Escuela Superior de Salud Complejo Hospitalario San Pablo Sociedad… — Res. 850-2026

Mediante Orden de Inspección N° 6498-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 11571- 2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2369-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, notificada el 20 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2960-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, notificado el 19 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 846-2023- SUNAFIL/ILM/SISA2, notificada el 06 de marzo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 846-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1288-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, notificada el 22 de mayo de 2023, la Sub Intendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Con fecha 08 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1288-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Mediante Resolución de Intendencia N° 934-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 17 de julio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, tras evaluar los argumentos expuestos, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 07 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 934- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, el mismo que fue recibido el 12 de abril de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo3 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que, la ESCUELA SUPERIOR DE SALUD COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 934-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 18 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la ESCUELA SUPERIOR DE SALUD COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

La impugnante alega que se ha vulnerado el Principio del Debido Procedimiento, ya que la instancia de apelaciones no se pronunció sobre la posibilidad de sancionar en una segunda oportunidad por la falta de remisión de información y documentación, cuando, según sostiene, con el primer incumplimiento ya se habría frustrado la labor inspectiva. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución– se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC señaló que, no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a lo expuesto, y atendiendo a la claridad de los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional, así como a lo dispuesto en el TUO de la LPAG respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, esta Sala advierte, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la resolución impugnada han valorado la argumentación y los medios probatorios presentados por la impugnante, evidenciándose el cumplimiento de las garantías del debido procedimiento, en particular, del derecho de defensa, del derecho a la prueba y de la debida motivación de los actos administrativos.

Asimismo, el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG establece que: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. Dicha motivación debe ser expresa, con una exposición concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, así como de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a esos hechos, justifiquen el acto adoptado, conforme lo dispone el artículo 6° del citado cuerpo normativo. Asimismo,

Debe señalarse que, conforme al cuarto fundamento jurídico de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 08 de febrero de 2022, recaída en el expediente N° 00349-2021-PA/TC, toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos esenciales para satisfacer el deber de motivación. Estos criterios, por su naturaleza garantista, son plenamente aplicables al ámbito administrativo, y deben ser considerados en el análisis del presente expediente. Los requisitos son los siguientes: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que los cuatro elementos exigidos para el cumplimiento del deber de motivación se encuentran debidamente presentes. La argumentación de las resoluciones resulta clara, completa y directamente vinculada a los hechos constatados y al marco normativo aplicable, garantizando de manera efectiva los derechos de defensa de la impugnante. En tal sentido, se concluye que, tanto desde una perspectiva formal como material, el debido procedimiento ha sido respetado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Por lo expuesto, los argumentos presentados por la impugnante deben ser desestimados, al no advertirse afectación alguna al deber de motivación ni al debido procedimiento, ni a los principios invocados en los términos alegados. Esta Sala ha verificado que las resoluciones de las instancias de mérito cumplen con todos los elementos exigidos para la debida motivación –coherencia interna, justificación de las premisas externas, suficiencia y congruencia– en estricta observancia de los artículos 3° y 5° del TUO de la LPAG, así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, desde una perspectiva formal y material, se concluye que el procedimiento sancionador ha respetado las garantías del debido procedimiento exigidas por el TUO de la LPAG, no correspondiendo amparar este extremo del recurso.

Sobre el particular, corresponde invocar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020- TR, norma que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, publicado en el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020. Esta norma, de carácter imperativo, establece un régimen obligatorio de notificación electrónica, cuyas disposiciones han sido validadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como por la Presidencia del Consejo de Ministros, en concordancia con las reglas del TUO de la LPAG.

En efecto, debe recordarse que el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG establece que las entidades pueden asignar al administrado una casilla electrónica para notificarle actuaciones diversas, “siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado” y que, con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta exigencia se encuentra plenamente satisfecha en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, conforme se señala expresamente en el quinto considerando de dicha norma, que constituye el marco legal especial en materia inspectiva de la SUNAFIL.

