Epsa Perú Sociedad Anónima Cerrada — Res. 360-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios; y, Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

presentada por el señor Agustín Adalberto Medina Guevara (Supervisor de campo), por supuesto incumplimiento del pago de la liquidación de beneficios sociales. 1.2 Mediante Imputación de Cargos N° 328-2021-SUNAFIL/IRE-APU-SIAI, de fecha 29 de diciembre de 2021, notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con el registro de control de asistencia con los requisitos mínimos del trabajador, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. Refieren que se ha vulnerado el principio de veracidad, en tanto que se ha señalado que no bastan las declaraciones respecto al hurto de los registros de asistencia de la empresa; asimismo, señalan que es incorrecta la valoración que realiza la Sub Intendente al presumir la falsedad de las declaraciones, lo que contraviene el principio de veracidad. ii. Sobre la exhibición del Registro de Control de Asistencia, periodo agosto 2018 y enero 2019, adjuntan el control de ingresos de hospedajes; periodo marzo y abril 2020, en tanto que se encontraban en cuarentena por el estado de emergencia, por ese motivo no se cuenta con el registro. Asimismo, adjuntan el registro del mes de julio en donde el trabajador registró sus horas de trabajo, los meses de abril 2019, mayo 2019, octubre 2019 y noviembre 2019, el inspector declara que se presentaron de manera parcial. Por otro lado, alegan que si cuentan con el registro de control de asistencia del trabajador requerido, por lo que han cumplido con la obligación de tener el registro de control de asistencia de sus trabajadores. iii. Precisan que en el inciso 19 del artículo 25 del RLGIT, se señala que el hecho pasible de sanción es “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 88-2022-SUNAFIL/IRE-APU, de fecha 21 de octubre de 20222, la Intendencia Regional de Apurímac declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar los siguientes puntos:

i. Sobre el principio de verdad material, al respecto, se verifica que el sujeto inspeccionado no cumplió con presentar el registro de control de asistencia de los meses requeridos en el

2 Notificada a la impugnante el 24 de octubre de 2022, véase folio 80 del expediente sancionador.

requerimiento de información de fecha 08 de noviembre de 2022, solo ha cumplido con presentar de algunos meses, cumpliendo de manera parcial; por lo tanto, no basta con la sola presentación de algunos periodos sino que debe haber una continuidad y permanencia considerando que el trabajador tiene la obligación de registrar su asistencia diariamente mientras dure su vínculo laboral. ii. Por otro lado, el sujeto inspeccionado señala sobre el periodo de agosto 2018 y enero 2019, que sustenta con el ingreso de hospedaje donde se encontraba la identidad del trabajador, firma y hora en el que culmina sus labores; sin embargo, sobre estos documentos se debe tener en cuenta el contenido del registro de control de asistencia, que debe contemplar una mínima información. iii. Asimismo, sobre el periodo de marzo y abril de 2020, no cuenta con el registro de control de asistencia por encontrarse en cuarentena por el estado de emergencia, al respecto, cabe precisar que es obligación del empleador llevar el registro de control de asistencia sea en soporte físico o digital adoptando las medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o perdida, teniendo la obligación de conservar los registros hasta por cinco años después de generados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Epsa Perú Sociedad Anonima Cerrada

