Estación de Servicios San José S.A.C — Res. 33-2021

Mediante Orden de Inspección N° 660-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 160-2019-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a las relaciones sociolaborales.

Mediante Imputación de cargos N° 357-2019-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC del 06 de noviembre de 2019, notificada el 06 de agosto de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 374-2020-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 064-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA de fecha 12 de febrero de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles),por haber incurrido en:

Mediante escrito de fecha 05 de marzo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 064-2021- SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 07 de abril de 20212, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 064- 2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, por considerar que

Mediante Resolución de Intendencia N° 44-2021-SUNAFIL/IRE-PI, de fecha 13 de abril de 2021, se rectificó de oficio los errores materiales consignados en la numeración del encabezado de la Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, rectificando en el artículo tercero en el cual inicialmente se declaraba agotada la vía administrativa, pero por la instalación del Tribunal de Fiscalización Laboral, ésta podía recurrir al Tribunal a través del recurso extraordinario de revisión, notificándose el 15 de abril de 2021.

Mediante escrito de fecha 29 de abril de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum-000419-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 06 de mayo de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución ―en días hábiles― es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 039-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles) por la comisión de la infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el artículo 25.19 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 12 de abril de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C..

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2021 y subsanado el 05 de mayo de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-PIU solicitando la nulidad por un error de oficio en la resolución impugnada, la cual a su criterio excede el error material señalado; así como la nulidad por no considerar el Informe Final N° 374-2020-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA del 10 de diciembre de 2020.

Del recurso de revisión presentado el 29 de abril de 2021 y subsanado el 05 de mayo de 2021, se identifica que la impugnante justifica el pedido de nulidad por un presunto error de hecho.

Sobre el particular, se observa la emisión de la Resolución de Intendencia N° 39-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 07 de abril de 2021, confirmando la sanción impuesta por la Resolución de Sub Intendencia N° 064-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, con una multa ascendente a S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles) por no llevar un registro de control de asistencia de trabajadores con las formalidades de ley, tipificada en el numeral 19 del artículo 25 del RLGIT.

En la referida resolución, el artículo tercero dispuso el agotamiento de la vía administrativa; posteriormente rectificado de oficio mediante Resolución de Intendencia N° 44-2021-SUNAFIL/IRE-PIU del 13 de abril de 2021 en los siguientes términos:

Sobre el particular, esta Sala considera que la rectificación de oficio efectuada por la Intendencia Regional de Piura no ha generado un supuesto de nulidad, toda vez que no se altera el contenido ni el sentido de la decisión.

Por esta consideración, no es amparable lo solicitado en este extremo.

La impugnante sustenta su recurso, adicionalmente, en una omisión incurrida por la Intendencia Regional de Piura al no considerar el Informe Final de Instrucción N° 374- 2020-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, del 10 de diciembre de 2020, como parte del análisis del recurso de apelación.

Al respecto, de la revisión del Informe Final de Instrucción, obrante a folios 19 del expediente sancionador, se observa que en la Sección XII (Conclusiones), la autoridad instructora concluye “…declarando la inexistencia de la infracción imputada por el inspector actuante de acuerdo al numeral 6.4.1.4 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL- INII – ‘Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva’, dejando a salvo el derecho del trabajador afectado, de accionar en la vía legal correspondiente…”, al encontrar —de acuerdo con el punto 9.8 del referido informe— que la relación laboral entre la impugnante y el trabajador afectado con el incumplimiento “..se produjo desde el 01 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, computándose el plazo, el mismo vencía el 31 de marzo de 2019. Y siendo que el inicio de las actuaciones inspectivas fueron el día 16 de mayo de 2019, posterior a la fecha de prescripción.”

De la revisión del expediente inspectivo, se observa que a folios 03 consta la denuncia laboral presentada por el señor Paredes Vela, con sello de recepción del 06 de diciembre de 2018 de la Intendencia Regional de Piura, por el pago de beneficios sociales las labores que prestó del 01 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, tal y como se detalló en el numeral precedente

Recién mediante Orden de Inspección Concreta del 30 de mayo de 2019, se dieron inicio a las actuaciones inspectivas de investigación derivadas de la denuncia presentada por el señor Paredes Vera, concluyéndose éstas con el Acta de Infracción N° 160-2019- SUNAFIL/IRE-PIU del 17 de julio de 2019, en cuyo numeral 4.17 de la sección “Hechos constatados”, la autoridad inspectiva señala lo siguiente:

Tal y como se detalló líneas arriba, el inicio del procedimiento administrativo sancionador —a través de la notificación de la imputación de cargos— se dio recién el 06 de agosto de 2020, cuando se remitió a la impugnante la Imputación de cargos N° 357-2019-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC del 06 de noviembre de 2019, observándose los siguientes hechos, en una línea de tiempos

Como es de conocimiento, mediante Decreto Supremo N° 015-2017-TR9 se modificó el artículo 51 del RLGIT, indicándose que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones prescribe, ya no a los cinco (5) años, sino a los cuatro (4) años, y que esta determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 252 del TUO de la LPAG.10 Este plazo coincide con el establecido en la Ley N°

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia N° 218-2017-SUNAFIL, de fecha 31 de octubre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema Inspectivo”, entre los cuales se encuentra el criterio referido a la prescripción administrativa, señalándose a respecto el siguiente acuerdo:

En esa línea, el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección de Trabajo”, creado mediante Resolución de Superintendencia N° 061-2019-SUNAFIL, publicó mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL un listado inicial de criterios, destacándose para el presente caso el Tema N° 01 – Cómputo del plazo de prescripción relacionado al Sistema de Inspección del Trabajo, que puntualiza que el Título III del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° ° 019-2006-TR, no contiene un único tipo de infracciones, sino que se regulan diversas infracciones entre las que se cuentan las permanentes, precisando que:

A consideración de esta Sala, se advierte que la infracción por no llevar un registro de asistencia califica como una infracción permanente, es decir, el antijurídico de no llevar el registro de control de asistencia, tal y como se señala en el punto 4.15 de los hechos constatados del Acta de Infracción. Al declararse —por cuenta de la propia impugnante— que no se lleva un control de asistencia, al ser este registrado por la empresa usuaria (Cia Minera Misky Mayo Sac) queda acreditado que la conducta infractora se mantuvo durante la vigencia del contrato de trabajo del señor Paredes Vera, culminado esta acción el último día de labores del ex trabajador.

En ese sentido, desde la última fecha en la cual se produjo la conducta antijurídica, esto es, desde el 31 de marzo de 2015 a la fecha de notificación de la Imputación de cargos han transcurrido más de cinco (5) años, no encontrándose análisis alguno sobre la prescripción ni en la Resolución de Sub Intendencia N° 064-2021-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE, que impuso la sanción a la impugnante, así como tampoco en la Resolución de Intendencia N° 39-2021-SUNAFIL/IRE-PIU.

Por ello, de la revisión efectuada, se advierte que, a la fecha de emisión de la resolución impugnada, ya se encontraba prescrito el período señalado en el Acta de Infracción, esto es, del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, por lo que correspondía declarar de oficio la prescripción del procedimiento administrativo sancionador por parte de la autoridad sancionadora, de conformidad con lo señalado por el literal m) del punto 6.4.2.4 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”.

Por consiguiente, corresponde a esta Sala que revoque lo resuelto en la resolución impugnada, teniendo en cuenta que ha prescrito el derecho del ex trabajador a ejercitar la acción correspondiente a dicho derecho.