Exotic Foods SAC — Res. 1073-2025

Mediante Orden de Inspección N° 7008-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3834-2019- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración mínima vital, así como, no pagar la remuneración vacacional y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; en atención

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2349-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 26 de noviembre de 2020, notificada el 20 de setiembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2235-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 20 de diciembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 590-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 31 de mayo de 2022, notificada el 02 de junio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 35, 910.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 22 de junio de 2022, la impugnante interpuso su recurso de reconsideración, contra la Resolución de Sub Intendencia N° 590-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, lo cual generó que la autoridad de sanción emita la Resolución de Sub Intendencia N° 957-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5, de fecha 12 de setiembre de 2022, notificada el 14 de setiembre de 2022, mediante la cual se declara infundado el recurso de reconsideración y se confirma la sanción resuelta en la Resolución de Sub Intendencia N° 590-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5.

Con fecha 03 de octubre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 957-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, de la cual se identifican los siguientes principales argumentos:

Con fecha 31 de diciembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1893- 2022-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral.

La Intendencia de Lima Metropolitana, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum-002489-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 21 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Conforme al último párrafo del artículo 24 de la Constitución Política del Perú, “(…) Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. Este mandato constitucional establece la base jurídica que faculta al Estado a fijar y actualizar la Remuneración Mínima Vital (RMV).

En desarrollo de dicho mandato, la Resolución Ministerial N.° 91-92-TR, se dispuso que la RMV sustituye al ingreso mínimo legal, siendo aplicable a los trabajadores del régimen privado, así como a periodistas, mineros y futbolistas profesionales. Asimismo, estableció que cuando la jornada diaria sea inferior a cuatro horas, el trabajador percibirá el monto proporcional de la RMV, tomando como referencia la jornada ordinaria del centro de trabajo.

Respecto a la evolución de la RMV en el periodo materia de análisis, se tiene lo siguiente:

De igual forma, el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en el numeral 25.1 de su artículo 25, tipifica como infracción muy grave en materia de relaciones laborales la conducta consistente en “no pagar la remuneración mínima” correspondiente al trabajador.

Que, de la revisión del sub numeral 4.18.1 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, se advierte que el inspector comisionado dejó constancia de que el sujeto inspeccionado no acreditó el pago, por lo menos, de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a favor de las dos ex trabajadoras. En el caso de la señora Sonia Lobatón, dicho incumplimiento corresponde a los meses de febrero de 2015 a septiembre de 2017, enero a abril de 2018, junio de 2018, agosto de 2018 y de octubre de 2018 a enero de 2019. En cuanto a la señora Patricia Condori, el incumplimiento se verificó en los meses de abril de 2018, junio de 2018 y de enero a marzo de 2019.

Asimismo, la autoridad de primera instancia precisó que la RMV constituye el monto remunerativo mínimo que debe percibir un trabajador del régimen laboral de la actividad privada que labore, por lo menos, cuatro (04) horas diarias, independientemente de su fecha de ingreso. Conforme a lo dispuesto en los Decretos Supremos N.° 005-2016-TR y N.° 004-2018-TR, la RMV ascendía a S/ 850,00 desde el 01 de mayo de 2016 y a S/ 930,00 desde el 01 de abril de 2018. En el presente caso, correspondía que la inspeccionada pague la RMV vigente durante los periodos laborados por ambas trabajadoras, máxime si debieron ser contratadas bajo el régimen laboral general regulado por el TUO de la LPCL.

En tal sentido, solo procede determinar la existencia de infracciones por el incumplimiento del pago de la RMV durante los periodos de enero a abril de 2018, junio de 2018, agosto de 2018 y de octubre de 2018 a enero de 2019 en el caso de la señora Sonia Lobatón; así como abril de 2018, junio de 2018 y de enero a marzo de 2019 en el caso de la señora Patricia Condori, configurándose una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Los periodos anteriores a los aquí señalados no serán materia de pronunciamiento por haber operado la prescripción conforme a lo dispuesto en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG.

De las actuaciones inspectivas realizadas se verificó objetivamente que las labores desempeñadas por las ex trabajadoras recurrentes se desarrollaron en un centro de trabajo ubicado en la provincia de Lima y consistieron en revisión y selección de materia prima, limpieza, pesado, atado, corte, empaque y otras tareas vinculadas al acondicionamiento y comercialización del producto. Estas funciones no comprendían el cultivo o labranza de la tierra ni actividades propias del proceso productivo agrario, por lo que se encuentran excluidas del régimen laboral especial regulado por la Ley N.° 27360, conforme a su Tercera Disposición Transitoria y Final, resultando aplicable el régimen laboral general de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N.° 728.

La impugnante sostiene que la autoridad inspectiva calificó erróneamente dichas labores como “administrativas” —al incluir actividades de revisión, empaque y limpieza—, excluyéndolas del régimen agrario sin valorar integralmente la prueba aportada, entre la que menciona fotografías de supuestas tareas manuales, contratos de trabajo y precedentes que considera favorables. Asimismo, alega que se actuó con un prejuicio respecto a la supuesta inconstitucionalidad del régimen agrario, en contravención de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Finalmente, cuestiona que la sanción se haya sustentado en declaraciones de las trabajadoras sin contrastarlas con otros medios probatorios y que, pese a que el análisis se circunscribió a dos trabajadoras, sus conclusiones se habrían extendido indebidamente al resto del personal.

En relación con el alegato de que las labores eran propias del régimen agrario y de que la autoridad inspectiva habría actuado con prejuicio, corresponde precisar que, conforme al artículo 2 y la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27360, las actividades realizadas en la provincia de Lima que no forman parte del proceso de cultivo o crianza, ni de la agroindustria desarrollada fuera de dicha jurisdicción, se encuentran excluidas del régimen especial. En este caso, tal como se desprende del numeral 4.7 del Acta de Infracción, así como de la documentación presentada por la propia inspeccionada, las trabajadoras efectuaban labores de revisión, selección, limpieza, pesado, atado, corte y empaque, todas ellas orientadas a la presentación, distribución y comercialización del producto, sin intervención en el proceso productivo agrario. Por tanto, la calificación realizada por la autoridad inspectiva se sustenta en un análisis técnico de los hechos y de la normativa aplicable, descartándose que obedezca a un prejuicio o a una interpretación arbitraria, así como que se haya extendido indebidamente a trabajadores no comprendidos en el expediente.

Si bien el objeto social de la inspeccionada y algunos contratos de trabajo hacen referencia a labores agrarias, la determinación de la autoridad inspectiva se basó en la constatación directa de las funciones realmente ejecutadas, verificando que estas se limitaban a tareas de revisión, selección, limpieza, pesado, corte y empaque de productos para su acondicionamiento y comercialización, sin participación en actividades de cultivo o producción agroindustrial fuera de Lima. Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley N.° 28806 y el artículo 16 de su Reglamento, los hechos consignados en el Acta de Infracción —siempre que cumplan con los requisitos legales— se presumen ciertos y tienen el mismo valor probatorio que los reflejados en informes u otros documentos emitidos en el marco de la labor inspectiva. La carga de desvirtuar dichas constataciones recae en la inspeccionada, quien en este caso no ha aportado medios probatorios idóneos, manteniéndose firme el valor probatorio del Acta de Infracción.

Respecto a la Resolución N.° 06 emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Exp. N.° 04621-2019-0-1801-JR-LA-85, presentada por la impugnante como sustento de sus alegatos, es preciso indicar que dicha decisión fue emitida en el marco de un proceso judicial individual, con un contexto fáctico y probatorio referido a una sola trabajadora, por lo que carece de carácter vinculante para este procedimiento administrativo sancionador. Además, su pertinencia es limitada, dado que en aquel proceso la controversia giró en torno a beneficios sociales y se valoraron principalmente elementos formales, como el acogimiento anual al régimen agrario ante SUNAT y la vinculación de la empresa con insumos provenientes de fuera de Lima. En cambio, en el presente expediente, la calificación de las labores de las ex trabajadoras se fundamenta en constataciones directas de la autoridad inspectiva, que acreditaron que las actividades realizadas —revisión, selección, limpieza, pesado, corte y empaque— se ejecutaban íntegramente en la provincia de Lima, sin formar parte del proceso productivo agrario ni de la agroindustria desarrollada fuera de dicha jurisdicción, resultando aplicable la exclusión prevista en la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27360.

En consecuencia, los hechos constatados acreditan la configuración de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, consistente en el no pago de la remuneración mínima vital, tipificada en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT. Por lo expuesto, corresponde confirmar la sanción impuesta y la obligación de la inspeccionada de efectuar el pago íntegro de la Remuneración Mínima Vital adeudada, en concordancia con la normativa vigente y la protección del derecho constitucional a una remuneración justa.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),9 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento en fecha 12 de julio de 2019 y otorga un plazo de tres (03) días hábiles a la impugnante para que cumpla con la adopción de medidas dirigidas a corregir su conducta; advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción. Cabe precisar que dicha medida se circunscribió al cumplimiento en el pago de beneficios laborales a favor de dos extrabajadoras, como el pago de la remuneración mínima vital, entre otras obligaciones esenciales de naturaleza alimentaria. Por tanto, el plazo otorgado de tres días hábiles resulta razonable, máxime si se trata de obligaciones exigibles, determinadas y de inmediata exigencia, lo cual justifica la urgencia de la medida en función del interés público tutelado.

Cabe señalar que la impugnante no presentó alegatos ni fundamentación alguna respecto de este extremo vinculado al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, limitándose sus argumentos recursivos a otras materias ajenas a la verificación de dicha omisión. Esta ausencia de cuestionamiento específico reafirma la validez de la constatación inspectiva y la procedencia de la sanción impuesta por infracción a la labor inspectiva.

En ese sentido, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; en consecuencia, no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 00789- 2018-PHC/TC, ha establecido que la imposibilidad de realizar un informe oral no vulnera el derecho de defensa, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad de ejercerlo por escrito, lo cual ocurrió en el presente caso, pues la impugnante presentó su recurso de apelación y expuso en él todos sus argumentos y medios probatorios.

Por tanto, la autoridad de segunda instancia actuó dentro de sus atribuciones al prescindir del informe oral, dado que contaba con suficientes elementos para resolver en base a la documentación obrante en el expediente, sin que ello configure vulneración alguna al derecho de defensa.

En el presente caso, la suspensión del plazo se produjo válidamente con la notificación de la Imputación de Cargos N.° 2349-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 26 de noviembre de 2020, notificada el 20 de setiembre de 2021, y no se ha acreditado la existencia de un periodo de paralización del procedimiento que justifique la reanudación anticipada del cómputo antes de la emisión de la resolución final. La Resolución de Sub Intendencia N.° 590-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, que determinó la existencia de cuatro (04) infracciones en materia de relaciones laborales y una (01) infracción a labor inspectiva, fue emitida el 31 de mayo de 2022 y notificada el 02 de junio de 2022.

Al realizar el conteo del tiempo transcurrido conforme a la normativa aplicable, se verifica que el plazo legal no se ha excedido, por lo que, carece de sustento la afirmación de la impugnante en el sentido de que las infracciones correspondientes a febrero a mayo de 2018 se encontrarían prescritas. En consecuencia, este extremo del recurso de revisión deviene en infundado.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.