Escobedo Medina Auditores Asociados S — Res. 387-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguro de vida ley (Sub grupo contratos). 2 Ver folio 07 del expediente sancionador. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y/o documentación solicitada mediante requerimiento de información el 02 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y/o documentación solicitada mediante requerimiento de información el 18 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

i. Debido a una falta de diligencia no se verificó oportunamente el buzón electrónico, por lo que no se pudo cumplir con el requerimiento en el tiempo oportuno. ii. Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2021 se manifestó esta situación a la autoridad instructiva, adjuntándose la renovación de la póliza de vida ley de todos los trabajadores (documento que fue solicitado a través de los requerimientos). iii. Por ello, solicita anular o revocar la multa establecida, sosteniendo adicionalmente que el agravio que ha recibido es de naturaleza procedimental, como consecuencia de la violación del derecho al debido proceso, que involucra la afectación de derecho a la motivación, derecho a probar y derecho de defensa.

i. De conformidad con el artículo 9 de la LGIT, los empleadores, trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores de Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. ii. El numeral 1 del artículo 12 del RLGIT faculta a los inspectores o equipos designados a requerir información por medio de sistemas de comunicación

3 Notificada a la impugnante el 03 de noviembre de 2021, véase folio 33 del expediente sancionador.

electrónica, señalándose en el artículo 15, numeral 1 que es un deber de colaboración de los empleadores, los trabajadores, así como los representantes de éstos, en términos similares a los señalados en el artículo 9 de la LGIT. iii. Por ello, se entiende al deber de colaboración con el personal inspectivo comisionado en la realización de una actuación inspectiva como una obligación legal, especialmente cuando ser considere un requerimiento de información realizado a través de los sistemas de comunicación electrónica, según lo detallado en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. iv. El artículo 36 de la LGIT dispone que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración, constituyen infracción a la labor inspectiva. v. En el Acta de Infracción, numerales 4.7 y 4.8 de la parte de hechos constatados, se dejó constancia que en dos oportunidades (2 y 18 de febrero de 2021) se notificó a la inspeccionada con los requerimientos de información mediante el uso de la casilla electrónica, con la finalidad de que cumpla con exhibir la documentación solicitada. vi. La impugnante sostiene que no verificó oportunamente el buzón electrónico y no pudo cumplir con el requerimiento de información, por ello adjuntó toda la información respecto a normas de seguridad y salud en el trabajo. vii. En tanto el Decreto Supremo N° 003-2020-TR y la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL que aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informativo de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEL- SUNAFIL), así como sus modificatorias fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, son de conocimiento público y de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación. viii. Conforme al numeral 3 de la relación de Criterios aplicables en la Inspección del Trabajo, aprobada por Resolución N° 029-2009-MTPE/2.11.4. se señala que las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables, por lo que la documentación remitida por la inspeccionada, posterior al plazo consignado, no significaría una subsanación a la infracción incurrida, por tanto “…por más que la inspeccionada haya presentado documentos o medios probatorios que acreditarían lo solicitado en el requerimiento, carece de sentido, al tratarse de una infracción insubsanable, cuyo plazo venció en las fechas otorgadas” (fundamento 18). ix. Los descargos de fecha 26 de junio de 2021 fueron debidamente valorados por la resolución impugnada, concluyéndose que se habían incurrido en infracciones a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 181-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en términos similares al recurso de apelación, señalando lo siguiente:

i. La Resolución de Intendencia confirma las dos (02) infracciones impuestas, pese a que mediante escrito con fecha 26 de agosto de 2021 se manifestó que debido a una falta de diligencia no se verificó oportunamente el buzón electrónico, no pudiéndose cumplir con el requerimiento en el tiempo oportuno, adjuntándose toda la información respecto a las normas de seguridad y salud en el trabajo.

ii. Este escrito fue declarado improcedente, por lo que se procedió a interponer el recurso de apelación al caso con fecha 21 de septiembre del 2021, en el cual nuevamente se sustentó el motivo por el cual no se pudo cumplir con dicho requerimiento y se adjuntó toda la información solicitada.

iii. Por ello, en atención a los fundamentos solicita se anule o revoque la multa ya establecida; añadiendo que el agravio ocasionado por la resolución materia de impugnación es de naturaleza procedimental, como consecuencia de la violación del derecho al debido proceso, que involucra la afectación de derecho a la motivación, derecho a probar y derecho de defensa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración al derecho al debido proceso, en su manifestación del derecho a la motivación, derecho a probar y derecho de defensa

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 12 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

la impugnante, al señalar que “…debido a una falta de diligencia no se verificó oportunamente el buzón electrónico”, manifestando adjuntar la renovación de la póliza de vida ley; y citando en el considerando siguiente (5.10) el numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la Inspección de Trabajo, aprobada por Resolución N° 029-2009- MTPE/2.11.4, valorando el sentido del escrito de descargos presentada por la impugnante. Por ello adjunta una captura de pantalla en el cual deja constancia que el escrito de descargos no acompaña los documentos que dice remitir en esa oportunidad, según se observa a continuación:

Figura N° 01

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica y el reconocimiento de falta de diligencia de la impugnante

aprobado a través del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con los alcances del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG.

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

i. Con fecha 02 de febrero de 2021, el inspector comisionado, requirió que la impugnante cumpla con remitir lo siguiente:

Figura N° 02

14 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)(énfasis añadido).

ii. Otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento. Este plazo vencía el 05 de febrero de 2021.

iii. Posteriormente, se emite un segundo requerimiento de información con fecha de 18 de febrero de 2021, solicitándose nuevamente los siguientes documentos:

Figura N° 03

iv. Otorgándose nuevamente un plazo de tres (3) días hábiles, cumplidos hasta el día 24 de febrero de 2021

v. Al respecto, como se verifica de los numerales 4.7 y 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado en ambos requerimientos de información, no obstante que la Administración cumplió con enviarle las alertas al correo electrónico registrado, por lo que el incumplimiento es de exclusiva responsabilidad del administrado.

por los efectos que produce en la labor inspectiva. Por ello, y en concordancia con precedente administrativo aprobado por la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral en el literal B de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL-TFL del 30 de julio de 2021 (publicada el 8 de agosto del mismo año), cuando la demora del sujeto inspeccionado en la entrega de la información requerida frustra la fiscalización – como es el caso materia de autos – la tipificación invocable será la prevista en el numeral 46.3 del artículo 46.

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no cumplió con el requerimiento de información y documentación el 02 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

S/.2,992.00

Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no cumplió con el requerimiento de información y documentación el 18 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

S/.2,992.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 181-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 28 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 185-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 181-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente DESIREÉ BIANCA ORSINI WISOTZKI LUZ IMELDA PACHECO ZERGA