G4S Perú S.A.C — Res. 418-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones laborales: Contratos de Trabajo (formalidades), Remuneraciones (Pago de la remuneración, sueldos y salarios) Erwin FAU 20555195444 soft 15:22:39-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 2.63 UIT (2020), ascendente a S/ 11,309.00 soles.

- Que, es invalido sostener las multas impuestas, considerando la justificación que emite la Resolución de Sub Intendencia N°277-2021-2021-SUNAFIL/IR- LL/SIRE, en su numeral 24, donde hace referencia que pese a estar judicializado el periodo que se fiscaliza por los inspectores de SUNAFIL y que a su vez comprende el periodo cuestionado por suspensión perfecta de labores ante el MTPE, son dos situaciones diferenciadas, al no verificarse la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, lo cual no puede ser denegado. - Asimismo, en el presente procedimiento sancionador, si bien se discuten las remuneraciones no pagadas en periodo de suspensión perfecta ante el MINTRA, estas no pueden generar sanciones administrativas por parte de la autoridad administrativa, ya que el fondo de la controversia son las Remuneraciones Impagas en periodo de suspensión perfecta, habilitada por D.S.N°011-2020- TR,cuyos efectos deben ser observados por el MINTRA y SUNAFIL, caso contrario sería cometer abuso de derecho, toda vez que, la Resolución Directoral General N° 1636-2020-MTPE/2/14, no es un acto administrativo firme, para que surta efectos en su ejecución, por tanto, no valida a la Sunafil, proceder a imponer

multas por actos justificados y judicializados cuando la materia proviene de un procedimiento administrativo especial ante el MINTRA. - En ese sentido, es erróneo señalar que no son las mismas partes procesales, ya que, en el proceso judicial son la empresa y el MTPE, no siendo parte procesal los trabajadores; por tanto, resulta inejecutable, no siendo Sunafil competente para conocer al respecto. - Por otro lado, es falso que la empresa no ha presentado descargo alguno, ya que presento dos escritos de descargos y toda la documentación que acredita sus argumentos, por lo que dicho extremo deviene en NULO. - En el Informe de Actuaciones Inspectivas de la Orden de Inspección N°621-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, cuya materia es parecida a la presente, concluyó que no se detectó infracción administrativa, por lo que se cerró la orden de inspección, señalando que la suspensión perfecta fue denegada, pero que se encuentra impugnada en acción contenciosa, no considerar ello, significa no solo la ilegalidad de las decisiones del inspector responsable, sino traer al escenario al MINTRA y que proceda de oficio a ejecutar su resolución, ocasionando una duplicidad de inspecciones y/o procedimientos administrativos. - De acuerdo a la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII aprobado por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, denominada Directiva sobre el Ejercicio de Función Inspectiva, señala en el numeral 7.2.2. que, debe cerrarse la orden de inspección por cuestión litigiosa, debiendo ser corroborado el Expediente N° 13247-2020-0-1801-JR-LA-77.

- De la obligación del empleador del pago íntegro y oportuno de las remuneraciones al trabajador

i. La normativa señala que el trabajo es un derecho constitucional, por lo tanto, toda persona que trabaja debe ser remunerada equitativamente al trabajo realizado, ya que de esta manera podrá sostener a su familia y tener una vida digna, cabe señalar que todo trabajo siempre debe ser remunerado por el empleador, siendo su mayor prioridad ante cualquier otra obligación. ii. En ese contexto, el no depositar integra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores, constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, el cual es pasible de una sanción económica.

2 Notificada a la inspeccionada el 26 de julio de 2021, ver fojas 139 del expediente sancionador.

iii. Debe precisarse que, si bien es cierto que, en el presente caso del proceso judicial, no acudieron los trabajadores ante la instancia judicial, el demandado es la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, institución totalmente diferente e independiente y autónoma de la Sunafil, no tratándose en forma alguna de la identidad de sujetos, siendo que en el presente procedimiento sancionador, la Sunafil actúa en calidad de Autoridad Administrativa, respecto de las infracciones verificadas a la empresa inspeccionada. iv. En ese sentido, en tanto que, independientemente del origen que tuvieron las actuaciones inspectivas, como resultado de las mismas, el personal inspectivo investigó de oficio la existencia de infracciones administrativas descritas en el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. v. Debe precisarse que, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 16 y 47 de la LGIT les hechos constatados por los inspectores de trabajo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos; por lo que, los hechos constatados por el personal inspectivo comisionado, en el presente caso, se presumen ciertos, correspondiendo a la inspeccionada, acreditar que lo señalado en la referida acta no es cierto; sin embargo, la empresa no ha logrado acreditar, a lo largo de todo el procedimiento administrativo sancionador, que hubiera cumplido con el pago de las remuneraciones al trabajador afectado.

- De la infracción a la labor inspectiva y la Medida de Requerimiento

vi. Se ha verificado que, el procedimiento de actuaciones inspectivas es válido, y por tanto, también la emisión del acta de infracción; asimismo, en consecuencia el procedimiento administrativo sancionador también lo es, toda vez que, la resolución administrativa emitida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, agotó la vía administrativa; y no se ha declarado su nulidad, la misma surte efectos legales; por tanto, no se verifica afectación alguna a los principios detallados por el apelante, debiendo desestimarse dichos argumentos.

- De la multa impuesta al amparo del Decreto Supremo N° 008-2020-TR

vii. AI haberse verificado la constatación de las infracciones administrativas el mes de diciembre de 2020, corresponde, como bien se determinó en primera instancia, aplicar la tabla establecida par Decreto Supremo N° 008-2020-TR.

- De los criterios de gradualidad

viii. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de le LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: (i) gravedad de la falta cometida, y (ii} número de trabajadores afectados.

ix. Adicionalmente, el mismo dispositivo señala que el Reglamento establece otros criterios especiales para la graduación de las sanciones. En efecto el artículo 47° del Reglamento considera como criterios especiales a les antecedentes del sujeto infractor, el respeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, entre otros.

x. En tal sentido, se ha verificado que la determinación de la sanción realizada por la resolución recurrida, se encuentra conforme a lo señalado en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, su reglamento y modificatorias; por tanto, corresponde confirmar la multa impuesta por la primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE G4S PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Sobre la evidencia de vicio y nulidad en la interpretación errónea del numeral 24.4 del artículo 24 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, frente a pago de remuneraciones en suspensión perfecta cuestionado en vía judicial

La actuación inspectiva pese a ser autónoma se rige por las normas y disposiciones propias del procedimiento administrativo, y en ese marco el principio del debido procedimiento es la garantía del respeto a todas las normas, reglamentos, directivas u otro que se emitan por la especialidad con la finalidad de simplificar, el dinamizar el procedimiento administrativo, no obstante, el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección de Trabajo, se rigen por los principios de legalidad, probidad, celeridad y objetividad, lo contrario refleja en la transgresión del principio de eficacia del procedimiento inspectivo.

En el considerando 17 de la resolución impugnada, afirma sin mayor análisis que “(…) al no tener conocimiento de la tramitación de un proceso judicial que fue iniciado con posterioridad a la emisión del acta y además de no configurarse la triple identidad que argumentó el recurso de apelación”; por tanto, no podría cerrarse la orden de inspección. Sin embargo, cabe indicar que según el numeral 7.2.2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII aprobado por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL, denominada Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, en ningún

extremo indica sea un requisito que el momento del conocimiento de los hechos cuestionados en vía judicial deba ser antes de emitir el acta de infracción, sino por el contrario, una vez puesto a conocimiento de los hechos que versan la cuestión litigiosa – que es la misma situación de presente caso – se procederá a cerrar y archivar la orden de inspección, en ese sentido, es evidente que la Sunafil trata de justificar su imposición de multas graves y muy graves por el solo hecho de interpretar erróneamente más allá de lo literalmente expuesto en su propio protocolo.

El artículo 4 del Texto Único y Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que: “(…) ninguna autoridad cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del poder judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional (…)”, en ese sentido, se ha verificado que el fondo de la controversia de las multas tipificadas, calificadas y confirmadas por la resolución impugnada radica en el pago íntegro y oportuno de remuneraciones en periodo de suspensión perfecta de labores cuestionadas en vía judicial y no existe indicación alguna en el protocolo sobre al momento que tome conocimiento de los hechos litigiosos en la vía judicial, por tanto la argumentación en los considerandos 17, 18, 19 y 20 de la resolución cuestionada devienen en nulos por vicios procedimentales.

En relación al argumento de los considerandos 21 y 22 de la impugnada al determinar que: “(…) no se ha verificado que, el Poder Judicial haya emitido alguna resolución en la que ordene que, se suspenda los efectos de la Resolución Administrativa emitida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, por tanto el procedimiento administrativo sancionador debe continuar si no hay una orden expresa o mandato imperativo judicial que lo suspenda; es más, aún no se encuentra admitida la demanda interpuesta por la empresa”. Sin embargo, dicho argumento resulta invalido para el análisis del proceso, pues la Intendencia no ha considerado que no existe obligación ni requisito sea admitida la demanda contenciosa administrativa para que surta efecto, puesta estaríamos dejando que durante el tiempo que proceda a calificar la demanda por el poder judicial sea considerado como periodos habilitados a ejecutar e imponer sanciones por la Sunafil, una situación fuera de todo razonamiento lógico jurídico, caso contrario, sería un acto arbitrario tal exigencia por la autoridad administrativa. Por otro lado, la Sunafil no aplicó la excepción por la sola interposición de la demanda contenciosa administrativa se deja sin efecto las resoluciones administrativas cuestionadas que no hayan quedado firme, de conformidad al artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

- Sobre la inaplicación del numeral 46.7 del artículo 46 del Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, por evidente vulneración al principio de legalidad, principio de objetividad y principio de primacía de la realidad frente a la medida de requerimiento.

La exigencia en el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral en acreditar el pago de remuneraciones en periodo de suspensión perfecta de labores aun debatida ante el poder judicial, resulta desproporcional a los hechos materia de investigación, pues el hecho verificado, real y cierto es que existe una demanda contenciosa administrativa cuyo debate son las remuneraciones por efecto de la suspensión perfecta de laborales del mismo trabajador que investiga la Sunafil.

Por estos hechos no se respecto el principio de primacía de la realidad, por el contexto excepcional en que nos encontramos y plena facultad de nuestro derecho a la defensa y debido procedimiento, así como el principio de objetividad, en razón de las cuales toda actuación de la inspección del trabajo se realiza sobre la base de una debida e imparcial evaluación de los hechos y fundamentos de derecho, evitando apreciaciones subjetivas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la competencia de la SUNAFIL ante causas judicializadas

Los inspectores deben corroborar la información presentada con el reporte obtenido del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial (CEJ).

“75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si los hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.”

8 Morón Urbina, J. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (12va edición). Lima: Gaceta Jurídica, 2017, Tomo I, pp. 510-512.

adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas. Asimismo, la Inspección del Trabajo, es el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo”.

9 https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 10 TUO de la LPAG, “Artículo 74.- Carácter inalienable de la competencia administrativa (…)

decisiones de la Autoridad Administrativa de Trabajo expedidas en última instancia, de acuerdo a Ley, son recurribles ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo.

Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

en las resoluciones notificadas para presentar sus descargos y recursos administrativos.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por G4S PERU S.A.C., contra la Resolución de Intendencia N° 098-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 22 de julio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 021-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuesto en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 098-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a G4S PERU S.A.C. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga