Familia Distribuidora de Libros S.A — Res. 338-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que las sustituyan (Sub materia: registros de trabajadores y otros en planilla); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Sub materia: Incluye todas); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: comité (o supervisor) de seguridad y salud en el trabajo), y formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar cumplir con la normativa sobre Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 12 de julio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Que, cumplió con presentar la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER, siguiendo lo descrito en las normas glosadas; sin embargo, para la Administración, el aparente error en una “tabla” de dicha matriz sería equiparable a no cumplir con presentarla, lo cual no se encuentra regulada en ningún dispositivo legal así como la obligación de contener determinadas características; por lo tanto, la observación hecha por el Inspector del Trabajo no se ajusta a lo que la ley y el reglamento establecen; vulnerándose, de este modo, los principios de razonabilidad y legalidad.

ii. Sostiene que el hecho de que se le haya imputado una sanción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, implica una vulneración al principio del non bis in ídem, ya que el fundamento es el mismo que para la imposición de la multa por presentar la matriz IPER con supuestas fallas o errores.

2 Notificada a la impugnante el 07 de febrero de 2022, véase folio 67 del expediente sancionador.

i. Conforme a los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas de investigación, descritas en el cuarto hecho verificado del Acta de Infracción, así como del análisis y conclusiones del Informe Final, y evaluando la Matriz IPER presentado en la etapa inspectiva, la autoridad inspectiva ha señalado que ésta no se encontraba de acuerdo a ley, toda vez que “si bien se exhibe una matriz IPER de fecha 01 de febrero de 2018 con sus tablas de evaluación; [sin embargo] se advierte que: no adjunta tabla para interpretar los índices usados en el ítem PROBABILIDAD; la tabla denominada: estimación de probabilidad corresponde a una matriz para determinar estimación de riesgo; y, la valoración de riesgo tiene valores (20 y 30) que no se encuentran en ninguna de las tablas presentadas.”

ii. En tal sentido, advierte que la autoridad de primera instancia ha determinado que la inspeccionada no cumplió con la valoración completa de todos los peligros, ni de los riesgos ni de las medidas de control que conlleva la actividad del personal, no habiendo aplicado la metodología adecuada, ni presentado la usada para la elaboración de la Matriz IPER, cuyas omisiones vulneran lo establecido en el inciso a) del artículo 36 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST) que señala: “(…) los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. (…)”.

iii. Asimismo, la intendencia considera correcto el razonamiento de la Sub Intendencia, en cuanto señala que la finalidad de la metodología es valorar la probabilidad de riesgos y así prevenir los accidentes laborales, siendo que la inspeccionada, en calidad de garante de la seguridad y salud en el trabajo, se encuentra obligada a efectuar un estudio adecuado sobre aquellos peligros y riesgos existentes o posibles relacionados a las actividades y el medio ambiente de trabajo a los que se encontraban expuestos los trabajadores y adoptar las medidas de control y evaluación que resulten necesarias, debiendo consignar dicha información en su matriz IPER.

iv. Sin embargo, la inspeccionada no desvirtuó el incumplimiento atribuido, ni acreditó haber subsanado las omisiones constatadas precisadas en el cuarto hecho verificado del Acta de Infracción; más aún si, de la revisión de actuados en la etapa investigatoria, se advierte que la Inspectora comisionada, a través de la medida de requerimiento de fecha 12 de julio de 2018, requirió a la inspeccionada acredite: “haber realizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control de los puestos de trabajo desempeñados por sus trabajadores conforme a ley, debidamente actualizado, adjuntando la metodología usada en su elaboración. Adicionalmente deberá acreditar la participación de los trabajadores en la elaboración”; lo cual es

concordante con lo establecido en el Anexo 3 “Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR, que expresamente señala: “(…) esta guía puede ser usada por los inspectores de trabajo, auditores, supervisores y comités de seguridad y salud en el trabajo, así como otras personas encargadas de la seguridad y salud en los centros de trabajo, para verificar los aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que han sido implementados y los que están pendientes, con el fin de identificar las actividades prioritarias que puedan ser recomendadas para su inmediata implementación”; no obstante, dichos aspectos observados y requeridos por la inspectora comisionada, no fueron acreditados, por lo que, no se puede afirmar que la inspeccionada haya cumplido con elaborar su IPER conforme a ley.

v. Por otra parte, señala que las sanciones impuestas en el presente caso, se encuentran graduadas atendiendo a los criterios de la gravedad de las faltas cometidas (graves y muy graves) y el número de trabajadores afectados en cada una de las infracciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGIT, en concordancia con la tabla de sanciones contenida en el artículo 48, numeral 48.1 del Decreto Supremo Nº 015-2017-TR.

vi. Respecto a la afectación del principio non bis in ídem, afirma que en el mismo se han dado hechos distintos y disímiles: uno consiste en incumplir normas en seguridad y salud en el trabajo, y el otro en incumplir la medida inspectiva de requerimiento emitida por el Inspector comisionado. Además, las infracciones sancionadas tienen distintos fundamentos, entendiéndose por ellos a los bienes jurídicos afectados: el primero vulnera bienes jurídicos del extrabajador afectado, mientras que el segundo afecta bienes jurídicos de la Administración Pública, en este caso, del sistema de Inspección del Trabajo, no habiéndose configurado el requisito esencial de la identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

vii. Es así que, observa que no ha existido transgresión al principio non bis in ídem, toda vez que los hechos y fundamentos constitutivos de las infracciones atribuidas a la inspeccionada en el presente procedimiento son distintos.

viii. Finalmente, concluye que, de acuerdo con el principio de causalidad establecido en el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en su calidad de empleador, debe responder por el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que han sido objeto de sanción en el presente procedimiento, por lo que desestima lo alegado por la inspeccionada en su recurso de apelación, no existiendo vulneración a los principios invocados por encontrarse la resolución de sub intendencia debidamente motivada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA FAMILIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 250-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. En relación a la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, alega que en ningún extremo de las normas citadas y supuestamente infringidas, se establece cómo debe ser el diagrama o distribución del documento denominado IPER, por lo que, la observación hecha por el inspector no se ajusta a lo que la Ley y el Reglamento establecen, vulnerándose el principio de legalidad, en tanto, en el derecho administrativo sancionador, la falta tiene que estar tipificada como tal y no se puede “acomodar” una conducta tipificada como falta a otro supuesto de hecho distinto.

ii. Recalca que sí cumplió con presentar el referido IPER pero que, pese a ello, la inspectora detecta supuestos errores en el mismo y ello es motivo para considerarlo como no presentado.

iii. En cuanto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, señala que la resolución impugnada no desarrolla mayor análisis, configurándose una violación al derecho al debido procedimiento y al principio del non bis in ídem y, por ello, el superior jerárquico debería declarar nula la resolución y ordenar que vuelva a resolver de forma coherente y válida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. […] El debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el

ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.6. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los argumentos a cuestionar las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al principio de non bis in ídem

“El non bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o

9 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC.

castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

“No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, sí sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…). - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consistente en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses

tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”10 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: La Familia Distribuidora de Libros S.A. b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de una (01) conducta en materia de seguridad y salud en el trabajo y una (01) conducta contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. Asimismo, los incumplimientos a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, son conductas que ocurren con anterioridad a las actuaciones inspectivas, mientras que el incumplimiento a la medida de requerimiento ocurre con posterioridad, con ocasión a la verificación de la infracción. En esa línea argumentativa, cada infracción imputada constituye un acto independiente de diferente materia. c) Identidad de Fundamentos: Este supuesto no se cumple, puesto que los bienes jurídicos tutelados en cada infracción imputada, son distintos; por cuanto, como ha precisado la Intendencia, las sanciones por incumplimiento a las normas sociolaborales protegen bienes jurídicos, relacionados en este caso con la seguridad y salud en el trabajo que tienen los trabajadores en la relación laboral, empero la sanción por incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento protege la colaboración con la labor inspectiva y se tiene por interés jurídico tutelado la Inspección del Trabajo.

Información Adicional

10 MORON URBINA, J. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar cumplir con la normativa sobre Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 12 de julio de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por LA FAMILIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 250-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6422-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 250-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a LA FAMILIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20230405JCR