Extraco S.A — Res. 727-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y Registro de exámenes médicos ocupacionales, Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud y en invalidez – sepelio), Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); e Identificación de peligros y evaluación de riesgos- IPER- (Sub materia: prevención de riesgos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el sujeto inspeccionado no acredito contar con el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales que evidencie haber practicado los exámenes médicos ocupacionales, en centros médicos autorizados por la entidad competente, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 38,700.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la constitución de sub comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 38,700.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 67,725.00.

sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional de Apurímac.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el sujeto inspeccionado no acredito contar con el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales que evidencie haber practicado los exámenes médicos ocupacionales, en centros médicos autorizados por la entidad competente, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 38,700.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la constitución de sub comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 38,700.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 67,725.00.

i. (…) su representada contrata los servicios de MEDIC HP SAC – POLICLINICO SEÑOR DE ILLANYA para que encargue examen de realizar EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL a todo el personal que ingrese a laborar a la “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACOBAMBA – HUAIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.”

ii. Al respecto se ha demostrado que mi representada cumplió con realizar los EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES, información que se encontraba dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, además que mi representada ha mantenido de forma física. Es importante mencionar que mi representada entregó una copia de los certificados de aptitud medico ocupacional que fueron expedidos por el MEDIC HP SAC – POLICLINIO SEÑOR DE ILLANYA en la COMPARECENCIA del 18 de diciembre del 2019, según consta en el acta de infracción Nº 10-2020-ZTPEC.

iii. Asimismo, como hemos manifestado mi representada ha cumplido con realizar el EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, pero que hemos sido engañados o sorprendidos por MEDIC HP SAC- POLICLINICO SEÑOR DE ILLANYA, en tal sentido SUNAFIL deberá reducir la multa impuesta, ya que, la conducta de mi representada fue ser diligente, es así como, se solicita SUNAFIL la reducción de la multa impuesta, de conformidad con el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (…).

iv. (…) en la comparecencia de fecha 18 de diciembre del 2019 mi representada hizo entrega a los inspectores de Sunafil sobre la información del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (…).

v. Posterior en la comparecencia de fecha 10 de enero de 2020, se notifica a mi representada un anexo con hechos insubsanables que no pueden ser revertidos respecto a la información del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sin embargo, en la comparecencia de fecha 18 de diciembre del 2019 cuando mi representada entregó la documentación sobre el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al inspector, se debió comunicar que dicha infracción era insubsanable, ya que, se procedió a revisar la información, tal como consta en el ACTA DE INFRACCION Nº 10-2020-ZTPEC de fecha 20 de enero de 2020 (…).

vi. Por consiguiente, el inspector debió comunicar en la comparecencia de fecha 18 de diciembre de 2019 que era insubsanable dicha información y no esperar hasta el 10 de enero del 2020 para informar a mi representada que dicha infracción es insubsanable, por consiguiente, se ha vulnerado el debido procedimiento establecido en la directiva Nº 001-2016-SUNAFIL/INII, por consiguiente, dicha infracción deviene en nulo (…)

vii. Que mediante carta notarial de fecha 27 de diciembre mi representado remite a la Entidad el PRE AVISO DE RESCICION DE CONTRATO Nº 142-2018-Mtc/21 de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACOBAMBA – HUAIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.” Debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad, por ende, era imposible que mi representada pueda levantar las infracciones, circunstancia que debe ser tomado en cuenta para la reducción de la multa, sumando a este el mal clima que primaba en la zona, nos vimos obligados a reducir el personal, con la finalidad de evitar mayores costos y por ende pérdidas económicas a mi representada.

viii. Finalmente, mediante Carta Notarial de fecha 13 de enero de 2020 mi representado remite a la Entidad la Resolución de Contrato Nº 142-2018-Mtc/21 de la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACOBAMBA – HUAIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.” Debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad, por ende, era imposible que mi representada pueda levantar las infracciones, circunstancia que debe ser tomado en cuenta para la reducción de la multa.

ix. En tal sentido, como lo hemos manifestado no es posible cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020 debido a que el contrato se ha resuelto y mi representada ya no está ejecutando la obra, por consiguiente, se solicita a SUNAFIL la reducción de la multa, de acuerdo con el principio de

razonabilidad estipulado en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (…)

