Empresa Municipal de Saneamiento Básico Puno S.A — Res. 326-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro trabajadores y otros en la planilla); Seguridad Social (Submateria: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones); y, Contratos de trabajo (Submateria: Formalidades). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 22 de noviembre de 2021; en atención a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el señor Eduardo Llanos Neira (Conductor de unidad móvil), para que se cautelen sus derechos como prestador de servicios, en tanto que, cumple un horario de trabajo, recibiendo ordenes, entre otros; sin embargo, no está registrado en planilla como personal dependiente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro del trabajador Llanos Neira Eduardo en la planilla electrónica con contrato de trabajo a plazo indeterminado, desde la fecha de inicio de su vínculo laboral vigente (01 de junio de 2019), tipificada en el numeral 25.20 del artículo 22 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción del trabajador Llanos Neira Eduardo, en el régimen de seguridad social en salud, desde la fecha de inicio de su vínculo laboral vigente (01 de junio de 2019), tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción del trabajador Llanos Neira Eduardo, en el régimen de seguridad en pensiones, ya sea en el Sistema Público de Pensiones (ONP) o en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) desde la fecha de inicio de su vínculo laboral vigente (01 de junio de 2019), tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que la autoridad no valoró los medios probatorios ofrecidos, ni en mérito a los principios de presunción de veracidad y buena fe procedimental, más aún que lo vertido se sustento al momento del descargo con los documentos que daban cuenta sobre su situación financiera y la imposibilidad jurídica de incorporar nuevo personal por mandato imperativo de la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal de Emsapuno S.A. para el año 2021. ii. Al respecto, señalan que las disposiciones recogidas en la Directiva son las que rigen el funcionamiento presupuestario durante el año 2021, en lugar de las mismas medidas señaladas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021, en virtud del inciso d) 1 de su Primera Disposición Complementaria Transitoria; que, como se consigno en sus descargos al informe final, una imposibilidad jurídica y presupuestal, al amparo de la Resolución de Directorio N° 009-2020-EMSAPUNO-PD; Directiva N° 004-2020-EMSAPUNO – Directiva de Austeridad, el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución de Directorio N° 010-2017-EMSAPUNO-PD; Cuadro de Puestos de Emsapuno S.A., aprobado por Resolución de Directorio N° 13- 2017-EMSAPUNO-PD, aunado a ello, por lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019- EF/50.01. iii. Sostienen que, de acuerdo a lo informado en el Oficio N° 741-2021-EMSAPUNO/GG, sustentan la imposibilidad jurídica y presupuestal que tienen para poder cumplir con lo requerido, toda vez que cuentan con una normativa interna que regula el ingreso del personal, por lo tanto, para que puedan comprometer gastos de recursos humanos no previstos ni planificados, debe de contarse con una sentencia con calidad de cosa juzgada, fundamentos que debieron ser tomados en cuenta por la autoridad administrativa al momento de emitir la sanción. iv. Por último, alegan que como empresa, no manifestaron que sus trabajadores realizan una carrera administrativa; sin embargo, cuentan con lineamientos debidamente aprobados de observancia obligatoria para una correcta incorporación de sus trabajadores en el registro de planillas, respetando el principio de meritocracia, concurso público sustentado en sus documentos de gestión para garantizar el debido procedimiento y transparencia, los cuales rigen su forma de organización como empresa prestadora de servicios de saneamiento.

2 Notificada a la impugnante el 03 de abril de 2023.

i. En el presente caso, el sujeto inspeccionado como empresa del estado de derecho privado (constituida como Sociedad Anónima) creada con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 574 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción de fecha 11 de abril de 1990, complementado por el Decreto Legislativo N° 601, que dispuso la transferencia de todas las empresas filiales y unidades operativas del SENAPA a las Municipalidades, que se encuentra fuera del ámbito de FONAFE, ejerce sus competencias con autonomía en su gestión empresarial y de políticas de inversión, que se encuentra sometida al cumplimiento de su Estatuto Social y demás normas que le sean aplicables. ii. Asimismo, téngase presente que, respecto a los trabajadores de las empresas del estado, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 40°. - Carrera administrativa. “(…) no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta”; por tanto, la labor que desempeñan los trabajadores de las empresas del Estado no se encuentra vinculada al ejercicio de la función pública, contrario a ello su desempeño está orientado con relación al objeto social de la empresa, no podrían considerarse como servidores o funcionarios públicos sujetos a la carrera administrativa, ya que el tratamiento con relación del personal de las empresas del estado se sujeta a las disposiciones señaladas en el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. iii. Que, la autoridad de primera instancia ha determinado las conductas infractoras en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva con arreglo a Ley, motivando la resolución apelada, ya que ha considerado el tratamiento legal del sujeto inspeccionado como empresa del estado que opera con autonomía económica, financiera y administrativa (Estatuto Social), donde la contratación de personal si bien se debe alinear a sus procedimientos o normativas internas; no obstante, tal situación no le exime de responsabilidad al sujeto inspeccionado, cuando contrata personal bajo la figura de contrato de locación de servicios para la prestación de servicios de naturaleza permanente, cuyas consecuencias jurídicas por la desnaturalización de dicho contrato, resulta por el incumplimiento de sus propias normas o disposiciones internas, máxime si por Ley se ha establecido el régimen laboral del sujeto inspeccionado (Decreto Legislativo N° 728). iv. En el presente caso, no se evidencia impedimento legal sobre el emplazamiento del cumplimiento de normas sociolaborales al sujeto inspeccionado en el procedimiento de actuaciones inspectivas, más aún cuando los medios probatorios alcanzados solo corroboran las conductas infractoras incurridas (Resolución de Directorio N° 009- 202020-EMSAPUNO-PD; Directiva N° 004-2020-EMSAPUNO - Directiva de Austeridad, Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución de Directorio N° 010-2017-EMSAPUNO-PD), ya que a pesar de tener lineamientos o procedimientos internos, se advierte del procedimiento investigatorio la desnaturalización del contrato de locación de servicio del señor Llanos Neira Eduardo, que en aplicación del Principio de primacía de la realidad y la identificación de los rasgos de laboralidad, se sujeta al artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97- TR (contrato de trabajo a plazo indeterminado). v. Con relación a la imposibilidad jurídica y presupuestal alegada por el sujeto inspeccionado, no ha acreditado en el procedimiento administrativo el agotamiento de las gestiones administrativas o acciones para el registro en la planilla electrónica al trabajador Llanos Neira Eduardo y los de más requerimientos contenida en la

medida inspectiva, más aún si por el Principio de presunción de veracidad, la documentación aportada por el sujeto inspeccionado (Oficio N°741-2021- EMSAPUNO/GG) respecto de los lineamientos o directivas internas, estos fueron aprobados antes de la fiscalización de las materias contenidas en la orden de inspección, ello implica que a pesar de tener sus instrumentos internos vigentes, se ha evidenciado en la fiscalización laboral la desnaturalización del contrato de locación de servicios del trabajador afectado, no considerando el régimen laboral aplicable a los trabajadores del sujeto inspeccionado, situación que no denota imposibilidad jurídica y no exime de responsabilidad frente al sistema de inspección del trabajo. vi. Por lo que, la situación financiera alegada por el sujeto inspeccionado no resulta argumento de eximente de responsabilidad, cuando ha podido prever desde el año fiscal 2019 referente a la situación laboral del trabajador afectado, lo que no se ajusta a lo resuelto en la Resolución N° 382-2021-SUNAFIL/TFL–Primera Sala para su observancia en este caso, considerando que no se ha desvirtuado en el procedimiento administrativo que las conductas infractoras no le son atribuibles al administrado a título de dolo o culpa en aplicación del Principio de culpabilidad, siendo responsabilidad del sujeto inspeccionado respecto de la contratación de personal utilizando el contrato de locación de servicios para la prestación de servicios de naturaleza permanente. vii. Además, el Precedente Vinculante del Tribunal de Fiscalización Laboral contenida en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, en su inciso f) dispone sobre el Principio de culpabilidad y disponibilidad presupuestal de entidades públicas, donde precisa que deben agotarse todas las gestiones internas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones en materia de relaciones laborales, ello implica efectuar la provisión y/o el gasto necesario. En este caso, el sujeto inspeccionado no ha demostrado la atención en el ejercicio fiscal (periodo de los contratos desnaturalizados junio 2013 a diciembre 2021 del trabajador afectado), sobre la programación presupuestaria, que posibilite el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2021, limitándose a señalar la imposibilidad jurídica y financiera, sin antes sustentar las acciones previas que pudieran evidenciar las gestiones internas realizadas como empresa del estado.