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 25 de octubre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 88-2022-SUNAFIL/IRE-APU, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha aplicado erróneamente el artículo 25.2 del RLGIT, en tanto que, la conducta típica infractora que se les atribuye es el hecho de que “el sujeto inspeccionado no acreditó contar con el registro de control de asistencia con los requisitos mínimos del trabajador”. ii. Alegan que la autoridad inspectiva les requirió presentar el registro de control de asistencia del trabajador Agustín Adalberto Medina Guevara por ciertos meses del año 2018, 2019, 2020 y 2021. Que, el fundamento de la sanción se basa en que no se presentó este registro de asistencia del trabajador en específico con todos los requisitos mínimos; es así que por ejemplo en el considerando 2.1 de la Resolución de Intendencia se menciona que el control de asistencia de los meses de agosto 2018 y enero 2019, llevado a cabo en el ingreso de hospedaje no contaba con la información mínima del trabajador. iii. Manifiestan que se les está sancionando con el tenor actual del numeral 25.19 del artículo 25 que fue publicado el 04 de julio de 2021; sin embargo, la norma que se encontraba vigente al momento de haberse emitido la supuesta conducta infractora tenía otro tenor. Por tanto, el tenor incluido fue “(…) respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima (…); por lo tanto, la conducta típica atribuida no se encontraba vigente al momento de haberse cometido los supuestos de hechos infractores. iv. Precisan que este hecho fue advertido en el escrito de apelación; sin embargo, no tuvo ningún análisis por parte de la Intendencia, quien se limitó a señalar en el considerando 2.4 de la Resolución de Intendencia que “no corresponde la invocación de dicho artículo ya que no se encuentra vigente”. Sin embargo, este hecho vulneraría el principio de irretroactividad y tipicidad del procedimiento administrativo sancionador. v. Alegan que se ha vulnerado el principio de irretroactividad, al atribuirle una conducta tipificada a partir del 04 de julio de 2021, sobre hechos ocurridos en el 2018, 2019 o 2020. En efecto, la Autoridad Inspectiva, no podría señalar que la conducta infractora recién se habría configurado al momento de realizar la inspección pues la misma Autoridad de Fiscalización e Instrucción reconoce, en el numeral 17 y 18 de su Informe Final, que la supuesta conducta infractora ya fue configurada en el mismo momento que el trabajador no pudo anotar su registro de ingreso y salida con todos los requisitos, a pesar de que dicha conducta infractora no se encontraba tipificada. vi. Asimismo, refieren que se ha vulnerado el principio de tipicidad, en tanto que, el principio de irretroactividad fue vulnerado al considerarse la tipificación ahora vigente como sancionable, para un hecho ocurrido cuando dicha conducta no se encontraba tipificada como infracción; por tanto, en caso se decida sancionar se estaría vulnerando además el principio de tipicidad. Para lo cual, invocan la Resolución N° 543-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en razón de que, sí presentaron un registro de control de asistencia, por lo tanto, tampoco podría ser sancionado en caso se utilizara la tipificación correspondiente, al tiempo de haberse cometido los supuestos de hechos infractores.

vii. Por otro lado, aducen que se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad y presunción de licitud, en tanto que, se les requirió el registro de asistencia del trabajador, de los cuales pudieron cumplir de manera parcial; sin embargo, esto no implica que no cuenten con un registro de asistencia, pues de ser ese el caso no habría podido presentar ningún periodo requerido. viii. Señalan que no se ha tomado en consideración la invocación del principio de veracidad en su recurso de apelación, para formular que con los documentos y declaraciones formuladas responden a la verdad de los hechos que afirman; y si bien esta presunción admite prueba en contrario, la Administración no presentó ninguna prueba para desvirtuar la veracidad de los argumentado. ix. Asimismo, respecto al principio de licitud, refieren que, incluso si se habría buscado sancionar con la tipificación vigente al momento de cometerse la infracción, no correspondería que sean sancionados, ya que sí contaban con un registro de asistencia. x. Por último, alegan que ha quedado demostrado que se han vulnerado de diversas maneras el debido procedimiento, al haberse realizado una motivación deficiente, que no consideró los principios que deben regir todo procedimiento administrativo y en especial los del procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, solicitan la nulidad de la resolución impugnada.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar

del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

A continuación, se muestra la captura de pantalla de la respuesta al requerimiento del registro de control de asistencia, por parte del inspeccionado:

Figura N° 01

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

Figura N° 02

sistema informático SIIT de la información requerida mediante medida inspectiva de requerimiento, en fecha 17 de diciembre de 2021. Por tanto, se evidencia que se le está sancionando a la impugnante por no contar con el registro de control de asistencia (agosto 2018, enero 2019, marzo 2020, abril 2020, julio 2021 y de acuerdo a la Tabla 1 del Acta de Infracción), respecto del trabajador Agustín Adalberto Medina Guevara, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, que dispone: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”, normativa que se encontraba vigente a la fecha de los hechos constatados por el inspector comisionado.

sancionable se fundamenta en no contar con el registro de control de asistencia; por el contrario, en el presente caso, a la impugnante se le imputa la conducta por no contar con el registro de control de asistencia (agosto 2018, enero 2019, marzo 2020, abril 2020, julio 2021 y de acuerdo a la Tabla 1 del Acta de Infracción), respecto del trabajador Agustín Adalberto Medina Guevara. De lo expuesto, se desprende que no corresponde la aplicación de lo resuelto en dicho proceso que motivó la emisión de la resolución invocada por la impugnante, toda vez que no coincide con lo discutido en el presente caso. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582- 2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No acreditar contar con el registro de control de asistencia con los requisitos mínimos del trabajador. Numeral 25.19 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EPSA PERÚ S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 88-2022-SUNAFIL/IRE-APU, de fecha 21 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 312-2021-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 88-2022-SUNAFIL/IRE-APU, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a EPSA PERÚ S.A.C. y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240410MCR