Etral Sociedad Anónima Cerrada — Res. 819-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000002548-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST), que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1147-2021-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, la LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 765-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, notificada el 10 de junio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1055-2022 /SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN/IF, notificado el 28 de octubre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 103-2023- SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, notificada el 30 de enero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 103-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante la Resolución de Intendencia N° 93-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada el 18 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de La Libertad declaró fundado en parte el recurso de apelación.

Con fecha 06 de abril de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 93-2024- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 17 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT3, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ETRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 93- 2024-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que declaró fundado en parte el recurso de apelación y confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 19 de marzo de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ETRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 207 del TUO de la LPAG determina que, solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Para el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT determina que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre estas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por el impugnante en relación a las infracciones Graves, ni valorar la subsanación de estas, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal. (énfasis añadido)

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento8, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante alega una presunta vulneración al debido procedimiento9. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el inciso a) del artículo 44 de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Intendencia N° 93-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, que resolvió declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto contra los alcances de la Resolución de Subintendencia N° 103-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, como esta última, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación.

Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”12. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad13.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas”.

Sobre este punto, se trae a colación lo señalado en el artículo 1014 de la LGIT, por el cual las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias de la Inspección del

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, con fecha 04 de octubre de 2021, se emite el requerimiento de comparecencia, notificado al sujeto inspeccionado en la misma fecha, en el cual se cita para las 12:00 horas el día 12 de octubre de 2021 a la inspeccionada, con el objeto de recabar los siguientes documentos:

Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la LGIT y los artículos 45 y 46 de su reglamento.

Al respecto, en el numeral 4.6 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, el Inspector comisionado dejó constancia de lo siguiente:

En ese entendido, debe tenerse presente que la diligencia de comparecencia se encontraba válidamente notificada, incluyendo el apercibimiento expreso de sanción en caso de inasistencia. No obstante, la impugnante no concurrió en la fecha y hora señaladas, configurándose así el supuesto de hecho previsto en la normativa inspectiva. En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos formulados en este extremo.

En cuanto a los alegatos planteados por la impugnante, debe señalarse que la infracción imputada se configura con la sola inasistencia a la comparecencia válidamente notificada, conforme a lo dispuesto en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. En tal sentido, el elemento determinante es la omisión de concurrir a la diligencia programada, siendo irrelevante la intención alegada por la inspeccionada o las actuaciones posteriores, en

En relación a los alegatos planteados por la impugnante, esta sostiene que la inasistencia a la diligencia de comparecencia obedeció al contagio de COVID-19 de su gerente y representante. Sin embargo, de la revisión del expediente de actuaciones inspectivas se advierte que la comparecencia virtual fue notificada válidamente mediante casilla electrónica el 04 de octubre de 2021, estableciéndose como fecha de realización el 12 de octubre de 2021. En consecuencia, se advierte que en el presente caso la empresa contó con un plazo razonable para tomar conocimiento de la diligencia y adoptar las medidas organizativas necesarias para asegurar su atención, más aún cuando las actuaciones inspectivas se venían desarrollando de manera virtual y mediante comunicaciones electrónicas que eran plenamente conocidas por la inspeccionada.

Asimismo, resulta particularmente relevante que, conforme obra en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, de fecha 12 de octubre de 2021, el inspector de trabajo dejó constancia que la propia asistente contable de la empresa manifestó que no asistieron a la comparecencia debido a que no revisaron la casilla electrónica y no advirtieron que tenían programada dicha diligencia. Por tanto, la explicación proporcionada por la propia inspeccionada evidencia que la inasistencia no tuvo como causa determinante el estado de salud del representante, sino la falta de revisión oportuna del medio oficial de notificación empleado por la autoridad inspectiva, pese a que la comunicación había sido válidamente depositada con varios días de anticipación.

A ello se añade que el propio requerimiento de información emitido durante las actuaciones inspectivas contemplaba la presentación de una carta poder simple de la persona que llevaría las diligencias ante la inspección, lo que evidencia que la atención de las actuaciones inspectivas no estaba condicionada a complejas formalidades de representación. En tal sentido, correspondía a la empresa, en ejercicio de sus deberes de organización y colaboración con la función inspectiva, prever mecanismos mínimos que permitieran atender las comunicaciones y actuaciones de la autoridad administrativa aun ante contingencias que pudieran afectar a su representante. Por ello, el hecho alegado no resulta suficiente para eximir a la inspeccionada de responsabilidad, toda vez que los actuados revelan que la inasistencia obedeció principalmente a una deficiente gestión de las comunicaciones electrónicas puestas válidamente en su conocimiento.

