Gastronomia Eyzaguirre S.A.C — Res. 458-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (sub materia: gratificaciones y pago de bonificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones), Compensación por Tiempo de Servicios (sub materia: depósito de CTS) y Certificado de Trabajo.

PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 07:58:42-0500 de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en contra de la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 2.25 UIT (2019), ascendente a S/ 9,450.00.

- Alega que el informe que se alude en la resolución de sub intendencia nunca fue notificado a la impugnante. - Menciona que las infracciones aludidas fueron subsanadas en su oportunidad, en las citaciones de comparecencias, pues la impugnante presentó la documentación solicitada de acuerdo a ley. - En la solicitud que dio mérito a la orden de inspección, el ex trabajador, Marlon Omar Sebedón Aparicio, indicó como fecha de término el día 30 de mayo de 2018, además, la misma fecha de término se indica en los requerimientos de comparecencia de fecha 30 de octubre de 2019 y 07 de noviembre de 2019. Al respecto, la impugnante le reconoció una fecha posterior a la indicada por el ex trabajador, otorgándole más beneficios laborales. Por lo tanto, no se ha vulnerado ninguna norma laboral, ya que se ha realizado el pago de todos los beneficios laborales, según consta en la hoja de liquidación presentada en el proceso inspectivo, documento firmado por el denunciante, en señal de conformidad. - Sobre el Acta de Infracción, alega que incumple el contenido mínimo previsto por ley, pues restringe el derecho de defensa al no haber informado sobre cuáles son las disposiciones normativas que la obligan a actuar conforme a lo requerido por la inspectora comisionada. Asimismo, no ha existido una correcta descripción de la

2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: “Artículo 223.- Error en la calificación El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter”.

tipificación legal de la infracción aludida, por lo que se ha vulnerado el principio de tipicidad, y, por tanto, es nula la tipificación de esta infracción. - Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante cumplió con presentar lo requerido, respecto al periodo efectivamente laborado y reconocido por el denunciante, no encontrándose la empresa obligada a cumplir con una medida que no correspondía. - Alega excesiva onerosidad en la aplicación de la sanción de S/32,130.00, por ser una multa arbitraria y carente de razonabilidad, lo cual configura un abuso del derecho, máxime si los ingresos de la empresa han disminuido notablemente por la coyuntura por el COVID-19. En esa línea, menciona que hay falta de predictibilidad de las multas, por establecerse topes y no montos fijos en función del daño ocasionado. Además, al respecto, invoca el principio de no confiscatoriedad, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, ligado al principio de capacidad contributiva. - Señala que no ha existido ánimo de infringir las disposiciones legales laborales, por lo que se solicita reducción del 90% de la multa, por haberse subsanado las infracciones advertidas antes de la expedición del Acta de Infracción, o, caso contrario, anular las multas de acuerdo a los descargos presentados. Así también, solicitó la reducción al 35% del total de la multa en concordancia con lo establecido en la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley N° 30222. Finalmente, se acoge al numeral 2 del artículo 255 del TUO de la LPAG, sobre el reconocimiento de responsabilidad, supuesto en el cual la reducción de la multa será al 80% de la originalmente propuesta o impuesta.

- De la revisión del escrito de apelación se advierte que la inspeccionada no ha llegado a precisar cuáles son los requisitos de validez contemplados en el artículo 3 del TUO de la LPAG que habrían sido vulnerados, o cual sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho. - De acuerdo a la primera constancia de baja presentada ante el personal inspectivo, obrante a folios 44 del expediente inspectivo, se advierte que en el T-Registro originalmente se declaró como fecha de baja del accionante el 01 de agosto de 2018, además, la boleta de pago correspondiente al mes de julio de 2018, que

