Estacion de Servicios Paso de los Andes S.A.C — Res. 721-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Vacaciones) y Participación en las utilidades (Subgrupo: Pago). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

por no asistir a la comparecencia, así como, no acreditar el cumplimiento total de lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia de fecha 01 de julio de 2019, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida el 05 de julio de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 18,900.00.

i. Respecto a la inasistencia a la comparecencia programada para el 1 de julio de 2019 y al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida el 05 de julio de 2019, la impugnante sostiene que no tuvo conocimiento del inicio de las actuaciones inspectivas, en tanto por esas fechas se encontraba en proceso un cambio en la administración de la empresa. ii. Asimismo, alegan que siempre ha cumplido con el pago de sus obligaciones sociolaborales, por lo que le resulta cuestionable que se le impute una infracción por el supuesto incumplimiento en el pago de la remuneración vacacional. iii. En cuanto a las dos primeras infracciones imputadas, solicita que se reconsidere su aplicación, tomando en cuenta el monto de la multa impuesta, y se evalúe la posibilidad de aplicar una reducción de la misma, toda vez que, según afirma, se encuentra actualmente sin actividad económica debido a diversos problemas de

orden administrativo, situación que se ve agravada por el contexto de inestabilidad económica y política que atraviesa el país. iv. Sostienen que, las actas de infracción y los informes finales no tienen la naturaleza jurídica de resoluciones sancionadoras, conforme a lo dispuesto en la LPAG, ya que constituyen únicamente propuestas de sanción. En ese sentido, enfatiza la necesidad de que se observe el debido procedimiento y se respeten las garantías procesales previstas en la normativa administrativa, a fin de salvaguardar el derecho de defensa.

i. Señalan que, se acreditó que la inspeccionada fue notificada válidamente con un requerimiento de comparecencia para el 01 de julio de 2019 en las instalaciones de la SUNAFIL, el cual fue recibido y firmado por su encargado. Sin embargo, ningún representante acudió a dicha diligencia, configurándose una infracción a la labor inspectiva conforme al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. ii. Posteriormente, el 05 de julio de 2019, también le notificaron con una medida inspectiva de requerimiento, otorgándole un plazo de ocho (08) días hábiles para cumplir con el pago de la remuneración vacacional adeudada a quince (15) trabajadores, advirtiéndose expresamente que su incumplimiento constituiría una infracción pasible de sanción. A pesar de ello, la empresa no cumplió con presentar documentación alguna que acredite dicho pago. iii. Asimismo, se corroboró que las notificaciones fueron correctamente recepcionadas por su apoderado habitual, quien intervino en todas las diligencias en representación de la empresa. En consecuencia, al haber tomado conocimiento de los actos administrativos y no haber cumplido con las exigencias legales, corresponde desestimar sus alegaciones y confirmar la sanción impuesta. iv. De esta forma, se concluye que las infracciones imputadas a la inspeccionada se ajustan al principio de tipicidad y legalidad, dado que se detallaron claramente los hechos sancionables, respetando el debido procedimiento y el derecho de defensa. v. Considera que, la sanción impuesta cumple con el principio de razonabilidad, ya que la multa fue calculada conforme al artículo 38 de la LGIT, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados, careciendo de sustento el pedido de nulidad formulado en el recurso de apelación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de setiembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1527-2022-SUNAFIL/ILM, sustentándolo en los siguientes argumentos:

i. Sostienen que, el supuesto encargado del centro de trabajo que recibió el requerimiento de comparecencia, el señor Barrueta Ricapa, nunca laboró para la inspeccionada; asimismo, que la dirección donde fue notificada no figura como establecimiento anexo de la empresa, conforme se advierte en la ficha RUC. ii. Que, la notificación del referido requerimiento no cumple con los requisitos de validez, así, se evidencian vulneraciones al debido procedimiento lo que acarrea la nulidad de las sanciones impuestas.

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la diligencia de comparecencia

“Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia 70.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 70.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 70.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 70.1.3 Los nombres y apellidos del citado;

Énfasis añadido. “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

Figura N° 01: Extractos del requerimiento de comparecencia

Véase a folios 6 del expediente inspectivo.