Cabe señalar que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha resuelto diversos recursos de revisión en los que se han planteado cuestionamientos respecto a la validez de las notificaciones efectuadas a través de la casilla electrónica. En ese contexto, el Tribunal ha tenido la oportunidad de analizar y pronunciarse sobre la aplicación sistemática del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que regula el uso obligatorio de dicho medio electrónico, identificando al menos seis reglas fundamentales que rigen la notificación electrónica en el marco de los procedimientos administrativos seguidos por la SUNAFIL:

Resulta igualmente relevante, para el análisis de la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, considerar que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR dispuso, en su Primera Disposición Complementaria Final, un cronograma de implementación progresiva, el cual fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL y posteriormente modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL. Es importante resaltar que la propia SUNAFIL ha desplegado esfuerzos orientados a la adecuada difusión de esta obligación, lo cual se refleja, por ejemplo, en la elaboración y publicación de materiales instructivos desde julio de 20208, difundidos a través de

En este extremo, resulta pertinente destacar que el artículo 51° de la Constitución Política del Perú reconoce el Principio de Publicidad, al declarar su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Este principio que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico, ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia emitida el 28 de mayo de 2020 recaída en el expediente N° 0001- 2017-PI/TC, el cual ha afirmado que, dicho principio posee una “naturaleza esencial” para la existencia misma de “todo Estado constitucional de derecho” (fundamento jurídico 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático- constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (fundamento jurídico 49).

De igual forma, debe destacarse que el Tribunal Constitucional ha manifestado en la Sentencia emitida el 01 de julio de 2021, recaída en el expediente N° 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

Por otra parte, en la Sentencia emitida el 22 de junio de 2011, recaída en el expediente N° 02098-2010-PA/TC, relativa al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

En atención a lo expuesto, esta Sala concluye que las notificaciones realizadas mediante casilla electrónica se efectuaron conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 003- 2020-TR y su normativa complementaria, así como en el artículo 25° del TUO de la LPAG. Dicho mecanismo constituye un medio obligatorio, legalmente habilitado, razonablemente implementado y debidamente publicitado, garantizando que la impugnante tuviera pleno conocimiento de los actos notificados. En tal sentido, se constata que no existió afectación alguna al derecho de defensa ni al debido

El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Buena Fe Procedimental, establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

De conformidad con el artículo 1° de la LGIT, las actuaciones inspectivas constituyen diligencias que la Inspección del Trabajo realiza de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y adoptar, de ser necesario, las medidas inspectivas que correspondan para asegurar dicho cumplimiento. Asimismo, la LGIT define la función inspectiva como: “La actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En tal sentido, el comportamiento del personal inspectivo debe estar orientado al cumplimiento de las funciones que establece la LGIT y su reglamento, procurando siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del Principio de Razonabilidad10.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 5° de la LGIT, en el ejercicio de sus funciones, los inspectores de trabajo debidamente acreditados se encuentran investidos de autoridad y facultados para llevar a cabo cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”. Esta disposición reafirma el deber de colaboración activa por parte de los sujetos inspeccionados, como condición necesaria para el correcto desempeño de la función inspectiva.

En ese sentido, el artículo 9° de la LGIT, dispone que: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, se entiende que los empleadores tienen la obligación ineludible de colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, contribuyendo a que estas se realicen de forma eficaz y conforme a su finalidad esencial: la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11° de la LGIT dispone que: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36° de la LGIT establece que el comportamiento subsumible dentro de la infracción a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

En línea con ello, el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT está dirigido a sancionar la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes a facilitar la información y documentación requerida. No se trata, por tanto, de sancionar una simple omisión o demora, sino de reprochar la falta de atención del requerimiento

En ese contexto, corresponde analizar la observancia del Principio de Tipicidad11. Al respecto, la doctrina recuerda que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

Es preciso señalar que, del análisis de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, se desprende que la responsabilidad administrativa no se limita únicamente a conductas dolosas. En virtud del Principio de Culpabilidad, también se consideran factores subjetivos de responsabilidad como negligencia o la falta de diligencia en el cumplimiento de los deberes exigidos al administrado.

En el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo se advierte que:

Estando a ello, en aplicación al Principio de Verdad Material amparado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG13, esta Sala ha procedido a verificar, a través del aplicativo “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que la impugnante ya había realizado su primer acceso a la casilla electrónica con anterioridad a la notificación de los requerimientos de información.

En efecto, se ha constatado que su primer acceso se efectuó el 12 de junio de 2020, a las 18:03:29 horas; asimismo, se advierte que los datos de contacto fueron incorporados al sistema el 13 de junio de 2020. En ese sentido, a la fecha de las notificaciones materia de análisis, se encontraba vigente el contacto registrado el 13 de junio de 2020 a las 11:32 horas, el cual permanece inactivo desde el 13 de mayo de 2021.

Asimismo, se advierte que los requerimientos de información fueron debidamente acompañados de las alertas electrónicas enviadas al correo electrónico registrado en el sistema de casilla electrónica14, conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

En tal sentido, considerando la vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la impugnante se encontraba obligada a revisar periódicamente su casilla electrónica. En consecuencia, al haberse verificado dicho acceso previo y la remisión de las alertas correspondientes –particularmente a los correos electrónicos registrados15– se concluye que las notificaciones dirigidas al sujeto inspeccionado, ahora la impugnante, fueron válidamente realizadas, cumpliéndose además con los requisitos legales establecidos.

En consecuencia, de lo actuado se advierte que las conductas desplegadas por la parte impugnante configuran la negativa a cumplir con los requerimientos de información que le fueron válidamente notificados. Cabe precisar que recae sobre los sujetos inspeccionados la responsabilidad de observar y cumplir de manera íntegra con su deber de colaboración, lo que en el presente caso implicaba remitir la documentación e información solicitada dentro del plazo otorgado por el personal inspectivo.

Por lo tanto, la omisión en la remisión de la información y documentación exigidas constituye infracción a la labor inspectiva, tipificada de manera independiente en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Resulta relevante enfatizar que ambos requerimientos de información, debidamente notificados a la parte impugnante, advertían expresamente que la negativa a proporcionar la información y/o documentación solicitada configuraba infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. De esta forma, la impugnante tenía pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de dicha obligación por cada uno de ellos.

En ese contexto, y considerando que la impugnante no cumplió con remitir la información y documentación solicitada mediante los requerimientos de información notificados con fechas 04 y 10 de marzo de 2021, respectivamente, lo cual impidió continuar con la

De manera concordante con lo expuesto, corresponde invocar los criterios expuestos en los fundamentos 25, 26, 27 y 28 de la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, en los cuales se desarrollan precisiones con relación al deber de colaboración con la labor inspectiva, criterios que resultan aplicables al presente caso en tanto permiten reforzar la valoración de la conducta imputada en el marco de las actuaciones inspectivas, en los términos siguientes:

En mérito a lo expuesto, esta Sala concluye que la parte impugnante resulta responsable administrativamente por las dos infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, en tanto se negó injustificadamente a dar cumplimiento a los requerimientos de información formulados en el marco de las actuaciones inspectivas, correspondiendo la imposición de la multa por cada incumplimiento.

Cabe recordar que la LGIT y su reglamento califican como infracción muy grave y de naturaleza insubsanable la conducta consistente en la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Este tipo infractor busca garantizar la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la ley confiere. En ese sentido, las conductas atribuidas a la parte impugnante comprometieron directamente el cumplimiento de los fines públicos en materia sociolaboral, generando un menoscabo al ejercicio legítimo de la potestad inspectiva de la SUNAFIL, razón por la cual resulta jurídicamente imputable y sancionable en los términos verificados.

Con relación a lo alegado por la impugnante respecto a que no se habrían remitido las alertas asociadas a las notificaciones efectuadas mediante casilla electrónica, vulnerándose con ello los principios de legalidad y debido procedimiento, corresponde señalar que dicho argumento carece de sustento, toda vez que, conforme se observa de las Figuras N° 08 y 09, se ha demostrado que se remitieron las alertas al correo electrónico registrado por la propia impugnante como dato de contacto en el sistema de casilla electrónica. Asimismo, conforme se ha desarrollado en los puntos precedentes de la presente resolución, dicho medio de contacto se encontraba activo al momento de efectuarse las notificaciones de los requerimientos de información de fechas 04 y 10 de marzo de 2021, quedando desvirtuada la afirmación de que no se efectuó la remisión de las alertas correspondientes.

