Fashion Retail Sociedad Anónima (antes Adams S.A.) — Res. 752-2026

Mediante Orden de Inspección N° 17460-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3892-2018-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “ OP FISCALIZACION FORM LAB SETIEMBRE 2018 ILM”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 050-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada el 20 de enero del 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 373-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada el 11 de marzo del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1101-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada el 19 de octubre del 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de noviembre del 2022, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1101-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1278- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada el 25 de noviembre del 2022, la Sub Intendencia de Sanción 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Con fecha 12 de diciembre del 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1278- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 562-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 18 de mayo del 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 05 de junio del 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 562-2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recepcionado el 08 de abril del 2024.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo3 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que, FASHION RETAIL SOCIEDAD ANONIMA (antes ADAMS S.A.), presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 562-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (1) infracción MUY GRAVE en materia de contratación de trabajadores extranjeros, tipificada en el numeral 43.1 del artículo 43° del RLGIT,y, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspeciva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 19 de mayo del 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por parte de FASHION RETAIL SOCIEDAD ANONIMA (antes ADAMS S.A.).

De conformidad con el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 689, que dictan ley para la contratación de trabajadores extranjeros (en adelante, Decreto Legislativo N° 689), vigente desde el año 1991, establece una preferencia por la contratación de personal nacional; en consecuencia, regula determinados límites para la contratación de trabajadores extranjeros.

Siendo así, existen límites relacionados a la cantidad de trabajadores extranjeros que el empleador puede contratar, así como a la política remunerativa que puede aplicar. En ese sentido, el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 689 señala que: “Las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros. Sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios”.

Bajo esa misma línea, el Decreto Legislativo N° 689 prevé la temporalidad y la formalidad escrita en la contratación de trabajadores extranjeros, así como la obligación empresarial de capacitar a los trabajadores nacionales en las ocupaciones de aquellos. En tal sentido, el artículo 5° de la citada normativa dispone que: “Los contratos de trabajo a que se refiere la presente Ley deberán ser celebrados por escrito y a plazo determinado, por un período máximo de 3 años prorrogables, sucesivamente, por períodos iguales, debiendo constar, además, el compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación. La autoridad competente al otorgar la visa correspondiente tendrá en cuenta el plazo de duración del contrato”.

Asimismo, el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 689 establece que la solicitud de aprobación de contratos de trabajo y la documentación respectiva debe presentarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de la jurisdicción del centro laboral, incluyendo una declaración jurada que acredite que el trabajador no excede los límites del artículo 4° de la norma antes acotada. El contrato se considera aprobado desde su presentación, sin perjuicio que la Autoridad competente disponga la realización de una visita de inspección, cuando lo considere conveniente. Además, se llevará un registro de contratos de trabajo de personal extranjero e informarlo a la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción Social sobre los contratos registrados, a fin de consolidar un registro nacional. (énfasis añadido)

Adicionalmente, los contratos de los trabajadores extranjeros y sus modificatorias requieren ser autorizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo8. Conforme a ello, el artículo 12° del Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-TR (en adelante, el Decreto Supremo N° 014- 92-TR), dispone que:

En concordancia con ello, el artículo 1° del Reglamento de la Ley de Contratación de Personal Extranjero establece que los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran aprobados desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a través del Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros. Asimismo, el referido artículo agrega que el personal extranjero sólo podrá iniciar la prestación de servicios luego de la presentación de su contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y obtenida la calidad migratoria habilitante. En ese sentido, señala también que la pérdida de la calidad migratoria habilitante constituye una condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo, en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del artículo 16°9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Por su parte, el artículo 14° del mencionado reglamento establece una serie de requisitos formales que deben cumplir los contratos de trabajo de personal extranjero, entre ellos la inclusión de tres cláusulas especiales en que conste lo siguiente:

Mediante la Resolución Ministerial N° 176-2018-TR se establecieron disposiciones para la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana que cuenten con Permiso Temporal de Permanencia – PTP o con el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario – Provisional. Según el artículo 5° de dicha norma el contrato de trabajo, así como sus prórrogas y modificaciones, debe celebrarse por escrito y a plazo determinado, sin que dicho plazo exceda la vigencia del permiso correspondiente. La vigencia del Permiso Temporal de Permanencia o del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario constituye un requisito esencial tanto para la celebración del contrato como para sus prórrogas y modificaciones. Asimismo, las partes pueden acordar que el contrato se prorrogue automáticamente conforme a la prórroga del permiso, por un plazo igual o menor. Finalmente, la pérdida de vigencia o el no otorgamiento del PTP o del Acta constituye una condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo, conforme al literal c) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 689 establece que, los empleadores serán sancionados con multa sin perjuicio de las demás sanciones que fueran aplicables en virtud de otras normas legales, cuando incurran en los siguientes actos:

De lo anterior se desprende que la falta de acreditación de la aprobación administrativa de los contratos de trabajo de personal extranjero correspondiente a la fecha

Cabe señalar que, si bien, en el escrito de recurso de reconsideración, se aprecia que la impugnante adjunta como medio probatorio para acreditar la infracción, el documento denominado “Constancia de Aprobación de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero”10, mediante el cual se acredita la aprobación del contrato de trabajo celebrado con fecha 04 de julio de 2019 entre el sujeto inspeccionado y el trabajador extranjero. No obstante, esta Sala advierte que dicho documento no resulta idóneo ni suficiente para desvirtuar los hechos imputados en el presente procedimiento administrativo sancionador. Ello, en la medida que de la información obrante en el expediente inspectivo se verifica que el trabajador extranjero afectado mantenía vínculo laboral con la inspeccionada desde el 04 de enero de 2018, conforme a la fecha de ingreso registrada y verificada durante las actuaciones inspectivas.

En consecuencia, el documento presentado por la impugnante corresponde a un contrato suscrito y aprobado en fecha posterior al inicio efectivo de la relación laboral, por lo que no guarda correspondencia con el periodo materia de observación contenido en la medida inspectiva de requerimiento. Cabe precisar que, la exigencia vinculada a la aprobación del contrato de trabajo de personal extranjero no constituye un aspecto meramente formalista, sino que responde a la necesidad de garantizar el despliegue de las medidas de control administrativo ex ante previstas en el marco normativo aplicable, las cuales resultan exigibles desde el inicio de la prestación efectiva de servicios.

En ese sentido, debe precisarse que la obligación de contar con la aprobación administrativa del contrato de trabajo de personal extranjero debe verificarse respecto del vínculo laboral efectivamente ejecutado y dentro del periodo observado por la autoridad inspectiva, no siendo suficiente la presentación de documentación referida a contratos posteriores o distintos a los evaluados en el procedimiento. Así, la prueba aportada por la impugnante no desvirtúa la constatación efectuada por la inspección del trabajo respecto al incumplimiento advertido durante el periodo materia de fiscalización.

Por tanto, al no acreditarse de manera objetiva e indubitable que el trabajador extranjero contaba con contrato debidamente aprobado desde el inicio de la relación

En relación al alegato referida a la prescripción de la infracción en materia de contratación de trabajadores extranjeros, el numeral 233.2 del Artículo 233° del TUO de la LPAG, establece lo siguiente:

Por su parte el artículo 51° del RLGIT, dispone:

En atención a lo dispuesto en el numeral 233.2 del artículo 233° del TUO de la LPAG, se advierte la existencia de distintos tipos de infracciones administrativas, cuya clasificación resulta relevante para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción. En ese sentido, las infracciones administrativas12 pueden clasificarse en:

Por consiguiente, para efectos de determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción, resulta necesario identificar previamente la naturaleza de la conducta infractora imputada.

En el caso de autos, corresponde indicar que, la infracción tipificada en el numeral 43.1 del artículo 43 del RLGIT, es una infracción permanente, por lo que, teniendo en consideración que, al encontrarse subsistente aun la omisión de acreditar la autorización administrativa de trabajo y formalidades del contrato de trabajador extranjero a favor de un (1) trabajador afectado, conforme a los términos desarrollado sen párrafos precedentes, el plazo de prescripción aún no corre debido a que no ha cesado la conducta infractora cometida por la inspeccionada.

Bajo dicho contexto, al mantenerse vigente la conducta infractora y no haberse producido el cese de la situación ilícita advertida por la autoridad inspectiva, no resulta jurídicamente posible considerar iniciado el cómputo del plazo de prescripción de la potestad sancionadora, en tanto la infracción continúa ejecutándose de manera ininterrumpida. Por consiguiente, al persistir los efectos de la omisión imputada, corresponde concluir que la infracción materia de análisis no ha prescrito. Por tanto, se desestima los alegatos de la impugnante en estos extremos.

En principio, la LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”13 De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad14.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1115 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En esa misma línea, la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, denominada “Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva”, aprobada mediante la Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL16, señala lo siguiente:

En tal sentido, cuando el inspector de trabajo notifique válidamente un requerimiento de comparecencia en el desarrollo de sus actuaciones, el empleador tendrá la obligación de apersonarse en el día, la hora y en la oficina pública a la que hubiere sido citado, aportando la documentación que se le requiera, de lo contrario, incurre en una obstrucción a la labor inspectiva, por inasistencia a una diligencia de comparecencia prevista en el numeral 3 del artículo 36° de la LGIT, y calificada como una infracción muy grave prevista en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En el caso en particular, se advierte que a folios 73-80 del expediente inspectivo, obran documentos referidas a las diligencias efectuadas por el inspector actuante, siendo estas, la constancia de actuaciones inspectivas de investigación y el requerimiento de comparecencia, por el cual cita a la impugnante a la diligencia de comparecencia en la en el segundo piso de la oficina de Lima Metropolitana, ubicado en Av. Salaverry N°655,

Cabe precisar que, el requerimiento de comparecencia fue válidamente notificado al apoderado de la impugnante, conforme a continuación se muestra:

Por lo tanto, la entonces inspeccionada, se encontraba en el deber de asistir a dicha diligencia de comparecencia en la fecha y hora señalada, esta con la finalidad de que el inspector actuante, con el objetivo de la fiscalización, con la documentación que pueda presentar al momento de la comparecencia. Sin embargo, pese a que, el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la LGIT, la impugnante no cumplió con asistir a la diligencia de comparecencia, incurriendo así, en la infracción muy grave prevista en el numeral 46.10

En cuanto a la reducción solicitada por la impugnante, es preciso señalar que no hace más que confirmar en la infracción a la labor inspectiva en la que ha incurrido, al reconocer expresamente que correspondería una reducción por dicha infracción, al haber subsanado aparentemente la infracción en materia de contratación de trabajadores extranjeros. Al respecto, el tercer párrafo, numeral 17.3 del Artículo 17° del RLGIT, señala lo siguiente:

Del mismo modo, a través de la Resolución de Superintendencia N°134-2019-SUNAFIL, de fecha 23 de abril del 2019, se aprobó los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, advirtiéndose en el tema 2: Figura N°05

Conforme se ha venido desarrollado en los considerandos 6.11 al 6.15 de la presente resolución, no se evidencia que, durante el PAS, y, hasta esta etapa recursiva, la impugnante haya cumplido con desvirtuar la infracción constatada por el personal inspectivo, por lo que, esta Sala no podría aplicar los beneficios en la reducción de la multa que refiere el RLGIT y el criterio normativo. Desestimándose los alegatos planteados en estos extremos.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, ha señalado que “el hecho de negar un informe oral no constituye una vulneración al derecho a la defensa, en tanto no signifique un impedimento para el ejercicio de dicho derecho. Por consiguiente, resalta que no resulta vulnerado el derecho a la defensa la imposibilidad del informe oral, siempre que se le haya permitido al accionante presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación” (fundamento sexto y octavo). En similar sentido, se ha pronunciado en la sentencia recaída en el expediente N° 00789-2018-PHC/TC, al señalar que en el “no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe” (fundamento 9).

Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se analice cuáles son los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, esto es si pueden agilizar el procedimiento o facilitar el entendimiento del caso debido a su complejidad, entre otras razones.

Bajo ese contexto, si bien, a través del escrito del recurso de reconsideración, se ha solicitado el uso de la palabra y este no fue concedido; sin embargo, ello no significa que constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que durante el desarrollo del procedimiento sancionador, se advierte que la impugnante ha cumplido con presentar sus argumentos por escrito, así como documentos u otro instrumento de prueba, que le permitió fundamentar sus actos y/o pronunciamientos. Del mismo modo, no se podría sostener de forma temeraria que no existe una debida motivación en la resolución impugnada al no haber concedido dicha solicitud, toda vez que, del contenido de la resolución impugnada, se advierte que esta cumplió con desarrollar todos los argumentos vertidos en el recurso de apelación, y entre ellas la solicitud presentada en su oportunidad referida al uso de la palabra18. Por lo que, se desestima el alegato de la impugnante en estos extremos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.