Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad… — Res. 471-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Remuneraciones [Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)]; Contratos de trabajo (Formalidades). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por incumplimiento de formalidades de la planilla (régimen laboral), tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. La trabajadora afectada fue incorporada a la planilla como trabajadora con contrato de duración indeterminada por mandato judicial, habiendo denunciado la misma porque no se dio cumplimiento a una sentencia judicial. De este modo, Sunafil siempre fue incompetente para conocer dicho caso ya que la trabajadora debió efectuar sus peticiones en la etapa de ejecución de sentencia en su proceso judicial iniciado. Sunafil se ha avocado a un proceso judicial incurriendo en una vulneración de la ley. Sunafil tiene la labor de inspección con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral; sin embargo, al solicitar la información sobre el efecto de una sentencia judicial expedida en el expediente N° 4148-2014, implicaría un avocamiento indebido, lo que afecta el principio de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

ii. En el procedimiento administrativo sancionador que se inició, solo se ha concluido en responsabilidad por la falta de entrega de información en el tiempo requerido. Sin embargo, hoy se imputa, además, que no se ha cumplido con pagar íntegramente las remuneraciones de la trabajadora y, además, que no se ha declarado o consignado el nombre, forma o denominación del contrato de trabajo de manera correcta en las declaraciones o planillas.

iii. Solo se imputa que no se ha cumplido con pagar los aumentos del año 2018 y 2021 en la suma de S/150.00 y S/ 180.00 respectivamente, sin indicar y menos probar porque debería otorgarse dicho aumento. No ha señalado si la sentencia judicial le otorgó ese aumento o no, o si es producto de un aumento por convenio colectivo y si este estaba o no condicionado.

iv. Respecto a la multa por no haber cumplido con las formalidades del contrato de trabajo, como se puede advertir se trata de no haber actualizado los datos del trabajador en las planillas, lo cual es totalmente diferente a la imputación hecha, porque los mandatos judiciales o medidas cautelares no tienen otra forma de poder consignarlo. El comisionado parece no haber entendido que las empresas del Estado no pueden colocar contrato indeterminado si es que no es un contrato como tal, incluso si es una orden del poder judicial. Pues como se puede advertir de la sentencia judicial no ordena por ningún lado que se cambie o se coloque en el registro que el contrato es uno de duración indeterminada.

v. Como se podrá advertir la tipificación que hace su despacho respecto a no haber cumplido con las formalidades del contrato o actualización de datos del trabajador no son correctas, por lo que se debe tener por levantada esta imputación porque no tienen sustento fáctico ni jurídico. Además, se deberá acreditar como se ha perjudicado al trabajador o a la administración pública.

vi. Respecto a la supuesta infracción por incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento, se ha sustentado y ofrecido como prueba una pericia informática, para demostrar que se cumplió con ingresar virtualmente los descargos; sin embargo, no se ha actuado dicha pericia y se insiste en que se ha incumplido el alcanzar información y se pretende limitar su derecho de defensa. Al respecto, se invoca la Resolución Sala Plena N% 001-2021-SUNAFIL/TFL. Se debe precisar que su omisión involuntaria no habría causado un perjuicio, resultando irrazonable sancionarla ya que no frustró la labor inspectiva, dado que el inspector prosiguió desplegando sus funciones.

i. Conforme a las normas ut supra y del pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral contenido en la Resolución de Sala Plena Nº 004-2022-SUNAFIL/TFL, en los considerandos 6.7-6.8, se tiene que, el equipo inspectivo tiene las competencias y facultades establecidas por ley, para la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. En el caso bajo análisis el equipo inspectivo no puede avocarse al proceso judicial que se suscitó entre la trabajadora afectada y el apelante, tampoco ha solicitado ser parte en dicho proceso judicial; careciendo de fundamento lo alegado.

ii. Por otro lado, de que se inició el procedimiento administrativo sancionador se consideraron las materias: Remuneraciones (pago de remuneraciones (sueldos y salarios)) y contrato de trabajo (formalidades). En el Acta de Infracción, se consignaron las conductas “formalidades del contrato de trabajo” “no pagar de manera íntegra y oportuna la remuneración” y “Obstrucción a la labor inspectiva - No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 25/01/2022”. En el Informe Final se consignan las mismas conductas y en la resolución apelada se han indicado las conductas de “incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la remuneración”, “incumplimiento de formalidades de la planilla (régimen general)” y el “no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento”.

iii. Por tanto, desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se iniciaron las investigaciones del cumplimiento de las materias: pago de remuneraciones y formalidad de los contratos de trabajo; siendo que, se los demás documentos que han secundado al acta de infracción, también ha consignado las mismas materias; por tanto, lo alegado por el impugnante no tiene asidero jurídico.

iv. El proceso judicial mediante el cual se repuso a la trabajadora afectada ya cuenta con una sentencia de segunda instancia, la misma que, confirma la resolución de primera instancia; es decir, concluye que es trabajadora de la inspeccionada desde el 01/04/2007 y que además es trabajadora a plazo indeterminado. En consecuencia, el apelante debió incluir en sus planillas a la trabajadora afectada como trabajadora a plazo indeterminado, pues es, falso que no puede colocar a la trabajadora como trabajadora a plazo indeterminado por ser una empresa del Estado, debido a que no existe impedimento alguno para ello, tampoco existe norma jurídica que se lo impida; máxime si ya existe una resolución judicial con carácter de firme y consentida en la que ordena al sujeto responsable a incluir en sus planillas como trabajador a plazo indeterminado; dejando sin fundamento legal lo alegado por el recurrente.

v. De acuerdo a las normas de la materia, no se encuentran dentro de las funciones de la Sunafil dar a conocer, a los empleadores que no cumplen con las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, el perjuicio que cause al trabajador; puesto que, es evidente que cuando el empleador no cumple con sus obligaciones causa un grave perjuicio al trabajador. En ese sentido, carece de asidero lo alegado por el impugnante.

2 Notificada a la impugnante el 08 de mayo de 2023.

vi. Por otro lado, como se aprecia del dicho del empleador, se deja constancia que los incrementos remunerativos se otorgan solamente a trabajadores con contrato a tiempo indeterminado; por ende, estos incrementos remunerativos también le corresponden a la trabajadora afectada.

vii. El impugnante se refiere al incumplimiento del requerimiento de información; sin embargo, lo que se le está sancionando es por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31/03/2022. En este caso el inspector comisionado solicitó al empleador cumpla con pagar el reintegro de las remuneraciones a la trabajadora afectada, debido a los incrementos remunerativos que no se le pagó. Sin embargo, vencido el plazo de los tres días que le otorgó el equipo inspectivo, la impugnante no cumplió con lo ordenado, por lo que se le sancionó con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, que el recurrente confunde con el requerimiento de información.

viii. En cuanto a la Resolución de Sala Plena Nº001-2022-SUNAFIL, esta hace una diferenciación entre la aplicación del numeral 45.2 y 46.3 del RLGIT; es decir, realiza un análisis de cuando se trata de una demora en la entrega de la información y cuando se trata de una obstrucción a la labor inspectiva, precedente vinculante que no se aplica al presente caso

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA

8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando se revoque o anule en atención de lo siguiente:

i. La resolución impugnada establece puntos controvertidos sin identificar elementos tales como la determinación de: (i) la discusión resultante de las opiniones contrapuestas entre dos o más sujetos de derecho; (ii) el contenido jurídico del objeto de la discusión; (iii) identificar que los hechos expuestos por las partes tengan relación con el objeto jurídico de la discusión; (iv) interpretar los efectos o naturaleza de tales hechos para establecer cuáles serán objeto de probanza, y (vi) identificar los intereses jurídicos en conflicto para orientar el tratamiento probatorio a una solución jurídicamente sostenida en el Derecho.

ii. Sobre una supuesta infracción por no pagar de manera íntegra y oportuna la remuneración correspondiente, dicha conclusión es una intromisión de Sunafil en una pretensión que es motivo de un proceso judicial. Sunafil ha considerado, como causa del procedimiento inspectivo, solo la indicación dada por la trabajadora, sin tomar en cuenta la sentencia emitida por el poder judicial. La pretensión de la trabajadora ha sido materia del proceso judicial, por lo que Sunafil no puede reclamar algo que el poder judicial no ha ordenado.

iii. La reclamante Ayala Atincona ingresó por mandato judicial y con medida cautelar. Esta última es provisional y su condición no se cambió porque el Juez nunca dispuso el cambió de dicha figura, no siendo posible que la empresa realice dicho cambio de mutuo propio. Así, el juzgado nunca ordenó que se haga un contrato a tiempo indeterminado o se modifique los datos del registro. De este modo, ni el registro ni las herramientas de gestión, como el MOF, EL CAP o PAP permiten hacerlo de manera exprofeso; debe existir un mandado que cambie u ordene cambiar la situación jurídica de la demandante dentro de las planillas.

iv. Los aumentos que la demandante reclama se refieren aparentemente a los beneficios otorgados por convenios colectivos, los cuales solo eran aplicables si el trabajador estaba sindicalizado, ello por mandato expreso del propio convenio. Por tanto, no se puede ser responsable por no cambiar datos en el registro, dado que no existe mandato para hacerlo. Al respecto, el VIII pleno casatorio procesal laboral del 05.11.19 ha dejado establecido algunos criterios para considerar a un trabajador como sindicalizado, fundamento tampoco ha sido tomado en cuenta.

v. La “tipificación” que se pretende respecto a no cumplir con los requerimientos a partir del fundamento 25 de la resolución son ambiguas y no resisten un análisis ni factico ni jurídico, pues solo pretende justificar su accionar de manera subjetiva, basado en interpretaciones en perjuicio del empleador, sin poder acreditar el daño al trabajador o al estado.

vi. Sobre el incumplimiento de la Medida Inspectiva de Requerimiento, se ofrece una pericia informática para demostrar que se cumplió con ingresas los descargos. Sin embargo, la misma no ha sido actuada. Con ello se pretende limitar el derecho de defensa pues se ha ofrecido una prueba y solo se adjuntan pantallazos de la computadora que no se habría registrado los escritos. Siendo ello, se debe considerar lo señalado en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL, respecto a que se pudo proseguir con la labor del inspector, por lo que el tipo infractor es el 45.3 del RLGIT. La omisión involuntaria no ha causado perjuicio a ninguna trabajadora, resultando irrazonable sancionar ya que no se frustró la labor inspectiva.

vii. Por otro lado, si bien la Sunafil tiene la labor de inspección con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, también lo es que, al solicitar información que resulta de una sentencia judicial expedida en el Expediente N° 4148- 2014-0-1601-JR-LA-03, implicaría un avocamiento indebido por parte de la Sunafil.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Respecto la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización

Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.15.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N°: 01

9 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021.

sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” 10 (énfasis añadido).

10TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 11LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

propuesta de sanción y no se vincula a sanción alguna determinada en el presente caso. Ello porque el hecho reprochable se fundamenta en la no atención de la orden dictada por el inspector de trabajo en la Medida Inspectiva de Requerimiento, dentro del plazo de tres (03) días señalado para dicho fin, conforme a lo desarrollado en la presente resolución.

“6.7 Igualmente cabe señalarse que la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806, otorga competencia a la inspección para dar vigilancia y exigencia del cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo (inciso 1.a.1 del artículo 3), siendo la hostilidad un comportamiento típico que amerita sanción como “infracción muy grave” contra las normas sociolaborales, conforme el inciso 25.14 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Esta es una competencia material que genera el deber de la Administración Pública de regirse por la verdad material y, así, desplegar los medios fiscalizadores para comprobar los hechos respectivos. Se trata, pues, de una competencia distinguible de la judicial, que se rige por el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de la víctima del hecho. De esta manera, no se afecta ni la legalidad ni el debido proceso, conforme alega el administrado en su recurso.

individuales. Por lo que, ha quedado establecido su independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, reservada para el Poder Judicial, ya que la Inspección del Trabajo tiene las facultades legales no solo para verificar los incumplimientos de la normativa laboral que se presenten en el marco de una relación laboral, sino también para exigir su cumplimiento, por lo que bien pueden determinar actos de hostilidad laboral en perjuicio de trabajadores, como ha ocurrido en el presente caso. Por lo tanto, no corresponde acoger dichos extremos del recurso”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales Incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la remuneración. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales Incumplimiento de formalidades de la planilla (régimen laboral). Numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 585-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente de la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250514RZR HR: 847-2022