SUNAFIL/IRE-PUN, recibido el 02 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO PUNO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 013-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, la multa impuesta por haber supuestamente incurrido en cuatro infracciones por no acreditar el registro del trabajador Llanos Neira Eduardo en la planilla electrónica, en el régimen de seguridad social en salud, régimen de seguridad social en pensiones y por no cumplir la medida inspectiva, deviene en una imposibilidad jurídica y presupuestal, en merito a sus documentos técnicos de defensa presentados, que anexaban los medios probatorios suficientes, que a la vez demostraron la regulación y su actuar dentro de un estado de derecho. ii. Asimismo, alegan que no se han tomado en cuenta las normas de creación de la empresa matriz de SEDAPUNO, hoy Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno – Emsapuno S.A., sobre su personalidad jurídica, por lo que, se encuentran ante una aparente motivación como la aplicación errónea de la norma, así como la aplicación errónea de la Constitución Política. iii. Sostienen que, del análisis realizado por parte de la autoridad que confirma la multa, se advierte que pretende fundamentar y brindar conclusiones con la aplicación de la Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, lo que es errado, toda vez que dicha ley fue derogada por la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1031, publicada el 24 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano, lo que constituye un vicio en la motivación, vulnerando el principio de la debida motivación que ampara la Constitución Política del Perú y de manera expresa en el numeral 4 del artículo 3 y 6 del

TUO de la LPAG. Al respecto, invocan lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 01372-2020-PA/TC. iv. Asimismo, invocan la Resolución N° 317-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, referida a la debida motivación. v. Por otro lado, consideran que, para sentar base sobre la personalidad jurídica de SEDAPUNO, hoy día denominada Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno – Emsapuno S.A., prima facie se debe recurrir a la ley de creación de la empresa matriz, esto es el Decreto Legislativo N° 150, Ley de la Empresa de Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), en el cual en su artículo 3 señala: “SENAPA, en una Empresa de propiedad privada del Estado, con la calidad de persona jurídica de derecho público interno, que actuará con autonomía financiera y administrativa con arreglo a la política general, objetivos y metas del Ministerio de Vivienda y coordinará sus acciones con los planes de este Portafolio”. vi. Al respecto, agregan que, mediante Decreto Supremo N° 013-85-VC, se aprueba el estatuto de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puno (SEDAPUNO) filial de SENAPA, el que a su vez en su artículo 5 precisa que: “(…) SEDAPUNO es una empresa de Derecho Público Interno, filial de SENAPA, que se rige por los derechos legislativos 143, 150 y 216 por la Ley General de Sociedades (…)”. Entonces, desde la empresa matriz SENAPA, su empresa filial SEDEPUNO hoy denominada EMSAPUNO S.A., fue credo como una Empresa de Derecho Público y no como empresa de derecho privado, como erróneamente pretende interpretarse en la resolución de alzada. vii. Precisan que, de conformidad con el numeral 48.2 del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1280, son una empresa prestadora de servicio público de accionario municipal, por cuanto las acciones que poseía el Estado, a través de la empresa matriz SENAPA fueron transferidos a título gratuito a las municipalidades en aplicación de los Decretos Legislativos N° 724 y 601, por ende las acciones de EMSAPUNO siguen siendo del Estado, representado por el Gobierno Local (Municipalidades), no existiendo participación privada en cuanto al accionariado. Manifiestan que lo señalado guarda relación con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, propiamente en su artículo 4, sobre las formas en la que se desarrolla la Actividad Empresarial del Estado. viii. Por otro lado, aducen que se aplica erróneamente el artículo 60 de la Constitución Política del Perú que no es una norma laboral, vía infracción normativa por interpretación errónea y presunto control difuso administrativo que se encuentra prohibido su aplicación por la administración pública, al argumentar que las Empresas del Estado tienen el mismo tratamiento legal que una empresa privada, es decir, se sujeta a las disposiciones normativas como una empresa del sector privado, y para ello se apoya en el artículo 7 de la Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, norma derogada por el Decreto Legislativo N° 1031.

