Gandules INC S.A.C — Res. 591-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1932-2023-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 741-2023-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 395-2024-SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, notificada el 25 de julio de 2024, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 745-2024-SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, notificado el 08 de noviembre de 2024 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 924-2024- SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, notificada el 28 de noviembre de 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 19 de diciembre de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 924-2024-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT3, concordante con el

Mediante Resolución de Intendencia N° 284-2025-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, notificada el 22 de agosto de 2025, la Intendencia Regional de Lambayeque, luego de evaluar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Subintendencia N° 924-2024-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, al advertir la falta de debida motivación, al haberse verificado que la Autoridad Sancionadora de primera instancia sustentó su decisión sin efectuar una valoración concreta, individualizada y expresa de los medios probatorios aportados por la impugnante en ejercicio de su derecho de defensa, limitándose a reproducir y/o remitirse a los extremos del Acta de Infracción sin desarrollar un análisis propio sobre dichos elementos de prueba. En ese sentido, concluyó que dicha omisión configura una motivación aparente, vulnerando el derecho de defensa y el Principio del Debido Procedimiento reconocido en el TUO de la LPAG, vicio que se proyectó y extendió a la Resolución de Subintendencia antes señalada, determinando su invalidez.

En consecuencia, en atención a las garantías administrativas y tras la valoración de los alegatos formulados por la impugnante, orientados a subsanar la falta de debida motivación observada, en particular respecto de los argumentos de defensa y medios probatorios presentados, la Autoridad Sancionadora de primera instancia emitió la Resolución de Subintendencia N° 683-2025-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, notificada el 12 de setiembre de 2025, mediante la cual multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de octubre de 2025, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 683-2025-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, cuestionando la decisión adoptada por la Subintendencia de Sanción. Dicho medio impugnatorio fue presentado conforme a los requisitos y dentro del plazo previsto en el artículo 49° de la LGIT, concordante con el artículo 55° del RLGIT y el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, motivo por el cual fue admitido a trámite y elevado a la Intendencia Regional de Lambayeque para su conocimiento y pronunciamiento en segunda instancia administrativa.

Mediante Resolución de Intendencia N° 104-2026-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, notificada el 05 de marzo de 2026, la Intendencia Regional de Lambayeque, tras evaluar los argumentos expuestos, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con escrito de fecha 27 de marzo de 2026, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 104-2026-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000453- 2026-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 09 de abril de 2026 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo7 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2° del Reglamento del

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias,

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional11.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GANDULES INC S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 104-2026-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada; fuera del plazo legal de quince (15) días hábiles.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

En el marco del procedimiento administrativo sancionador derivado de las actas de infracción emitidas por la autoridad de inspección del trabajo, se admite la posibilidad de

En tal sentido, la LGIT contempla, de manera excepcional, la posibilidad de interponer el recurso de revisión en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Conforme a lo previsto en su artículo 49°, y en concordancia con el artículo 55° del RLGIT, se establece que los requisitos de admisibilidad y procedencia del citado recurso se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En efecto, el artículo 16° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral regula las causales de improcedencia del recurso de revisión. En particular, el literal b) dispone que el recurso será declarado improcedente cuando sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13° del mismo cuerpo normativo. Por ende, constituye causal de improcedencia del recurso de revisión su interposición extemporánea, esto es, luego de vencido el plazo legal establecido para tal efecto.

Del análisis del recurso de revisión, se verifica que la resolución impugnada fue notificada válidamente el 05 de marzo de 2026, iniciándose el cómputo del plazo para su interposición desde el día hábil siguiente, el cual vencía el 26 de marzo de 2026, conforme al plazo de quince (15) días hábiles perentorios previsto en el artículo 13° del Reglamento del Tribunal. No obstante, el sujeto inspeccionado presentó su recurso de revisión el 27 de marzo de 2026, excediendo dicho plazo.

En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en el literal b) del artículo 16° del Reglamento del Tribunal, corresponde declarar la improcedencia del recurso de revisión interpuesto.

Finalmente, debe precisarse que la improcedencia del recurso de revisión, determinada por su interposición fuera del plazo legalmente establecido, impide que este Tribunal emita pronunciamiento alguno respecto de los argumentos de fondo planteados por la impugnante.