Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito S.A.C — Res. 826-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor-Vestuario-Servicios Higiénicos); Condiciones de seguridad: En el lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); y, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folio 330 (reverso) del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la entrega de equipos de protección personal, por el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2016, siendo afectados setenta y tres (73) trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,238.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber formado e informado, de acuerdo al puesto de trabajo respecto al periodo 2016, siendo afectados cincuenta y siete (57) trabajadores, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,238.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la subsanación y/o levantamiento de las condiciones sub estándares, siendo afectados ciento veintinueve (129) trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 26,662.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la implementación de los avisos y señalizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo afectados ciento veintinueve (129) trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 26,662.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura de pensiones, siendo afectados ciento veintinueve (129) trabajadores, tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 687,892.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento de fecha 28 de marzo de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 47,992.50.

3 Notificado mediante Cédula de Notificación N° 0000061055-2019. Véase folio 20 del expediente sancionador. 4 Notificado mediante Cédula de Notificación N° 0000080994-2019. Véase folio 44 del expediente sancionador.

i. Refieren que, las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se encuentran prescritas, en virtud de lo establecido en el artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444 y del artículo 51 del RLGIT; por lo que, no corresponde instaurar procedimiento administrativo sancionador.

ii. Alegan que, el Acta de Infracción y la resolución apelada son nulas, dado que la inspección fue realizada por el inspector auxiliar John Michae Curi López, quien no tiene competencia en la materia, vulnerando el principio del debido procedimiento al exceder facultades y potestades, previsto en el artículo 6 de la LGIT.

iii. Asimismo, señalan que no se ha determinado que se encuentran en el listado de microempresas en el ámbito de la competencia de Gobiernos Regionales, lo que inobserva la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII “Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva”; no obstante, en el Acta de Infracción, se dejó constancia que los señores señalados en el folio 7 del expediente sancionador, vienen manteniendo una relación de carácter laboral con la empresa, al supuestamente concurrir los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, siendo evidente que el número de trabajadores es mucho mayor a diez, cuyo argumento es contrario para la definición de microempresas.

iv. Manifiestan que, se ha vulnerado el debido proceso de las actuaciones inspectivas e instructivas, dado que el Acta de Infracción de fecha 05 de abril de 2016, fue remitida a la Primera Sub Dirección de Inspección de Trabajo, mediante Oficio N° 683-2019- MTPE/1/20.44, de fecha 28 de agosto de 2019; es decir, excediendo el plazo legal establecido en el artículo 17 del RLGIT; asimismo, no se ha cumplido con elevar el informe que pone fin a la actuación inspectiva a la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

v. Sostienen que, el plazo que tomó la Primera Sub Dirección de Inspección de Trabajo, para emitir la resolución iniciando el procedimiento sancionador fue excesivo, ya que transcurrieron casi 3 años y medio, desde que se emitió el Acta de Infracción en abril de 2016, habiéndose notificado a la empresa en el mes de setiembre de 2019, cuya notificación a destiempo vulnera el principio de economía y celeridad, lo cual recae en nulidad.

vi. Reconocen la responsabilidad del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, a fin de acogerse al supuesto de atenuante de la responsabilidad por infracciones, previsto en el artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, y solicitan que se realice una reducción de multa; sin perjuicio de ello, alegan que no fue razonable que el requerimiento de adopción de las medidas haya contado con solo cinco días hábiles, teniendo en cuenta el tipo de infracciones que se estarían incumpliendo,

razón por la cual debe evaluarse al momento de imponer la sanción correspondiente.

vii. Adjuntan como medios probatorios 108 registros de entrega de equipos de protección personal de todos los trabajadores de las diferentes áreas operativas por el periodo comprendido de enero a marzo de 2016; lo que demuestra que fueron entregados antes de la notificación de la resolución administrativa que contiene la Imputación de Cargos, la cual fue el 12 de setiembre de 2019.

viii. Por otro lado, adjuntan como medio probatorio, las constancias de compromiso, respecto de la entrega a cada trabajador del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 20 registros de las 04 capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo realizadas en el 2018 y 2019, para el personal operativo como administrativo; las mismas que fueron entregadas antes de la notificación de la resolución administrativa que contiene la Imputación de Cargos, la cual fue el 12 de setiembre de 2019.

ix. Asimismo, adjuntan como medio probatorio, el Certificado de Operatividad de Extintores N° 0996/2019/SCI, así como el Certificado de Calidad N° 0991 “Inspección y Prueba Hidrostática”, ambos de fecha 13 de febrero de 2019, emitido por la empresa G&S Extintores; de igual manera, adjuntan fotografías de la subsanación de guardas de seguridad, la implementación de llaves termo magnético y señalizaciones de seguridad en las diferentes instalaciones de la empresa, todo ello previo a la fecha de notificación de la Imputación de Cargos.

