Fondo Social Michiquillay — Res. 146-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Formalidades de la planilla; Registro trabajadores y otros en la planilla; y, Alta, modificación y baja en el T-Registro) y Seguridad Social (Sub materia: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones)). 2 Véase folio 648 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber acreditado el registro en planilla electrónica, de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 69,432.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber acreditado la inscripción de seguridad social en salud, de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 69,432.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber acreditado la inscripción de seguridad social en pensiones, de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 69,432.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica el 20 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que la Resolución de Sub Intendencia es nula por cuanto no ha sido motivada debidamente, afectando los derechos a la debida motivación de las resoluciones administrativas y al debido procedimiento administrativo. ii. Señalan que no se evidencia pronunciamiento alguno respecto a los argumentos de defensa de fondo y forma, limitándose a desarrollar únicamente un análisis superficial respecto a si habrían incumplido con la inscripción en planilla y seguridad social de 6 trabajadores, cuando lo cierto es que su defensa se ha basado en desarrollar los argumentos por los cuales no correspondía el cumplimiento de las

referidas obligaciones, al haber quedado acreditado que el vínculo que existió con los locadores de servicios fue uno de naturaleza civil. iii. Manifiestan que, tanto la Resolución de Sub Intendencia como el Informe Final de Instrucción, han incurrido en vicio de nulidad al no haberse pronunciado respecto a lo señalado en sus descargos. iv. Señalan que el Acta de Infracción no cumplió con todos los requisitos de validez, por lo tanto, solicitan que se declare la nulidad de la misma, vicio que comprende la validez de los actos administrativos posteriores, haciendo nulo todo lo actuado con posterioridad. v. Alegan que la Autoridad Inspectiva se arroga funciones que constitucionalmente no le corresponden al declarar la existencia de vínculos laborales, facultad que corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial. Por lo que, al no haberse declarado judicialmente la desnaturalización de dichos contratos, la Autoridad Administrativa no posee las facultades para resolver la controversia, máxime si el procedimiento administrativo carece de una etapa probatoria equivalente a la desarrollada en el proceso judicial. vi. La Autoridad Administrativa de Trabajo debió inhibirse de continuar tramitando este procedimiento en referencia al señor Miguel Ángel Ruitón Chávez, toda vez que la controversia se encuentra judicializada en el expediente N° 00616-2021-0-0601-JR- LA-03, pues será el Poder Judicial quien determine si se trata de una relación civil o laboral. vii. Cuestionan que se está vulnerando el principio de concurso de infracciones y non bis in ídem, en tanto que, todas las infracciones imputadas se desprenden de un solo hecho, referido a la validez de los contratos de locación de servicios que celebraron con 6 personas. viii. Que, conforme se aprecia de la medida de requerimiento, la misma está vinculada con la materia controvertida de fondo. En ese sentido, si durante el procedimiento han expresado su disconformidad y oposición respecto a la posición adoptada por la SUNAFIL, tienen todo el derecho a cuestionar ello en ejercicio de su derecho de defensa y continuar con la discusión relativa a la existencia de las infracciones en las instancias correspondientes. ix. Señalan que, si se aplica la cuádruple sanción, además de contravenir lo regulado en el artículo 48-A del RLGIT, se estaría vulnerando el principio non bis in ídem, y consecuentemente al derecho al debido procedimiento administrativo. x. Asimismo, manifiestan que se transgreden los principios de proporcionalidad y razonabilidad al existir exceso de punición, toda vez que el monto de las multas ha sido calculado de manera errada. Sin embargo, consideran que no se han seguido los parámetros establecidos, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, en caso de empleadores NO MYPE, la multa por infracciones muy graves, cuando se impute la

afectación de 1 a 10 trabajadores, tiene un límite máximo de 2.63 UIT en total, y no 2.63 por cada trabajador afectado. xi. Solicitan que la Sub Intendencia de resolución proceda a dejar sin efecto la propuesta de sanción en el extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, toda vez que, ante la notificación de la medida inspectiva de requerimiento procedieron a presentar un escrito en el que señalan que se veían imposibilitados de acatar las exigencias dispuestas por el inspector de trabajo. xii. Finalmente, mediante escritos N° 23842 y 24908, ponen en conocimiento el proceso judicial con expediente N° 00616-2021-0-0601-JR-LA-03, en el que el señor Miguel Ángel Ruitón Chávez, con fecha 28 de octubre de 2021, interpuso demanda sobre desnaturalización de contrato civil, la misma que fue declarada infundada.

i. De la revisión de los actuados se advierte que, los argumentos señalados por el inspeccionado, también fueron expuestos en los escritos de descargo, sobre los cuales tanto la autoridad instructora como la autoridad sancionadora han emitido su pronunciamiento y desvirtuado. ii. Del proceso judicial, cabe indicar que, el fundamento de las pretensiones es indudablemente distinto: una relativo a la determinación de la responsabilidad administrativa sancionable en ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y el otro referido a la nulidad del convenio colectivo celebrado entre la inspeccionada y sus trabajadores. iii. Del proceso judicial signado en el expediente N° 00616-2021-0-0601-JR-LA-03, se ha podido verificar que a la fecha, la demanda interpuesta por el señor Miguel Ángel Ruitón Chávez, fue declarada infundada, habiéndose apelado la sentencia emitida en primera instancia, en tal sentido, no existen hechos que hayan sido declarados mediante resolución judicial que vinculen a la Autoridad Administrativa de inhibirse del presente procedimiento sancionador, por lo que, no se ha transgredido lo dispuesto en la normativa vigente, ya que, dicho proceso judicial se encuentra a la fecha en trámite, dado que no se ha emitido sentencia firme. iv. Respecto al cálculo de la sanción de la multa debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 25.20 y 44-B.1 del RLGIT, siendo así, el cálculo realizado por la autoridad inspectiva y sancionadora es el correcto. v. Sobre que se está sancionando dos veces por un mismo hecho; del análisis del presente caso, se puede afirmar que en el mismo se han dado hechos distintos y disímiles: unos consistentes en incumplir obligaciones sociolaborales, y el otro por no acatar la media inspectiva de requerimiento; además, las infracciones sancionadas tienen distintos fundamentos, entendiéndose por ellos a los bienes jurídicos afectados: los primeros vulneran bienes jurídicos del extrabajador afectado, mientras que el segundo afecta bienes jurídicos de la Administración Pública, no habiéndose configurado el requisito esencial de la entidad de sujetos, hechos y fundamentos.

3 Notificada a la impugnante el 14 de marzo de 2022. Véase folio 151 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Fondo Social Michiquillay

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el artículo 139 de la Constitución, en tanto que, se concluye que no se habría cometido ningún avocamiento ante una causa pendiente en el órgano jurisdiccional. Por tanto, denuncian la inaplicación del artículo citado, en virtud a que, SUNAFIL se está arrogando funciones que constitucionalmente no le corresponden, pues pretende declarar la existencia de vínculos laborales, facultad que le compete única y exclusivamente al Poder Judicial, resultando sumamente gravoso que esta instancia administrativa pretenda atribuirse

competencias jurisdiccionales y entre a discutir la validez de un contrato de locación de servicios que no ha sido cuestionado por 5 de los 6 intervinientes. ii. Indican que, será la persona que acredite legitimidad e interés para obrar quien cuestione los contratos de locación, pudiendo solicitar ante el Poder Judicial su invalidez y consecuente declaración de una relación laboral. iii. No obstante, refieren que en el presente caso esto no ha ocurrido, puesto 5 de los 6 locadores no han cuestionado de forma alguna la validez de los contratos de locación de servicio ante la autoridad respectiva, por cuanto resulta acorde a sus fines e intereses, mientras que 1 viene discutiendo la naturaleza de su vínculo en vía judicial correspondiendo que sea el órgano jurisdiccional quien resuelva dicho conflicto de intereses. iv. En ese sentido, al no haberse declarado judicialmente la desnaturalización de los contratos civiles, SUNAFIL no posee las facultades para resolver la controversia, máxime si el procedimiento administrativo carece de una etapa probatoria equivalente a la desarrollada en un proceso judicial. v. Por otro lado, señalan que se ha aplicado erróneamente el artículo 75 del TUO de la LPAG y se ha inaplicado el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto que, la Intendencia Regional de Cajamarca concluye que debe continuarse con el procedimiento sancionador, en la medida que no puede determinarse su inhibición por cuanto no se cumplen con determinadas condiciones. vi. En tal sentido, alegan que no resulta razonable que la SUNAFIL imponga una multa por supuesta afectación al señor Miguel Ángel Chávez Ruitón, no solo porque la naturaleza del vínculo entre las partes viene siendo discutida en instancia judicial, sino también porque en primera instancia se ha declarado infundada la demanda, es decir, el Poder Judicial concluyó que no existe vínculo de naturaleza laboral entre el señor Miguel Angel Chávez Ruitón. vii. Precisan que debe cumplirse con el criterio establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, el cual, mediante la Resolución N° 144-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, ha determinado en referencia a la aplicación del artículo 75° del TUO de la LPAG sobre el conflicto con la función jurisdiccional y su interpretación a la luz del principio de non bis in ídem. viii. Cuestionan la inaplicación del artículo 3 del TUO de la LPAG y el artículo 44 de la LGIT, en tanto que la Resolución de Intendencia no se encuentra debidamente motivada, porque se ha omitido analizar los argumentos relativos al vínculo que unió a las 6 personas supuestamente afectadas que es de naturaleza civil. Ello evidencia la vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas y al debido procedimiento administrativo. ix. Señalan que se ha inaplicado el artículo 4 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y el numeral 2 del artículo 2 de la LGIT, en tanto que, en el presente caso, respecto de las 6 personas listadas consideran que se está inaplicando tanto la verificación de los elementos esenciales de una relación laboral como el principio de la primacía de la realidad. En especial consideran que no se ha comprobado el elemento de la subordinación. x. Refieren que, si bien se ha demostrado la existencia de prestación personal de servicios, este elemento también forma parte de la locación de servicios; no se ha tenido en cuenta que el artículo 1766 del Código Civil establece que el locador debe prestar personalmente el servicio para el que fue contratado.

xi. Manifiestan que los 6 locadores no percibieron una remuneración, sino una retribución a raíz de los contratos civiles suscritos; así pues, que se señale que la retribución recibida por la locación de servicios tiene naturaleza remunerativa es errado, en tanto obvia analizar las características de los contratos de locación de servicios que tienen elementos comunes con el contrato de trabajo. xii. Asimismo, aducen que no se han acreditado indicios de subordinación en los servicios prestados, en tanto que, se limitan a señalar que se realizaban las funciones de manera permanente y las que eran asignadas por el empleador, argumento que no solo carece de sustento probatorio, sino que resulta demasiado exiguo para determinar la existencia de una relación laboral. xiii. Advierten que el análisis de laboralidad se limitó a verificar que supuestamente las actividades señaladas en los contratos civiles “no son propias de un servicio independiente, sino que están estrictamente vinculadas a la naturaleza de las actividades que desempeña la inspeccionada”. Este argumento no resulta válido para determinar la existencia de una relación laboral, pues lo que debió verificarse eran las condiciones fácticas en las que se prestaron los servicios, dado que aun pudiendo ser algunos de estos, de naturaleza permanente en la gestión de nuestra asociación, pueden ser calificadas como de naturaleza laboral o civil luego de analizar a profundidad la forma en la que dicho servicio sea prestado, y al grado de interacción entre las partes. xiv. Señalan que, los locadores en cuestión no están sujetos a ningún tipo de subordinación, dado que la naturaleza de los servicios de los locadores es claramente autónoma e independiente. Esto reforzado en que no se ha evidenciado la existencia de documentos, correos, comunicaciones, u otros indicios que acrediten la existencia de subordinación, de haber existido una relación de subordinación con las 6 personas, habrían ostentado en su calidad de empleador, la posibilidad de dirigir, fiscalizar y sancionar el servicio que prestase el supuesto trabajador, lo que no sucedió; así como el hecho que existe una sentencia de primera instancia de una de las personas supuestamente afectadas, en la cual se ha indicado que no existe relación laboral entre las partes. xv. Por otro lado, aducen que se han inaplicado los artículos IV del TUO de la LPAG, artículo 39 de la LGIT y el artículo 48 del RLGIT, en tanto que, la aplicación de las sanciones y la graduación de las mismas es efectuada teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como los parámetros establecidos en el artículo 48 del Decreto Supremo N° 019- 2006-TR. xvi. Por tanto, señalan que, en caso de empleadores NO MYPE, la multa por infracciones muy graves, cuando se impute la afectación de 1 a 10 trabajadores, tiene un límite máximo de 2.63 UIT en total, y no como erróneamente ha considerado la

Intendencia Regional de Cajamarca, un valor de 2.63 UIT por cada trabajador afectado, amparándose únicamente en dos artículos del RLGIT. xvii. Asimismo, alegan que se ha aplicado indebidamente el artículo 46 del RLGIT, en tanto que, la Intendencia Regional de Cajamarca no reparó en el hecho que el día 23 de setiembre de 2021 cumplieron con presentar un documento mediante el cual se oponen a la medida de requerimiento, debido a que el vínculo que existía con las 6 personas en cuestión era de naturaleza civil, es decir, les resultaba imposible cumplir con acreditar lo solicitado. xviii. En ese sentido, refieren que la posición adoptada por la SUNAFIL, en relación a este tema constituye una clara y evidente transgresión al derecho de defensa, y los coloca en una posición de indefensión. A ello se suma que, la medida de requerimiento no estaba vinculada a aspectos que pongan en peligro la vida o integridad de trabajadores, supuesto en el que sí resultaría razonable exigir un cumplimiento anticipado. xix. Manifiestan que, se ha aplicado erróneamente el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, puesto que, en rigor, la infracción muy grave por obstrucción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida de requerimiento y las infracciones muy graves por no haber acreditado el registro de planilla electrónica y la inscripción de seguridad social en salud y pensiones de 6 trabajadores, se sustentan, principalmente, en el mismo hecho. xx. Sin embargo, demuestran que, no se ha efectuado una aplicación adecuada del numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, las infracciones muy graves por haber acreditado el registro de planilla electrónica y la inscripción de seguridad social en salud y pensiones de 6 trabajadores, como la infracción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento son imputadas al Fondo Social Michiquillay. Asimismo, se basó en el mismo fundamento de hecho antes mencionado, es decir, bajo los mismos hechos que la sanción a la labor inspectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la competencia de la SUNAFIL ante causas judicializadas

requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio (…)”10 (énfasis añadido).

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

10 En igual sentido, tenemos el artículo 4 del TUO de la LOPJ, cuyo texto estipula que “ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”. 11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2011, p. 313.

autoridad judicial, siendo necesario para ello la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede jurisdiccional, y que requiere ser esclarecida de manera previa al pronunciamiento administrativo, b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, y, c) Que exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

“Si bien el proceso administrativo se inició antes del proceso judicial; sin embargo, la norma establece que, si durante el trámite del proceso administrativo se toma conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa que debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y solo si estima que existe triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos), podrá inhibirse hasta que la litis sea resuelta” (énfasis añadido).

12 https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html

investigación, que refleja el control de ingresos y salidas del personal en turno de mañana y tarde, con marcación de horas y minutos, desde el 18 de mayo de 2021 al 02 de setiembre de 2021, inclusive el 08 de setiembre de 2021.

13 “Constitución Política del Perú Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) 2. La independencia en el órgano jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.”

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de

14 “TUO de la LPAG, Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.”

derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

15 Cfr. Numeral 2 del artículo 2 de la LGIT. 16 Véase folio 94 al 98 del expediente inspectivo. 17 Véase folio 535 al 537 del expediente inspectivo. 18 Véase folio 657 al 682 del expediente inspectivo.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

19 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto.

Del principio del non bis in ídem 6.30 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

20 Fund. Jur. N°. 3.3. 21 Fund. Jur. N°. 19. 22 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730. 23 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

24 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 25TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 26LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No haber acreditado el registro en planilla electrónica, de seis (06) trabajadores. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

Relaciones Laborales No haber acreditado la inscripción de seguridad social en salud, de seis (06) trabajadores. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No haber acreditado la inscripción de seguridad social en pensiones, de seis (06) trabajadores. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica el 20 de setiembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY, en contra la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 11 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 445-2021- PS/SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240207MCR