ix. Cuestionan una presunta extralimitación de la actuación de la verificación de la normatividad sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y pretende atribuirse funciones propias del órgano judicial, en tanto que, se atribuye las facultades conferidas al órgano jurisdiccional, toda vez que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, son competentes los juzgados para determinar y conocer aspectos, erradamente concluidos por la entidad; sin embargo, dichos fundamentos sirvieron de sustento para declarar arbitrariamente infundado el recurso de apelación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

inspeccionado, se verifica que el trabajador ejecuta sus funciones en forma personal sin ser apoyado por terceros o que se le brinde colaboración alguna; de los mismos contratos se advierte que realiza labores de “Conductor de la unidad móvil de equipo de balde y apoyo en redes de limpieza de alcantarillado sanitario de la ciudad de Puno con equipo Hidrojet”. Asimismo, se verifica que las labores detalladas constituyen una labor permanente acorde a la actividad económica principal del sujeto inspeccionado (captación, tratamiento y distribución de agua). Al respecto, se debe considerar que, en la visita inspectiva el trabajador se encontraba en el centro de trabajo (Av. Circunvalación N° 636, Reservorio Taller El Manto de la ciudad de Puno), a fin de desarrollar sus actividades en forma personal y directa; por otro lado, se verifica incluso de la relación de personal adjunta a la constancia de actuaciones inspectivas de investigación de fecha 22 de octubre de 2021, así como del documento de control y registro de vehículos; ficha de registro (saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y control de temperatura de la misma fecha); lo que se puede apreciar de la siguiente figura:

Figura N° 01:

ii) Remuneración: se verifica que el sujeto inspeccionado pactó una retribución (contraprestación), a favor del trabajador por los servicios prestados, conforme se indica en los documentos denominados “contratos de locación de servicios”, y que conforme a ello se han emitido las correspondientes órdenes de servicio y los recibos por honorarios electrónicos, emitidos por el trabajador afectado; advirtiéndose un pago en forma periódica, mensual y de libre disposición, además se advierte que el monto es regular en su percepción (con incrementos a S/ 1,820.00 en los meses de diciembre 2019 y diciembre 2020, coincidentes con las festividades, y con un incremento en el pago a S/ 1,200.99 desde el mes de julio del 2021), lo que se puede apreciar de la siguiente figura:

Figura N° 02:

iii) Subordinación: de los contratos de locación de servicios se verifica que se detallan los servicios a realizar por el trabajador, a fin de que preste sus servicios en la Sub Gerencia de Mantenimiento (área usuaria), que forma parte de la estructura orgánica del sujeto inspeccionado (como se indica en el organigrama del sujeto inspeccionado, como dependencia de la Gerencia de Operacional, a fin de que desempeñe labores de “conductor de la unidad móvil de equipo de baldes y apoyo en la limpieza de redes de alcantarillado sanitario de la ciudad de Puno”, labores relacionadas a la actividad económica principal del sujeto inspeccionado (captación, tratamiento y distribución de agua). Al respecto, se verifica que, el trabajador ha emitido cartas dirigidas a la Gerencia General del sujeto inspeccionado, informando a detalle los trabajos realizados en los meses de enero a marzo de 2020, mayo-2020, de julio a diciembre de 2020, y de enero

a setiembre de 2021. Asimismo, se tiene que el trabajador se encuentra encargado del uso del equipo de balde, además que se le proporciona el uso de vehículos con el fin de que ejecute las labores asignadas, conforme se advierte del documento de “control y registro de vehículos”. Por lo que, se evidencia que no se configura la autonomía en la prestación del servicio, ya que el sujeto inspeccionado brinda elementos y materiales determinantes para la ejecución de las funciones del trabajador. Por otro lado, de la ficha de registro: saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y control de temperatura, se advierte que el trabajador ha registrado su ingreso al centro de trabajo visitado; por lo que, se evidencia que el trabajador a fin de desarrollar sus funciones tiene que concurrir al centro de trabajo del sujeto inspeccionado, lo que denota la subordinación del trabajador hacia el sujeto inspeccionado, ya que la ejecución de las labores del trabajador se encuentran sujetas a un control directo. Así también, se ha dejado constancia que el sujeto inspeccionado ha proporcionado indumentaria y equipos de protección personal (mamelucos, zapatos, guantes, bota, entre otros) al trabajador, conforme se detalla en los documentos de requerimiento de los equipos de protección personal de los años 2019 al 2021; además, en la visita efectuada el 22 de octubre de 2021 se verificó que el trabajador venía haciendo uso de indumentaria con logo del sujeto inspeccionado, lo que denota la existencia de subordinación.

ley. Al respecto, de acuerdo a lo vertido, se debe precisar que la impugnante pretende ajustar sus fundamentos a la aplicabilidad de la eximente de responsabilidad, debido a que no contaría con capacidad jurídica y presupuestal para dar cumplimiento a la medida de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2021.

exigencias de la normativa del Empleo Público, como el ingreso del personal por concurso público (meritocracia), requisitos que son propios del sector público, por encontrarse los servidores y/o funcionarios civiles en la función pública.

entidad. Sobre el particular, debe tenerse presente que el numeral 1 del artículo 3 de la LGIT establece que le corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función inspectiva, señalándose entre las finalidades de la inspección del trabajo, la de “… vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, complementarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral (…) entre otras, de las normas en materia de relaciones laborales individuales".

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el

inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Figura N° 03:

9 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….)

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento administrativo 6.25 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las

garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha

10 TUO de la LPAG, “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

” No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“24. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende, entre otros, el de solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda.

25. Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se motive la decisión de admitirlo o no.

26. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, ha sido enfático al considerar que no cualquier restricción del uso de medios legales de defensa supone un agravio al derecho constitucional de defensa ni, mucho menos, podría suponer el dejar al administrado en estado de indefensión. De esa forma, el informe oral ante el órgano que resuelve el recurso de revisión no es un componente indispensable para la eficacia real del derecho de

11 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

defensa cuando los argumentos de la parte interesada ya se hicieron constar por escrito como sustento de su pretensión impugnatoria.

27. En el expediente administrativo que se eleva ante este Tribunal, deben constar (o deberían constar) los argumentos de defensa del administrado y aquellos que fundamentan la imputación efectuada por la Administración. Excepcionalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral puede ejercer la facultad descrita en el artículo 18.3 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, y requerir al impugnante la presentación de informaciones complementarias. Cabe precisar que, el trámite del recurso de revisión no da lugar a un proceso de conocimiento con estaciones probatorias ni audiencias. Por consiguiente, en situaciones ordinarias, el Tribunal de Fiscalización Laboral resolverá en base a los actuados en el expediente.

28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el registro del trabajador Llanos Neira Eduardo en la planilla electrónica con contrato de trabajo a plazo indeterminado, desde la fecha de inicio de su vínculo Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

laboral vigente (desde el 01 de junio de 2019). Seguridad Social No acreditar la inscripción del trabajador Llanos Neira Eduardo, en el régimen de seguridad social en salud, desde la fecha de inicio de su vínculo laboral vigente (desde el 01 de junio de 2019). Numeral 44-B.1 del artículo 44- B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción del trabajador Llanos Neira Eduardo, en el régimen de seguridad social en pensiones, ya sea en el Sistema Público de Pensiones (ONP) o en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) desde la fecha de inicio de su vínculo laboral vigente (desde el 01 de junio de 2019). Numeral 44-B.1 del artículo 44- B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO PUNO S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 013-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 30 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Puno, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 364-2021-SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 013-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO PUNO S.A, y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250409MCR – HR 146425-2021