Figura N° 02: Extractos de la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación

Véase a folios 7 del expediente inspectivo.

Figura N° 03: Extracto escrito 24 de junio de 2019

“1.14 Que si bien se presentó un escrito fecha 24/06/2019 donde la persona natural del Sr. Luis Gálvez Gutiérrez con DNI 09372536 devuelve la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación y Requerimiento de Comparecencia de fecha 21/06/2019 notificada en Calle San Martín N° 583 Miraflores, señalando que no tenía vínculo con la inspeccionada Estación de Servicios Paso de los Andes SAC, sin embargo en la visita inspectiva del 02/07/2019 en el domicilio fiscal de la inspeccionada ubicado en Carretera Panamericana Norte Km. 36.5 Puente Piedra, la encargada de dicho centro trabajo Sra. Rosa Yarleque Silva declaró que Estación de Servicios Paso de los Andes SAC tenía su Oficina de Recursos Humanos en la Calle San Martín N° 583 Miraflores. Igualmente, en la comparecencia de fecha 05/07/2019 el apoderado de la inspeccionada Estación de Servicios Paso de los Andes SAC Sr. César Augusto Atarama Rojas también señaló que la inspeccionada tenía su Oficina de Recursos Humanos en la Calle San Martín N° 583 Miraflores. Por tal motivo el escrito de fecha 24/06/2019 no justifica la inasistencia de la inspeccionada a la comparecencia de fecha 01/07/2019, por lo que se ha verificado una infracción administrativa sancionable con multa.”

Figura N° 04: Extracto Requerimiento de Comparecencia del 2 de julio de 2019

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos

ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario

cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

“1.8 En la Tercera Comparecencia en la fecha y las horas señaladas, en la sala de Oficina de la SUNAFIL, sito en Av. Salaverry N° 655 2do. Piso, distrito de Jesús María, Lima, Lima, se hizo presente el Sr. César Augusto Atarama Rojas, identificado con DNI N” 068056290, en calidad de Apoderado del sujeto inspeccionado. Dicha persona exhibió los siguientes documentos:

- Cuadro de distribución de utilidades del ejercicio 2018 -Transferencias bancaria vía Scotiabank por pago de utilidades del 05/07/2019

Luego de lo cual terminó la diligencia, no sin antes extender la respectiva constancia de actuación inspectiva.”

Figura N° 05: Extracto escrito del 23 de agosto de 2019

subsanación voluntaria y, en su caso, evaluar la posibilidad de aplicar un criterio de razonabilidad o reducción de sanción conforme a lo establecido en la LGIT.

Figura N° 06

28. En ese sentido, debe puntualizarse que el comportamiento de todos los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo respecto al derecho fundamental a probar de los inspeccionados (y de los terceros con interés) debe ser observado a fin de que las competencias ejercidas por fiscalizadores y órganos del procedimiento sancionador se ejecuten en términos compatibles con el debido procedimiento administrativo. Conforme con la Sentencia citada precedentemente, la evaluación de las pruebas aportadas permite garantizar el respeto del debido procedimiento administrativo. 29. Así, los órganos sancionadores deben verificar si durante la fiscalización laboral, los inspectores de trabajo han considerado los medios de prueba presentados por los inspeccionados, motivando sus propuestas o justificando sus decisiones; siendo así que la motivación en las Actas de Infracción debe contemplar la valoración de los medios de prueba pertinentes que haya aportado el inspeccionado para acreditar la licitud de su comportamiento. (…) 32. En ese sentido, el TUO de la LPAG recoge esta regla probatoria al disponer que la carga de la prueba se rige por el denominado “principio de impulso de oficio”, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde “dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”. A decir de Morón Urbina, “el principio de impulso de oficio impone a la Administración la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento.” (énfasis añadido).

presentados por la impugnante; pese a lo cual se determinó la existencia de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y labor inspectiva, sin que la Sub Intendencia ni la Intendencia respectiva hayan analizado la documentación presentada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido).

