Facilidad Portuaria S.A.C — Res. 811-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de seguridad y salud en el trabajo); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folio 69 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no considerar en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de su centro de trabajo como centro tipo 5, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,452.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir en su totalidad con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 62,392.00.

3 Notificada a la impugnante el 15 de agosto de 2022. Véase folio 93 del expediente sancionador.

i. Sostienen que, la autoridad sancionadora no evidencia con documento alguno que no hayan prevenido, vigilado ni controlado el riesgo de exposición a la Covid-19 de algún trabajador en particular, siendo la motivación sostenida incongruente, dado que al momento de la inspección tenían solo 15 trabajadores, tal como se corrobora del reporte TR-5, y no 27 a 213, 284 o 138 trabajadores, como indebidamente se precisa en la Resolución de Sub Intendencia; por lo que, lo resuelto no se ajusta a los antecedentes, más aún cuando se pretende obtener el resultado de trabajadores supuestamente afectados a partir de una suma aritmética y el promedio de la misma, hecho que transgrede totalmente la naturaleza de la determinación objetiva de responsabilidad. ii. Refieren que, no se verifica incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo, pues como ha quedado evidenciado, la Sub Intendencia de Sanción no ha analizado la naturaleza de sus actividades, las cuales evidencian una actividad no permanente por parte de los trabajadores, del mismo modo que no es clara al determinar el número de trabajadores afectados desconociendo que la inspectora actuante validó al momento de la inspección que contaba con menos de 20 trabajadores, lo que hacía imposible considerar que el Plan o Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiera al de un centro de trabajo tipo 5. iii. Manifiestan, respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento que, al haberse verificado que tienen menos de 20 trabajadores, no es posible sostener que se ha vulnerado las normas de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que, por su propia naturaleza no contaban con dicha cantidad de trabajadores, hecho que incluso fue confirmado por la propia administración al sostener que era válido el contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, como se precisa y corrobora en el Acta de Infracción.

i. Que, de conformidad con lo advertido por la inspectora actuante en cuanto a la cantidad de trabajadores administrativos y portuarios que mantenía la impugnante desde el Estado de Emergencia Nacional decretado, se evidenció que esta tuvo mensualmente entre el 16 de marzo a diciembre de 2020, entre 27 a 213 trabajadores; lo que, conllevó a la Sub Intendencia de Sanción a realizar un cálculo

4 Notificada a la impugnante el 02 de enero de 2023. Véase folio 127 del expediente sancionador.

en base del promedio, con el objeto de precisar el número de trabajadores afectados ascendiendo éste a 138. ii. Por consiguiente, estando al establecimiento de 138 trabajadores afectados es que se derivó en la obligación por parte de la impugnante de contar con un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo del año 2020, considerando al centro de trabajo como uno de tipo 5, pues tuvo entre 101 a 500 trabajadores, siendo necesario contar con profesionales de la salud como una enfermera y un médico, a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo. iii. Considerando que, quedo acreditada la inobservancia de las obligaciones de planificación de la acción preventiva de riesgos para la SST; es que, por tanto, las alegaciones formuladas carecen de sustento, no siendo justificable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al incumplimiento de su obligación laboral en SST, consignada en la medida inspectiva de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FACILIDAD PORTUARIA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

i. Refieren que, la resolución materia de apelación, lejos de revisar y merituar sus argumentos, decide imponer una sanción pese a haberse evidenciado una serie de vicios en el procedimiento, que harían imposible la imposición de una multa. Asimismo, señalan que se justifica la imposición de la multa, remitiéndose a los argumentos establecidos en las instancias precedentes, sin considerar los argumentos vertidos; por tanto, transgrede el derecho a un debido procedimiento. ii. Alegan que, la resolución recurrida es el resultado de un análisis de un incorrecto computo del número de trabajadores de la empresa, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades; por lo que, advierten la vulneración de garantías, atendiendo a que, se emitió una motivación aparente, que no valoró correctamente las pruebas, ni los argumentos ofrecidos en el procedimiento inspectivo y sancionador, así como no se consideró la legislación vigente al momento de emitir la sanción. iii. Señalan que, la Intendencia Regional de Arequipa asumió que entre el 16 de marzo y diciembre de 2020, registraron entre 27 y 213 trabajadores, y, por tanto, debían contar con un Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo correspondiente a un centro de trabajo de Tipo 5. Llegando a esa conclusión, a partir del promedio de la suma aritmética de la cantidad de trabajadores registrados mes a mes durante el año 2020, sosteniendo con ello que la empresa contaba en promedio con 138 trabajadores y asumiendo que debían contar con un Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo de un centro de trabajo Tipo 5; sin considerar la naturaleza de sus actividades, las cuales se encuentran vinculadas al ámbito portuario. iv. Al respecto, precisan que, los trabajadores portuarios se encuentran comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, Ley N° 27866, que contiene normas especiales referidas a la contratación laboral, pago de remuneraciones y beneficios sociales, seguridad social en salud y régimen provisional, entre otros. v. Por otro lado, señalan que el contrato intermitente es el que vincula al trabajador y el empleador portuario, el cual se celebra a tiempo indeterminado, y responde a la propia naturaleza del trabajo portuario, el cual corresponde a una actividad permanente pero discontinua, en la cual las labores se desarrollan intercalando periodo de trabajo y de inactividad y, es a través del mecanismo denominado la nombrada, por el cual se activan los efectos del vínculo laboral. vi. Por tanto, precisan que, si el trabajador portuario ha participado de la nombrada y ha laborado para la empresa durante el servicio encomendado, el mismo mantendrá un vínculo laboral durante dicho servicio, por lo que, al culminarse el servicio, dicho trabajador portuario ya no tienen ningún compromiso ni responsabilidad laboral, respecto a la empresa portuaria que lo contrata, manteniendo su autonomía para trabajar para otras empresas, evidenciando ello

la inexistencia de vínculo laboral directo con la empresa luego de las nombradas, aspecto que no ha sido materia de análisis. vii. Sostienen que, obra el Cuadro Detalle de las Nombradas ejecutadas durante el 2020, con el que se verifica que las jornadas laborales por los trabajadores estibadores eran ocasionales y se efectuaban en forma discontinua; sin embargo, el inspector y posteriormente la IRE Arequipa, equivocadamente, consideran como fecha de ingreso de los trabajadores la primera jornada laborada en el año, pero no comentan ni analizan las razones por las cuales dichos trabajadores no figuran en los meses y/o días del año en referencia. viii. Aducen que se ha vulnerado el principio de legalidad, en tanto que, determinan indebidamente, el número de trabajadores afectados, realizando para ello una interpretación extensiva de la norma, sin justificar de forma debida las razones por las que se considera un total de trabajadores afectados a partir de un “promedio”. ix. Refieren que la naturaleza de las actividades debe analizarse a la luz de la libertad de trabajo, consagrada en el numeral 15 del artículo 2 y 259 de la Constitución Política del Perú, pues antes del perfeccionamiento de la reanudación del contrato no se encuentra una prestación laboral en condición de subordinación, considerando la variación del número de trabajadores dependiendo de la necesidad de contar con personal disponible en determinados turnos de trabajo o fechas del año (turnos de amanecida y/o congestión del servicio). x. Alegan que, este tema ha sido abordado por la Comisión Multisectorial Temporal adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su Informe Final, y se tienen que una de las particularidades del trabajo portuario, es la forma de pago de la remuneración y determinados beneficios sociales, la cual es de periodicidad semanal y con efectos cancelatorios, dado que los trabajadores portuarios no prestan servicios en exclusividad a un solo empleador, sino a múltiples empleadores, como es el caso del Puerto de Matarani, lo cual debe ser considerado por el Tribunal de Fiscalización Laboral. xi. Asimismo, precisan que, el cálculo practicado, a través de una sumatoria simple de los trabajadores registrados en el mes, para luego sacar un promedio, no es objetivo, toda vez que, la naturaleza del sector portuario hace que dichos trabajadores puedan ser dados de alta, incluso por días; por lo que, ello también debería incidir en el pretendido cálculo. xii. Sostienen que la autoridad sancionadora no evidencia con documento alguno que no hayan prevenido, vigilado ni controlado el riesgo de exposición a la Covid-19 de algún trabajador en particular, más aún si, contaban con un Plan para la Vigilancia, actualizado, quedando dicha conclusión en una mera apreciación subjetiva y que no puede servir de sustento. xiii. Manifiestan que, es claro que se pretende hacer una interpretación extensiva de la norma para la aplicación de una sanción, hecho que además desconoce el principio de presunción de licitud, en tanto que, contaban con Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19, y las demás obligaciones en materia de SST no han sido cuestionadas por la autoridad inspectiva. xiv. Por otro lado, señalan que del Acta de Infracción se advierte que, la inspectora ha verificado que tenían menos de 20 trabajadores, por tanto, es correcto que cuente con Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que no vulnera las normas de seguridad y salud en el trabajo.

xv. Por tanto, cuestionan que la resolución materia de revisión, no se encuentra ajustada a los antecedentes que la propia administración ha podido corroborar, ni a la normativa legal aplicable, advirtiéndose una clara contradicción de criterios, si consideran que, para un documento se considera que el número de trabajadores a efectivamente es menor de 20, y para otro el número de trabajadores es mayor a 100; por tanto, señalan que, la motivación es incongruente, lo que evidencia la afectación del principio de predictibilidad o de confianza legítima. En tal sentido, sostienen que la resolución materia de revisión es nula de pleno derecho. xvi. Alegan que, considerando lo expuesto, en el presente caso la imputación por la medida inspectiva de requerimiento no sería aplicable, siendo así al no ajustarse a los antecedentes ni a la normativa legal aplicable, la medida resulta ser nulo de pleno derecho, lo que trae como consecuencia que no se verifica el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, y por ende no corresponde la aplicación de la sanción. xvii. Respecto al deber de motivación en sede administrativa, manifiestan que se ha vulnerado, en tanto que, la resolución recurrida no tomó en consideración aquellos razonamientos que fueron expresados a lo largo del procedimiento, limitándose a señalar los argumentos sostenidos, pero no analizando los mismos. Por lo que, la resolución debe ser revocada y declara nula.

i. Indican que, de la revisión del expediente, la fiscalización e inspección de trabajo realizada y el consecuente procedimiento sancionador, se encuentran inmersos en un supuesto de nulidad al derivar de una inspección realizada por un órgano no competente; en tanto que, la inspección fue realizada por la inspectora auxiliar de trabajo Sheyla Gabriela del Carmen Sucso Condori, pese a que las materias de inspección incluían la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, lo que es contrario a los principios de legalidad y ejercicio legítimo del poder. ii. Por tanto, solicitan se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, así como con efecto retroactivo a los demás actos vinculados a él.

i. Respecto al cálculo de los trabajadores, reiteran que, la autoridad administrativa consideró dentro de su cálculo a los trabajadores portuarios, así como a los trabajadores que se encontraban en planilla; sin embargo, esto no debió ser así, ya

que los trabajadores portuarios tienen una situación especial, ya que, al culminar su servicio dichos trabajadores portuarios ya no tienen ningún compromiso ni responsabilidad laboral respecto a la empresa portuaria que lo contrata, manteniendo su autonomía para trabajar para otras empresas, evidenciando la inexistencia de vínculo laboral. ii. Refieren que esa misma línea interpretativa la tuvo el inspector Alberto Madariaga Cosio, al analizar que debían tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo que, consideró únicamente a los trabajadores que tenían en planilla y eran permanentes, más no a los trabajadores portuarios. Sin embargo, en el Acta de Infracción, se identificó que no tenían la obligación de tener CSST, sino, únicamente SST, ya que únicamente contaban con 15 trabajadores en planilla. Por tanto, reiteran una supuesta incongruencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento íntegro de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

múltiples empleadores, correspondiéndole los derechos y beneficios de este régimen, pudiendo laborar hasta tres turnos diarios/jornadas y para más de un empleador portuario al día; empero, ello no significa de algún modo que en cada turno y en cada relación laboral no goce de los derechos sociolaborales y de SST que le corresponden, toda vez que cada uno es independiente del otro; dado que cada empleador respecto de esta última materia, en virtud de los principios de prevención y responsabilidad, tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.

las características del sujeto inspeccionado". En ese contexto normativo, se advierte del Anexo 2 “Materias de Seguridad y Salud en el Trabajo Complejas”, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 189-2019-SUNAFIL, de fecha 07 de junio de 2019, que las materias objeto de la presente Orden de Inspección: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de seguridad y salud en el trabajo); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, no se encuentran comprendidas en el citado Anexo como materias complejas. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.22 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la solicitud de informe oral

imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten12 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

12 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No considerar en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de su centro de trabajo como centro tipo 5. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir en su totalidad con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de febrero de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por FACILIDAD PORTUARIA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de diciembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 278-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a FACILIDAD PORTUARIA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240828MCR – HR 23930-2020 y HR 239530-2020