Fabrica Nacional de Acumuladores Etna S.A — Res. 352-2021

I. ANTECEDENTES 1.1 Mediante Orden de Inspección N° 4288-2017-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1621-2017-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones), Hostigamiento y actos de hostilidad (sub materia: otros hostigamientos), Relaciones colectivas (sub materia: libertad sindical (licencia sindical, cuota sindical, entre otros)). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de diciembre de 2017, cuya verificación estaba programada para el día 08 de enero de 2018, conforme al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

- Se verificó de manera objetiva y razonable que la trabajadora había utilizado, sin autorización, los servicios de mensajería contratados por la inspeccionada con fines exclusivamente laborales, motivando que se le notifique con una medida disciplinaria consistente en la suspensión por 3 días (27, 28 y 29 de diciembre del 2016). - No existe ningún elemento de prueba concreto que determine la afectación contra la libertad sindical. - Mediante la boleta de pago de diciembre 2016 se verifica que no se realizó descuento alguno por la suspensión sin goce de haberes; sin embargo, en la resolución apelada se afirma que dicho documento no deslinda de responsabilidad al no contar con la firma de la trabajadora afectada, contraviniendo el principio de presunción de veracidad y verdad material, omitiéndose tener en cuenta que la propia trabajadora afectada no ha cuestionado el reintegro alguno de la citada remuneración. - Se pretende aplicar una doble sanción por los mismos hechos, pues las imputaciones realizadas en materia de relaciones laborales se sustentan en presuntos hechos iguales a los que se utilizan como motivación para aplicarnos una sanción por no haber cumplido supuestamente con la medida de requerimiento.

2 Notificada el 17 de junio de 2021.

se señala que desde hace un tiempo la relación laboral con la inspeccionada se viene agudizando por la aplicación de una política laboral antisindical. vi. En base a los artículos 16 y 47 de la LGIT, que disponen que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo, que se formalicen en el Acta de Infracción observando los requisitos establecidos, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los sujetos responsables en defensa de sus respectivos derechos e intereses. Por ende, lo consignado en el Acta de Infracción materia de autos debe tenerse como cierto, más aún si esta ha sido determinada de manera objetiva. vii. Sobre la doble sanción por los mismos hechos se debe tener en cuenta lo señalado en el inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues, del análisis del presente caso, se afirma que se han dado hechos distintos y disímiles, pues uno consiste en incumplir la obligación en materia sociolaboral, y el otro radica en no acatar la medida inspectiva de requerimiento emitida por el Inspector comisionado. Además, las referidas conductas infractoras tienen distintos fundamentos.

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN 5.1 Con fecha 08 de julio de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 953-2021-SUNAFIL/ILM solicitando se declare fundado por los siguientes argumentos:

Interpretación errónea del artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante LPCL) - La resolución de Sub Intendencia afirma, erróneamente, que se habría incurrido en una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 25.10

del artículo 25 del RLGIT. Esto pues, el principio de razonabilidad, contenido en el artículo 9 del TUO de la LPCL, ha sido interpretado de manera errónea, ya que los hechos que se imputan a la inspeccionada obedecen única y exclusivamente al análisis de procedencia de la medida disciplinaria de la señora Verónica Flores, no en su condición de sindicalizada. - Además, de forma contraria a lo señalado en la resolución impugnada, se ha respetado el debido procedimiento y derecho de defensa de la señora Flores, lo que ha quedado acreditado en la comunicación constante por parte de la empresa y el ejercicio de su derecho de defensa. - Por otro lado, aun cuando se aplicó la suspensión, no se ejecutó el descuento, habiendo la trabajadora percibido su remuneración de forma íntegra y oportuna, lo que no ha sido tomado en cuenta, afectado también el principio de verdad material.

Sobre la presunta afectación contra el derecho a la libertad sindical - No existe ningún elemento de prueba concreto que determine alguna afectación contra la libertad sindical, por el contrario, se evidencia que los hechos que se imputan a la empresa obedecen única y exclusivamente a la proporcionalidad de la medida disciplinaria impuesta a la señora Flores. - La Intendencia no consideró que la empresa ha actuado conforme al poder de dirección y a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la LPCL, no existiendo nexo causal entre la sanción impuesta y las actividades de representación sindical de la trabajadora. Por tanto, carece de sustento señalar una supuesta vulneración al derecho a la libertad sindical, pues la sanción impuesta no guarda vinculación con su condición de sindicalizada, sino obedece a la comprobación objetiva de una falta laboral. Asimismo, señala que ostentar la condición de representante sindical no exonera a ningún trabajador de su obligación de observar las disposiciones dictadas en el marco del contrato de trabajo. - Por todo ello, menciona que carece de sustento fáctico y legal señalar una supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical de la totalidad de trabajadores afiliados al sindicato, porque la sanción impuesta no guarda vinculación con el sindicato ni con su condición de sindicalizada. Incluso en el supuesto negado de considerarse que la sanción impuesta no habría observado un debido procedimiento, esto no permitiría afirmar que no se cometió una falta, ni tampoco que exista una injerencia de la empresa que afecte el ejercicio de su derecho de representación o la libertad sindical de los demás trabajadores sindicalizados.

