Gaming AND Services S.A.C — Res. 831-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación no remunerativa; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Vacaciones; No goce de vacaciones). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

y por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de marzo de 2019, por medio de la cual se solicitó acreditar el pago de la remuneración, gratificaciones, Compensación por tiempo de servicios, vacaciones e indemnización vacacional, bonificación extraordinaria y utilidades.

i. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal e intereses, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

ii. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria e intereses, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

iii. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la Compensación por tiempo de servicios e intereses, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,670.00.

iv. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración e intereses, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

v. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de utilidades, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

vi. Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional y de la indemnización vacacional e intereses, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

vii. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no colaborar con la inspección de trabajo los días 13 y 19 de febrero de 2019, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

viii. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de marzo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Sostiene que, la resolución apelada infringe el debido proceso, el derecho de presunción de inocencia, el principio de legalidad por infracción a la debida motivación (falta de motivación, motivación aparente), debido a que se desprende de esta que la Sub Intendencia sustenta su pronunciamiento, solamente en citar normas y realizar presunción de que no se cumplió con realizar el pago de los beneficios sociolaborales.

ii. Al no haber valorado idóneamente el medio probatorio aportado, contraviene el principio de adquisición o comunidad de la prueba, toda vez que no existe una conexión lógica o congruente entre los hechos y el pronunciamiento de la sub intendencia, y esto es porque solamente sustenta en que, al no haber adjuntado los depósitos realizados, no habría existido pago y en base a ello, impone una multa.

iii. En cuanto a la extrabajadora Edelmira Gabriela Hidalgo Tacza, la empresa indica que los conceptos sociolaborales por los cuales se les impone multa, son conceptos que vienen siendo reclamados por parte de la propia extrabajadora ante el Poder Judicial, en el Expediente N” 04281-2019-0-1801-JR-LA-15, por pago de beneficios sociales (los mismos conceptos, por los cuales se está imponiendo una multa) e indemnización por despido arbitrario.

iv. Que, existe un acervo normativo y jurisprudencial que ampara que, en el presente procedimiento sancionador, la autoridad de trabajo debe inhibirse y por consecuencia debe suspenderse el presente procedimiento.

2 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022, ver folio 207 del expediente sancionador.

