Empresa Turística del Norte S.A — Res. 258-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios).

PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago total de los recurrentes del periodo abril 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con las medidas inspectiva de requerimiento de fecha 19 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Se ha producido afectación al principio del non bis in ídem, debido a que la autoridad administrativa ha calificado que cometimos infracción en materia de relaciones laborales (no pago de remuneraciones correspondiente al mes de abril de 2020) y por el mismo hecho se presente sancionarnos doblemente, por la infracción a la labor inspectiva (incumplimiento de medida de requerimiento).

ii. De acuerdo a los medios probatorios presentados por mi representada, se puede advertir que los colaboradores oportunamente suscribieron un Convenio de adelanto de vacaciones del periodo 2020-2021, en virtud a la pandemia Covid-19. Asimismo, los acuerdos arribados fueron considerados en sus boletas de pago como licencia sin goce y descanso vacacional adelantado, siendo que los abonos se realizaron: Primer abono fue realizado el 20 de mayo de 2020 y el segundo abono el 12 de junio de 2020. Es evidente que el concepto de vacaciones derivadas de los convenios suscritos con los trabajadores fue abonado totalmente en su debida oportunidad y antes de realizarse la fiscalización.

iii. Solicitamos la caducidad del procedimiento sancionador, por cuanto indica que el informe de la etapa instructiva es de fecha 17 de diciembre de 2020, y recién se notificó el inicio del procedimiento sancionador mediante proveído de fecha 05 de enero de 2021 (notificado el 18 de enero de 2021); es decir, se efectuó después de transcurrido los 10 días hábiles. En ese sentido, se estaría ante la causal de nulidad tipificada en el inciso 1 del TUO de la LPAG.

i. La inspeccionada señala que existe triple identidad en el caso que nos avoca, pues se trata de los mismos hechos, sujeto y fundamento, correspondiendo señalar que nos encontramos con el sujeto: EMPRESA TURÍSTICA DEL NORTE SA; en la infracciones imputadas, los hechos que se atribuyen a la inspeccionada son distintos, toda vez que una trata por incumplimiento en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT; mientras la otra, se trata por obstrucción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Asimismo, en las infracciones imputadas, los fundamentos son distintos, debido a que la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, sanciona al administrado por no haber pagado íntegra y oportunamente la remuneración del mes de abril de 2020; en cambio la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, consiste en la resistencia del administrado a cumplir la medida de requerimiento dictada por el inspector de trabajo. En ese sentido, se observa que no ha existido transgresión al principio non bis in ídem.

ii. Ahora bien, respecto al pago de remuneraciones; uno de los principios que regulan la relación laboral, es el principio del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley: En ese sentido, se debe tener en cuenta que el pago de la remuneración es un derecho irrenunciable e intangible, por tanto, no puede existir un acuerdo entre empleador y trabajador respecto al pago de la remuneración que pretenda su renuncia.

iii. En el presente caso, la caducidad administrativa no se ha cumplido al advertirse que la fecha de notificación de la imputación de cargos es el 04 de diciembre de 2020 y la fecha de notificación de la resolución de primera instancia es el 15 de febrero de 2021. De esta manera, a la fecha de notificación de la resolución de sanción, el plazo no se había superado.

iv. Del mismo modo, de la revisión de todos los actuados se determina que la resolución impugnada no ha incurrido en ninguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, y de la revisión minuciosa de la resolución venida en alzada, se tiene que esta habría cumplido con los requisitos de validez que debe contener todo acto administrativo.

2 Notificada a la impugnante el 25 de octubre de 2021, véase folio 253 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA TURÍSTICA DEL NORTE S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 199-2021-SUNAFIL/IRELAMBAYEQUE, señalando los siguientes fundamentos:

I) Debemos precisar que no se han considerado nuestros argumentos en el sentido que se pretende aplicar una doble sanción por un mismo hecho, es decir, se ha quebrantado el principio constitucional non bis in ídem. Como se puede verificar en el Acta de Infracción se precisa que mi representada no habría acreditado el pago total de remuneraciones por el periodo abril 2020 y por el mismo hecho se pretende aplicar una falta grave y muy grave; es decir, una doble sanción por un mismo hecho.

II) De acuerdo a los medios probatorios presentados por mi representada, se puede advertir que los colaboradores oportunamente suscribieron un Convenio de adelanto de vacaciones del periodo 2020-2021, en virtud a la pandemia Covid-19. Asimismo, los acuerdos arribados fueron considerados en sus boletas de pago como licencia sin goce y descanso vacacional adelantado, siendo que los abonos se realizaron: Primer abono fue realizado el 20 de mayo de 2020 y el segundo abono el 12 de junio de 2020. Es evidente que el concepto de vacaciones derivadas de los convenios suscritos con los trabajadores fue abonado totalmente en su debida oportunidad y antes de realizarse la fiscalización.

III) De los argumentos expuestos se evidencia una falta de valoración de los argumentos y documentos hecho que vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones. Derecho que es de especial relevancia, ya que consiste en el derecho a la certeza, el cual supone

la garantía de todo administrado, a que las sentencias, estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.

IV) Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, respecto a lo relacionado a la caducidad administrativa del procedimiento. Señalando que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (09) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Como se puede advertir se aplica el artículo 259 del TUO de la LPAG, que es una norma de carácter general, omitiendo el artículo del RLGIT, que se deberá aplicar por ser la norma especial que rige este procedimiento.

V) En ese sentido, no se ha considerado que durante el procedimiento existía irregularidad en el sentido que el informe de la etapa instructiva es de fecha 17 de diciembre de 2020 y recién se me notifica el inicio del procedimiento sancionador mediante proveído de fecha 05 de enero del 2021 (notificado el 18 de enero de 2021). Al no existir referente a la realización de este plazo, se advierte una nulidad. Por estas consideraciones, y evidenciándose que existe una motivación aparente en la resolución impugnada, advertimos que el Superior Jerárquico con mayor criterio proceda a revocar la misma.

Análisis Del Recurso De Revisión

Del principio del non bis in ídem 6.1 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva.- Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos.

9 Fund. Jur. N°. 3.3. 10 Fund. Jur. N°. 19. 11 Moron Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

b. Identidad Objetiva.- Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento.- Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

De los hechos constatados

12 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

adelanto de vacaciones, pero no acredita haber realizado pago correspondiente de las vacaciones otorgadas a los trabajadores afectados (en reemplazo de los días restantes del mes de abril que correspondía como remuneración mensual); en tal sentido, no se advierte cumplimiento con relación al pago de remuneraciones de los trabajadores Lozada Asalde Mitchel Alain, Pineda Preciado Edwin Samuel y Samillan García Javier Alfonso, por el periodo de abril 2020, esto es el pago total de remuneraciones de los 18 días restantes del referido mes. Cabe precisar que, los convenios presentados están referidos al goce vacacional, derecho que, de acuerdo a la ley de materia también deben ser cancelados.

Sobre el deber de motivación de las resoluciones administrativas

documentos vulnerando el derecho a la motivación de las resoluciones. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador alegada por la impugnante 6.13 La impugnante alega que se ha vulnerado el debido proceso, en base a que ha operado la caducidad del procedimiento sancionador. Cabe precisa al respecto que, en el presente procedimiento administrativo sancionador no ha operado la caducidad, al haberse desarrollado en el siguiente periodo: - El 04 de diciembre de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 303-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI 13.

- El 12 de febrero de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 99-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, siendo notificada el 15 de febrero de 202114.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción.

13 Véase folio 104. 14 Véase folio 198. 15 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo.

16 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 17 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 18Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad

la inspección y la resolución impugnada han vulnerado principios del derecho administrativo; por el contrario, los administrados tienen el deber de abstenerse de “formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental” 19.

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.20 Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, pueden adoptar acciones orientas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 19 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento. 20 Véase de folio 63 del expediente inspectivo.

actuaciones inspectivas con el requerimiento de información de fecha 29 de julio de 202021.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

21 Véase folio 09 del expediente inspectivo.

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Relaciones Laborales

No acreditar el pago total de los recurrentes del periodo abril 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE

S/ 6,751.00

Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral de fecha 19 de agosto de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,309.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA TURÍSTICA DEL NORTE S.A, en contra de la Resolución de Intendencia N° 199-2021-SUNAFIL/IRELAMBAYEQUE, de fecha 20 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 270-2021- SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 199-2021-SUNAFIL/IRELAMBAYEQUE, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 19 de agosto de 2020, tipificado en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a la EMPRESA TURÍSTICA DEL NORTE S.A y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar, el pago íntegro de remuneraciones del mes de abril de 2020; sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, de fecha 19 de agosto de 2020. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 22

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

22 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 19 de agosto de 2020, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Presidente