Por tanto, se encuentra plenamente acreditada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, por lo que corresponde desestimar los alegatos planteados en dicho extremo.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece que:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que, en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Cabe indicar que la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa en SST. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre la medida de requerimiento del 28 de octubre de 2021, el inspector comisionado otorgó un plazo de tres (03) días hábiles para que la impugnante adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de SST, como se aprecia a continuación:

Al respecto, podemos apreciar que el inspector de trabajo, en el numeral 4.13 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, precisó que el sujeto inspeccionado no acreditó íntegramente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de entrega de equipos de protección personal, las capacitaciones en SST y las condiciones de seguridad. Por tanto, en atención a ello, el inspector comisionado propuso infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 28 de octubre de 2021.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2023 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos que debe contener una medida inspectiva de requerimiento, en los términos siguientes:

Del mismo modo, para analizar la medida emitida en el presente caso, corresponde citar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 010-2025- SUNAFIL/TFL, publicado el 22 de octubre de 2025 en el diario oficial El Peruano, referido al carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento, cuyo contenido pertinente es el siguiente:

Asimismo, el administrado mantiene el deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica atender y cumplir los mandatos subsanables válidamente dispuestos, aun cuando discrepe de alguno en particular. Ello guarda coherencia con las facultades del inspector de ordenar medidas correctivas en el marco de sus competencias y asegura que la medida cumpla su finalidad de tutela del orden sociolaboral. De este modo, la interpretación razonable y proporcional del requerimiento no admite que la supuesta invalidez de un extremo se extienda a los demás, pues ello desnaturalizaría la propia función correctiva de esta medida inspectiva.” (Énfasis añadido)

En atención a lo señalado y conforme a los precedentes de observancia obligatoria previamente citados, corresponde que el análisis de la medida inspectiva de requerimiento, emitida en el presente caso, se oriente a verificar si esta fue dictada con estricta observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, evaluando si cuenta con un sustento fáctico y jurídico suficiente. Asimismo, resulta necesario determinar si dicha medida delimita, de manera clara y precisa, su ámbito subjetivo y objetivo, identificando correctamente al sujeto obligado, la conducta exigida

En cuanto al cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, se advierte que la medida inspectiva de requerimiento observa el principio de legalidad, toda vez que esta fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0000002548-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción. Además, la misma se sustenta en hechos previamente constatados y debidamente motivados por la autoridad inspectiva que acreditan incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo vinculados al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, la entrega de equipos de protección personal, la capacitación de los trabajadores y la implementación de medidas vinculadas a las condiciones de seguridad en el centro de trabajo. De igual forma se ha verificado que la medida contenía el respectivo apercibimiento, en aplicación del principio de predictibilidad, que exige decisiones administrativas previsibles y promotoras de seguridad jurídica. Por último, se ha constatado que en la misma se ha especificado el tipo infractor propuesto para las conductas constatadas.

Siendo así, de la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, el Inspector comisionado realizó una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT16, en tanto que, habiéndose verificado la existencia de infracciones al ordenamiento jurídico en materia de SST, de naturaleza subsanable, ordenó la adopción de medidas destinadas a su corrección. Asimismo, dicha actuación se encuentra debidamente sustentada, al haberse motivado de forma expresa la configuración de las infracciones, cumpliendo con el principio de legalidad y con las exigencias de debida motivación.

Por otra parte, se cumple el principio de razonabilidad al haberse emitido un mandato claro, delimitado y susceptible de cumplimiento. En efecto, la medida inspectiva de requerimiento identificó de manera expresa al sujeto obligado, precisó los trabajadores comprendidos en las observaciones formuladas por la autoridad inspectiva y determinó las acciones concretas que debía ejecutar la inspeccionada para subsanar las observaciones e incumplimientos verificados por la autoridad inspectiva, consistentes en acreditar la adecuación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, la entrega de equipos de protección personal, la capacitación de los trabajadores y la implementación de medidas vinculadas a las condiciones de seguridad en el centro de trabajo. Asimismo, estableció de forma expresa el medio y el plazo para su cumplimiento, permitiendo a la inspeccionada conocer con claridad el contenido, alcance y exigibilidad

Asimismo, al evaluar la razonabilidad del plazo otorgado, corresponde considerar no solo la naturaleza de las acciones requeridas, sino también el bien jurídico que la medida inspectiva buscaba proteger y el contexto en el que fue emitida. En el presente caso, la medida de requerimiento fue dictada en octubre de 2021, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19, y estuvo dirigida a corregir incumplimientos vinculados con la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, la entrega de equipos de protección personal, la capacitación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y el establecimiento de condiciones seguras de trabajo. En consecuencia, las medidas requeridas estaban orientadas a la tutela inmediata de bienes jurídicos de especial relevancia constitucional, como la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, circunstancia que exigía una respuesta oportuna del empleador a fin de evitar la prolongación de situaciones susceptibles de comprometer la seguridad y salud de los trabajadores.

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que las obligaciones cuya acreditación y subsanación fueron requeridas mediante la medida inspectiva de requerimiento se encontraban directamente vinculadas con materias que venían siendo objeto de fiscalización durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas. En efecto, con anterioridad a la emisión de dicha medida, la inspeccionada ya había proporcionado información y documentación relacionada con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, la entrega de equipos de protección personal, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo y las condiciones de seguridad existentes en el centro laboral, participando además en diligencias de comparecencia y verificación efectuadas por la autoridad inspectiva. En tal sentido, no puede sostenerse que el plazo conferido recayera sobre materias ajenas al conocimiento de la inspeccionada, pues esta conocía previamente los aspectos que estaban siendo objeto de verificación y respecto de los cuales debía acreditar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

En tal sentido, la razonabilidad del plazo no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la carga que representaba para la impugnante la acreditación de las medidas requeridas, sino también desde la necesidad de restablecer oportunamente condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo en un contexto de emergencia sanitaria nacional. Así, considerando la naturaleza preventiva y correctiva de la medida inspectiva de requerimiento, la relevancia de los bienes jurídicos comprometidos, como la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, y el conocimiento previo que tenía la inspeccionada respecto de las materias objeto de fiscalización y de los aspectos sometidos

Finalmente, el principio de proporcionalidad se encuentra satisfecho, pues la medida es idónea para alcanzar el fin legítimo de restituir la legalidad en materia de SST, necesaria por no existir una alternativa menos gravosa con igual eficacia, y proporcional en sentido estricto, al otorgarse un plazo de tres (03) días hábiles atendiendo a la finalidad preventiva y correctiva perseguida por la medida, la relevancia de los bienes jurídicos protegidos y el contexto de emergencia sanitaria en el que fue emitida.

En relación con los alegatos de la impugnante referidos a que cumplió con presentar información y documentación vinculada a los hechos objeto de inspección, corresponde señalar que la finalidad de la medida inspectiva de requerimiento no es la mera remisión de documentos, sino la efectiva subsanación de los incumplimientos detectados por la autoridad inspectiva. Por ello, el cumplimiento de dicha medida exige acreditar, dentro del plazo conferido y conforme a los términos expresamente establecidos en ella, la adopción de las acciones correctivas ordenadas. En consecuencia, la sola presentación de documentación relacionada con las materias inspeccionadas no resulta suficiente para tener por cumplido el requerimiento cuando aquella no permite verificar de manera fehaciente el efectivo cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas por la autoridad inspectiva. En tal sentido, correspondía a la impugnante acreditar no solo la remisión de información, sino el cumplimiento íntegro y oportuno de las medidas ordenadas mediante la medida inspectiva de requerimiento, lo que no ha sido demostrado en el presente caso.

Sin perjuicio de lo antes señalado, y en relación a los argumentos mediante los cuales la impugnante sostiene que sí cumplió con sus obligaciones en materia de SST, corresponde señalar que dichos cuestionamientos se encuentran orientados a controvertir las infracciones sustantivas que dieron origen a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento. Sin embargo, conforme al criterio vinculante establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, cuando se somete a revisión una sanción impuesta por incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento, el análisis debe circunscribirse a verificar si dicha medida fue emitida con observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves que han adquirido firmeza con la expedición y notificación de la resolución de segunda instancia. Por consiguiente, corresponde desestimar dichos argumentos por resultar ajenos al objeto de análisis propio de la presente infracción.

En el caso analizado, se ha verificado que la recurrente no cumplió dentro del plazo y en los términos ordenados con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que se encuentra acreditado que ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada, adecuadamente, en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo establecido por las instancias de mérito, sin que la impugnante haya desvirtuado lo determinado por la autoridad administrativa.

Del mismo modo, se desestima la nulidad invocada por la impugnante, al no haberse acreditado la existencia de ninguna de las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, constatándose que en el presente procedimiento no se han vulnerado los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, ni las garantías que integran el debido procedimiento administrativo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.