Exportadora el Sol S.A.C — Res. 937-2024

Mediante Orden de Inspección N° 6998-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N°998-2020- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, de una (01) infracciones muy grave por no permitir el ingreso al centro de trabajo el 15 de mayo de 2020.

Mediante Imputación de Cargos N° 030-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 18 de setiembre de 2020, notificada el 22 de octubre de 2020, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 101-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 27 de noviembre de 2020, (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual precedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 299-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 05 de mayo de 2021, notificada el 07 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 74,562.00, por haber incurrido, en la siguiente infracción:

Con fecha 25 de mayo de 2021, la impugnante interpone recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 299-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 578-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 02 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 578- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum- 000254-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 13 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 16

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EXPORTADORA EL SOL S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 578-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 74,562.00, por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 12 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EXPORTADORA EL SOL S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, así como, afirma que se ha producido una inadecuada valoración de las documentales presentadas por la impugnante, lo cual afecta el debido procedimiento9. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

A la impugnante se le ha imputado la comisión de una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, que establece “La negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores inspectores, los inspectores del trabajo, los inspectores auxiliares, o peritos y técnicos designados oficialmente, para que se realice una inspección”.

Del recurso de revisión, se advierte que, la impugnante, reitera su alegato referente a que la persona que no permitió su ingreso al centro de trabajo no era su trabajadora, por lo que no era responsable de los actos señalados.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan para garantizarse el cumplimiento de las normas sociolaborales.

Asimismo, el numeral 4.1 del artículo 4 de la LGIT establece que:

Por su parte, el numeral 1 del artículo 5 de la LGIT, dispone que, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para:

En tal sentido, el literal c) del artículo 9 de la LGIT, concordante con el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, establece que: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas de orden

En ese orden normativo, el artículo 36 de la LGIT, señala que: “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden constituir en:

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los sub numerales 7.12.2.2 a 7.12.2.4. del ítem 7.12.2, VISITA INSPECTIVA: “De la negativa injustificada o el impedimento que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que (énfasis añadido)

Es oportuno señalar que, la impugnante tenía pleno conocimiento de las actuaciones inspectivas que se encontraban realizando, pues, el 13 de mayo de 2020 el inspector comisionado se comunicó vía telefónica con el área de recursos humanos de la inspeccionada, siendo atendido por la Señora Zoila Araujo Tinoco, en mérito de la cual, el inspector comisionado realizó la visita de inspección de fecha 15 de mayo de 2020.

En ese entendido, si bien conforme consta en el ítem IV del Acta de Infracción la señora Zoila Araujo Tinoco refirió al comisionado que se contestó la llamada porque por “casualidad estaba en la oficina”, ya que ella estaría realizando trabajo remoto y la empresa no estaba funcionando.

Sin embargo, lo informado por dicho personal de la inspeccionada, esto es, que la empresa no estaba funcionando, pierde sustento fáctico cuando del denominado “parte diario de ingreso del personal empleado” se aprecia que, además, de doña “Araujo Tinoco Zoila Elizabeth”, el día 13 de mayo de 2020, registraron su ingreso otros dos trabajadores: “Basurto Rodriguez José Maria y Torres Bravo Luis Enrique”; quienes asistieron, también, el 14 de mayo de 2020, al igual que “Bouroncle Caro Miguel Adolfo y Sulca Cantorin Delfina”.

Además, el día de la visita inspectiva, esto es, el 15 de mayo de 2020, se encontraban en el centro de labores: “Basurto Rodriguez José Maria y Bouroncle Caro Miguel Adolfo”. Por

Por tanto, al conocer del inicio de las actuaciones inspectivas desde el 13 de mayo de 2020, tenía la obligación de asegurar se pueda brindar las facilidades para el ingreso del inspector al centro de trabajo, supuesto, que como se advierte de los actuados, no ha cumplido, para así cumplir con el deber de colaboración que importa la LGIT y el RLGIT.

De esta manera, alegar que doña Araujo Tinoco Zoila Elizabeth no se encontraba el día de la visita inspectiva, esto es, el 15 de mayo de 2020 para que atienda al inspector laboral, por tanto, el comisionado no pudo ingresar al centro de trabajo, no resulta procedente, dado que, reiteramos, la inspeccionada tenía conocimiento previo respecto del desarrollo de las actuaciones inspectivas, por lo que, bien pudo adoptar las actuaciones pertinentes a fin de permitir la realización de la labor inspectiva.

Sin perjuicio de lo expuesto, precedentemente, se debe precisar, que conforme al numeral 1 del artículo 5 de la LGIT, el inspector comisionado no está obligado a dar un pre aviso al sujeto inspeccionado de la visita inspectiva a realizar al centro de trabajo, por lo que, en cumplimiento de una norma de orden público, la inspeccionada debió cumplir con su deber de colaboración con la actuación inspectiva.

Cabe agregar que, en este tipo de casos, se espera un comportamiento diligente de los sujetos investigados que, en cumplimiento del deber de colaboración, deben dar todas las facilidades necesarias para que los inspectores puedan cumplir con su función fiscalizadora; siendo que, en el presente caso, no se ha cumplido con dicho deber frente al comisionado.

En tal sentido, resulta claro para esta Sala, que el inspector actuante tiene la potestad otorgada por ley, de desarrollar sus actuaciones en los lugares donde se ejecute la prestación laboral. Y en virtud de esta atribución, la visita de inspección se realiza sin necesidad de previo aviso, a cualquier hora del día o de noche. Además, podrá efectuarse más de una visita sucesiva, conforme al artículo 11 de la LGIT y el literal a) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT. Y en ellas, debe contar con la colaboración por parte de los empleadores, conforme lo prescribe el inciso c) del artículo 9 de la LGIT.

En el numeral IV.6 de los hechos constatados del acta de infracción, se aprecia:

En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta lo previsto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 04 de febrero de 2022 en el Diario Oficial El Peruano. Al respecto, la resolución invocada contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria12, en el que se estableció el criterio que se debe tener en cuenta sobre la obstrucción a la labor inspectiva en las visitas que realizan los inspectores en el ejercicio de las funciones, según las circunstancias, conforme se aprecia a continuación:

Queda claro, por tanto, que en el presente caso la impugnante impidió el normal desarrollo de las actuaciones del personal inspectivo, pues, como bien señala la inspeccionada en su recurso de revisión “(…) solo se le explicó que existía una indicación de gerencia de no dejar ingresar a ningún personal externo por el riesgo alto de contagio en ese periodo (…)” (énfasis añadido).

En este punto, cabe indicar precisar que, la imputación no se fundamenta en la ausencia de la señora Zoila Araujo Tinoco el 15 de mayo de 2020, sino en que, en dicho día, el agente de

En tal sentido, la visita inspectiva in situ de la inspección de trabajo resulta trascedente y vital en dicho estado de emergencia sanitaria, conforme lo dispone el Protocolo N° 003-2020- SUNAFIL/INII- PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL, cuando enfatiza en su realización sin previo a viso a cualquier hora del día o noche; conforme se detalla a continuación:

Por tanto, resulta erróneo lo alegado por la recurrente referido a que la Resolución de Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL, habría restringido las visitas inspectivas, pues, conforme el numeral 7.7 de dicha resolución, estas se realizan en el centro de trabajo a a

Así, el alegato referido a que la Resolución Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL, restringe las inspecciones físicas dando predilección a las visitas virtuales, conforme al requerimiento de comparecencia de fecha 25 de mayo de 2021 que adjunta a su recurso de revisión; debe indicarse a la recurrente que el requerimiento de comparecencia es una actuación distinta a la de la visita inspectiva, tal es así que el incumplimiento de la primera genera una infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT; mientras, que la segunda, al numeral 46.1 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo.

En tal sentido, el requerimiento de comparecencia adjuntado con el recurso de revisión carece de relevancia al presente caso, pues, no se discute un caso de incumplimiento de dicha actuación inspectiva, más aún si de su visualización se aprecia que tal comparecencia sería de forma presencial en las instalaciones de la inspección de trabajo, por lo que, tampoco se aprecia su relevancia respecto al alegato referido a que debiera emplearse las visitas por medio de meet. Asimismo, debe indicarse que conforme al numeral 7.7 de dicha Resolución de Superintendencia y al literal 1 del artículo 5 de la LGIT, las visitas inspectivas son realizadas sin previo aviso, por lo que, no se exige al inspector comisionado una previa coordinación con el sujeto inspeccionado para su realización, por tanto, deben desestimarse todos los alegatos dirigidos en este extremo.

En este orden de ideas, la negativa de la impugnante fue injustificada y constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, conforme el numeral 1 del artículo 36 de la LGIT, que establece:

Respecto a argumento del impugnante referido a que la causa justificante para negar el ingreso de la autoridad inspectiva a sus instalaciones, obedeció a que a la fecha de la visita 15 de mayo de 2020, no se encontraba ningún personal para atender al inspector comisionado, no se desvirtúa ni con la declaración del agente de seguridad, pues, la afirmación referida a que esta no estaba operando por restricciones del gobierno, no se condice con el parte diario presentado por la inspeccionada, en el cual se verifica que desde el 13 al 15 de mayo de 2020 sí acudían personal al lugar materia de la fiscalización; además, el hecho que doña Zoila Araujo Tinoco no hubiese estado en las instalaciones de la inspeccionada el día de la visita inspectiva, conforme lo alega la inspeccionada, no implica una causa de eximente de responsabilidad del sujeto inspeccionado, pues, este en cumplimiento de una norma de orden público (numeral 1 del artículo 5 de la LGIT) debió realizar las coordinaciones, suficientes, a efectos de cumplir con su deber de colaboración.

Y el argumento referido a que el inspector comisionado no se habría acreditado ante dicho agente de seguridad ni le presentó o dejó ningún documento, según refiere en la declaración jurada de folio 21 del expediente sancionador, no desvirtúa la imputación, al ser una

Además, dicha declaración unilateral del agente de seguridad, tampoco, desvirtúa la imputación ni los hechos contados por la autoridad inspectiva (el impedimento al ingreso al centro de trabajo), porque en esa misma declaración (específicamente en el segundo párrafo) se indica que el comisionado se identificó como inspector de trabajo, hecho que fue valorado por las instancias de mérito conforme el numeral 17 de la Resolución de Sub Intendencia N° 299-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 y el numeral 3.5 de la Resolución de Intendencia N° 578-2022-SUNAFIL/ILM.

De otro lado, se aprecia del tercer párrafo de dicha declaración jurada de fecha 28 de octubre de 2020, realizada más de 05 meses después de la visita inspectiva, que el agente de seguridad tenía orden de no permitir el ingreso al centro de trabajo. Hecho que impidió que el inspector comisionado pueda realizar sus actuaciones en dicho día – 15 de mayo de 2020- en las instalaciones del sujeto inspeccionado.

Por tales razones, no se advierte una afectación ni al principio de veracidad ni de licitud en los términos alegados por la recurrente, ya que ni sus alegatos ni los documentos alcanzados en el procedimiento han desvirtuado la imputación efectuada por las instancias de mérito; en consecuencia debe desestimarse todos los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo.

Queda claro, por tanto, que en el presente caso la impugnante impidió el normal desarrollo de las actuaciones del personal inspectivo, no obstante que el inspector comisionado hizo de conocimiento el deber de colaboración con la inspección del trabajo y que su actuar constituía una infracción a la labor inspectiva. Asimismo, cabe precisar que, conforme a los

En este orden de ideas, la negativa de la impugnante fue injustificada y constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, conforme el numeral 1 del artículo 36 de la LGIT. En consecuencia, en el presente caso, se tiene que la impugnante, no cumplió con su deber de colaboración con el inspector comisionado, al negarle el acceso al centro de trabajo desconociendo las normas y directivas vigentes, incurriendo en las infracciones muy grave a la labor inspectiva imputada, al no permitir el ingreso al centro de trabajo. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Cabe señalar que es la impugnante la responsable del esquema estructural de su personal, encontrándose en la obligación de establecer las atingencias pertinentes a fin de que su personal se encuentre en la capacidad de poder atender a las posibles actuaciones de fiscalización de las diferentes Autoridades Públicas, como, en este caso, de la SUNAFIL. Por lo que, sus argumentos dirigidos a cuestionar este extremo deben ser desestimados, pues, no se ha configurado una eximente de responsabilidad, en los términos alegados por la impugnante.

En tal sentido, la sanción impuesta ha sido debidamente tipificada en la conducta infractora del numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Por lo que, debe desestimarse los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.