Asimismo, respecto al cuestionamiento referido a que las alertas remitidas no consignaban la Orden de Inspección N° 27121-2019-SUNAFIL/ILM, debe señalarse que dicho argumento tampoco resulta amparable. Pues, conforme se aprecia en las Figuras N° 08 y 09, las alertas remitidas sí consignan el número de la Orden de Inspección vinculada al presente procedimiento, esta es, la Orden de Inspección N° 6498-2021- SUNAFIL/ILM. Así, queda demostrado que, el número de orden de inspección invocado por la impugnante no guarda correspondencia con el presente expediente ni con las actuaciones inspectivas que dieron origen al procedimiento sancionador materia de análisis. En consecuencia, se advierte que el cuestionamiento formulado se sustenta en

En esa misma línea, en cuanto a la invocación de la Resolución N° 128-2022-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, mediante la cual la impugnante sostiene que se habrían vulnerado los principios de predictibilidad y confianza legítima al no habérsele proporcionado información completa y suficiente, debe señalarse que conforme se ha acreditado en los fundamentos precedentes, la Administración notificó los requerimientos de información a través de la casilla electrónica de la impugnante y remitió las respectivas alertas al correo electrónico registrado por esta como medio de contacto. Asimismo, en las referidas alertas se consignó el número de la Orden de Inspección. Por ende, no se advierte que la información proporcionada haya resultado insuficiente, incompleta o contradictoria, ni que hubiera generado incertidumbre respecto de las actuaciones inspectivas desarrolladas. Sin perjuicio de ello, debemos señalar en principio que la referida resolución resuelve un caso particular, no constituyendo precedente de observancia obligatoria (énfasis añadido).

En atención a la vulneración del principio de razonabilidad, corresponde señalar que dicho principio exige que las decisiones administrativas se adopten dentro de los límites de la potestad sancionadora, guardando proporción entre los medios empleados y los fines públicos que se persiguen. Dicho principio se encuentra consagrado en el numeral 3 del artículo 230° del TUO de la LPAG16, y tiene como finalidad limitar la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora. Según la doctrina, este principio establece parámetros cualitativos que buscan garantizar que toda norma que regule infracciones y sanciones administrativas se ajuste, en la medida de lo posible, a criterios objetivos, minimizando así el riesgo del denominado “exceso de punición” y restringiendo al máximo la discrecionalidad arbitraria de la Administración Pública17. Dichos criterios deben evidenciarse de manera clara y fundamentada, reflejando

En ese entendido, la impugnante alega que no resultaría jurídicamente posible sancionar el incumplimiento de un segundo requerimiento de información debido a que, según sostiene, la labor inspectiva ya habría quedado frustrada con ocasión del primer incumplimiento; al respecto, corresponde señalar que dicho argumento parte de una interpretación errónea del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Cabe señalar que la configuración de la infracción prevista en el citado dispositivo no impide que durante el desarrollo de una misma actuación inspectiva, el personal inspectivo formule más de un requerimiento de información. El hecho de que el primer incumplimiento hubiera afectado el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas no eximía a la impugnante de atender el requerimiento posterior ni impedía al personal inspectivo continuar desplegando actuaciones orientadas a obtener la información necesaria para el cumplimiento de la orden de inspección. Sostener lo contrario implicaría admitir que, una vez producido un primer incumplimiento, el sujeto inspeccionado quedaría liberado de toda obligación posterior de colaboración, conclusión que resulta incompatible con las finalidades del Sistema de Inspección del Trabajo.

Por consiguiente, al tratarse de requerimientos distintos, válidamente notificados e incumplidos de manera independiente por la impugnante, no se advierte vulneración a los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, correspondiendo desestimar este extremo del recurso.

En esa misma línea, corresponde señalar que, no resulta atendible la invocación del precedente administrativo de observancia obligatorio establecida a través de la efectuado un adecuado análisis de los principios de tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad respecto de las infracciones sancionadas. En efecto, dicho pronunciamiento desarrolla los criterios para distinguir la aplicación de los tipos infractores previstos en los numerales 45.2 del artículo 45 y 46.3 del artículo 46 del RLGIT, precisando que la primera tipificación corresponde a aquellos supuestos en los que la fiscalización puede continuar desplegando sus funciones pese a la conducta del sujeto inspeccionado que perturba o retrasa la investigación; mientras que la segunda resulta aplicable cuando la conducta del inspeccionado impide el desarrollo de la labor inspectiva y frustra la finalidad de la fiscalización. En el presente caso, se encuentra acreditado que la impugnante incumplió los requerimientos de información de fechas 04 y 10 de marzo de 2021, impidiendo al personal inspectivo acceder a la información y documentación necesarias para verificar las materias objeto de inspección.

Bajo ese contexto, corresponde señalar que el incumplimiento del primer requerimiento de información constituyó una afectación concreta al ejercicio de las facultades de investigación atribuidas al personal inspectivo, al impedirle acceder oportunamente a la documentación necesaria para verificar los hechos materia de inspección. No obstante, ello y con la finalidad de agotar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, el inspector comisionado emitió un segundo requerimiento de información, otorgando a la inspeccionada una nueva oportunidad para cumplir con su deber de colaboración en el marco de las actuaciones inspectivas.

Sin embargo, pese a dicha actuación, la impugnante persistió en su conducta omisiva y tampoco atendió el segundo requerimiento formulado, manteniendo la situación de imposibilidad de acceso a la información requerida. En ese sentido, la conducta verificada no se limita a una simple perturbación o retraso de las actuaciones inspectivas, sino que produjo una afectación sustancial a la labor de fiscalización, en tanto privó al personal inspectivo de los elementos indispensables para efectuar las comprobaciones necesarias respecto de las materias objeto de investigación.

En ese sentido, conforme a los diferentes criterios desarrollados por esta Sala, cuando la conducta del sujeto inspeccionado impide a la autoridad inspectiva acceder a la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y, por ende, imposibilita alcanzar la finalidad de la actuación inspectiva, corresponde considerar que nos encontramos ante un supuesto de frustración de la labor inspectiva. Precisamente, la emisión de un segundo requerimiento evidencia que la autoridad inspectiva desplegó actuaciones adicionales orientadas a obtener la información necesaria; sin embargo, la persistencia del incumplimiento por parte de la inspeccionada imposibilitó la continuación eficaz de la investigación y la verificación de los hechos denunciados.

Por consiguiente, la falta de remisión de la información y documentación solicitadas imposibilitó la verificación de las materias comprendidas en la orden de inspección, frustrando la finalidad de las actuaciones inspectivas, conforme se desprende del numeral 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción. Por ello, corresponde concluir que los hechos materia de análisis se subsumen válidamente en el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, careciendo de sustento lo alegado por la impugnante en este extremo.

Por otro lado, la impugnante sostiene que, ante el incumplimiento del primer requerimiento de información, el personal inspectivo debió emplear otras medidas de investigación antes de emitir un nuevo requerimiento. Al respecto, corresponde señalar que la recurrente se limita a formular una afirmación genérica, sin identificar de manera concreta cuáles habrían sido las actuaciones inspectivas adicionales que, a su juicio, debieron ser realizadas por el inspector comisionado, ni sustenta de qué forma dichas actuaciones hubieran permitido obtener la información y documentación expresamente requerida; en consecuencia, no aporta elementos objetivos que permitan concluir que la autoridad inspectiva incurrió en una actuación insuficiente o contraria al marco normativo que regula el ejercicio de la función inspectiva.

Del mismo modo, debe considerarse que la información requerida por el inspector actuante se encontraba bajo la esfera de dominio, custodia y disponibilidad de la propia inspeccionada, siendo esta la única que se encontraba en posibilidad de proporcionarla oportunamente. En ese sentido, no resulta razonable trasladar a la autoridad

En esa línea, la emisión de un segundo requerimiento de información evidencia, precisamente, que el personal inspectivo desplegó actuaciones adicionales orientadas a posibilitar el cumplimiento de las obligaciones de colaboración de la inspeccionada y a obtener los elementos necesarios para la verificación de las materias objeto de investigación. Sin embargo, pese a contar con una nueva oportunidad para atender lo solicitado, la impugnante persistió en su conducta omisiva, impidiendo que la autoridad inspectiva accediera a la información indispensable para el desarrollo de sus funciones.

De otro lado, corresponde precisar que los requerimientos de información fueron notificados a través de la casilla electrónica asignada a la inspeccionada, mecanismo que constituye un medio válido y eficaz de notificación conforme al marco normativo vigente. Por ello, la recurrente se encontraba obligada a revisar periódicamente dicha casilla a efectos de tomar conocimiento de los actos administrativos y documentos que le fueran notificados por dicho medio, no pudiendo alegar válidamente su propia falta de diligencia para eximirse de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones que le fueron oportunamente comunicadas.

Por tanto, esta Sala concluye que la conducta omisiva de la impugnante no puede ser atribuida a una supuesta insuficiencia de las actuaciones desplegadas por el personal inspectivo, sino al incumplimiento de su deber de colaboración durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas. En tal sentido, corresponde desestimar el alegato formulado por la recurrente. Cabe reiterar, que el uso obligatorio de la casilla electrónica fue implementado y difundido conforme al marco normativo vigente (Decreto Supremo N° 003-2020-TR), en observancia del principio de publicidad, el cual garantiza que los administrados puedan conocer oportunamente las disposiciones y mecanismos establecidos por la Administración. Por lo que, la impugnante no puede alegar el desconocimiento de las notificaciones efectuadas ni pretender que la autoridad inspectiva despliegue actuaciones adicionales destinadas a suplir el incumplimiento de su deber de colaboración y diligencia dentro del procedimiento inspectivo, máxime, si en la presente resolución, se ha cumplido con demostrar que las notificaciones efectuadas fueron remitidas al contacto registrado en la casilla electrónica de la inspeccionada.

Respecto al alegato del impugnante referido a que el personal inspectivo no puede emitir requerimientos de información de manera indefinida dentro de un mismo procedimiento inspectivo y que la ausencia de un límite normativo expreso no supone la existencia de una facultad discrecional irrestricta, corresponde señalar que dicho cuestionamiento parte de una premisa que no se verifica en el presente caso. En efecto, de la revisión integral del expediente inspectivo, esta Sala advierte que el inspector comisionado únicamente emitió dos requerimientos de información durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación, ambos directamente vinculados con la necesidad de obtener la documentación e información indispensable para verificar las materias objeto de fiscalización. Del mismo modo, conforme ya se ha señalado en párrafos precedentes, se aprecia que el segundo requerimiento fue emitido como consecuencia del incumplimiento del primero, constituyendo una actuación razonable y orientada a posibilitar el cumplimiento del deber de colaboración por parte de la

Bajo dicha premisa, no se advierte que la autoridad inspectiva haya efectuado requerimientos sucesivos, reiterativos o injustificados que permitan sostener la existencia de un ejercicio arbitrario o desproporcionado de sus facultades de investigación. Por el contrario, las actuaciones desplegadas guardan plena correspondencia con la finalidad constitucional y legalmente atribuida al Sistema de Inspección del Trabajo, consistente en verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales mediante la obtención de la información necesaria para tal efecto.

Finalmente, corresponde precisar que las facultades conferidas al personal inspectivo deben ser ejercidas conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; sin embargo, ello no implica que la emisión de un nuevo requerimiento, frente al incumplimiento de uno previamente notificado, constituya por sí misma una actuación excesiva o contraria al ordenamiento jurídico. Antes bien, dicha actuación evidencia que la autoridad inspectiva procuró obtener la información requerida mediante mecanismos menos gravosos antes de concluir respecto de la configuración de una infracción a la labor inspectiva.

En consecuencia, al haberse verificado que durante las actuaciones inspectivas únicamente se emitieron dos requerimientos de información, ambos pertinentes, necesarios y vinculados al objeto de la investigación, esta Sala no advierte elemento alguno que permita concluir que el personal inspectivo ejerció una facultad ilimitada, irrazonable o arbitraria. Por el contrario, las actuaciones desplegadas se enmarcaron en las atribuciones legalmente conferidas y resultaron idóneas para el cumplimiento de los fines de la inspección del trabajo, razón por la cual corresponde desestimar los alegatos de la impugnante en todos sus extremos, y confirmar la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia y confirmada por la autoridad venida en grado.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la intendencia respectiva.