i. En ese entendido, de la revisión realizada por el inspector comisionado, en la Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional (http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/BusquedaSSO.aspx), el centro médico otorgante no figuró como acreditado para realizar dichos exámenes, la impugnante no exhibió documentación idónea que acredite que cuenta con el Registro de Exámenes Médico Ocupacionales, a favor de los trabajadores afectados, pues la documentación entregada de los trabajadores con información que no se encontraba validada por un centro autorizado no configura medio probatorio que genere certeza que el sujeto inspeccionado contaba con un Registro de Exámenes Médico Ocupacionales; por lo que se concluye que la conducta constituye una infracción a las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Por lo tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de apelación ii. Por otra parte, con respecto a la comunicación de los inspectores sobre el estado de la documentación, al respecto el Inspector comisionado ha cumplido de acuerdo a sus funciones con realizar la actuación inspectiva de comparecencia mediante el cual ha recepcionado toda la documentación presentada por la impugnante mas no estaba obligado a indicar sobre los detalles de la documentación presentada. iii. En ese sentido el Inspector comisionado advirtió e hizo constar que la presente materia laboral es insubsanable en consecuencia notifica el anexo de hechos insubsanables siendo así se ha configurado una infracción a las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Por lo tanto, corresponde desestimar lo señalado por la impugnante. iv. Ahora bien, respecto a lo manifestado por el sujeto inspeccionado si bien señala que ha remitido a la Entidad la Carta de PRE AVISO DE RESCICION DE CONTRATO Nº 142-2018- Mtc/21 así como también la Carta Notarial de fecha 13 de enero de 2020 mediante el cual comunica la Resolución de Contrato Nº 142-2018-Mtc/21 de la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACOBAMBA – HUAIRONAYCCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.” Al respecto, no resulta justificable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al incumplimiento de sus obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo consignadas en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor Inspectiva incurrida de conformidad con el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

2 Notificada a la impugnante el 12 de diciembre de 2022, véase folio 371 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 109-2022-SUNAFIL/IRE-APU, señalando lo siguiente:

i. Con fecha 30 de setiembre del 2022 se emite la RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N° 261-2022-SUNAFILIRE-APU/SIRE, en la cual resuelve sancionar a su representada por el monto de S/ 145,125.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI Y CINCO CON 00/100 SOLES) por la comisión de tres (03) infracciones en materia de Relaciones Laborales y una (01) infracción en materia de Labor. Cabe precisar que, revisando la RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N"261-2022- SUNAFIL/IRE-APU/SIRE se puede observar que no ha realizado un debido análisis sobre los fundamentos de hecho que mi representada ha presentado en el escrito de descargo de fecha 08 de abril del 2022, ya que, solo se limita a mencionar las normas con lo cual el acto resolutivo vulnera la debida motivación, volviendo una vez más a vulnerar el legítimo derecho de defensa de su representada, al no considerar ni hacer un análisis técnico jurídico de sus descargos presentados en el presente proceso administrativo.

ii. Revisando la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° O000000109-2022- SUNAFIL/IRE-APU que declara infundado el recurso de apelación, se advierte nuevamente que, en la resolución impugnada, no ha realizado un debido análisis sobre los fundamentos de hecho que su representada ha presentado en el escrito de descargo de fecha 08 de abril del 2022, ya que, solo se limita a mencionar las normas, con lo cual el acto resolutivo

vulnera la debida motivación, de conformidad con el articulo 139 inc, 5 de la Constitución Política del Perú.

iii. Revisando la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0O00000109-2022 SUNAFIL/IRE-APU respecto a la infracción de la obligación del sujeto inspeccionado de practicar los exámenes médicos ocupacionales en centros médicos autorizados por la entidad competente sanitaria en el apartado III CONSIDERANDO, solo hace mención a las normas, sin realizar un análisis factico sobre los hechos descritos.

iv. Revisando la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N°0000000109-2022- SUNAFIL/IRE-APU respecto a la infracción sobre obligación del sujeto inspeccionado de constituir un sub comité de seguridad y salud en el trabajo, en el apartado III CONSIDERANDO, solo hace mención a las normas, sin realizar un análisis factico sobre los hechos descritos.

v. Revisando la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0000000109-2022- SUNAFIL/IRE-APU respecto a la infracción sobre obligación del sujeto inspeccionado de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020, en el apartado III CONSIDERANDO, solo hace mención a las normas, sin realizar un análisis sobre los hechos descritos, ni los documentos alcanzados a manera de descargos.

vi. En consecuencia, como se puede observar en la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0000000109-2022-SUNAFILIRE-APU de fecha 07 de diciembre de 2022, solo se señala la norma legal, pero no se fundamenta, y mucho menos se expone de forma sucinta, las razones de hecho y el sustento jurídico que fundamenta la decisión que se ha tomado en la resolución, en tal sentido, se declara la NULIDAD de la RESOLUCION DE INTENDENCIA N0000000109-2022-SUNAFILIRE-APU.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida

de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

De la presunta afectación al debido procedimiento y motivación

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”10.

10 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 11 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 13 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

15 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 16 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa, verdad material, igualdad de trato, buena fe y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación. Por lo que no se advierte una Inaplicación del inciso a) del artículo 44 de la LGIT y del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en los términos alegados por la impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo El sujeto inspeccionado no acredito contar con el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales que evidencie haber practicado los exámenes médicos ocupacionales, en centros médicos autorizados por la entidad competente. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la constitución de sub comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo. Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir oportunamente con la medida de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 109-2022-SUNAFIL/IRE-APU, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 044-2020-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 109-2022-SUNAFIL/IRE-APU, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU, y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240807MLA HR:290193-2020