Empresa Sercoseg Sociedad Anónima Cerrada - Empresa Sercoseg S.A.C — Res. 214-2021

Mediante Orden de Inspección N° 040-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 008-2021-SUNAFIL/IRE-JUN (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 069-2021-SUNAFIL/IRE-JUN del 26 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft Bianca FAU 20555195444 soft 11:18:29-0500 20555195444 soft

Con de fecha 12 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación, contra la Resolución de Sub Intendencia N° 083-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 38-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 3 de junio de 20211, la Intendencia Regional de Junín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 083-2021-SUNAFIL/IRE- JUN/SIRE, por considerar que:

Con fecha 28 de junio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Junín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 38-2021-SUNAFIL/IRE-JUN.

La Intendencia Regional de Junín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 496-2021-SUNAFIL/IRE-JUNIN, recibido el 06 de julio de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT,

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EMPRESA SERCOSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EMPRESA SERCOSEG S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 38-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 1,012.00 por la comisión de una (1) infracción tipificada como MUY GRAVE, previstas en el artículo 46.10 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución7.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EMPRESA SERCOSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EMPRESA SERCOSEG S.A.C.

Con fecha 28 de junio 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 38-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando lo siguiente:

Sobre el particular, el TUO de LPAG establece “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental8” (el énfasis es añadido).

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT, establece “que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello.

A razón de lo expresado, el artículo 36 de la LGIT señala que: “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

Así, de autos se verifica que la dirección fiscal de la impugnante se encuentra ubicada en: Pasaje El Sol N° 126, El Tambo, Huancayo, Junín.

En tal sentido, es conveniente señalar que la infracción a la labor inspectiva se generó, en vista de que la inspectora comisionada, realizó una visita inspectiva la domicilio fiscal de la impugnante el 12 de enero del 2021. Dicha visita se realizó en: Pasaje El Sol N° 126, El Tambo, Huancayo, Junín, a fin de notificar el requerimiento de comparecencia programada para el 14 de enero del 2021 a las 10:00 am en las oficinas de SUNAFIL, siendo recibida dicha notificación por el señor Eduardo Melgarejo García, quien se identificó como el encargado, dejando la inspectora constancia en vistas fotográficas del domicilio visitado.

Al respecto, de la revisión de las fotografías que presenta la inspectora comisionada, obrante a folios 39 reverso y 40 del expediente sancionador, que sirven como fundamento de lo resuelto en la Resolución de Intendencia N° 38-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, tomadas el 12 de enero del 2021, día en que se realizó la visita inspectiva, a fin de notificar el requerimiento de comparecencia; se visualiza lo siguiente (imágenes extraídas del expediente administrativo):

De acuerdo a las fotografías expuestas anteriormente, la resolución impugnada concluye que se ha cumplido con la notificación personal en el domicilio de la impugnante de acuerdo a lo regulado en el numeral 1 del artículo 21 del TUO de la LPAG y los artículos 21.3 y 21.4 del mismo cuerpo normativo.

Asimismo, de la revisión de las fotografías tomadas por la impugnante, que presenta en su recurso de revisión, se visualiza lo siguiente:

Al respecto, de la evaluación de las fotografías presentadas por la inspectora comisionada, se verifica que existe una duda razonable respecto a la correcta notificación del requerimiento de comparecencia, realizada el 12 de enero del 2021, programada para el 14 de enero del 2021 a las 10:00 am; toda vez que, de las vistas fotográficas que sirven como sustento de la resolución impugnada para acreditar la debida notificación del requerimiento de comparecencia, no se tiene certeza, de que la notificación se haya realizado en el domicilio fiscal de la impugnante, cito en: Pasaje El Sol N° 126, El Tambo, Huancayo, Junín.

Si bien, la inspectora comisionada señala que notifico en la puerta negra, ya que forma parte del mismo domicilio, adjuntando fotografías en las que consta en la caja del medidor de electricidad la numeración 126, no adjuntó algún otro medio probatorio que identifique que la puerta negra forma parte del domicilio de la impugnante; más aún si de la revisión de las fotografías anteriormente verificadas no se tiene certeza de que efectivamente la puerta blanca no tenía el rótulo 126 que corresponde a la dirección exacta de la impugnante.

En ese sentido, de acuerdo a lo regulado en el numeral 1 del artículo 21 del TUO9 de la LPAG, la notificación personal se debe realizar en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año, hecho que no se ha podido acreditar fehacientemente en el presente procedimiento.

Resulta importante destacar que en este caso, la Sala se inclina por considerar a las alegaciones de la impugnante como unas suficientemente verosímiles como para generar duda en la certeza del objeto de debate en el procedimiento sancionador: la debida notificación del acto por el que se le ha propuesto una sanción administrativa. Así, en respeto del principio de presunción de licitud, debe mantenerse que su responsabilidad administrativa no ha sido determinada fehacientemente.

Por las consideraciones antedichas, corresponde acoger el recurso de revisión.