3 Notificada al impugnante el 02 de agosto de 2021. indica 31 días laborados se encuentra suscrita por el accionante, lo que demuestra que no cesó el día señalado, sino que continúo laborando todo el mes de julio 2018. Se suma a ello que la inspeccionada reconoce formalmente que el accionante laboró hasta el 01 de agosto de 2018 en el Certificado de Trabajo. Por tanto, resulta no arreglado a derecho que se llegue a reconocer que el accionante laboró hasta el 01 de agosto de 2018, pero que únicamente se haya acreditado el pago de beneficios sociales hasta el 30 de junio de 2018. - Referente a la presunta arbitrariedad y falta de razonabilidad de las multas impuestas, cabe indicar que se ha sancionado al recurrente por la comisión de cinco (5) infracciones, las cuales han sido graduadas, de manera independiente, en función al tipo de empresa que ostenta el recurrente, al número de trabajadores afectados y a la gravedad de cada infracción; criterios de graduación que se encuentran establecidos en el artículo 38 de la LGIT y el artículo 47 del RLGIT. Entonces, resulta falso lo afirmado respecto a la configuración de un abuso de derecho por parte de la autoridad sancionadora y a la falta de predictibilidad de las multas dado que se ha constatado que, para establecer el monto total de la multa aplicable al presente caso, la autoridad sancionadora sí ha cumplido con aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. - El recurrente solicita que se le apliquen diferentes beneficios de reducción de multas; sin embargo, ninguno de ellos resulta aplicable a su caso. La reducción de multas al 90% regulada en el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT no corresponde porque no se ha logrado acreditar el cumplimiento de las infracciones sociolaborales referentes a los beneficios sociales; mientras que la reducción de sanciones al 35% del monto total no corresponde, ya que la orden de inspección se emitió el 14 de octubre de 2019, no encontrándose en el ámbito de aplicación de tal beneficio de reducción, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 30222. - No procede el atenuante de responsabilidad de infracciones relativo a reconocer su responsabilidad de forma expresa y por escrito, toda vez que la inspeccionada desconoce la fecha real de terminación de la relación laboral, a fin de no cancelar los beneficios sociales que corresponden, además tampoco ha presentado un compromiso para subsanar las infracciones. 1.6 Con fecha 23 de agosto de 2021, el impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 065-2021- SUNAFIL/IRE-PIU.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 3.1 El artículo 217 del TUO de la LPAG establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GASTRONOMIA EYZAGUIRRE S.A.C.

9 Iniciándose el plazo el 03 de agosto de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 65-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes argumentos:

- Alega que la resolución impugnada no se pronuncia sobre todos los puntos del recurso de apelación, por lo que, al no pronunciarse, los argumentos plasmados siguen siendo los mismos. - Reitera que el informe que se alude en el caso nunca fue notificado a la impugnante. - Señala que las infracciones aludidas fueron subsanadas en su oportunidad, en las citaciones de comparecencias, para lo cual la impugnante presentó la documentación solicitada de acuerdo a ley. - Sobre la solicitud que dio mérito a la orden de inspección, menciona que el ex trabajador, Marlon Omar Sebedón Aparicio, indicó como fecha de término el día 30 de mayo de 2018, fecha de cese que sostuvo en todo el procedimiento inspectivo y nunca se observó. Además, agrega que esa misma fecha de término se indica en los requerimientos de comparecencia de fecha 30 de octubre de 2019 y 07 de noviembre de 2019. Asimismo, el ex trabajador aceptó y firmó toda la documentación respecto a sus beneficios laborales sin reclamo alguno. - Menciona que se le reconoció una fecha posterior a la indicada por el ex trabajador, otorgándole, así, más beneficios laborales. Por lo tanto, señala no se ha vulnerado ninguna norma laboral. En esa línea, la impugnante menciona que ha realizado el pago de todos los beneficios laborales según consta en la hoja de liquidación presentada en el proceso inspectivo, documento que está firmado por el denunciante, en señal de conformidad. - La impugnante presenta constancia de baja del trabajador de fecha 30 de junio de 2018, acorde a la fecha de liquidación, renuncia y certificado de trabajo, con lo cual se corrobora la fecha de cese real, aceptada y suscrita por el ex trabajador, motivo por el cual se invoca el principio de primacía de la realidad. - Sobre el Acta de Infracción, alega que esta incumple el contenido mínimo previsto por ley, faltando así al principio de legalidad, y, al mismo tiempo, al principio de observación del debido proceso en tanto la omisión incurrida restringe el derecho defensa, al no ser informada sobre cuáles son las disposiciones normativas que la obligan a actuar conforme a lo requerido por el inspector comisionado. - Señala que no ha existido una correcta descripción de la tipificación legal de la infracción aludida, de esta forma, se ha vulnerado el principio de tipicidad, por lo que es nula la tipificación de esta infracción y corresponde anular el procedimiento sancionador. - Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, menciona que se cumplió con presentar lo requerido, respecto al periodo efectivamente laborado y reconocido por el denunciante, no encontrándose obligada a cumplir con una medida que no correspondía. - Sobre la Eecesiva onerosidad en la aplicación de la sanción de S/32,130.00, alega que es una multa arbitraria y carente de razonabilidad, lo cual configura un abuso del derecho, máxime si los ingresos de la impugnante han disminuido notablemente, y subsistir es casi imposible para esta debido a la coyuntura por el COVID-19. Asimismo, menciona que existe una falta de predictibilidad de las multas por establecerse topes y no montos fijos en función del daño ocasionado. Así también, invoca el principio de no confiscatoriedad, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, el mismo que está ligado al principio de la capacidad contributiva. - Finalmente, señala que no ha existido ánimo de infringir las disposiciones legales laborales, por lo que se solicita reducción del 90% de la multa, por haberse subsanado las infracciones advertidas antes de la expedición del Acta de Infracción, caso contrario anular las multas de acuerdo a los descargos presentados.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la creación de la SUNAFIL y sus competencias

