Estacion de Servicios Paso de los Andes S.A.C — Res. 1139-2022

Mediante Orden de Inspección N° 14806-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3616-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por incumplir con el pago, goce e indemnización de las vacaciones; así como por una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento de fecha 01 de octubre de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 983-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 03 de setiembre de 2020, notificada el 15 de octubre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1160-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 30 de noviembre de 2020 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 68-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 25 de enero de 2021, notificada el 28 de enero de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,900.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de febrero de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 68-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 123-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 26 de enero de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 07 de febrero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 123- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-001000-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 22 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho,

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 123-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 18,900.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 31 de enero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C.

Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, establece que, en casos de trabajo discontinuo o de temporada cuya duración fuere inferior a un año y menor a un mes, el trabajador percibirá un dozavo de la remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará por treintavos; en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce vacacional.

El artículo 22 de la misma norma, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa, tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

De los actuados, se verifica que a la impugnante se le imputa no haber cumplido con el pago de vacaciones y goce vacacional del periodo vencido 2017/2018, así como el pago de la indemnización vacacional por el no goce de vacaciones a favor de los trabajadores Jesús Ángel Aramburu Zavaleta y Darwin Moreto Domínguez; asimismo, por no acreditar el goce de las vacaciones por el periodo antes señalado o, de ser el caso, la indemnización vacacional a favor de los trabajadores Erliss Cruz Córdova y César Augusto Ríos Moreto.

Sobre el particular, se evidencia del sexto hecho constatado del acta de infracción que la inspectora comisionada verificó que, en consideración a las fechas de ingreso de los trabajadores antes referidos, se encontraba cumplido el periodo de goce y pago del derecho vacacional, obligación que la impugnante no cumplió. En tal sentido, se evidencia que, la impugnante no cumplió con hacer efectivo el goce y pago del descanso vacacional de los trabajadores afectados. Por lo tanto, se encuentra plenamente acreditado, que la impugnante ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto al extremo alegado por la impugnante, referente a que los señores Aramburu Zavaleta Jesús Ángel y Moreto Domínguez Darwin, no tenían el plazo vencido para otorgar el descanso vacacional, advertimos que, de la verificación del Acta de Infracción se encuentra que, respecto a los referidos trabajadores, la comisionada verificó que la impugnante presente “comprobantes de caja por pago vacacional 2017-2018”; sin embargo, no acreditó el goce oportuno. Así, de los documentos adjuntos en el expediente inspectivo, se verifica que la impugnante presentó un “comprobante de caja” de fecha 02 de mayo de 2019, consignando el pago al señor Aramburu, correspondiente al pago de vacaciones del periodo 2017-2018; sin embargo, no se advierte documento alguno, en el expediente inspectivo ni en el sancionador, que acredite el goce efectivo y oportuno de la misma. Asimismo, respecto al señor Moreto, adjunta el “comprobante de caja” de fecha 31 de enero de 2018, por medio del cual señala haber efectuado el pago de las vacaciones del periodo 2017-2018; sin embargo, no se advierte documento alguno que permita acreditar el goce del mismo. Inclusive, de las boletas de pago no se evidencia dicha información. Por lo tanto, habiendo sido requerido acreditar el goce oportuno de las vacaciones, respecto de dichos trabajadores, se advierte que la impugnante no cumplió con el mismo. En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Respecto al extremo alegado por la impugnante, referente a que existe un error en la imputación efectuada respecto a los trabajadores Cruz Córdova Erliss y Ríos Moreto César Augusto, toda vez que la inspectora solo imputa no haber efectuado el pago, más no el goce, debemos precisar que, revisado el sexto hecho constatado del Acta de Infracción, se advierte que, la inspectora comisionada señaló: “(…) no ha cumplido con acreditar conforme a ley, con el pago/goce vacacional del periodo vencido 2017/2018; así mismo, no acredita el pago por indemnización por no goce oportuno de vacaciones respecto de los trabajadores indicados”. En ese entendido, no resulta cierto lo señalado por la impugnante, respecto a que lo solicitado solo fue el pago de dicho beneficio. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

La impugnante alega que resulta arbitraria la infracción impuesta, toda vez que cumplió con su deber de colaboración. Sobre el particular, el artículo 14 de la LGIT, establece: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)” (énfasis añadido).

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los

De los actuados, se observa que, en el sétimo hecho constatado del Acta de Infracción, la inspectora comisionada señaló que la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 01 de octubre de 2019, por medio de la cual se otorgó el plazo máximo de tres (03) días hábiles para acreditar el pago de vacaciones e indemnización por no goce oportuno, a pesar que en la referida medida, se consignó que su incumplimiento, constituiría una infracción muy grave a la labor inspectiva.

Entonces, se constata, de la revisión de los actuados, que la inspectora realizó un correcto análisis de los medios probatorios presentados por la impugnante, pues previamente a dictar la medida inspectiva de requerimiento, verificó el incumplimiento de la normativa sociolaboral.

Asimismo, se aprecia que la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, se produjo al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. Por lo que, al no tenerse por cumplido lo requerido, la impugnante ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la multa impuesta en este extremo.

Respecto a la notificación indebida de la imputación de cargos, alegada por la impugnante, debemos señalar que, a folio 11 del expediente sancionador, se verifica que la impugnante efectuó su descargo a la imputación de cargos, pronunciándose sobre el contenido de fondo de la imputación y del Acta de Infracción. Asimismo, respecto a la notificación del Informe Final de Instrucción, de los fundamentos 3.4 y 3.5 de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones efectuó el análisis de dicho alegato, desvirtuando los mismos, argumentos con los que esta Sala coincide. Asimismo, es oportuno señalar que, la impugnante no ha presentado algún medio de prueba que permita acreditar su alegato. En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.