Estudios Técnicos S.A.S — Res. 363-2025

Mediante Orden de Inspección N° 203-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 143-2022-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 450-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, de fecha 30 de junio de 2022, notificada a la impugnante el 04 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 592-2022-SUNAFIL/IRE- CUSCO/SIFN, de fecha 23 de setiembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 100-2023-SUNAFIL/IRE/CUSCO-SISA de fecha 10 de febrero de 2023, notificada a la impugnante el 16 de febrero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 12,098.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 09 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 100-2023-SUNAFIL/IRE/CUSCO-SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 087-2023-SUNAFIL/IRE CUS de fecha 12 de abril de 2023, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 05 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 087-2023- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000262- 2023-SUNAFIL/IRE-CUS recibido el 09 de mayo de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 087-2023- SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, que confirmó la sanción impuesta de S/ 12,098.00, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 17 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante insta una presunta vulneración al debido procedimiento relacionado a su derecho a la debida motivación y derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 100-2023-SUNAFIL/IRE/CUSCO- SISA, como la Resolución de Intendencia N° 087-2023-SUNAFIL/IRE CUS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación o afectación al derecho de defensa. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo calificado como infracción muy grave.

Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo del recurso de revisión.

El Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 008 2002-TR (en adelante, RTUO de la LJTH), prescribe que es facultad del empleador fijar jornadas atípicas de trabajo, siempre que resulte necesario de acuerdo con la naturaleza de las labores de la organización, pero ceñida a los límites que establece la ley:

Al respecto, el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT8, y el artículo 25 de la Constitución Política del Perú9 determinan que la duración de la jornada de trabajo en un régimen de jornada atípico, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede exceder de ocho (08) horas por día y de cuarenta y ocho (48) por semana.

En este punto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 4635-2004-AA/TC, determina en sus fundamentos 15 y 29, que:

El Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2002-TR (en adelante, TUO de la LJTH), en su artículo 4, sobre las jornadas atípicas de trabajo, reitera el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 85410- Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, referido a que el promedio de horas de trabajo de éste debe mantenerse bajo un máximo de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales. Lo que es concordante con la interpretación constitucional del artículo 25 de la Constitución Política del Estado, a través del cual se establece como límite -para aquellas jornadas atípicas- el margen de no más de ocho (8) horas diarias de labores, en un margen de tres (3) semanas, equivalente a ciento cuarenta y cuatro (144) horas de trabajo como máximo, en dicho ciclo.

En ese contexto, mediante la Resolución de Superintendencia N° 149-2021-SUNAFIL, se estableció como un criterio técnico legal por parte del Comité de la SUNAFIL11, lo siguiente:

En el caso materia de autos, se aprecia del Acta de Infracción que la Inspectora comisionada constató que la impugnante estableció jornadas atípicas de trabajo al extrabajador afectado con la siguiente distribución:

Esta información constatada por la Inspectora comisionada se corrobora con la información enviada por la impugnante como respuesta al requerimiento de información de fecha 9 de marzo de 2022, donde la entonces inspeccionada remitió el siguiente cuadro de turnos del extrabajador afectado:

Por otro lado, la Inspectora comisionada constató que si bien la inspeccionada alegó que dicho extrabajador no estaba sujeto a fiscalización horaria, en sus contratos de trabajo se pactó que la jornada diaria durante los días de trabajo efectivo sería de ocho (08) horas mas el refrigerio. En tal sentido, el personal inspectivo hizo el cálculo de la jornada en función a las 8 horas diarias pactadas en el contrato de trabajo.

De tales hechos verificados, se aprecia que las jornadas atípicas establecidas por la impugnante en perjuicio del extrabajador afectado exceden el límite legal y constitucional del cual nos hemos referido en párrafos anteriores, ya que toda jornada acumulativa debe ser analizada a razón de tres semanas (21 días) cuyo número de horas es de 144 horas (48 x 3), un número de horas mayor en un periodo de 21 días será considerado como superior a la jornada máxima, tal como sucede en el presente caso:

En consecuencia, al no respetar la jornada máxima legal establecida, para casos como el presente, la impugnante incurrió en la conducta tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, que sanciona, entre otros, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Jornada atípica declarada por la impugnante: En un periodo de 21 días de trabajo, como el régimen de 39x13 o 28x14, 29x13, 28x14 o el régimen 20x8 dicho extrabajador laboró los 20 o 21 días x 8 horas diarias = 160 horas y 168 horas (excede) Límite legal en 21 días es: 144 horas

Por tales razones, se observa la correcta aplicación de la normativa vigente por parte de la Intendencia y las instancias previas, al momento de subsumir la conducta en la que incurrió la impugnante y determinar la multa correspondiente.

Al respecto, la impugnante refiere que las instancias previas no tomaron en cuenta que dicho trabajador afectado no prestó labor efectiva durante el total de días registrados, porque pasaba un periodo en cuarentena en hoteles que ellos brindaban mientras esperaba los resultados del examen de descarte de Covid-19, así también argumenta que no tuvo un trabajo efectivo por encima de las 48 horas.

Sobre la exigibilidad de probanza en la alegación de los administrados, este Tribunal en la Resolución de Sala Plena N° 002-2024-SUNAFIL/TFL publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 23 de febrero de 2024, ha emitido los siguientes precedentes de observancia obligatoria:

Al respecto, el incumplimiento del deber de informar a la organización sindical sobre los motivos de la adopción de las medidas de traslado del total de sus trabajadores a otras sedes con la finalidad de mantener la relación laboral, no permitió entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de los trabajadores y de la empresa, afectando de ese modo el derecho a la libertad sindical, entendido como la capacidad auto determinativa para participar en la constitución y negociación del fuero protector en su ámbito geográfico, vulnerándose de esta forma el ejercicio de la actividad sindical 6.37 Sobre el particular, a la vista de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe precisarse que, para desvirtuar las infracciones imputadas, no basta con la mera alegación del administrado como en el presente caso referida a que: “el traslado de los trabajadores responde a la necesidad de evitar el contagio debido a los altos índices de contaminación en Arequipa“, “necesidades operativas de la empresa” y “necesidad operativa en otras regiones a diferencia de los que sucede en la sede La Planchada”; en tanto que, en mérito al derecho fundamental de prueba que tiene este, puede ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones, correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas dentro del procedimiento. En ese sentido, se requiere del cumplimiento de un mínimo estándar probatorio por parte del administrado, lo que no ha sucedido en el presente caso, en razón que la impugnante no ha demostrado con medio probatorio alguno lo manifestado.

En cuanto a las alegaciones de la impugnante, vemos que en principio ninguno de estos hechos invocados por la impugnante se encuentra respaldado en documentos o medios probatorios fehacientes, es decir, no se puede verificar si efectivamente dicho extrabajador tenía o no un periodo de cuarentena previo antes de iniciar su jornada atípica o acumulativa y cuantos días supuestamente duro en cada caso. Asimismo, tampoco la impugnante da mayor detalle de como es que se distribuyó este supuesto periodo de cuarentena ya que los periodos fiscalizados no implicaron en todos los casos igual días de labor y descanso. En tal sentido, se denota que la impugnante no ha dado cumplimiento a un mínimo estándar probatorio para desvirtuar hechos que previamente han sido constatados por un Inspector de Trabajo.

Por otro lado, la impugnante sostiene que dicho extrabajador no excedió el límite de 48 horas efectivas de trabajo y que incluso laboró menos horas de las programadas en su jornada, sin labor efectiva los domingos y sábados medio día, siendo dicho trabajador no sujeto a fiscalización pudo haber laborado menos horas; al respecto, tampoco tales afirmaciones se sostienen en algún documento pertinente, llámese registro de asistencia o al menos una hoja de tareo donde figure que dicho extrabajador laboró en jornadas inferiores a las declaradas, simplemente son alegaciones y presunciones que no tienen asidero documental alguno; sin perjuicio de ello, debe aclararse que en este caso no fue objeto de fiscalización el horario de trabajo o las horas efectivas de labor realizadas, sino que se fiscalizó la jornada atípica de dicho extrabajador, la cual fue declarada y sustentada por la propia impugnante ante el personal inspectivo, es decir, es de la propia información brindada por la inspeccionada que se identificó las infracciones imputadas, siendo ello así, es contradictorio que ahora la impugnante quiera sustentar que el extrabajador afectado laboró menos horas que las declaradas en etapa de inspección.

Asimismo, tampoco es cierto que las instancias previas hayan omitido analizar este punto, toda vez que se denota de la resolución de primera instancia ratificado por la resolución de intendencia el criterio de considerar que el periodo de cuarentena previo al inicio de labores no podría considerarse como un periodo de descanso teniendo en cuenta que en dicho periodo el trabajador estuvo a disposición del empleador; es decir, para las instancias previas el periodo de cuarentena también formó parte de la jornada, conclusión con la cual coincide esta Sala, toda vez que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra bajo las órdenes o al servicio del empleador con la finalidad de cumplir con la prestación acordada en el contrato de trabajo.

En el presente caso, los contratos de trabajo presentado por la impugnante no establecieron ningún tipo de pacto que incluya dentro de la jornada de trabajo, algún periodo de cuarentena, es más, si bien se estableció que el trabajador iba desarrollar una jornada de trabajo atípica de 21x7, finalmente la Inspectora comisionada verificó la existencia de jornadas superiores a esta previamente pactada, y ello no se dio en razón a ningún acuerdo individual o colectivo, simplemente fue una decisión tomada por la impugnante en ejercicio de su facultad de dirección. Entonces, en el supuesto de que efectivamente se haya otorgado un periodo de cuarentena en cada periodo que se laboró en jornadas atípicas se conjetura que ello también fue una decisión unilateral del empleador y no había posibilidad que el extrabajador afectado disponga de dicho periodo de cuarentena a su libre voluntad, sino que estaba sujeto a las exigencias de la impugnante.

Por otro lado, la impugnante refiere que la resolución de intendencia no habría tenido en cuenta los criterios sobre jornada atípica fijados en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Al respecto, es pertinente aclarar que el criterio fijado en dicho precedente únicamente habilita la posibilidad de extender la jornada atípica de trabajo en situaciones extraordinarias y que hayan ocurrido en la primera etapa de la pandemia por la Covid-19, escenario distinto al presente caso, ya que las jornadas atípicas en perjuicio del extrabajador afectado se aplicaron en el periodo mayo a diciembre de 2021 que supone un periodo muy posterior a la fecha de inicio de la pandemia.

Respecto a este punto, es importante recordar que este Tribunal de Fiscalización Laboral ha fijado como criterio de observancia obligatoria, los considerandos 35 y 36 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 9 de mayo de 2023, precisamente sobre las jornadas acumulativas acordadas por excepción durante la pandemia de la Covid-19:

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.