- En caso corresponda, el análisis de la documentación presentada por la parte inspeccionada deberá realizarse conforme a los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2024, la cual desarrolla pautas específicas sobre la subsanación voluntaria en el marco del procedimiento sancionador. - Respecto a la infracción consistente en la falta de pago de la remuneración vacacional, es importante invocar la posición mayoritaria adoptada por esta Sala. Al respecto, se advierte que suelen presentarse confusiones entre la conducta consistente en la omisión del pago de la remuneración vacacional y la omisión del otorgamiento del descanso vacacional, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas.

- En efecto, respecto al goce o no otorgamiento del descanso vacacional, debe verificarse que el trabajador(a) haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce, situación que no ha sido determinada en el caso concreto. Por otro lado, el supuesto de no pago del descanso vacacional exige que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional; sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones truncas - En consecuencia, debe precisarse que la conducta infractora contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT está referida al no otorgamiento del descanso vacacional, mientras que la infracción prevista en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT sanciona la falta de pago de la remuneración vacacional, siendo esta última la conducta que ha sido imputada en el presente expediente.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.213 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269. Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1527-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3136-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 885-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 01 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1527-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 885-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 01 de agosto de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3136- 2020-SUNAFIL/ILM, en los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 885-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 01 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Notificar la presente resolución a la ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SÉTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.57 de la presente resolución.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO SINGULAR DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión del colegiado -y por tanto voto conjuntamente con mis colegas en unanimidad respecto de ello- discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria adoptada por esta Sala respecto a la tipificación de la conducta infractora contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Consecuentemente, no suscribo en su totalidad el fundamento 6.46 de la presente Resolución, a pesar de compartir el sentido de la decisión. Sintetizó el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento16. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con el récord vacacional respectivo tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.

4. En el caso concreto, se verificó que la impugnante no cumplió con el pago de vacaciones de los períodos vencidos 2016-2017 y 2017-2018, respecto de quince (15) de sus trabajadores, conforme consta en el considerando 21 de la Resolución de Sub Intendencia N° 885-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 01 de agosto de 2022.

16 Cfr. Gorelli Juan (2014). “Elementos delimitadores del derecho a vacaciones”. Themis (65), p. 61.

5. Es pertinente señalar que para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador tipificado por el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a), haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce (dentro del año siguiente de haber adquirido el derecho).

6. En ese sentido, se advierte de autos que, nos encontramos frente a un descanso vacacional adquirido, el cual debía ser remunerado. Ello, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10, 15 y 22 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, los cuales prevé que:

“Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. (…)

Artículo 15.- La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando.

Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

Artículo 22.- Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.”

7. En ese orden de ideas, discrepo de la posición mayoritaria adoptada por mis colegas vocales en relación al asunto materia de análisis, toda vez que considero que la infracción cometida por el administrado, con relación a la falta de pago de la remuneración vacacional, sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en razón que el derecho a las vacaciones se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el otorgamiento y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. Sin embargo, en el presente caso, observamos que -presuntamente- no se ha cumplido con una de estas condiciones, por tanto, este incumplimiento por parte de la impugnante se subsumiría en el tipo infractor antes mencionado.

8. En dicho orden de ideas, creemos que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho.

9. A mayor abundamiento, cabe hacer notar que, por ejemplo, el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 713 respecto al pago de las vacaciones contempla que: “La remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso”. Así también, el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 establece que: “La remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso (…)” Asimismo, es pertinente mencionar que el artículo 20 del referido decreto indica que: “El empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente”. Todos

estos preceptos manifiestan que el descanso vacacional, tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional), lo cual refuerza nuestra postura.

10. En este orden de ideas, creemos también que cuando los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo N° 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo permitirían que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de las mismas tienen que estar vinculados con el pago remunerativo correspondiente.

11. En virtud de lo expuesto, consideramos que el goce físico del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente del pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto.

12. En consecuencia, si bien coincido con la mayoría en cuanto a declarar la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 885-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, debido a la falta de valoración de los medios probatorios presentados antes de la notificación de la imputación de cargos, considero que, de verificarse —tras la evaluación de dicha documentación— que la conducta infractora persiste, esto es, la falta de pago de la remuneración vacacional, dicha infracción se encuentra correctamente tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250618VLFR - HR 117073-2023