Galcas Contratistas Generales S.A.C — Res. 1425-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: remuneraciones (sub materias: pago de remuneración (sueldos y salarios) y gratificaciones), compensación por tiempo de servicio (sub materia: depósito de CTS); y jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones). 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 228-2022-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC2, de fecha 09 de setiembre de 2022, notificado el 15 de setiembre de 20223, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración del mes de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el depósito por compensación por tiempo de servicio, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE6 en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de vacaciones truncas, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de gratificaciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con remitir la información requerida en fecha 28 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,388.00.

2 Generado en razón a que, mediante Resolución de Intendencia Nº 028-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 21 de febrero de 2022, se declaró nula la Resolución de Sub Intendencia Nº 215-2021-SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE y ordenó retrotraer el procedimiento al momento de la notificación de la Imputación de Cargos Nº 099-2021-SUNAFIL/IRE- PUN/SIAI-IC, de fecha 29 de abril de 2021, a fin de que la autoridad instructora emita nuevo pronunciamiento. 3 Mediante cedula de notificación se notificó a Fegal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – FEGAL S.R.L., en fecha 23 de setiembre de 2022, adjunta a folios 160 del expediente administrativo. 4 Mediante cedula de notificación se notificó a Fegal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – FEGAL S.R.L., en fecha 01 de junio de 2023, adjunta a folios 193 del expediente administrativo 5 Mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 173-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 31 de mayo de 2023, se identificó el error material y corrigió el importe de la sanción bajo lo precisado. 6 Si bien en el cuadro de sanciones se atribuye la calificación de muy grave, del contenido de la Resolución de Sub Intendencia N° 164-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA se corrobora su adecuada calificación, conforme a lo precisado.

i. El plazo ha sobrepasado en exceso en el procedimiento sub litis, por cuanto, la Imputación de Cargos Nº 099-2021-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC que dio inicio al presente procedimiento con la Resolución de Sub Intendencia Nº 215-2021- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE en fecha 14 de diciembre de 2021, la misma que ha sido declarado nulo con la Resolución de Intendencia Nº 028-2022-SUNAFIL/IRE-TAC. Así las cosas, en fecha 15 de setiembre de 2022, se me notifica una nueva Imputación de Cargos Nº 228-2022-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, la misma que a la fecha no se tiene la resolución de sanción respectiva, habiéndose superado los 09 meses para resolver el procedimiento sancionador conforme a lo señalado en el artículo 259 del TUO de la Ley Nº 27444. ii. Sobre el particular, revisando las actas de infracción, imputación de cargos y demás documentos obrantes en el procedimiento administrativo sub materia, se nos imputa faltas establecidas en el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, lo que claramente contraviene el ordenamiento jurídico nacional, antes citado, el cual, establece que las faltas deben estar establecidas en normas con rango de ley. iii. Se nos está incluyendo en el presente procedimiento sancionador en calidad de responsable solidario sin tener en consideración lo establecido en la Resolución Nº 001-2022-Sunafil/TFL-Primera Sala, por el cual, los consorciados establecidos en nuestro contrato de consorcio que cada una tiene sus propias obligaciones, en este caso la posible omisión de obligaciones la realizó el consorciado GALCAS y nada tiene que ver FEGAL SRL.

i. El presente expediente contiene la Resolución de la Intendencia Nº 028-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, que declara la nulidad de la resolución de primera instancia y dispone retrotraer el procedimiento hasta el momento donde se produjo el vicio, dejando a salvo el valor probatorio de la documentación que incida en la nulidad advertida; es así que, se ha emitido y notificado la Resolución de Sub Intendencia N° 164-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, la misma que no se encuentra inmerso en caducidad. ii. Los hechos constatados por el inspector cuentan con medios probatorios y constataciones específicas que respaldan el cumplimiento de las obligaciones en materia de relaciones laborales; asimismo, en garantía del derecho de defensa del sujeto inspeccionado se evidencia los descargos y medios probatorios aportados en el procedimiento inspectivo, donde se aprecia la hoja de liquidación de beneficios a nombre del Sr. Nelson Lopez, la misma que no cuenta con las firmas correspondientes y que en observancia del criterio normativo adoptado por el grupo de trabajo de análisis de criterios en materia legal aplicables al sistema inspectivo, aprobado por la Resolución Nº 016-2020-SUNAFIL, en este caso el pago de las obligaciones económicas no fueron acreditadas o justificadas. iii. La autoridad instructora ha tomado las acciones necesarias para determinar la responsabilidad solidaria en la Imputación de Cargos, en mérito al Contrato de Consorcio GALCAS SUR que obra a folios 19 al 21 del expediente sancionador, teniendo en consideración lo regulado en el numeral 42.1 del artículo 42 de la LGIT, al haberse acreditado vinculación económica. iv. En el cuadro Nº 03 en el punto dos (02) y tres (03) – Calificación legal y tipificación, Debe decir: Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT aprobado por D.S. 019-2006-TR grave y Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por D.S. 019-2006-TR grave. Defectos de carácter material que no alteran el contenido ni el sentido de lo resuelto.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

