G4S Perú S.A.C — Res. 91-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos) y Remuneración (Sub materia: Pago de la remuneración). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft soft

del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de hostilidad, reduciendo la remuneración de manera unilateral a partir del mes de enero 2021, en perjuicio del trabajador Luis Enrique Santos Cabrejos; tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 25 de marzo de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Existe un error en la tipificación pues no existió una reducción de remuneraciones que signifique un acto de hostilidad, inclusive de considerarse que existe un acto hostilidad en los meses de enero y febrero, este ya cesó en el mes de marzo.

ii. La remuneración nunca sufrió una variación, únicamente no se pagó de manera íntegra, esta conducta según el principio de tipicidad correspondiente al supuesto de no pago íntegro de la remuneración, subsumido en el numeral 24.4, cuya infracción es grave. Tanto en el acta de infracción, como en el Informe, vulnerándose el principio de legalidad, y por consiguiente incurriendo en nulidad. El informe Final de Instrucción señala que la impugnante no habría pagado oportuna o íntegramente la remuneración de enero y febrero 2021, siendo evidente el error en la tipificación de las faltas.

iii. Se ha realizado el pago completo de las remuneraciones al trabajador, y de ser el caso que se haya omitido en algo, ya fue subsanado. Por lo que, el personal inspectivo y las autoridades administrativas han realizado una lectura errónea de la documentación presentada durante la investigación inspectiva, pues de la revisión de las boletas de enero y febrero 2021, se puede observar que las remuneraciones fueron pagadas.

iv. El inspector atribuye la comisión de una infracción respecto al mes de marzo señalando que no se habría probado el depósito del pago correspondiente, mostrándose la mala fe del inspector y de la autoridad administrativa, ya que aún el mes no había terminado, hecho que se le recalco al inspector, que aún no se procedía el pago pues se realizaba inicios del siguiente mes y no el día 30, por lo que se preguntan cómo se pretende que la boleta esté firmada cuando aún no es emitida.

i. Los montos depositados en la cuenta del trabajador fueron por debajo del salario mínimo vital, si bien es cierto en la boleta de pago del mes de febrero 2021 se consigna un adelanto de remuneración de S/ 219.17, no se verifica que el empleador acredite el depósito del referido monto.

ii. En cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento la impugnante refiere haber otorgado en el mes de enero 2021 el pago de S/ 600.00 por remuneraciones y reintegro por 7 días con los montos depósitos por las sumas de S/ 116.95 y S/ 102.22 en las fechas 5 y 10 de febrero de 2021. Sin embargo, no logró acreditar documentalmente el depósito de los S/ 600.00, máxime si la boleta de pago no se encuentra firmada por el trabajador. Asimismo, se le descontó en demasía el monto correspondiente según cronograma de pagos de la cuota a la Cooperativa Portuaria, correspondiendo descontar solo la suma de S/ 236.50. En cuanto al mes de febrero, se indica que el monto de S/219.17 corresponde a la suma de los reintegros depositados los días 5 y 10 de febrero de 2021 pretendiendo justificar el pago de los periodos de enero y febrero con esos dos depósitos, no lográndose así acreditar el pago íntegro de las remuneraciones.

iii. En ese orden de ideas se ha logrado determinar que el empleador ha realizado una reducción de la remuneración mensual por los meses de enero y febrero de 2021 contraviniendo lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, no evidenciándose documentación que justifique el acuerdo entre el empleador y trabajador para que proceda la reducción de la remuneración, constituyendo una arbitrariedad por parte del empleador que se considera como un acto hostilidad.

iv. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde indicar que, respecto al principio de tipicidad, se evidencia que, conforme las actuaciones inspectivas identificadas por el inspector comisionado, la impugnante realizó las conductas tipificadas en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

2 Notificada con fecha 27 de septiembre 2021.

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE G4S PERU S.A.C.

RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de octubre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 183-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, argumentando lo siguiente:

i. Se ha realizado el pago completo de las remuneraciones al trabajador, y de ser el caso que se haya omitido en algo, este ya fue subsanado. Realizando el personal inspectivo y las autoridades administrativas una lectura errónea de la documentación presentada durante la investigación inspectiva, pues de la revisión de las boletas de enero y febrero 2021, se puede observar que las remuneraciones si fueron pagadas.

ii. En el mes de enero 2021, se calculó la remuneración contando 20 días de trabajo por un valor de S/600.00, al cual se le aplican descuentos como el adelanto de quincena por la suma de S/136.40, la cuota de pago por el préstamo que le concedió la Cooperativa La Portuaria, el pago a la AFP, el impuesto a la renta, la Cuota sindical, entre otros, teniendo finalmente que pagar el monto de S/ 140.14, que le fue entregado de manera neta. Ahora bien, la boleta exhibida es electrónica, conforme a lo acordado con el trabajador, razón por la cual no figura su firma. Asimismo, en el mes de febrero se observó el error del área de contabilidad, realizándose el reintegro de pago de remuneración por 7 días, por las sumas de S/116.95 y S/102.22 en las fechas de 05 y 10 de febrero 2021.

iii. En el mes de febrero 2021, de la boleta se observa el sueldo básico de S/930.00, a los cuales se le deben aplicar los descuentos descritos en el párrafo anterior, incluido el adelanto de quincena por la suma de S/497.20, pagándole finalmente el monto de S/217.00, cumpliéndose así con pagar y depositar todo, adjuntando las pruebas mediante los descargos presentados y el recurso de apelación, siendo ignorados por las autoridades administrativas, vulnerándose el derecho a la defensa.

iv. Sobre el mes de marzo se infracciona señalando que no se habría probado el depósito del pago correspondiente, mostrando la mala fe del inspector y de la autoridad administrativa, ya que el mes aún no había terminado, hecho que se le recalco al inspector, que aún no se procedía el pago pues se realizaba a inicios del siguiente mes y no el día 30, preguntándose la impugnante cómo se pretende que la boleta esté firmada cuando aún no es emitida.

v. El inspector tipificó la infracción como una reducción inmotivada de sueldo mientras que la Intendencia señala que no se ha demostrado, que se ha cumplido con pagar de manera completa, es decir, confirma que no hubo variación de la remuneración. Confirmándose que no se realizaron actos de hostilidad, pues nunca redujo la remuneración del trabajador, sino que debido a un error contable no se llegó a pagar de manera completa la remuneración en su momento, siendo subsanado y acreditado todo ello ante el inspector en la medida inspectiva de requerimiento. No obstante, se

8 Iniciándose el plazo con fecha 28 de septiembre de 2021.

modifica la motivación de la tipificación de la multa, pues se señala que se habría reducido de manera unilateral la remuneración del trabajador hecho que nunca se probó, incurriendo en error la resolución impugnada al no considerar que los pagos que se realizan son de manera neta y no bruta, conforme se observa de las boletas, donde se advierte que la remuneración bruta sobrepasa la remuneración mínima vital.

vi. De acuerdo con lo establecido en el RLGIT, la tipicidad correspondiente al supuesto de no pago íntegro de la remuneración estaría subsumido en el numeral 24.4, cuya infracción es grave, conforme se estableció en el acta de infracción y en el Informe Final de Instrucción, donde se señala que la impugnante no habría pagado oportuna o íntegramente la remuneración de enero y febrero 2021, siendo evidente el error en la tipificación de la infracción, vulnerándose el principio de legalidad, y por consiguiente deviniendo en nulidad, mientras que en la sub intendencia y la Intendencia varían la conducta y la motivación al no acreditar el cese de los actos de hostilidad como claramente se observa de las resoluciones correspondientes.

vii. Finalmente, se solicita el uso de la palabra para poder exponer el caso ante vuestro despacho.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación

que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”11 .

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

Sobre los elementos constitutivos de los actos de hostilidad

Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"(...) se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, el "propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador", que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad. sino que por el

12 Cfr. artículo 22. 13 TUO, LPCL, art. 30, b).

contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores (…)14".

“Los actos de hostilidad son aquellos supuestos donde el empleador se excede en sus facultades de dirección y, por lo tanto, pueden ser controlados por los trabajadores15. En nuestro ordenamiento jurídico, se ha previsto las acciones que pueden ser catalogadas como actos de hostilidad en el artículo 30° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en cuyo inciso b) se ha descrito dos supuestos: i) reducción inmotivada de la remuneración, y ii) reducción inmotivada de la categoría. Sobre el primer supuesto, se debe decir que la reducción solo es válida cuando se realiza al amparo de la Ley N° 9463, pues, de lo contrario se vulnera los derechos fundamentales del trabajador, salvo que se encuentre debidamente motivada.

Al respecto, corresponde mencionar que la reducción de la remuneración puede ser directa o indirecta. Lo primero ocurre cuando se disminuye el monto establecido, o el valor dinerario de la tarifa, o el porcentaje de una comisión16; establecidas por disposición legal o convencional. Lo segundo, ocurre cuando se modifican las condiciones en que el trabajador presta sus servicios o el sistema de trabajo, cuando ello repercute sobre la remuneración del trabajador17. En ese contexto, la interpretación del primer supuesto del inciso b) del artículo 30° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 97-TR, se realiza bajo el enunciado siguiente: “Cuando se acredite que el empleador no ha justificado de manera fáctica y jurídica la reducción directa o indirecta de la remuneración percibida por el demandante, la cual comprende todos los conceptos que tienen carácter remunerativo, se configura un acto de hostilidad equiparable al despido”. 6.14. Asimismo, el respeto a la dignidad humana tiene un contenido objetivo, que varía en las diferentes culturas, pero tiene un núcleo duro innegociable de carácter universal, ya que la naturaleza humana, en sus atributos esenciales, es la misma en todos los seres humanos, variando, más bien, aspectos accidentales como pueden ser, la raza, la lengua, el coeficiente intelectual, etc. Consecuentemente, la hostilidad consistente en la falta de respeto a la dignidad de un trabajador no puede ser evaluada con criterios subjetivos, sino que debe evidenciar una vulneración a sus derechos fundamentales, por ser éstos la manifestación jurídica del respeto debido.

Sobre los actos de hostilización en el caso materia de revisión

14 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE 15 Artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR: “(…) el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo” 16 R.T.T. citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El despido en el derecho laboral peruano”. 3 ed. Lima: Editorial Jurista Editores, p. 662. 17 CALDERA, citado por Ibíd. p.662

encontrará habilitada a contradecir la presunción de legalidad impuesta por el ordenamiento (principio de licitud), para desplegar su facultad sancionadora.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

de la ilegalidad de la conducta cometida por la impugnante de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, por lo que, resulta imperativo comprobar lo antes expuesto para habilitar su emisión.

Sobre la solicitud de informe oral

18 Artículo IV del TUO de la LPAG: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 19 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)”. (…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente”.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por G4S PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 183-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 23 de septiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 231-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 183-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos, dejando sin efecto la sanción impuesta. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a G4S PERU S.A.C. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL ((www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA