Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable… — Res. 956-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: relaciones colectivas (sub materia: convenios colectivos), remuneraciones (pago de remuneración) y bonificación no remunerativa (incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de beneficios sociales derivado de convenios colectivos, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 12,098.00.

i. Caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debido a que la imputación de cargos ha resultado notificada por casilla electrónica de SUNAFIL el 21 de abril de 2022 y la resolución de primera instancia con fecha 24 de mayo de 2023; por lo que ya han transcurrido más de nueve meses desde el inicio del proceso administrativo sancionador. Además, dicho plazo no ha sido ampliado. ii. No se han evaluado objetivamente la documentación que obra en el expediente, donde se ha fijado posición con respecto al no pago de la bonificación por aguas servidas y/o productos químicos, pues se ha remitido la solicitud del servidor Eslier Silmer Correa Ríos, donde hace conocer a su jefe que va a tomar sus descansos compensatorios a partir del 23 de abril de 2020 hasta el 16 de octubre del 2021, con lo cual se acredita que el mencionado trabajador no estuvo laborando, adjuntándose la carta Nº 236-2020-EPSEL SA.GG/ORH, de fecha 11 de setiembre del 2020. Por consiguiente, si un trabajador no se encuentra efectuando labores efectivas no es factible que perciba las asignaciones sea por aguas servidas o por productos químicos, conforme lo establece el numeral Nº 06 del Pacto Colectivo 2015-2016.

i. Desde la notificación de la Imputación de Cargos N° 235-2022-SUNAFIL/IRE- LAM/SIAI, en fecha 21 de abril de 2022, y la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 395-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, en fecha 5 de julio de 2022, han transcurrido tres (3) meses, por lo que no se ha configurado la caducidad administrativa del proceso administrativo sancionador. ii. Del “Acta Definitiva de Negociación Colectiva 2014-2015 en trato directo EPSEL S.A. y SUTSELAM”, de fecha 9 de marzo de 2016, y del “Acta Nº 3 de Acuerdos de la Negociación Colectiva 2015-2016 celebrada entre la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de Servicio de Agua y Alcantarillado de Lambayeque – SUTSELAM”, se concluye que el Convenio Colectivo 2015-2016 no deja sin efecto lo acordado en el Convenio Colectivo 2014-2015, determinándose que primero se acordó incrementar de S/ 5.00 a S/ 6.00 la asignación de aguas servidas y/o productos químicos para todos los trabajadores afiliados que por la naturaleza de su cargo tienen contacto permanente y directo con dichos elementos, y, posteriormente se acordó incrementar S/ 1.00 más, por día efectivo de trabajo, sobre lo que se viene percibiendo a la fecha, es decir que, si se veía percibiendo S/ 6.00 soles), se incrementaría a S/ 7.00 soles por día efectivo de trabajo, por lo que al trabajador afectado le corresponde dicho pago.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de julio de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 168-2023-SUNAFIL/IRE-LAM, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución de intendencia no sustenta porque es que se le debe otorgar la asignación por aguas servidas y/o productos químicos a pesar que se ha demostrado a través del presente procedimiento que al trabajador reclamante no le corresponde el pago de la bonificación, teniendo en cuenta que fue el mismo quien solicitó sus descansos compensatorios de acuerdo a la solicitud de fecha 15 de diciembre del 2021, donde además adjuntó el formato de acuerdo de compensación de trabajo excepcional en sobretiempo por el periodo del 23 de abril del 2020 al 16 de octubre del 2021, documento que obra en el expediente administrativo, en ese sentido el ex trabajador sabía que no podía solicitar la bonificación pues no estaba realizando labor efectiva. Por tanto, la resolución de intendencia no nos explica cual es suposición debidamente motivada y fundamentada en derecho para otorgar el beneficio, solo por formulas generales de fundamentación, lo cual constituye la vulneración al debido procedimiento. ii. Tampoco se ha tomado en cuenta que el numeral 6 del Acta Nº 03 del Convenio colectivo 2015-2016 establece que la bonificación por aguas servidas y/o productos químicos de paga por día efectivo de trabajo. En ese sentido, el inspector de trabajo viene erróneamente haciendo referencia al pacto colectivo del año 2014-2015, sin embargo, la oficina de recursos humanos de EPSEL S.A. oportunamente ha efectuado la aclaración señalando que el pacto vigente celebrado entre la organización sindical y la empresa, respecto al concepto denunciado, es el correspondiente al Convenio Colectivo 2015- 2016; por tanto, si bien es cierto que dichos conceptos son beneficios permanentes, dicho concepto ha resultado modificado en el tiempo, por lo cual, el convenio señalado es el que viene aplicándose a los trabajadores. iii. Respecto de la infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento, se expuso que para la asignación de aguas servidas y/o productos químicos esta bonificación se otorga por el día efectivo de trabajo, es decir, mientras el trabajador se encuentra realizando labores en contacto directo con dicha bonificación, situación que no es el caso del ex trabajador durante el periodo de 24 de abril de 2020 hasta el 16 de octubre de 2021. En ese sentido, se ha presentado el reporte de asistencias del ex trabajador, mediante el cual se acredita que no se registra asistencia al centro de labores por dicho periodo. iv. Se ha desconocido el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en lo referido a la vigencia de las cláusulas de la convención colectiva pues el mismo Reglamento de la Ley ha señalado que la entrada en vigencia se una nueva convención colectiva no afecta la vigencia de las cláusulas permanentes, salvo que éstas hayan sido modificadas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la indebida reconducción administrativa

“Artículo 219.- Recurso de reconsideración El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.” (el resaltado es propio). 6.12. Por otro lado, el recurso de apelación cuenta con las siguientes características, según lo define el artículo 220 del TUO de la LPAG:

“Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.”

“Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.

8 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2019). Comentarios a la Ley del procedimiento administrativo general. Nuevo texto único ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Tomo I. Décima Edición. Lima, Gaceta Jurídica, p. 213. 2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. 3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. (…).” (resaltado es propio). 6.16. Al respecto, se advierte que la obligación de la administración para que de oficio encause el procedimiento se encuentra supeditado a la identificación de un error u omisión de los administrados en el planteamiento de sus actuaciones sin que afecte la naturaleza del recurso. Es decir, debe existir indicio que lo propuesto por este no haya correspondido a su real finalidad, por lo cual, la administración, de oficio, dispone redirigir el procedimiento a fin de salvaguardar principios sustanciales como el de informalismo e impulso de oficio9.

Cargo de ingreso de escrito:

9 Artículo IV Principios de procedimiento administrativo.- “(…) 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. (…) 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.”

Contenido del escrito:

10 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 11 Artículo 14 del TUO de la LPAG.- Conservación del acto “14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.” “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO.– Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 789-2022-SUNAFIL/IRE- LAM/SISA, de fecha 17 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, y de los sucesivos actos y actuaciones del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 234-2022-SUNAFIL/LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. . SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 789-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 17 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.31 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A., y a la Intendencia Regional de Lambayeque para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730RLSH HR: 176226-2021