de 2020, se realizó notificación vía correo electrónico, proporcionado y autorizado por el entonces sujeto inspeccionado, según Declaración Jurada de cumplimiento información vía correo electrónico u otro medio; por lo que, se corrobora que el entonces sujeto inspeccionado fue válidamente notificado y no se advierte vulneración al derecho de defensa. vii. Precisa que, cada requerimiento de comparecencia constituye una de las modalidades de actuación de investigación y la medida de requerimiento constituye una medida inspectiva, respecto de las cuales el personal inspectivo se encuentra facultado de emplear para el cumplimiento de la finalidad del sistema inspectivo de trabajo; por tanto, en mérito de las inasistencia a las comparecencias para el 09 de diciembre de 2020, 30 de diciembre de 2020, así como el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre de 2020, el personal inspectivo expidieron el acta de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sobre labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Se precisa que la nulidad incurrida consistía en que la autoridad instructora varió los hechos constatados en el Acta de Infracción, imputando únicamente los incumplimientos del periodo 2015. 5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GASTRONOMIA PUCALLPA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 052-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, señalando los siguientes argumentos:

i. La resolución impugnada no se pronuncia por todos los puntos que aún siguen vigentes en el proceso administrativo sancionador, así como que los argumentos de sus recursos presentados no han sido motivados correctamente y, al no pronunciarse, el argumento

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

sigue siendo el mismo. También, la resolución impugnada no se pronuncia sobre los argumentos de cada supuesta infracción vigente; tampoco, ha tomado en cuenta toda la documentación que sí se presentó en su oportunidad, todos los requerimientos, la medida de requerimiento de información y los informes posteriores. ii. Las tres (03) supuestas infracciones hacen referencia a hechos ya subsanados, lo cual pierde legalidad y coherencia las supuestas infracciones y el monto de las mismas; además, dentro de todo el procedimiento existieron errores sustanciales. Asimismo, refiere que, al haberse realizado la subsanación, los demás requerimientos serían inconsistentes. En consecuencia, manifiesta que existe una total incongruencia en todo el proceso inspectivo y sancionador. Siendo así, consideran que las multas laborales impuestas son arbitrarias y onerosas, lo que configura un abuso del derecho. Si bien se tiene la obligación de un cumplimiento oportuno de las normas laborales; sin embargo, ello fue imposible porque la extrabajadora se negaba a cobrar sus derechos laborales; por lo que, contradicen las supuestas infracciones laborales que tuvieron como consecuencia la multa total propuesta ascendente a S/33,927.00 soles. iii. Sostiene que todas las notificaciones han consignado una dirección que difiere con la dirección de su representada, es decir, de manera irregular y deficiente, ha consignado y notificado como dirección a Av. Centenario N° 1642, siendo la dirección correcta: Av. Centenario N° 1642, Int. R-05 (Centro Comercial Real Plaza) Ucayali, Coronel Portillo, Yarinacocha. Precisa que, no asistieron por la existencia de un vacío, careciendo de validez los actos posteriores. En ese sentido, no tienen responsabilidad alguna por los hechos imputados. iv. Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, refiere que fue subsanado en su oportunidad; por lo que, no se encuentran obligados a cumplir con dicha medida. En consecuencia, no ha existido una correcta descripción de la tipificación legal de la infracción aludida; por lo que, de esta forma se ha vulnerado el principio de tipicidad, por haberse referido a una conducta desarrollada por su representada, lo que no se condice con el tipo sancionador, siendo por dicho motivo nula. v. Por otro lado, refiere que la falta de predictibilidad de las multas, por establecerse topes y no montos fijos en base al daño ocasionado, deja al criterio discrecional la aplicación de las sanciones, situación que debe evitarse por los efectos negativos que ocasiona, afectando enormemente el normal funcionamiento de la empresa, como el derecho de trabajo de los demás trabajadores que son parte; además, lo califica de una conducta temeraria y desproporcional. vi. Invoca el principio de no confiscatoriedad, que se encuentra íntimamente relacionado con el principio de la capacidad contributiva o límite a la carga fiscal de los contribuyentes, que obliga al estado a garantizar el derecho a la propiedad privada, evitando que los impuestos disminuyan la disposición patrimonial individual. El artículo 74 de la Constitución Política del Perú se señala que ningún impuesto puede tener efectos confiscatorios, así como que no surten efecto las normas que violen estos principios. La multa propuesta afecta notablemente el derecho de subsistencia de la empresa, lo cual es un abuso del derecho y una afectación al derecho de trabajo del resto de sus colaboradores. vii. De otra parte, solicita la reducción del 90%, dado que ha subsanado las infracciones advertidas antes de la expedición del Acta de Infracción, caso contrario, corresponde anular las multas de acuerdo a lo desplegado en los descargos presentados. Sin embargo, resalta que las infracciones no existen porque la documentación solicitada fue presentada en el proceso inspectivo y en los descargos correspondientes, los que han sido reiterados en los recursos y otros informes. viii. Sostiene que la solicitud que no ha sido atendida es con respecto a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa 6.1 Con la publicación11 del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, se optó por introducir al régimen administrativo, entre otros, la figura de la caducidad, como “una solución generada por el legislador para afrontar los casos en los que los procedimientos iniciados por los órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los administrados involucrados”12.

11 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 12 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de ofi cio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 13 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020

14 LGIT, artículo 1. 15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 16 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Figura N°: 01

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

17 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia de fecha 30 de diciembre de 2020 y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre de 2020.

Sobre el debido proceso y el derecho de defensa en las modalidades de notificación

“(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

“Artículo 20. Modalidades de notificación

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma

automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24-1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. (…)” (énfasis añadido).

“El aspecto esencial de esta modalidad de notificación es determinar el momento de vigencia del acto administrativo que se transmite. (…) Como se puede apreciar, esta opción garantista y recomendada en el Derecho comparado implicaba que la validez de la notificación dependía del acuse de recibo, esto es, del procedimiento electrónico que genera el correo receptor, registrando la recepción de la notificación electrónica personal recibido en el domicilio electrónico, de modo tal que impide rechazar el envío y da certeza al remitente de que el envío y la recepción han tenido lugar en una fecha y hora determinada. En caso de no recibirse acuse de recibo en dos días hábiles, la autoridad debe proceder a la notificación personal. Esta regla se mantiene pero ya no es la única, sino que ahora se agrega otra opción de comprobación de la notificación. La norma actual, en una modificación inusual en el Derecho comparado ha establecido que la notificación se entiende “válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o por el sistema informático de la propia entidad, como elementos de comprobación de la realización de la notificación”

18 MORON URBINA, Juan Carlos (2023). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 17 Edición. Tomo I. Página 309.

El cambio es fundamental porque se ubica en el mismo pie de igualdad el acuse de recibo que expide el propio administrado y la respuesta de recepción o de depósito en la dirección electrónica generada en forma automática por una plataforma tecnológica o por el sistema informático de la propia entidad, como elementos de comprobación de la realización de la notificación”19 (énfasis añadido).

19 MORON URBINA, Juan Carlos (2023). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 17 Edición. Tomo I. Página 316.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

20 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No cumplir con asistir a la comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020. Numeral 46.10del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General

de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto GASTRONOMIA PUCALLPA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 052-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 24 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N°002-2021- SUNAFIL/IRE-UCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 000668-2022- SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 25 de noviembre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 002-2021- SUNAFIL/IRE-UCA, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, conforme a lo señalado en los numerales 6.17 al 6.44 de la presente resolución. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 000668-2022- SUNAFIL/IR-UCA/SISA, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 052-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, por no asistir a la diligencia de comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020.

QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, por no asistir a la diligencia de comparecencia de fecha 09 de diciembre de 2020, tipificada del mismo cuerpo normativo.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ucayali, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a GASTRONOMIA PUCALLPA S.A.C. y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702SPDC- HR: 72346-2023