x. Respecto a la infracción por no acreditar la implementación de avisos y señalizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo con arreglo a ley, a favor de 129 trabajadores, reconocen su responsabilidad, a fin de acogerse en el supuesto de atenuación de la responsabilidad por infracciones, siendo que la multa aplicable se reduzca hasta un momento no menor de la mitad de su importe.

xi. De igual manera, adjuntan como medio probatorio, respecto a la materia de SCTR, un plano “Levantamiento Topográfico de Áreas”, donde se advierte la distancia entre el área administrativa y las unidades productivas, con el fin de que puedan emplear la licencia que otorga la norma sobre el tema; por lo que, no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad desarrollada por la entidad empleadora. En ese sentido, adjuntan un listado de todo el personal al momento de la inspección laboral, de un total de 129 trabajadores a 87 87 con la condición de operario, de esta manera, se debe resolver el cálculo de la sanción impuesta.

xii. Por último, solicitan se aplique la sanción, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; asimismo, la reducción de la multa al treinta por ciento (30%), al haberse subsanado las infracciones desde la notificación del Acta de Infracción, y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación.

5 Notificada a la impugnante el 23 de junio de 2022. Véase folio 485 del expediente sancionador.

i. En atención al numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG, el artículo 51 del RLGIT, así como la Resolución de Superintendencia N° 218-2017-SUNAFIL, y estando a que en la Resolución Sub Directoral N° 432-2019-MTPE/1/20.41, se resolvió imponer sanción por la comisión de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, es de analizar si la facultad de la Autoridad Sancionadora para determinar la existencia de las conductas infractoras constatadas en la etapa inspectiva ha prescrito a la fecha de emisión del pronunciamiento venido en grado, esto es, al 11 de noviembre de 2019. Sin embargo, se advierte que la inspeccionada invoca erróneamente el cómputo del plazo de prescripción, en tanto que, todavía se conservaba la facultad para determinar la sanción.

ii. Respecto a la competencia del inspector auxiliar en el presente caso; se tiene que, la fiscalización fue realizada por un equipo de inspectores, por lo que, el Inspector Auxiliar, no actuó en forma individual en las actuaciones inspectivas realizadas, en esa medida, al amparo del principio de eficacia, ambos inspectores no requieren realizar las diligencias inspectivas en forma conjunta necesariamente, sino que pueden efectuar las mismas en forma separada, distribuyéndose las diligencias en que pueden participar por sí solos o conjuntamente, en atención al trabajo programado y en equipo.

iii. Sobre el plazo de las investigaciones, cabe precisar que, la extemporaneidad de la remisión y notificación del Acta de Infracción no está afecta de nulidad, así como tampoco la emisión o notificación de la resolución apelada, al no estar así previsto en la LGIT, ni el RLGIT.

iv. Respecto de la infracción a la labor inspectiva, de la revisión del literal a) del numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG, este se encuentra referido a los atenuantes, ante un reconocimiento de responsabilidad expresa y por escrito, lo cual no ocurrió en el presente caso.

v. Por otro lado, sobre de las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, referida a la entrega de equipos de protección personal, si bien la inspeccionada ha presentado en el presente procedimiento recursivo, el registro de entrega de equipos de protección personal; sin embargo, estos no corresponden al periodo de fiscalización, siendo ello así, al no existir pruebas fehacientes que acrediten la obligación, se puede corroborar que la inspeccionada no ha cumplido con subsanar las infracciones imputadas.

vi. Sobre la materia de formación e información, la inspeccionada ha presentado los “compromisos de los trabajadores” afectados, donde yacen la entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, éstas no

corresponden al periodo fiscalizado; por tanto, no desvirtúan los hechos verificados en el Acta de Infracción. De igual manera respecto de la subsanación o levantamiento de las condiciones sub estándares; así como la implementación de los avisos y señales con arreglo a ley en tanto no cumplió con disponer lo necesario para la adopción de las medidas de prevención de los riesgos laborales, en la visita al centro de trabajo de fecha 22 de febrero de 2016.

vii. Por otro lado, respecto al SCTR, bajo la cobertura de pensiones, si bien la inspeccionada ha presentado un listado de trabajadores, así como un plano “Levantamiento Topográfico de Áreas”; sin embargo, no logra desvirtuar o en su defecto subsanar la infracción en este extremo, en tanto, ninguno guarda relación a la contratación del SCTR.

viii. Por último, para el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT, pues las infracciones imputadas a la inspeccionada en materia de seguridad y salud en el trabajo no fueron subsanadas y la infracción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento es de naturaleza insubsanable.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. – FAME S.A.C.

