Frusan Agro S.A.C — Res. 414-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo: Comité (o supervisor) de seguridad y salud en el trabajo; Estándares de higiene ocupacional: Comedor – vestuario – servicios higiénicos; estándares de higiene ocupacional: botiquín; condiciones de seguridad: en lugares de trabajo instalaciones civiles y maquinaria: (condiciones de seguridad) y (avisos y señales de seguridad); Equipos de protección personal; Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER): Prevención de riesgos; Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con entregar los equipos de protección personal a sus trabajadores, conforme a lo señalado en el punto 4.13 de los hechos constatados del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 91,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 184,932.00.

i. Han evidenciado una vulneración de los principios de razonabilidad, culpabilidad y legalidad, toda vez que se presentaron medios probatorios que demuestran la imposibilidad material de cumplir con la medida de requerimiento. Entre dichos medios figuran los controles de asistencia, los cuales prueban que no fue posible entregar los Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores que se encontraban inasistiendo injustificadamente incluso desde antes de la visita inspectiva, que no retornaron a laborar luego de la fecha de descargos, o que, hasta la fecha de presentación del recurso de reconsideración, continuaban ausentes. Asimismo, las bajas registradas en el T-Registro acreditan que, antes de la fecha del requerimiento, algunos trabajadores ya habían cesado, o que, habiendo incurrido en

reiteradas inasistencias, culminaron su vínculo laboral sin haberse reincorporado a sus labores. Por lo tanto, debe considerarse que la entrega de EPP a estos 389 trabajadores era materialmente imposible. ii. El inspector emitió una medida de requerimiento el 24 de setiembre de 2021, solicitando la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP); sin embargo, a dicha fecha, 70 trabajadores ya habían cesado, lo que hacía inviable el cumplimiento de lo solicitado. Por tal motivo, se cuestiona la validez de la infracción imputada. iii. No se valoró la conducta, esto debido a que se presentó la factura por la compra de 750 gorros tipo árabe y 350 polos manga larga; sin embargo, en la resolución impugnada solo reconoció la adquisición de los polos, argumentando que la cantidad adquirida era insuficiente respecto del número de trabajadores a los que debían entregarse los EPP. iv. No se ha considerado la realidad particular de las empresas agroindustriales, en el que las ausencias de trabajadores son frecuentes y numerosas. Esta situación, unida a la complejidad e inviabilidad de iniciar procedimientos de despido respecto de cientos de trabajadores, dificulta significativamente la extinción formal de los vínculos laborales. v. Existe un error en la tipificación de la infracción con relación al numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT, el cual sanciona la no entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) únicamente cuando dicha omisión compromete gravemente la seguridad o salud de los trabajadores. Esta disposición está orientada a actividades que, por su naturaleza, implican un riesgo grave e inminente si no se cuenta con os EPP adecuados e inmediato; sin embargo, en el presente caso, no se encuadran dentro de ese supuesto, pues si bien se admite un incumplimiento formal respecto a la entrega de EPP, no se ha demostrado que ello haya generado un riesgo grave a los trabajadores. vi. La obligación del empleador de garantizar la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo está predispuesta siempre que los colaboradores presten servicios efectivos o se encuentren realizando labores dentro del centro de trabajo; a contrario sensu, no resulta exigible dicha obligación ante trabajadores que no se encuentren presentes en el centro de trabajo, ni que prestan servicios para el empleador. Bajo ese contexto, se evidencia la imposibilidad de hacer entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a los 389 trabajadores ausentes.

i. Conforme al principio de razonabilidad establecido en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, dispone que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción y no resultar más gravosas que el cumplimiento de la norma. En ese sentido, se observa que la Autoridad Sancionadora aplicó el cálculo del monto de la sanción impuesta, conforme a la Tabla de Cuantía y aplicación de sanciones (NO MYPE), regulada en el numeral 1 del artículo 48° del RLGIT; siendo así, se ha dado cumplimiento a los parámetros y criterios generales y especiales de graduación de las sanciones establecidos en la LGIT y su reglamento. ii. Respecto al principio de culpabilidad recogido en el numeral 10 del artículo 248° del TUO de la LPAG, las personas jurídicas responden por los defectos en su organización. Bajo ese marco, la inspeccionada ha reconocido el incumplimiento de la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) desde el inicio de la prestación de servicios, sin haber adoptado las medidas necesarias para su adecuada implementación, afectando así la seguridad y salud de sus trabajadores. iii. De acuerdo con el principio de prevención consagrado en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias (en adelante, la LSST), corresponde al empleador garantizar condiciones seguras en el centro de trabajo, implementando las medidas que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, así como de terceros que desarrollen actividades en dicho entorno. Esta norma tiene un carácter esencialmente preventivo, y su incumplimiento sea por acción, omisión o inacción, puede vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ende, al amparo del principio de responsabilidad, el empleador es directamente responsable por las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo exigible una actuación diligente y proactiva. iv. En virtud de los principios de prevención y responsabilidad, corresponde al empleador garantizar en el centro de trabajo la implementación de los medios y condiciones necesarias para proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, asumiendo las consecuencias legales, económicas y de otra índole derivadas de su omisión. En el presente caso, se evidencia una falta de diligencia al no haberse adoptado las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades laborales conforme a la normativa vigente, lo que refleja un déficit organizacional que dio lugar a la comisión de la infracción. v. La Autoridad Sancionadora valoró los medios probatorios y determino que se entregaron polos y gorros a 278 trabajadores (operarios). En base a ello, se efectuó el cálculo de la sanción considerando un total de 389 trabajadores afectados, determinando que no se cumplió con la entrega de EPP a la diferencia restante. vi. La obligación de proveer Equipos de Protección Personal (EPP) existía desde el inicio de la actividad laboral de los trabajadores, conforme a lo establecido en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En dicha matriz se establece como medida de control el uso de ropa de trabajo que cubra la mayor parte del cuerpo y la aplicación de bloqueador solar. El incumplimiento de estas medidas fue verificado durante las actuaciones inspectivas. vii. La inasistencia o ausencia de los trabajadores se enmarca dentro del ejercicio de la potestad disciplinaria de FRUSAN, en atención al principio de subordinación. Sin

embargo, dicha circunstancia no exime al empleador del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. viii. Con respecto a la factura electrónica, ésta fue emitida con posterioridad a la Medida Inspectiva de Requerimiento y corresponde a la adquisición de 350 unidades, cantidad inferior al número de trabajadores afectados. En ese contexto, si bien el inspeccionado señala que no se ha tomado en cuenta que solo compraron esa cantidad debido a que ya contaban con un monto considerable de polos manga larga para entregar, no acreditan ello. ix. Por otra parte, en relación a la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia que se encuentra debidamente tipificada, tras haberse determinado la obligación del empleador de proporcionar los EPP a fin de eliminar o reducir el riesgo. x. Finalmente, los argumentos señalados en la apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido el sujeto inspeccionado; por lo que, confirma la resolución impugnada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal. Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA FRUSAN AGRO S.A.C.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 03 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 093-2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Advierten un apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral, específicamente en las Resoluciones de Sala Plena N° 014-2022-SUNAFIL/TFL (numeral 6.16) y N° 002-2021-SUNAFIL/TFL (fundamento 34), al no haberse considerado la imposibilidad material de entregar los Equipos de Protección Personal (EPP) a determinados trabajadores que, al momento de la medida inspectiva de requerimiento, ya no mantenían vínculo laboral con la empresa o no asistían a laborar; esta situación fue acreditada mediante medios probatorios como controles de asistencia, bajas del T-Registro y control de estado Asimismo, no se ha tenido en cuenta la realidad operativa de las empresas del rubro agroindustrial, en el que los trabajadores laboran por periodos breves y luego abandonan sus labores, resultando inviable y desproporcionado iniciar despidos a más de 389 personas en caseríos, sino que se opta por esperar el vencimiento de sus contratos. Todo ello evidencia una vulneración a los principios de razonabilidad y culpabilidad, en tanto se tenía la imposibilidad de la entrega de EPP. ii. Manifiestan que, se ha aplicado indebidamente el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, así como el artículo 39° de la LGIT, en contravención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que el requerimiento formulado fue emitido en un plazo notoriamente insuficiente para su cumplimiento efectivo, no habiéndose considerado que involucraba la situación de 677 trabajadores. Por lo que, esta exigencia desnaturaliza la finalidad de la medida inspectiva de requerimiento. iii. Asimismo, señala que se ha inaplicado el numeral 16 del artículo 2° de la LGIT, al no haberse efectuado una debida e imparcial evaluación de los hechos por parte de la autoridad inspectiva, vulnerando el principio de objetividad. Esto al no haber considerado que varios de los trabajadores de los cuales se solicitó información ya no mantenían vínculo laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“(…). 6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación

errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

10 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Figura N° 01

11 Entre los cuales, se destaca los medios probatorios presentados (constancias de baja T-Registro) mediante enlace drive del primer otrosí del recurso de reconsideración.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No entregar los equipos de protección personal (EPP) a sus trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la FRUSAN AGRO S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 093-2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, de fecha 10 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 735-2021- SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Intendencia N° 093-2023-SUNAFIL/IRE- LAMBAYEQUE, únicamente en el extremo referido a la infracción calificada como MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a FRUSAN AGRO S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250430MABJ – HR: 84938-2023