Sobre la inaplicación del inciso 11 del artículo 248º del T.U.O de la LPAG - Señala que se pretende aplicar una doble sanción por los mismos hechos, pues las imputaciones realizadas en su contra en materia de relaciones laborales se sustentan en presuntos hechos iguales a los que se utilizan como motivación para aplicar una sanción por no haber cumplido con la medida de requerimiento, lo que contraviene el inciso 11 del artículo 148º del TUO de la LPAG, aplicable supletoriamente al presente procedimiento, sobre el principio del Non Bis In ídem.

Sobre la contravencion de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento - La resolución de Intendencia contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, máxime si se tiene cuenta que ésta resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos que carecen de asidero legal. Esto porque la resolución objeto del presente recurso vulnera el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones Judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política de 1993, toda vez que no establece el sustento táctico y probatorio que acredite la comisión de las infracciones imputadas. En este caso, esta incurre en graves errores al afirmar que la impugnante habría incurrido en un supuesto incumplimiento de obligaciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, sin precisar la manera en que dichos incumplimientos serían imputables, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha demostrado no haber incurrido en ningún acto que obstaculice la labor sindical, habiéndose mantenido en disposición para prestar las facilidades que resulten exigibles conforme a Ley, a fin de garantizar que la organización sindical pueda desarrollar sus actividades con normalidad. - Asimismo, alega que la resolución de Intendencia no ha cumplido a cabalidad con su obligación de analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, ya que se limitó a realizar un análisis parcializado, sustentándose principalmente en las acusaciones formuladas.

Análisis Del Recurso De Revisión

RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES CONFORMANTES DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 6.1 Sobre el particular, conforme se establece en el artículo 222 del TUO de la LPAG, “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. Sin embargo, se debe precisar que, según Morón, “En sede administrativa se dice que un acto ha adquirido firmeza cuando contra dicho acto no procede recurso administrativo alguno, ni tampoco procede la interposición de una demanda contencioso-administrativa. Pero a diferencia de la autoridad de cosa juzgada que es inimpugnable o inmodificable, los actos administrativos aun cuando sean firmes siempre podrán ser modificados o revocados en Sede Administrativa” (énfasis añadido). Entonces, “la cosa decidida no es inmutable ni inimpugnable que la propia LPAG prevé mecanismos para alterar la firmeza de los actos administrativos. Dichos mecanismos son, entre otros, la nulidad de oficio”8.

8 MORÓN Urbina, Juan Carlos . Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Gaceta Jurídica, 2011, p. 631.

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa.

9 MORÓN Urbina, Juan Carlos . Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Gaceta Jurídica, 2011, p. 631. 10 MORÓN Urbina, Juan Carlos . Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Gaceta Jurídica, 2011, p. 632.

administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10.

DEL ANÁLISIS DE LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 6.9 Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante el proveído S/N con fecha 04 de marzo de 2020, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 3 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley

las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador”. (El énfasis es añadido). 6.11 Siendo ello así, cabe mencionar que el artículo 259° del TUO de la LPAG establece que la caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.

RESPECTO A LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

11 Véase folio 16 del expediente sancionador. 12 Para efectuar el computo del plazo para resolver se ha considerado lo establecido en el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, esto es que cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Sí en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. Además, a dicho plazo, se le debe agregar los periodos en los que, por la emergencia sanitaria, se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos de la SUNAFIL, desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 26 de junio de 2020 (3 meses y 3 días). 13 Considerando la posible ampliación de tres (03) meses.

- Sobre la condición, “El ejercicio de esta facultad discrecional requiere que el órgano competente emita una resolución” 6.19 Debe precisarse que la decisión de ampliación de plazo deberá materializarse en un tipo jurídico específico: Resolución. La norma no ha dejado a libre configuración del operador jurídico (autoridad administrativa) la determinación de la forma, sino que ha establecido que sea una específica.

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable” (Fundamento 48). (El énfasis es añadido). 6.25 De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que “[el debido proceso] está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”. (El énfasis es añadido).

como consecuencia de la vulneración del debido procedimiento al emitir el proveído S/N, de fecha 04 de marzo de 2020, sin cumplir con los presupuestos establecidos en el TUO de la LPAG.

VII. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO 7.1 Tomando en cuenta que, según lo estipulado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, la caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente, en el presente caso, dado que se trata de una materia sujeta a la competencia del Tribunal y no fue advertida en la instancia inferior, la caducidad será declarada por este órgano de revisión. 7.2 Por lo tanto, dado que, el proveído S/N, de fecha 04 de marzo de 2020, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 259° del TUO de la LPAG, al no emitirse la ampliación conforme a las condiciones establecidas por dicho artículo, carece de efectos y, por tanto, no amplía el plazo de caducidad administrativa. 7.3 Por ello, si se considera que el procedimiento administrativo sancionador se inició el 27 de junio de 2019, fecha en la que se notificó la Imputación de Cargos, iniciándose la contabilidad de los nueve (9) meses desde la misma fecha, podemos determinar que el plazo de caducidad administrativa debió verificarse el 02 de julio de 2020, considerando el periodo de suspensión del cómputo de plazo. Sin embargo, la Resolución de Sub Intendencia N° 0260-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5, que sanciona a la impugnante, se emitió el 17 de julio de 2020 y se notificó el 31 de julio de 2020, superando el plazo mencionado.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO el proveído S/N, de fecha 04 de marzo de 2020, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A., recaído en el Expediente Sancionador N° 579- 2017- SUNAFIL/ILM/SIRE 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.9 de la presente resolución.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga