Escuela Internacional de Gerencia- International High School OF… — Res. 459-2024

Mediante Orden de Inspección N° 15414-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4244-2018- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no registrar en la planilla electrónica a seis (06) trabajadores afectados, dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, por no inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud y pensiones, así como por una (01)

Mediante Imputación de Cargos N° 934-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 31 de agosto de 2020, notificada a la impugnante el 16 de febrero de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 989-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 30 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1198-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 11 de noviembre de 2021, notificada a la impugnante el 15 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 177,412.50, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación6 contra la Resolución de Sub Intendencia Nº 1198-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 773-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de mayo de 20227, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto; por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 31 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 773- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM--003444-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 02 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299818, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299819, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo10 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR11, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR12 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”13.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA- INTERNATIONAL HIGH SCHOOL OF MANAGEMENT EIGER, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 773-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 177,412.50, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT; y, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA- INTERNATIONAL HIGH SCHOOL OF MANAGEMENT EIGER

La impugnante cuestiona la conclusión a la que llega el inspector comisionado referente a la naturaleza del vínculo de los señores Edgar Percy León Vélez, Luis Alberto Montenegro Rodríguez, José Luis Otero Espinoza, Hugo Fernando Román Ruiz, Genaro Torres Guerrero y Elsa Haydee Pajuelo Chávez de Celedita (en adelante, los trabajadores), cuestionando la valoración de los medios probatorios aportados y generados en el procedimiento inspectivo.

Sobre el particular, el artículo 4 del TUO de la LPCL, establece que “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

De lo expuesto, se colige que existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

Por su lado, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil, como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga sin estar subordinados al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo anterior, se advierte que el elemento esencial diferenciador entre uno y otro contrato es la subordinación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012, recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, señala lo siguiente:

De esta manera, para el presente caso, a efectos de establecer la infracción que se le imputa a la impugnante, resulta esencial determinar si existió una relación de naturaleza laboral entre las partes, encubierta mediante un contrato civil. Para ello, es necesario verificar si en los hechos se presentó evidencia de sujeción del prestador de servicios al poder de dirección de su contraparte contractual en aplicación del principio de primacía de la realidad15, el cual establece que, ante discrepancia entre la documentación formal y lo realmente constatado, se privilegiará esta última para la verificación del cumplimiento de obligaciones laborales por parte del empleador.

En el caso en particular, se verifica que los trabajadores prestaban servicios, bajo la figura de locación de servicios, mediante el pago con recibos por honorarios, conforme lo constatado en el Acta de infracción en los numerales 4.20 y 4.21, se advierte los siguientes:

Al respecto, como lo ha establecido el inspector comisionado, en el numeral 4.3 del Acta de Infracción, la impugnante se dedica a “(…) reconocida por el Ministerio de Educación, con sedes descentralizadas a nivel nacional que funcionan como Centros de Educación Técnico Productivo- CETPRO (…) siendo sus fines, conforme a la escritura pública del 15/07/2000 inscrita en la partida registral Nº 03000294 (…) a) Promover actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas, sociales y cualquier otra relacionada con el saber humano y ayuda social, b) Promover la creación de centros educativos de cualquier nivel o modalidad en Lima, provincias y el extranjero(…)”.

En ese sentido, resulta importante acoger el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional y recogido por las instancias anteriores, por lo que, atendiendo a ello, esta Sala concuerda con el mismo, al considerar que al ser la actividad principal de la impugnante, la actividad desempeñada por los trabajadores: MONTENEGRO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO y TORRES GUERRERO GENERO, se deduce que ésta debe contar de manera

Asimismo, respecto a la subordinación, como elemento de la relación laboral, debemos señalar que dicho elemento también se encontraba acreditado, dado que las funciones realizadas por los trabajadores, se encontraban relacionadas directamente con la actividad principal de la impugnante y como ella misma alega a la actividad complementaria a efectos de poder cumplir con los requerimientos del MINEDU. Además, en el caso del señor Otero Espinoza Jose Luis, tenía como jefe al Gerente de sede y cumplía un horario de ocho horas diarias; asimismo Torres Guerrero Genero tenía como Jefe al Gerente de Sede y cumplía un horario itinerante y, Roman Ruiz Hugo Fernando, tenía como jefe inmediato al jefe de Recursos Humanos y contaba con un horario itinerante; lo que evidencia la subordinación de estos, conforme se observa del documento denominado “FORMATO: RELACION DE LOCADORES ENERO 2018 A AGOSTO DE 2018” que cuenta con la rúbrica del director general de la inspeccionada. Por lo que, los alegatos dirigidos a cuestionar la existencia de subordinación en este extremo deben ser desestimados.

Asimismo, se aprecia que, respecto a este elemento de subordinación, la inspección del trabajo ha desarrollado en sus numerales 4.21 al 4.38, que ha sido acogido por la resolución de primera y segunda instancia, lo siguiente:

Por tanto, en el ejercicio de sus funciones, se verifica que la comisionada ha recabado y actuado los medios probatorios necesarios para acreditar las imputaciones efectuadas, motivo por el cual se evidencia que ha cumplido con la carga probatoria necesaria y suficiente para respaldar sus actuaciones e imputaciones.

Respecto a la remuneración, de acuerdo a lo desarrollado en los elementos precedentes, se ha acreditado que los trabajadores prestaban servicios personales en la impugnante, bajo una relación de dependencia, lo que conlleva al pago de la remuneración respectiva, en ese sentido se ha verificado que a los trabajadores se les abonaba de manera semanal las remuneraciones, conforme a los recibos por honorarios emitidos por los trabajadores que corrobora el abono continuo de manera semanal, lo que está acreditado con los recibos por honorarios y documentos presentados en el expediente inspectivo como el formato de relación de locadores.

En esa línea, el principio de primacía de la realidad, principio fundamental que, en caso de desajustes entre los hechos y las formas, da preferencia a lo primero. En aplicación de ello, el hecho de llamarse locación de servicios a un contrato de trabajo propiamente dicho no altera su esencia y, por lo tanto, se origina una serie de obligaciones por parte del empleador.

Por ello, si una persona que ha sido contratada indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, siendo su calidad jurídica la de trabajador subordinado, le incumbe todos los beneficios que le hubiere correspondido en esa calidad.

Debe tenerse presente que el numeral 1 del artículo 3 de la LGIT establece que le corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función inspectiva, señalándose entre las finalidades de la inspección del trabajo, la de “… vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, complementarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral (…) entre otras, de las normas en materia de relaciones laborales individuales".

En tal sentido, se advierte que tanto el personal inspectivo, así como la autoridad instructora y sancionadora advirtieron la concurrencia de los tres elementos del contrato de trabajo, a través de indicios de laboralidad, los cuales se encuentran debidamente sustentados en hechos fácticos descritos en el punto III de los hechos verificados en el Acta de Infracción, por lo que deviene en innecesario analizar aquellos rasgos que no han sido mencionados en este procedimiento para determinar relación laboral encubierta en el caso de los trabajadores afectados. Siendo que el Plan de Estudios que alega en su recurso de revisión, no desvirtúa tampoco la configuración de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. En consecuencia, se deben desestimar los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo.

Asimismo, debe indicarse que, el alegato referido a cuestionar el cumplimiento de un horario de trabajo, no reviste de mayor relevancia, ya que, este es un elemento atípico del contrato de trabajo y no un elemento esencial, ya que esto último está compuesto por la subordinación, remuneración y prestación personal de servicios, los cuales han sido, debidamente, determinados por las instancias previas. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

En tal sentido, atendiendo a lo prescrito en el Decreto Supremo N° 015-2010-TR, que modificó el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, la impugnante se encontraba en la obligación de registrar a los trabajadores en la planilla electrónica como trabajadores. Por lo que, al no haber efectuado dicho registro, ha quedado acreditada la infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se extienden dichos efectos a las infracciones imputadas, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, sobre inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, por lo que, como correlato de la existencia del vínculo laboral, a los trabajadores le asisten los derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos los derechos de la seguridad social en pensiones y salud desde el momento que ingresan a laborar. Por tanto, también corresponde confirmar dichas sanciones.

