Fegal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – Fegal S.R.L — Res. 1042-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

otorgamiento de descanso vacacional y el pago íntegro del descanso vacacional trunco. 1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 155-2020-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC, de fecha 26 de noviembre del 2020, notificada el 23 de diciembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones, gratificaciones truncas, correspondientes al periodo comprendido del 18 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la Compensación por tiempo de servicios (CTS), y el pago íntegro de la CTS trunca, correspondientes al periodo laboral comprendido del 18 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el otorgamiento de descanso vacacional ni el pago íntegro del descanso vacacional trunco, correspondiente al periodo laboral comprendido entre el 18 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento oportuno de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

2 Recurso de reconsideración encauzado de oficio mediante Auto de Sub Intendencia de Resolución N° 001-2022- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE.

i. A pesar de haberse presentado todos los documentos con los que acredita el pago de los beneficios sociales del ex trabajador JANO HUALLPA YONY, no se realizó una adecuada valoración de los mismos. ii. No se ha tenido en cuenta que todas las inspecciones, necesariamente en estos tiempos de pandemia provocados por la enfermedad denominada COVID-19, deben seguir un protocolo sanitario a efecto de evitar los contagios.

i. Se advierte que no se ha considerado para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales (Vacaciones, gratificaciones y CTS), el periodo fiscalizado que comprende a partir del 18 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019, ello importa la relevancia de los documentos presentados que sustenten su cumplimiento en dicho periodo. ii. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, se fundamenta en el carácter protector de los derechos laborales, debido a la desigualdad existente entre las partes, en ese sentido, ante la verificación del Incumplimiento de Infracciones en materia de relaciones laborales se ha notificado la medida inspectiva de requerimiento, a fin de que el sujeto inspeccionado adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral; sin embargo, esta no ha sido cumplida conforme a lo requerido por el inspector actuante, lo que constituye una infracción insubsanable a la labor inspectiva. iii. Estando a los dispositivos legales emitidos por el gobierno central en el contexto del COVID-19, el empleador ha debido garantizar en el centro de trabajo, el cumplimiento de los protocolos, medidas y condiciones de segundad como prevención frente a la propagación del Coronavirus (COVID-19), con la debida observancia de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA (derogado por la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA), la misma que se encontraba vigente en el procedimiento investigatorio para el caso de autos. Razón por la cual, el argumento sostenido por el sujeto inspeccionado carece de sustento en este extremo, ya que con las modalidades de actuación inspectiva utilizadas por el inspector actuante en el presente caso, no se ha vulnerado el debido proceso, garantizándose en todo momento el derecho de defensa del sujeto Inspeccionado.

3 Notificada a la impugnante el 07 de febrero de 2022, véase folio 154 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – FEGAL S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 013-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando los siguientes alegatos:

i. No fueron notificados con el auto de encauzamiento del recurso de reconsideración, restringiendo su derecho de defensa; pues correspondía declarar inadmisible y otorgar el plazo para subsanar. ii. No se consideró que su recurso de reconsideración tenía el propósito de que se revise un hecho concreto, respecto al cobro de los derechos laborales del señor Jano Huallpa, efectuado por medio de un apoderado. iii. No se ha efectuado el análisis de los medios de prueba íntegros mencionados en sus descargos y en su recurso de reconsideración. iv. Con la acumulación de las empresas responsables se ha incurrido en causal de nulidad. v. No tenía conocimiento de la asignación de la casilla electrónica y mucho menos se ha emitido alerta alguna, es decir, ni correos electrónicos ni mensajes telefónicos o similares.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

10 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión

no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

- Con fecha 24 de setiembre de 2020 se emitió la Orden de Inspección concreta N° 00420-2020-SUNAFIL/IRE-PUN, aperturada a la empresa FEGAL S.R.L.

- A folio 06 del expediente inspectivo se verifica la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 09 de octubre de 2020, por medio de la cual se deja constancia de la visita inspectiva efectuada al centro de trabajo de la empresa FEGAL S.R.L. Asimismo, con fecha 22 de octubre de 2020 la inspectora comisionada se apersonó al centro de trabajo de Electro Puno S.A.A., a fin de

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

recabar información, recabando el Contrato N° 032-2019-ELPU/GG y la información de contacto del CONSORCIO GALCAS, conformado por FEGAL S.R.L y por GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

- A folio 08 del mismo expediente, se verifica la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 23 de octubre de 2020, en la cual la inspectora comisionada, deja constancia de la notificación del requerimiento de información de fecha 23 de octubre de 2020, efectuada por correo electrónico a la empresa FEGAL S.R.L. y a GALCAS S.A.C. En ese entendido, a folio 25 del mismo expediente se verifica el correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, por medio del cual el CONSORCIO GALCAS SUR, responde al requerimiento de información de fecha 23 de octubre de 2020.

- A folio 31 del expediente inspectivo se verifica la medida de requerimiento de fecha 30 de octubre de 2020, notificada a la empresa FEGAL S.R.L. y al CONSORCIO GALCAS SUR. Asimismo, las actuaciones inspectivas concluyeron con la emisión del Acta de Infracción de fecha 18 de noviembre de 2020, en la que se consigna como datos de identificación del sujeto inspeccionado a la empresa FEGAL S.R.L., señalando que la empresa GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., sería responsable solidario. Verificándose que en el literal a) del punto I. de dicha acta de infracción se efectuó la referencia a la responsabilidad solidaria.

- A folio 07 del expediente sancionador se verifica la Imputación de Cargos N° 155-2020-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC, de fecha 26 de noviembre de 2020, en la que se consigna como sujeto inspeccionado a FEGAL S.R.L y a GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. como responsable solidario. Verificándose que, en la parte de objeto de dicho documento, se consigna como sujeto una razón social diferente; hecho corregido en el Informe final de instrucción verificándose que se consigna: “Mediante la presente imputación de cargos se da Inicio al Procedimiento Sancionador en su Fase Instructiva en contra del sujeto inspeccionado: FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (en adelante, el Sujeto Inspeccionado) (…)”. (énfasis añadido)

12 RLGIT, “Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo:

incumplimiento de alguno de los requisitos, cuando sean subsanables, se requiere al inspector o inspectores responsables efectuar la subsanación pertinente. De ser insubsanable, el instructor archiva los actuados y comunica a la autoridad competente para la adopción de las medidas correspondientes. Esta decisión se comunica al administrado”.

a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.” 13 Folio 5 del expediente inspectivo.

2021, como la resolución de segunda instancia, esto es, Resolución de Intendencia N° 013-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 04 de febrero de 2022; fueron emitidas sin la debida motivación de los presupuestos antes referidos, como componentes del debido procedimiento sancionador.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – FEGAL S.R.L., y; en consecuencia,

NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 201-2021-SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE, de fecha 24 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Puno, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 147-2020-SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 201-2021- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – FEGAL S.R.L., GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.24 de la presente resolución

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Presidente

20221108CEC