Figtur S.A — Res. 599-2026

Mediante Orden de Inspección N° 4965-2024-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4615-2024- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En merito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1221 - 2024-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificada el 18 de octubre del 2024, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1727-2024-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificado el 20 de diciembre del 2024 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 264-2025- SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 24 de enero del 2025, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 16 de abril del 2025, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 264-2025-SUNAFIL/ILM/SISA1, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT2, concordante con el artículo 55° del RLGIT3 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS4, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. No obstante, se advirtió que el recurso no fue interpuesto dentro del plazo establecido, motivo por el cual fue elevado a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de Intendencia N° 2161-2025-SUNAFIL/ILM, notificada el 25 de setiembre del 2025, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto, al haberse verificado que fue presentado fuera del plazo legal de quince (15) días hábiles, conforme a la normativa aplicable; disponiendo, en consecuencia, confirmar en todos sus extremos la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia, sin efectuar pronunciamiento sobre los argumentos de fondo planteados en dicho recurso.

Con escrito de fecha 30 de setiembre del 2025, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 2161-2025-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000293-2026- SUNAFIL/ILM, recibido el 03 de febrero del 2026 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional11.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que FIGTUR S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 2161-2025-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que resolvió declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación presentado por el administrado, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 26 de setiembre del 2025.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

En el marco del procedimiento administrativo sancionador derivado de las actas de infracción emitidas por la autoridad de inspección del trabajo, se admite la posibilidad de interponer el recurso de revisión, el cual permite modificar, revocar, sustituir o confirmar un acto administrativo que fuere conocido por dos instancias administrativas que no son de competencia nacional.

En tal sentido, la LGIT contempla, de manera excepcional, la posibilidad de interponer el recurso de revisión en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Conforme a lo previsto en su artículo 49°, y en concordancia con el artículo 55° del RLGIT, se establece que los requisitos de admisibilidad y procedencia del citado recurso se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En efecto, el artículo 16° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral regula las causales de improcedencia del recurso de revisión. En particular, el literal d) dispone que el recurso será declarado improcedente cuando el acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido. Por ende, constituye causal de improcedencia del recurso de revisión, cuando se impugna un acto que no genera efectos jurídicos directos por sí mismo, sino que forma parte del desarrollo del procedimiento, o cuando se trata de un acto que simplemente ratifica una decisión anterior que no fue cuestionada en su momento y, por tanto, ha quedado firme.

Bajo ese contexto, el artículo 222° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. Concordante a ello, el literal a) del sub numeral 7.2.5.1 del numeral 7.2.5 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, denominada “Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo” aprobado por Resolución de Superintendencia N° 190- 2021-SUNAFIL, determina que: “a. Las resoluciones firmes que resuelven la inexistencia de infracción, o imponen sanción emitidas por la Autoridad Sancionadora. La resolución es firme cuando no ha sido recurrida por el sujeto responsable o cuando los recursos según corresponda, han sido interpuesto fuera de plazo. (…)”.

Respecto a los actos administrativos confirmatorios, el jurista Morón Urbina12 ha señalado que: “(…) aquellos actos administrativos que reiteran el contenido de otro acto anterior, recaído en el mismo procedimiento o en otro anterior, (…). La utilidad de esta clasificación es establecer la inimpugnabilidad de estos actos confirmatorios, en la medida que solo significan la reiteración de algo ya decidido válidamente por la autoridad con anterioridad. Si esta regla no existiera, sería muy fácil eludir la firmeza del acto administrativo, mediante la impugnación del acto que confirma un acto consentido o que agota la vía administrativa, o presentar nuevamente la petición inicial renovando sucesivamente un procedimiento administrativo sobre el mismo tema” (énfasis añadido).

Del análisis del presente procedimiento administrativo sancionador, se advierte que la Resolución de Subintendencia N° 264-2025-SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 24 de

En razón a ello, se observa que la resolución impugnada, elevada en revisión, constituye acto confirmatorio de un acto administrativo ya consentido. Siendo así, admitir su impugnación implicaría desconocer la firmeza del acto inicial y abrir la posibilidad de utilizar los recursos administrativos como un medio para entorpecer indebidamente el procedimiento, vulnerando así la seguridad jurídica, la economía procedimental y el agotamiento de la vía administrativa (énfasis añadido).

En consecuencia, al haberse acreditado que la resolución impugnada constituye un acto confirmatorio del acto administrativo consentido en la Resolución de Subintendencia N° 264-2025-SUNAFIL/ILM/SISA1, se configura la causal de improcedencia prevista en el literal d) del artículo 16° del Reglamento del Tribunal, por lo que corresponde declarar la improcedencia del recurso.

Finalmente, al haberse verificado que el recurso interpuesto no cumple con los requisitos legales exigidos por el Reglamento del Tribunal, no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de los argumentos de fondo planteados por la impugnante.