Estación de Servicios San José Espinar-cusco S.R.L — Res. 314-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Jornada, Horario de Trabajo y descansos remunerados (Vacaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Depósito CTS); Remuneraciones (Gratificaciones, Pago de Bonificaciones); Participación en las Utilidades (Pago), incluye todas. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración, al brindar declaraciones contradictorias en la visita inspectiva de fecha 27 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 03 de noviembre de 2020 para ser verificada el 17 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 20 de noviembre de 2020 para ser verificada el 25 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. No se toma en cuenta que los requerimientos solicitados por el inspector actuante no solo fueron requeridos inicialmente a ser entregados por correo electrónico pese a la volumen de éste, sino que en fecha 27 de noviembre de 2020 se presentó de forma intempestiva y exigió que se le entregue esa documentación, pese a que el representante como el contador se encontraban en obligaciones y responsabilidades ineludibles para ese momento, teniendo en cuenta a su vez que seguimos en emergencia sanitaria, y las operaciones no se vienen realizando en forma regular.

ii. Obra en el procedimiento, información y/o documentación entregada al inspector actuante de forma presencial en fecha anterior, y que, por el principio de eficacia, no resulta suficiente la invocación de insubsanable que advierte el inspector, por cuanto nos encontramos ante prueba objetiva presentada y entregada, de lo que éste puede extraer las conclusiones que se consideren pertinentes.

iii. Consideramos que la diligencia de comparecencia virtual forma integrante de los requerimientos sobre los que se está evaluando la conducta; motivo por el cual no puede pretenderse imponer sanción por el mismo hecho cuando constituye el mismo supuesto invocado en las dos primeras infracciones.

iv. Se puede verificar que de parte del inspector de trabajo existe una sobresaturación de requerimientos inmediatos, y por vías que a dicha fecha no eran suficientemente utilizadas por los sujetos inspeccionados, como son las reuniones virtuales. Por lo que se debió constituir a señalar diligencias en las instalaciones de mi representada.

i. El requerimiento de información y su correspondiente exigencia de cumplimiento por vía virtual fueron válidamente efectuados, por lo cual la imposibilidad de remisión alegada como justificante a la negativa de remisión de la documentación solicitada, queda completamente desvirtuada, dado que frente a la restricción existente correspondía realizar su remisión, tal como viene siendo realizado por todos los administrados sujetos a fiscalización durante estas circunstancias de pandemia.

ii. Respecto a la sobresaturación de requerimientos alegado por el sujeto inspeccionado. En congruencia el artículo 11 de la LGIT estipula que las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado a través de requerimientos de comparecencia ante el inspector actuante, con el objeto de aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes.

iii. La inspeccionada señaló que, no se ha configurado la falta de colaboración en la visita inspectiva de fecha 27 de noviembre de 2020, puesto que no se ha incurrido en declaraciones contradictorias. Conforme al sub numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la inspeccionada sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. En ese sentido, el inspector actuante se encontraba plenamente facultado para poder presentarse de manera

2 Notificada a la impugnante el 03 de noviembre de 2021, véase folio 56 del expediente sancionador.

inopinada en las instalaciones de la inspeccionada con el objeto de realizar las visitas inspectiva de fiscalización.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ ESPINAR-CUSCO S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 110-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando lo siguiente:

i. Pese que se afirmó como argumento de apelación que la información requerida era bastante voluminosa, el Intendente Regional simplemente se basa en señalar que el requerimiento fue realizado válidamente y que todos los administrados lo vienen realizando en pandemia; pero no ha valorado específicamente la causal advertida. En tal sentido, nos encontramos ante un pronunciamiento insuficiente y una motivación aparente.

ii. Tampoco toma en cuenta que al mes de noviembre 2020 todas las empresas pasábamos con mayor o menor medida por problemas de implementación operativa ante la pandemia derivada del Covid-19; por lo que, los procedimientos definidos no podrían ser determinados sin mayor valoración completa del principio de razonabilidad.

iii. No se ha emitido pronunciamiento acerca del principio de eficacia reconocido en el numeral 1.10 de la LPAG, por el que se busca la obtención de la información solicitada, y ésta fue entregada y se encuentra adjunta en el presente procedimiento inspectivo.

iv. Seguimos considerando que la diligencia de comparecencia forma parte de los requerimientos sobre los que se está evaluando la conducta de mi representada; motivo

por el que no puede pretenderse imponer sanción por el mismo hecho cuando propiamente constituye el mismo supuesto invocado en las dos primeras infracciones. Asimismo, no se ha considerado el principio de eficacia, al resolver que no se ha acreditado causa eximente de responsabilidad ante la inasistencia.

v. No se ha emitido pronunciamiento por la Intendencia Regional, respecto a que se puede verificar que de parte del inspector de trabajo existe una sobresaturación de requerimientos inmediatos, y por vías que a dicha fecha no eran suficientemente utilizadas por los sujetos inspeccionados, como son las reuniones virtuales. Por lo que se debió constituir a señalar diligencias en las instalaciones de mi representada.

vi. Se afirma que el inspector se encontraba facultado para presentarse de manera inopinada en las instalaciones de mi representada, pero no emite pronunciamiento sobre el argumento de defensa referido a exigir que determinado personal esté presente para atenderlo (gerente general, contador y asesor legal), lo que excede el principio de razonabilidad.

vii. De igual forma, se debe tener presente que, sobre los objetivos de la inspección (verificación de obligaciones sociolaborales) no se ha determinado ninguna responsabilidad, lo que significa que hay un exceso incurrido por el inspector, por cuanto sus actividades estuvieron dirigidas a emitir requerimiento que a determinar una infracción sobre el tema de fondo.

viii. Tampoco se toma en cuenta al momento de confirmar la multa contra mi representada, que la infracción referida al incumplimiento de brindar información al inspector en la visita del 30 de noviembre de 2020 ha sido dejada sin efecto por vulneración al principio de legalidad y tipicidad; esto sirve para acreditar que, en el presente procedimiento, el inspector laboral ha forzado la reiteración de infracciones, pese a que la información proporcionada fue completa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 LGIT, artículo 1.

y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10 .

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11LGIT, aprobada por Ley N° 28806, numeral 3.1 del artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 12LGIT, aprobada por Ley N° 28806, artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido). 13 LGIT, artículo 1. 10TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a

entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.14

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”. 14 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 12 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Durante el plazo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional, la Inspección del Trabajo ejerce de forma permanente sus funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, especialmente, para garantizar el cumplimiento de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID- 19) en el territorio nacional. Complementariamente en el sub numeral 7.1.2 establece que, en estos casos, los integrantes del Sistema de Inspección del Trabajo ejercen sus funciones de manera virtual y presencial, esta última de manera restringida, por lo cual se privilegia su accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabación de videoconferencias, cartas, entre otros, a fin de evitar el contagio del COVID-19. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados (…)”, invocado en mérito a la supuesta presentación de la documentación de manera extemporánea y no en la modalidad solicitada por la Autoridad Administrativa. Se desestima lo alegado por la impugnante, debido a que, en concordancia con lo determinado por el inferior en grado, se ha demostrado la falta de colaboración por parte de la impugnante, habiendo obstaculizado la labor inspectiva; debido a que no cumplió con remitir ningún documento de los solicitados, impidiendo el desarrollo de las investigaciones inspectivas a efecto de poder establecer la existencia o no de vulneraciones a las normas sociolaborales. En ese sentido, la impugnante en manifiesta inobservancia del deber de colaboración incurrió en negativa de brindar la documentación requerida para la labor inspectiva a efecto de verificar la observancia de las obligaciones laborales respecto de la trabajadora Edith Victoria Ccari Quispe.

“a. Identidad Subjetiva.- Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva.- Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos.

15 Fund. Jur. N°. 3.3. 16 Fund. Jur. N°. 19. 17 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

c. Identidad causal o de fundamento.- Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras”. 6.15 Conforme a ello, esta Sala advierte que el no cumplir con el pedido de información de fecha 03 y 20 de noviembre de 2020 posee una identidad objetiva diferente que la omisión incurrida ante la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2021, puesto que obedecen a conductas independientes atribuidas a la impugnante, dentro del procedimiento de inspección; lo que supone ser reprochados de manera particular en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Labor Inspectiva La negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 03 de noviembre de 2020 para ser verificada el 17 de noviembre de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,309.00

Labor Inspectiva La negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 20 de noviembre de 2020 para ser verificada el 25 de noviembre de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,309.00

Labor Inspectiva La inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2021. Numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,309.00

Labor Inspectiva

La falta de colaboración, al brindar declaraciones contradictorias en la visita inspectiva de fecha 27 de noviembre de 2020. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE

S/ 6,751.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ ESPINAR-CUSCO S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 110-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 029- 2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 110-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a las sanciones impuestas por las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.6 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ ESPINAR-CUSCO S.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar, la falta de colaboración, al brindar declaraciones contradictorias en la visita inspectiva de fecha 27 de noviembre de 2020; sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por tres infracciones calificadas como “muy graves a la labor inspectiva”, por la negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 03 y 20 de noviembre de 2020, y por la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2021. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 18

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de las infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al inspector, requerida el 03 y 20 de noviembre de 2020, y

18 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

por la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2020, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Presidente