Respecto a los alegatos referidos a que Leon Velez Edgar Percy, Román Ruiz Hugo Fernando y Pajuelo Chávez Elsa Haydee, sean personas jubiladas que perciban alguna pensión, no implica que no tengan derecho al trabajo, el cual es un derecho fundamental contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, que no se extingue por haber alcanzado los años de aporte al sistema de pensiones ni por alcanzar la edad para la percepción de este beneficio.

En tal sentido, si el inspeccionado decidió la reincorporación a la actividad laboral de tres pensionistas- según sus alegatos y los documentos de folios 492 al 498-, por lo que, era de su responsabilidad cumplir con la normativa sociolaboral vigente a dicha data (enero a agosto de 2018- materia del reproche administrativo), la cual no impedía el aporte al sistema de pensiones ni de salud por parte del pensionista que se reincorpora a la actividad laboral. Lo cual, según lo determinado en el Acta de Infracción y acogido por las instancias de mérito no se produjo, incurriendo en las infracciones en materia sociolaboral imputadas.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de la infracción incurrida por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que desvirtúen las imputaciones efectuadas en su contra; sin embargo, no se aprecia el mismo.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad16.

De las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento, de fecha 22 de octubre de 2018, con la finalidad de que la impugnante cumpla con la misma, se otorgó un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento. Plazo que resulta razonable en mérito a que solo se requería el registro en el sistema de planillas, así como la inscripción en el registro de pensiones y salud.

Además, se observa, lo que se ordenó en la medida inspectiva de requerimiento es que se corrija la conducta advertida. Lo cual satisface la naturaleza de esta, al tener por objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado; por lo que, su emisión ha respetado y observado el principio de legalidad y, por ende, su proporcionalidad y razonabilidad, al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

En este punto debe recordarse que la medida inspectiva de requerimiento no se agota en la sola presentación de documentos por parte del sujeto inspeccionado, sino que estos deben encontrarse, debidamente, sustentados en lo ordenado expresamente por la autoridad inspectiva. Lo cual no ha ocurrido en el presente caso.

Sobre el alegato referido a que resultaría erróneo que la notificación se haya realizado el 22 de octubre de 2018, pues, según afirma “con fecha 23OCT2018 nos llega el requerimiento denominado MEDIDA INSPECTIVA DE REQUERIMIENTO”. Ello resulta erróneo ya que conforme lo ha señalado la Intendencia respectiva, en su numeral 3.12 de la Resolución de Intendencia Nº 773-2022-SUNAFIL/ILM, el requerimiento fue notificado el 22 de octubre de 2018 a la coordinadora de su representada, conforme se muestra a continuación:

Por tales razones, corresponde desestimar los alegatos de la inspeccionada dirigidos a cuestionar este extremo, ya que conforme lo señalado por la Resolución de Intendencia Nº 773-2022-SUNAFIL/ILM, en su numeral 3.12, “(…) el lunes 22 de octubre de 2018, para que comparezca el jueves 25 de octubre de 2018; concluyendo que se ha respetado el plazo establecido en el numeral 70.1 del artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, (…)”.

Sobre el alegato referido a los perjuicios económicos como consecuencia del Covid-19, debe indicarse que, no se aprecia, de los actuados, que la impugnante haya realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, ni que haya puesto en conocimiento de la autoridad inspectiva alguna condición que le impida su cumplimiento, de acuerdo con los alcances según lo resuelto por la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral en los fundamentos 33 a 36 de la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL y fundamentos 14 a 16 de la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL).

En tal sentido, atendiendo a lo antes determinado y lo acreditado por las instancias anteriores, se evidencia que la comisionada emitió la medida inspectiva de requerimiento al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT, resultando la misma razonable. Por lo que, al no tenerse por cumplido lo requerido, ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la multa impuesta en este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho,

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.