i. Ha prescrito la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de las conductas infractoras consistentes en: i) no pagar la remuneración vacacional y la indemnización vacacional del periodo 2015-2016 (del 02/01/2015 al 01/01/2016) a favor del ex trabajador César José Tassara Canevaro; y ii) no pagar la remuneración vacacional y la indemnización vacacional del periodo 2015-2016 (del 17/02/2015 al 16/02/2016) a favor de la extrabajadora Edelmira Gabriela Hidalgo Tacza, subsistiendo los demás periodos no prescritos de la infracción, así como el resto de periodos no prescritos de las demás infracciones. ii. Cabe indicar que la liquidación de beneficios sociales que ofrece el inspeccionado firmada por el ex trabajador César José Tassara Canevaro con fecha 14 de diciembre de 2018 no acredita fehacientemente, al menos por sí misma, el cumplimiento del pago de beneficios sociales debido a que no concuerda con lo acordado en el mutuo disenso de fecha 20 de febrero de 2019 firmado por el citado extrabajador y el inspeccionado (documento que obra en el expediente inspectivo y que fue presentado por el inspeccionado en la etapa de actuaciones inspectivas), pues del mutuo disenso se desprende que se acordó que se efectúe el pago en cuotas y a partir de la fecha de la suscripción del convenio de mutuo disenso, es decir, a partir del 20 de febrero de 2019, fecha que es posterior a la fecha que figura en la liquidación de beneficios sociales. iii. De la revisión de las transferencias de fechas anteriores a la notificación de la Imputación de Cargos y del Acta de Infracción (presentadas por el inspeccionado con los escritos con registro N° 96657-2018 y 100944-2018), esta Intendencia verifica que estas no acreditan el pago íntegro pactado por la liquidación de beneficios sociales en el mutuo disenso. iv. Las transferencias de fechas posteriores a la notificación de la Imputación de Cargos y del Acta de Infracción (presentadas por el inspeccionado con los escritos con registro N° 96657-2018 y 100944-2018), por su fecha de su emisión no podrían tampoco desvirtuar la comisión de las Infracciones por los incumplimientos en materia de relaciones laborales. v. De acuerdo con lo establecido en el numeral 74.2 del artículo 74 del TUO de la LPAG, no existe impedimento para el conocimiento del presente procedimiento sancionador por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a través de sus autoridades administrativas. En consecuencia, no se ha originado un avocamiento de la autoridad administrativa en un caso judicializado, toda vez que la trabajadora afectada acudió en primer lugar a esta entidad a fin de que se compruebe el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral. vi. Si bien el inspeccionado interpuso una demanda por daños y perjuicio contra la extrabajadora afectada Edelmira Gabriela Hidalgo Tacza, como se puede observar de la página web de Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ del Poder Judicial al consultar el expediente judicial N° 02441- 2019-0-1801-JR-LA-10, ello no tiene mérito para suspender el trámite del presente procedimiento sancionador, por no concurrir las condiciones señaladas en el artículo 75 del TUO de la LPAG. vii. Se ha corroborado esta conducta de falta de colaboración con la inspección, tras revisar los requerimientos de comparecencia de fecha 13 y 19 de febrero de 2019 y los actuados del expediente de inspección, por lo que esta Intendencia comparte lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia en el numeral 9.4 de la resolución apelada. Por lo tanto, el inspeccionado incurrió en una infracción muy grave a la labor Inspectiva, que no ha sido desvirtuada por medio del recurso formulado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GAMING AND SERVICES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escritos de fecha 02 y 03 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 315-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Contravención a la Constitución por conflicto con la función jurisdiccional. Ninguna autoridad fuera del poder judicial puede avocarse a una causa pendiente de ser resuelta o habiendo sido resuelta pretenda avocarse a la misma, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política. Materia desarrollada en la Casación Laboral N° 8389-2018-Moquegua. ii. En cuanto a la extrabajadora Edelmira Gabriela Hidalgo Tacza, indica que, los conceptos sociolaborales por los cuales se no impone multa (confirmada por segunda instancia), son conceptos que vienen siendo reclamados por parte de la propia extrabajadora ante el Poder Judicial, en el Expediente N° 04281-2019-0-1801- JR-LA-15, donde ha sido demandada por pago de beneficios sociales. iii. Falta de motivación, motivación aparente de la resolución de la intendencia infringiendo el derecho al debido procedimiento. Debido a que, se desprende de estas, que la Sub Intendencia e Intendencia sustentan su pronunciamiento, solamente en citar normas y realizar presunción de que se no cumplió con realizar el

pago de los beneficios sociolaborales del Sr. César Tassara Canevaro y, además, de no realizar una adecuada valoración del medio probatorio aportado. Contraviniendo el principio de adquisición o comunidad de la prueba. iv. Finalmente, alega que, se ha contravenido el derecho a la presunción de inocencia, reiterando que ha existido una clara violación del debido proceso, así como el principio de legalidad. Por lo tanto, en virtud de la presunción de inocencia constitucional, la carga de la prueba en los procedimientos inspectivos recae en la autoridad inspectiva de trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la

debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º

2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 Folio 264 del expediente inspectivo.

y su valor probatorio para acreditar o no el cumplimiento de las obligaciones requeridas de subsanación.

10 LGIT, artículo 14: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

dilucidar las situaciones controvertidas presentadas en el caso, vulnerando el debido procedimiento. Por lo que, la instancia de sanción debió efectuar el análisis de la validez de las actuaciones inspectivas, efectuando una correcta valoración de los hechos, considerando los extremos antes señalados, argumentos que no se advierten de la referida resolución.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de

inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GAMING AND SERVICES S.A.C., en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 648-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 30 de julio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2989-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 648-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a GAMING AND SERVICES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.32 de la presente resolución. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230829CEC