11 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1062-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Alegan la improcedencia por caducidad, en aplicación del artículo 259 del TUP de la LPAG; en tanto que, de acuerdo a los actuados, mediante Cédula de Notificación 0000061055-2019, de fecha 12 de setiembre de 2019, la Autoridad Administrativa de Trabajo resolvió notificar el Acta de Infracción N° 697-2016-MTPE/1/20.41, con lo cual se da por entendida la notificación con la imputación de cargos.

ii. En ese sentido, refieren que la autoridad administrativa debió declarar la caducidad del procedimiento al haber transcurrido el plazo de ley, considerando que no fueron notificados con una resolución que amplié el plazo, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 259, la caducidad debió operar de pleno derecho el 12 de junio de 2020.

iii. Sin embargo, precisan que a causa de la pandemia ocasionada por el brote de la Covid-19 y la Declaratoria de Emergencia Sanitaria dispuesta mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, así como los diversos decretos de urgencia, entre ellos el Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establecían la suspensión de plazo en los procedimientos administrativos y de cualquier índole. Disposiciones que afectaron de forma expresa el cómputo de los plazos en cualquier procedimiento administrativo; por lo que, en el presente caso se deberá considerar la suspensión de plazos administrativos del 16 de marzo de 2020 al 10 de junio de 2020; es decir, por ochenta y seis (86) días. Por tanto, el vencimiento del plazo para el cómputo de la caducidad venció el 06 de setiembre de 2020.

iv. Cuestionan la falta de competencia del Inspector Auxiliar, en tanto que, conforme se aprecia en autos, la consecución de las inspecciones, así como la suscripción del Acta de Infracción fue realizada por el señor John Michael Curi López, en su condición de Inspector Auxiliar de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; es así que se demuestra la vulneración del principio del debido procedimiento, pues ha excedido en las facultades y potestades que les encarga la ley a los inspectores auxiliares, siendo arbitraria la forma en cómo inició el procedimiento administrativo sancionador.

v. Precisan que, la resolución materia de revisión señala con claridad que, por el literal a) del artículo 6 de la LGIT, los inspectores auxiliares ejercen funciones

inspectivas de vigilancia y control en microempresas o pequeñas empresas, así como funciones de colaboración y apoyo en el desarrollo de las funciones inspectivas atribuidas a los Supervisores Inspectores y a los Inspectores de Trabajo. Todo ello, bajo la dirección y supervisión técnica de los Supervisores Inspectores responsables del equipo al que estén adscritos.

vi. Sin embargo, cuestionan que en el Acta de Infracción no se hizo mención expresa de la base legal de la facultad del Inspector Auxiliar para ser competente; así como tampoco se expusieron los motivos y el sustento del hecho que sea una Inspector Auxiliar, quien realice la labor inspectiva a una empresa del Estado, cuyos ingresos, grupo económico y cantidad de trabajadores excede largamente los requisitos y condiciones previstos para una MYPE. Asimismo, refieren que, tampoco se determinó que se encontraban en el listado de microempresas que se encuentran en el ámbito de competencia de Gobiernos Regionales.

vii. Discuten que, lo que no precisa la Intendencia de Lima en su resolución, es que el punto 7.2.6. de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, está previsto para cuando concurra un equipo de inspectores que forman parte de diferentes grupos de trabajo y que hayan sido ordenados por un Supervisor Inspector encargado; por ello, no se puede interpretar que el numeral citado prevé un supuesto aplicable al caso en concreto, pues el equipo de trabajo de la inspección materia de análisis fue designado para una labor concreta y estuvo asignado por un Supervisor Inspector y un Inspector Auxiliar, cuando en realidad debió ser un Inspector de Trabajo.

viii. Manifiestan que se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo, en tanto que los hechos y los criterios tomados en cuenta para la determinación de la competencia del Inspector Auxiliar se debieron consignar en el acta o informe de actuaciones inspectivas, conforme al numeral 6.6.3.2; sin embargo, ello no ocurrió.

ix. Señalan que, mediante Resolución Ministerial N° 262-2015-TR, de fecha 21 de diciembre de 2015, se aprobó el Listado de Microempresas que son fiscalizadas por los Gobiernos Regionales, durante el año fiscal 2016, no habiendo la Autoridad de Trabajo comprobado que hayan formado parte integrante del referido listado, así como también señalan que, se debe tener en cuenta que tampoco se encuentran acreditados ante el Registro de Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, en tal sentido, no puede ser considerada como una microempresa; lo señalado también se ha dejado constancia por parte del inspector auxiliar, al haber determinado el número de trabajadores de su representada que asciende a más de 10, lo que es un argumento contrario para la definición de microempresas.

x. En tal sentido, contradicen lo señalado por la Intendencia de Lima cuando alega que la Orden de Inspección que designó a un equipo de inspectores, incluyó a un Inspector Auxiliar que supuestamente podría actuar en forma individual en las actuaciones inspectivas y por ello no se requería que ambos inspectores realicen las diligencias inspectivas en forma conjunta necesariamente.

