Gastronomía Eyzaguirre S.A.C — Res. 873-2022

Mediante Orden de Inspección N° 109-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 127-2020-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, como consecuencia del “Operativo de Fiscalización de contratos Part Time -Diciembre 2019”, llevado a cabo por la Intendencia Regional de Piura.

Mediante Imputación de Cargos N° 0237-2020-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 05 de noviembre de 2020, notificada el 24 de noviembre de 2020, se dio inicio a la etapa

De conformidad con el numeral 53. del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 381-2020-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 10 de diciembre de 2020 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 398-2021-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE, de fecha 23 de agosto de 2021, notificada el 25 de agosto de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/19,350.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de septiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 398-2021-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE, sosteniendo que los contratos a tiempo parcial ya no se encuentran en la obligación legal de presentarse y registrarse ante la autoridad administrativa de trabajo según lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1246, conjuntamente con otros argumentos de derecho, sin acompañar nueva prueba al escrito.

Mediante Proveído N° 525-2021-SUNAFIL-SIRE-IRE-PIURA, de fecha 30 de septiembre de 2021, notificado el 04 de octubre de 2021, se requirió a la impugnante que en un plazo de tres (3) días hábiles se sirva alcanzar la presentación de nueva prueba y/o de ser el caso, adecuar su recurso impugnativo a los recursos establecidos en el artículo 218 del TUO de la LPAG, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso de reconsideración.

Mediante Informe N° 0170-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIRE, de fecha 08 de noviembre de 2021, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura precisa que a la fecha la impugnante no ha remitido algún nuevo medio de prueba que faculte a que pueda ser reevaluado nuevamente por la autoridad administrativa, pese a haberse requerido mediante Proveído a la impugnante la adecuación del recurso o la presentación de nueva prueba, toda vez que la “Copia del contrato Part-Time” y “Alta y Baja de Barboza López Claudia Carolina” no es considerada nueva prueba al ser un documento ya aportado al procedimiento con anterioridad”, valorados en los numerales 3.4.2.10 y 3.4.2.11 de la Resolución de Sub Intendencia N° 398-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-

Mediante Resolución de Intendencia N° 165-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 23 de diciembre de 20212, la Intendencia Regional de Piura resolvió infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 19 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 165-2021- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000113-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 08 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GASTRONOMÍA EYZAGUIRRE S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 165-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, que confirmó la sanción impuesta de S/ 19,350.00 por la comisión de las infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en los numerales 25.5 y 46.7 de los artículos 25 y 46 respectivamente del RLGIT dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 29 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GASTRONOMÍA EYZAGUIRRE S.A.C.

La Recomendación N° 182 de la OIT, Recomendación sobre el trabajo a tiempo parcial, señala en el literal a) del artículo 2 que, la expresión "trabajador a tiempo parcial" designa a todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable.

En el ámbito normativo nacional, el último párrafo del artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, dispone que pueden celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna.

Sobre el particular, los artículos 11 y 13 del Decreto Supremo N°001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (en adelante, RLFE), regulan lo siguiente: (i) Los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito mínimo de cuatro (4) horas diarias de labor, y (ii) El contrato a tiempo parcial será celebrado necesariamente por escrito. Dicho contrato será puesto en conocimiento, para su registro, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, en el término de quince (15) días naturales de su suscripción.

Respecto al cálculo de la duración de la jornada a tiempo parcial, la Recomendación N° 182 de la OIT, establece en el literal b) del artículo 2 que, la duración normal de la actividad laboral a la que se hace referencia en el apartado a) (jornada laboral del "trabajador a tiempo parcial") puede ser calculada semanalmente o en promedio durante un período de empleo determinado. Al respecto la legislación nacional, en el artículo 12 del RLFE, ha optado por un criterio cuantitativo para determinar la transgresión de la jornada a tiempo parcial, considerando cumplido el requisito de cuatro (4) horas en los casos en que, la jornada semanal del trabajador, dividida entre seis (6) o cinco (5) días, según corresponda, resulte en promedio no menor de cuatro (4) horas diarias.

Este criterio ha sido analizado por esta Sala a través de la Resolución N° 447-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 25 de octubre de 2021, al concluirse que ésta se desnaturaliza por el “uso ordinario” en la generación de horas extras, superando el límite promedio que expresa el artículo 12 del RLFE para su conformidad (fundamento 6.22).

Respecto de las formalidades del mismo, el artículo 13 del RLFE –vigente a la fecha– dispone que el contrato a tiempo parcial debe ser necesariamente celebrado por escrito, y puesto en conocimiento, para su registro, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, en el término de quince (15) días naturales de su suscripción.

La impugnante cuestiona la vigencia del requisito de su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, al sostener que tal inscripción fue dejada sin efecto según lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1246. De una revisión del dispositivo legal invocada por la impugnante, se identifica que tal referencia no es explícita, toda vez que si bien el dispositivo legal referido, denominado “Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa”, el cual hace referencia a supuestos

Así, corresponde citar –en su defecto– a la Resolución Ministerial N° 107-2019-TR, que dispuso simplificar los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la eliminación de los procedimientos administrativos señalados en el Anexo N° 1 de la referida resolución ministerial.

Precisamente dentro del Anexo N° 01 de la citada resolución ministerial, se puede apreciar que se eliminó el referido procedimiento:

Siendo pertinente traer a colación – de manera supletoria – lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar del Código Civil Peruano en lo referente a la abrogación de la Ley, al señalarse en dicho artículo que:

Por ello, como se señaló en el numeral 6.6 de la presente resolución, el artículo 13 del RLFE se mantiene vigente, toda vez que éste contiene la exigencia de una obligación respecto de la cual no ha sido dispuesta su derogatoria expresa por la referida resolución ministerial, ni reemplazada en su totalidad por el nuevo texto legal.

Sobre el particular, importa resaltar las conclusiones del Informe N° 159-2019- MTPE/2/14.1, del 30 de diciembre de 2019, emitido por la Dirección de Normativa de Trabajo al señalar que “Dado que la norma sustantiva (artículo 13 del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR) no regula un procedimiento administrativo, la resolución simplificadora no afecta ni impacta su vigencia…”, por lo que “…se mantiene vigente la obligación sustantiva de los empleadores de registrar los contratos de trabajo a tiempo parcial; siendo atendido su cumplimiento por la Autoridad Administrativa de Trabajo, mediante sus mismos canales y oficinas complementarias”.

Es importante señalar, en este punto, que a través de la medida inspectiva de requerimiento (obrante a folios 153 del expediente inspectivo), se requirió a la impugnante que: (i) cumpla con acreditar la presentación de los contratos a tiempo parcial ante la autoridad administrativa de trabajo de seis (6) trabajadores; y, (ii) que cumpla con acreditar la inscripción en planilla a plazo indeterminado de otros seis (6) trabajadores en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, a ser presentada en la comparecencia del día 31 de enero de 2020 en las instalaciones de la Intendencia Regional de Piura; encontrándose a folios 163 y siguientes del expediente inspectivo las “Constancia de Modificación o Actualización de Datos del Trabajador” de los doce trabajadores contenidos en los dos mandatos, acreditándose que once (11) de éstos habían sido inscritos como trabajadores “A plazo indeterminado – D.Leg. 728”, consignando en la documentación de la señorita Claudia Carolina Barboza López, su condición de trabajadora a tiempo parcial y sin acompañarse el referido cargo de presentación.

Bajo esos alcances, de la revisión del expediente inspectivo y sancionador se identifica que recién con la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, ocurrida el 22 de enero de 2021, la impugnante remitió la Constancia de Alta del Trabajador (Formulario 1604-1) y la Constancia de Baja de Trabajador (Formulario 1604-3) de la señorita Claudia Barboza López, así como el “Contrato de Trabajo en régimen de tiempo parcial”, fechado el 02 de febrero de 2019, y sin constar registro alguno de su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Estos mismos documentos fueron nuevamente presentados mediante el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución de sanción.

Por ello, en tanto la impugnante no cumplió con acompañar el cargo de su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR:

Comprendiéndose que la relación que mantuvo la impugnante con la trabajadora afectada, fue una no sujeta a modalidad, al no haberse cumplido con los requisitos que la Ley le establece.

En ese sentido, no corresponde amparar lo solicitado por la impugnante en este extremo.

La impugnante refiere que la medida inspectiva de requerimiento vulnera el principio de tipicidad, al exigirse la vigencia de un requisito que fue derogado. Al respecto, cabe precisar que, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del PAS.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento.

En este caso, la medida inspectiva de requerimiento de fecha 24 de enero de 2021, dispuso que la impugnante cumpliese en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles con acreditar:

Conforme el numeral 4.7 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante presentó constancia de Alta de la trabajadora, en donde se consigna como personal de tiempo parcial, a la trabajadora Barboza López, a pesar de no haber presentado el contrato de tiempo parcial celebrado con dicha trabajadora, por lo que en virtud del artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, se asume la existencia de un contrato verbal a plazo indeterminado.

Por el contrario, de la revisión de lo actuado, se identifica que la impugnante no ha cumplido con remitir el Contrato de Trabajo con las formalidades solicitadas dentro del plazo establecido en la medida inspectiva de requerimiento, por lo que corresponde confirmar la infracción en dicho extremo.

De la revisión de los actuados, esta Sala no ha identificado la existencia de las presuntas vulneraciones invocadas por la impugnante en el escrito de revisión; por el contrario, se observa que la resolución de Intendencia absolvió cada uno de los alegatos presentados por la impugnante, desvirtuando los cuestionamientos de falta de razonabilidad, vulneración al principio de no confiscatoriedad, así como la presunta aplicación de criterios subjetivos en la determinación de la multa.

Por ello, se observa que la impugnante ha vuelto a someter bajo análisis del recurso de revisión los alegatos que ya fueron correctamente analizados y desvirtuados por las instancias anteriores, correspondiendo declarar infundado este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.