10 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037-2014- TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 11 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La Sunafil es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 12 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 “Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 13 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 14 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 15 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981

16 Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981, que modificó el literal f) del artículo 48 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 17 A partir del 10 de julio de 2018, en tanto la referida ley fue publicada el 09 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano. 18 Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR. 19 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, publicado el 25 de octubre de 2013. 20 Artículo 18 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806. 6.6 En este extremo, cabe recordar que los órganos desconcentrados son aquellos “que desarrollan funciones sustantivas para prestar bienes o servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio”21, actuando en representación de la entidad de la cual forman parte, es decir, que la competencia de la SUNAFIL no se pierde o difumina por esta desconcentración, sino que ésta responde a un criterio organizativo, conservando sus competencias como autoridad central22.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo

21 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 22 En ese sentido, el texto original del artículo 37 y el actual artículo 47 del ROF de la Sunafil establecen que las Intendencias Regionales dependen jerárquicamente del Despacho del Superintendente de la Sunafil.

determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

23 Véase folio 55 y siguientes del expediente inspectivo. explícitamente se señaló que el incumplimiento al requerimiento constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

24 TUO de la LPAG: “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (....)”.

Sobre el vínculo laboral del ex trabajador Sebedón Aparicio Marlon Omar:

La impugnante discrepa sobre la fecha de cese que se ha considerado para exigir el cumplimiento de obligaciones laborales mediante la medida de requerimiento, alegando que debe considerarse lo siguiente:

- El ex trabajador Marlon Omar Sebedón Aparicio indicó como fecha de término el día 30 de mayo de 2018, fecha de cese que sostuvo en todo el procedimiento inspectivo y nunca observó.

- La misma fecha de término se indica en los requerimientos de comparecencia de fecha 30 de octubre de 2019 y 07 de noviembre de 2019.

- El ex trabajador aceptó y firmó toda la documentación respecto a sus beneficios laborales sin reclamo alguno.

- La empresa le reconoció una fecha posterior a lo indicado por el ex trabajador, otorgándole más beneficios laborales.

- La empresa presenta constancia de baja de trabajador de fecha 30 de junio de 2018, acorde a la fecha de liquidación, renuncia y certificado de trabajo, con lo cual se corrobora la fecha de cese real, aceptada y suscrita por el ex trabajador en la documentación indicada.

De la revisión de autos, se aprecia que, con relación al periodo laborado del ex trabajador Sebedón Aparicio Marlon Omar, se tienen los siguientes documentos:

- A folios 1 del expediente de inspección: la denuncia del señor Sebedón Aparicio Marlon Omar con la que solicita liquidación de beneficios sociales del 01/08/2015 al 30/05/2018. - A folios 44 del expediente de inspección: “Formulario 1604-3 Constancia de Baja de Trabajador” que señala como fecha de baja el 01/08/2018 alcanzado por la impugnante en la comparecencia del 07/11/2019. - A folios 49 del expediente de inspección: la liquidación de beneficios sociales que señala fecha de cese 30/06/2018, firmada por el ex trabajador, alcanzada por la impugnante en la comparecencia del 14/11/2019. - A folios 52 del expediente de inspección: la carta de renuncia de fecha 30/06/2019 firmada por el ex trabajador, en la que se señala que “formulo mi renuncia irrevocable (…) desempeñándome en esta empresa hasta el 30/06/2018.”, alcanzada por la impugnante en la comparecencia del 14/11/2019. - A folios 95 del expediente de inspección: la boleta de pago PLAME del mes de julio 2018 firmada por la impugnante y el ex trabajador, donde se consigna 31 días laborados, alcanzada por la impugnante en la comparecencia del 10/12/2019. - A folios 98 del expediente de inspección: el “Formulario 1604-3 Constancia de Baja de Trabajador” que señala como fecha de baja el 30/06/2018 alcanzado por la impugnante en la comparecencia del 10/12/2019. - A folios 102 del expediente de inspección: el Certificado de Trabajo donde el empleador reconoce la relación laboral desde el 01/08/2015 hasta el 01/08/2018, documento que fue alcanzado por la impugnante en la comparecencia del 10/12/2019.

Cabe indicar que toda esta documentación fue revisada por la inspectora comisionada quien estableció en la medida inspectiva de requerimiento y en el Acta de Infracción que la relación laboral del ex trabajador Sebedón Aparicio Marlon Omar estuvo comprendida del 01/08/2015 al 01/08/2018, valiéndose de la comprobación de datos del Sistema de Planilla Electrónica y del “Formulario 1604-3 Constancia de baja del trabajador” que señala como fecha de baja el 01/08/2018.

Por tanto, esta Sala considera que no se ha desvirtuado la presunción de certeza de los hechos plasmados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 1625 y 4726 de la LGIT, pues los documentos que apuntan a señalar como fecha de cese el 30/06/2018 carecen de asidero por las siguientes consideraciones:

- La impugnante presentó en la comparecencia del 10 de diciembre de 2019, la boleta de pago PLAME correspondiente al mes de julio 2018 que indica 31 días laborados, debidamente suscrita por el impugnante y el citado ex trabajador, evidenciando con este documento que dicho ex trabajador continuó laborando todo el mes de julio 2018. - El impugnante ha suscrito el “Certificado de Trabajo” dando cuenta de una situación material que es el término de la relación laboral al 01/08/2018, fecha concordante con la comprobación de datos del Sistema de Planilla Electrónica que indica fecha de cese el 01/08/2018 y con el “Formulario 1604-3 Constancia de baja del trabajador” que señala como fecha de baja también el 01/08/2018, documento que fue presentado en un inicio por el impugnante en la comparecencia del 07 de noviembre de 2019; estando a lo expuesto, queda acreditado que el impugnante declaró originalmente como fecha de baja del referido ex trabajador el 01/08/2018.

25 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo “Artículo 16.- Actas de Infracción Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (…).” 26 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

Sobre el principio de tipicidad

Sobre el contenido del Acta de Infracción

27 Texto del RLGIT vigente a la fecha de la comisión de la infracción. 28 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS: “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (…)”. 29 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus modificatorias: “Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación”.

Sobre el principio de no confiscatoriedad y el principio de capacidad contributiva

- “El principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas.” (Fundamento 18 de la sentencia recaída en el Exp. N° 0004-2004-AI/TC)

- “Consideramos pertinente, a fin de conceptualizar adecuadamente lo que debe entenderse por capacidad contributiva, recurrir a la definición que sobre el particular realiza Alberto Tarsitano [García Belsunce, Horacio (coordinador). Estudios de Derecho Constitucional Tributario. De Palma. Buenos Aires. 1994, pág. 307] quien precisa que constituye una: “(...) aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad económica) que luego de ser sometidos a la valorización del legislador y conciliados con los fines de la naturaleza política, social y económica, son elevados al rango de categoría imponible”. Se desprende de tal afirmación que la capacidad contributiva constituye una categoría distinta a la capacidad económica a cuya determinación solamente se llega luego que la manifestación de riqueza observada por el legislador, siempre de manera objetiva, es evaluada, sopesada y contrapuesta a los diversos fines estatales para considerarla como hecho imponible”. (Fundamento 11 de la sentencia recaída en el Exp. N.° 033-2004-AI/TC) 6.30 En la línea de lo expuesto, resulta evidente que los principios de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva, invocados por la impugnante, no resultan compatibles con el presente procedimiento sancionador que se ha iniciado por los incumplimientos que configuran comisión de infracciones que vulneran el ordenamiento jurídico sociolaboral, y no por temas relativos a tributos; motivo por el cual no es amparable lo alegado en este extremo del recurso de revisión sobre la invocación de dichos principios.