7 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 8 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 9 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR10, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR11 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

10 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 11 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”12.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. El plazo ha sobrepasado en exceso en el procedimiento sub litis, por cuanto, la Imputación de Cargos Nº 099-2021-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC que dio inicio al presente procedimiento con la Resolución de Sub Intendencia Nº 215-2021- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE en fecha 14 de diciembre de 2021, la misma que ha sido declarado nulo con la Resolución de Intendencia Nº 028-2022-SUNAFIL/IRE-TAC. Así las cosas, en fecha 15 de setiembre de 2022, se me notifica una nueva

12 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

Imputación de Cargos Nº 228-2022-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, la misma que a la fecha no se tiene la resolución de sanción respectiva, habiéndose superado los 09 meses para resolver el procedimiento sancionador conforme a lo señalado en el artículo 259 del TUO de la Ley Nº 27444. ii. Sobre el particular, revisando las actas de infracción, imputación de cargos y demás documentos obrantes en el procedimiento administrativo sub materia, se nos imputa faltas establecidas en el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, lo que claramente contraviene el ordenamiento jurídico nacional, antes citado, el cual, establece que las faltas deben estar establecidas en normas con rango de ley.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…).” (énfasis agregado)

Sobre la debida motivación en el proceso administrativo sancionador

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”.

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 14 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

“2.6.14. Por tanto, verificándose la existencia del CONTRATO DE CONSORCIO GALCAS SUR, corresponde determinarse su inclusión y consecuentemente de corresponder emplazar al responsable solidario con arreglo a ley, a efectos de garantizar su derecho de defensa referente al resultado de las investigaciones previo al procedimiento sancionador (…).” 6.19. Así, según se verifica de la Imputación de Cargos N° 228-2022-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN- IC, la autoridad instructora amplió la imputación de infracciones contra la empresa GALCAS CONTRATISTAS GENERALES SAC, con RUC Nº 20410047625, y la empresa FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – FEGAL S.R.L., con RUC Nº 20543029832, al considerarlo responsable solidario en mérito al Contrato de CONSORCIO GALCAS SUR.

“Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en:

15 Cfr. Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 16 Adjunto al reverso del folio 19 del expediente de sanción. 1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada (…).” (el resaltado es propio).

“Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente.

En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.” (el resaltado es propio).

“DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, el Sistema de Inspección de Trabajo regula también la necesidad de respetar el contenido mínimo del acta de infracción y la debida motivación de las resoluciones administrativas sancionadoras bajo la aplicación del principio de observancia del debido proceso, dicho deber requiere de los inspectores a cargo integrar en el acta de infracción la suficiente información que permita evidenciar cada uno de los elementos de responsabilidad sobre cada una de las imputaciones postuladas contra el sujeto investigado. Del mismo modo, de parte de la autoridad de instrucción y sancionadora, en la emisión de las imputaciones de cargo, de los informes finales y las resoluciones de sub intendencia de sanción y de intendencia regional en el marco del proceso administrativo sancionador, se exige que sus pronunciamientos vayan más allá de la simple reiteración de los hechos postulados por el inspector a cargo de la investigación y la imposición de sanción supere el lumbral de toda duda razonable teniendo claro que la carga de la prueba la tiene la administración y no el sujeto investigado.” (el resaltado es propio).

17 “6.4.1.4. A la Autoridad Instructora le corresponde las siguientes funciones específicas: (…) a. Conducir y desarrollar íntegramente la fase instructora del procedimiento sancionador, incluyendo las actuaciones previas al inicio del procedimiento, siendo éstas: - La calificación y/o del contenido del Acta de Infracción, conforme a lo previsto en el literal b) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT.” 18 6.4.1.4. A la Autoridad Instructora le corresponde las siguientes funciones específicas: (…) b. Dar inicio al procedimiento sancionador, al emitir y notificar la imputación de cargos al sujeto responsable, en virtud del contenido del acta de infracción y lo advertido en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias (…).” cuanto a las infracciones determinadas; esto es, las infracciones de materia inspectiva (tipificadas bajo el numeral 46.3 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT) y sociolaboral, ante el incumplimiento de pago de los beneficios sociales (remuneraciones, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones truncas y vacaciones truncas) en perjuicio del Sr. Nelson López.

“6.61 Como se ve, la normativa citada, así como la documentación que obra en el expediente permite apreciar al Consorcio como sujeto obligado a una serie de manifestaciones que potencialmente podrían generar consecuencias laborales. Por ello, el examen de su comportamiento respecto de quienes brinden servicios personales bajo su ámbito operativo es un asunto sobre el que la competencia de la Superintendencia

19 “Artículo 445.- Contrato de Consorcio Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y aquéllas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato. Artículo 446.- Afectación de bienes Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la actividad a que se han comprometido, continúan siendo de propiedad exclusiva de éstos. La adquisición conjunta de determinados bienes se regula por las reglas de la copropiedad. Artículo 447.- Relación con terceros y responsabilidades Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular. Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley.”

Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, es plena. Así, se debe concluir que el Consorcio es responsable de ejecutar las prestaciones derivadas del deber de colaboración hacia la labor inspectiva (tales como la entrega de información a requerimientos efectuados por la inspección del trabajo o no asistir a las comparecencias debidamente notificadas, comportamientos exigibles y que son objeto de reproche en el presente caso). 6.69 Así, a consideración de esta instancia de revisión, el consorcio no puede ser descartado a priori como un agente que, en el ámbito de las relaciones laborales, no puede comportarse como empleador, es decir, con la facultad de intervenir sobre prestadores de servicios, subordinándolos a través de vínculos jurídicos directos. Más allá de las precauciones contractuales, societarias o documentales laborales, el principio de primacía de la realidad interviene, sin lugar a duda, cuando el consorcio adopta materialmente el comportamiento de empleador, ejerciendo las facultades del poder de dirección sobre los trabajadores a su cargo (en particular la facultad directriz). 6.70 Para tal finalidad, debe ser perceptible que el consorcio requerido ejerza alguna de las atribuciones del empleador pues puede ser suficiente para que se produzca el efecto de subordinar al personal de nóminas ajenas, así sean estas cualquiera de las partes que se consorcian. Así, la inspección del trabajo está plenamente facultada a requerir información a un consorcio si se establece una hipótesis razonable sobre su comportamiento como empleador al existir uso de las facultades organizadora, fiscalizadora y disciplinaria —siendo la primera de ellas especialmente relevante— todo lo cual reposa en la exigibilidad del deber de colaboración del mismo consorcio hacia la inspección del trabajo.” (el resaltado es propio).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

20 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

y reseñadas líneas arriba.

21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 22 “Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.” 23 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269. 6.41. Por otro lado, en cuanto al ítem i) del recurso de revisión, mediante el cual se alega la caducidad del procedimiento administrativo, al haber iniciado desde la notificación de la Imputación de Cargos Nº 099-2021-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC. Sobre el particular, se precisa que mediante Resolución de Intendencia Nº 028-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 21 de febrero de 2022, se ha retrotraído el proceso administrativo y ordenado que la autoridad instructora se pronuncie respecto de la identificación e inclusión del responsable solidario, precisando la necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento (2.6.17 de la citada resolución).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

24 “Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (...)” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de remuneraciones. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el depósito de la compensación por tiempo de servicio. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de las vacaciones truncas. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de gratificaciones Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 068-2023- SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 01 de setiembre de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Puno, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 080-2021-SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 164-2023- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 26 de mayo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 080- 2021-SUNAFIL/IRE-PUN, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 164-2023- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 26 de mayo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.48 de la presente resolución.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., y FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RLSH - HR: 8550-2021