xi. Por tanto, reiteran que este supuesto no puede aplicarse al presente caso, porque el criterio de celeridad y eficacia se consideraría cuando en una misma orden inspectiva a un empleador se tengan varios locales, y no necesariamente el equipo debe hacer las mismas labores; se advierte que, el caso es diferente, en tanto que

solo tienen un local, y fue el Inspector Auxiliar quien realizó las diligencias y suscribió el acta de infracción de manera individual, cuando no le correspondía.

xii. Sobre la subsanación de la conducta infractora, en relación a no haber acreditado la entrega de los equipos de protección personal por el periodo comprendido entre el enero a marzo de 2016 a 73 trabajadores, se tienen que adjuntan como medio probatorio, ciento ocho (108) Registro de Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) de todos los trabajadores de las diferentes áreas operativas, con el fin de demostrar su buen actuar, precisando que, las fechas de entrega de los EPPs fueron realizadas, en todos los casos, de manera previa a la notificación de la resolución administrativa que contiene la Imputación de Cargos, la cual fue el 12 de setiembre de 2019.

xiii. Por otro lado, respecto a no haber formado e informado sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los puestos de trabajo, adjuntan como medio probatorio, las Constancias de Compromiso, respecto de la entrega a cada trabajador del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 20 registros de las 04 capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo realizadas en el 2018 y 2019, para el personal operativo como administrativo, precisando que, las fechas de entrega, en todos los casos, fueron de manera previa a la notificación de la resolución administrativa que contiene la Imputación de Cargos, la cual fue el 12 de setiembre de 2019.

xiv. Asimismo, respecto a no haber acreditado la subsanación o el levantamiento de condiciones sub estándares, adjuntan como medio probatorio, el Certificado de Operatividad de Extintores N° 0996/2019/SCI, así como el Certificado de Calidad N° 0991 “Inspección y Prueba Hidrostática”, ambos de fecha 13 de febrero de 2019, emitido por la empresa G&S Extintores; de igual manera, adjuntan fotografías de la subsanación de guardas de seguridad, la implementación de llaves termo magnéticas y señalizaciones de seguridad en las diferentes instalaciones de la empresa, todo ello previo a la fecha de notificación de la Imputación de Cargos.

xv. Sin embargo, alegan que no comprenden el criterio aplicado por la Intendencia de Lima, al no tomar en cuenta que sí es posible la subsanación de los incumplimientos desarrollados, si es que el cumplimiento de la obligación laboral se produce después del vencimiento del plazo de la medida de requerimiento y antes de la notificación de la Imputación de Cargos, conforme a lo señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 116-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala.

xvi. Respecto a no haber acreditado contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) con cobertura en pensiones a favor de 129 trabajadores, adjuntan un plano “Levantamiento Topográfico de Áreas”, donde se advierte la distancia entre el área administrativa y las unidades productivas, con el fin de que puedan emplear la licencia que otorga la norma sobre el tema, siendo esta, las unidades administrativas o de servicios que se encuentran alejadas de las unidades de producción por una distancia tal que evidencia que los trabajadores de dichas unidades administrativas o de servicios no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

xvii. En ese sentido, adjuntan un listado de todo el personal al momento de la inspección laboral, correspondiendo de un total de 129 trabajadores a 87 con la condición de operario, de esta manera, solicitan que se debe resolver el cálculo de la sanción impuesta.

xviii. Por último, solicitan se aplique la sanción, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; asimismo, la reducción de la multa al treinta por ciento (30%), al haberse subsanado las infracciones desde la notificación del Acta de Infracción, y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de

plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad,

razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N° 02:

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación; y, b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”13.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Acta de Infracción N° 697-2016 12/09/2019 Fin Resolución Sub Directoral N° 432-2019- MTPE/1/20.41 17/12/2019

13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 14 Mediante Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, se suspenden los plazos del Sistema de Inspección del Trabajo del 23 de marzo de 2020 al 26 de junio de 2020, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 029-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de marzo del 2020.

Sobre la competencia del Inspector Auxiliar en el presente caso

Figura N°: 02 y 03

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la entrega de equipos de protección personal, por el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2016, en perjuicio de setenta y tres (73) trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No haber formado e informado, de acuerdo al puesto de trabajo respecto al periodo 2016, en perjuicio de cincuenta y siete (57) trabajadores. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la subsanación y/o levantamiento de las condiciones sub estándares, siendo afectados ciento veintinueve (129) trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la implementación de los avisos y señalizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo afectados ciento veintinueve (129) trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura de pensiones, en perjuicio de ciento veintinueve (129) trabajadores. Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir la medida de requerimiento de fecha 28 de marzo de 2016. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. – FAME S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1062-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3258-2016-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1062-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. – FAME S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240904MCR – HR 116169-2022