Del principio de razonabilidad en el cálculo de la multa

“En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público y por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración que formula el principio de legalidad y de la garantía y protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses generales con la menos e indispensable restricción de las libertades” (énfasis añadido). 6.33 En ese sentido, el principio de razonabilidad fue concebido más bien como un mecanismo destinado a controlar el ejercicio de potestades públicas al momento de imponer obligaciones a los particulares, en virtud de una causa justificada y solamente en la medida necesaria para obtener el fin que justifica dicha causa32.

Cuadro N°1: Multa muy grave impuesta en el PAS N° Conducta infractora Tipificación legal y calificación de la falta N° de trabajadores afectados Multa impuesta No acreditar el cumplimiento de lo ordenado en la medida inspectiva de Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Muy Grave S/ 9,450.00 (2.25 UIT)

30 En términos generales, existe una similitud entre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2192-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 15. 31 López González, José Ignacio. El principio general de proporcionalidad en derecho administrativo, Universidad de Sevilla, 1998, pág. 108. 32 Aldunate Lizana, Eduardo. Acerca de la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales en Chile, 2008, pág. 264.

requerimiento de fecha 04/12/2019 Elaboración: TFL 6.35 Ahora bien, se debe señalar que la multa impuesta ha sido determinada, conforme al cuadro de sanciones establecidos en el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT33, cuyo tenor ha sido diseñado en función a la dimensión del infractor (microempresa, pequeña empresa y no MYPE), la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados34.

Figura N° 1: Fragmento del cuadro de infracciones

33 Vigente al momento de evidenciarse la comisión de las infracciones. Actualmente el cuadro de infracciones ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-TR. 34 El presente PAS ha sido instaurado en base a la afectación del caso en concreto del ex trabajador Sebedón Aparicio Marlon Omar.

De los alegatos dirigidos a reducir el pago de la multa

Del pago de la remuneración vacacional trunca

35 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus modificatorias: “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.3 (…) Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tendrán una reducción del 90%, siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del acta de infracción o cuando no se adviertan infracciones”.

36 Fundamentos 25 y 26 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 1803-2004-AA/TC. 6.48 Por lo tanto, si bien esta Sala advierte que este incumplimiento relativo al no pago de vacaciones truncas califica como una infracción muy grave en lugar de una grave, esta Sala determina no modificar la sanción impuesta en este extremo, en aras de no atentar contra la reformatio in peius; razón por la cual se mantiene la sanción confirmada en la Resolución de Intendencia N° 65-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, estando a que la subsunción dentro del tipo infractor 24.4 del artículo 24 del RLGIT, efectuada en el presente caso no vulnera el principio de tipicidad, considerando que el referido incumplimiento puede encuadrarse también dentro de la conducta descrita en el tipo infractor del numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

Sobre el deber de motivación de las resoluciones administrativas

37 Fundamento 4 de la sentencia recaída en el expediente N° 04123-2011-PA/TC-LIMA 38 Artículo 3 numeral 4 del TUO de la LPAG. 39 Artículo 6 numeral 6.1, 6.2 y 6.3 del TUO de la LPAG.

motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”. (énfasis añadido)

40 Artículo 14 del TUO de la LPAG. - Conservación del acto: 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 41 Artículo 10 del TUO de la LPAG. - Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 6.57 Es así que, a pesar de la omisión advertida en la resolución impugnada, se puede advertir respecto de la infracción muy grave objeto de análisis en esta instancia, conforme a las competencias de esta Sala, que el inferior en grado ha argumentado propiamente la responsabilidad competente al sujeto responsable, motivando su posición conforme a los hechos suscitados, contrastándola con los argumentos presentados por el sujeto responsable, a fin de no vulnerar su derecho de defensa, y concluyendo fehacientemente que los hechos acarrearon infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por GASTRONOMIA EYZAGUIRRE S.A.C., contra la Resolución de Intendencia N° 065-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 30 de julio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Piura dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 189-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 065-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a GASTRONOMIA EYZAGUIRRE S.A.C. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga