Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A — Res. 317-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Relaciones Colectivas (Convenios Colectivos), Remuneraciones (Pago de la remuneración – sueldos y salarios). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE a las normas sociolaborales, por no cumplir con las obligaciones con respecto a los pagos o entregas de los beneficios contemplados en el convenio colectivo 2019 que, como prórroga y/o derechos adquiridos debe pagar y entregar a los trabajadores afiliados al SITAPASAM en el año 2020, debido a que no se ha presentado nuevo pliego de reclamos en dicho año, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 y con una sanción de S/ 33,669.00 (treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve con 00/100 soles).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento dictada el 15 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y con una sanción de S/ 60,974.00 (sesenta mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles).

i. La resolución apelada vulnera el Principio de Debido Procedimiento y el artículo 43 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, contraviniendo el criterio jurisprudencial asumido por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional.

ii. De igual forma, también se vulnera el Principio de Provisión Presupuestaria prevista en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021, aprobado mediante Ley N° 31084, concordante con el literal 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, el cual establece que “todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado”.

2 Notificada a la inspeccionada el 05 de julio de 2021.

i. De la revisión la cláusula trigésima séptima de la existencia del Acta de Acuerdo en Reunión de la Comisión Negociadora periodo 2019 entre la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A. (SITAPASAM), se estableció que el convenio colectivo tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

ii. De conformidad con diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el convenio colectivo es el documento en el cual se encuentra reflejado el acuerdo entre el empleador y los representantes de los trabajadores referente a las mejores condiciones remunerativas, de trabajo, productividad, entre otros aspectos referentes a las relaciones laborales, aplicables a los trabajadores por un determinado periodo.

iii. En similar sentido, de conformidad con lo estipulado por la Casación Laboral N° 10406-2016-LIMA del 16 de mayo de 2020, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria estableció, respecto de la vigencia de las cláusulas, que “las cláusulas del convenio colectivo continúan rigiendo incluso de forma posterior a su vigencia; es decir, aun cuando dicho acuerdo haya dejado de tener eficacia por efecto del tiempo, hasta su modificación por parte de otro pacto colectivo expreso. De donde se advierte que las cláusulas del convenio colectivo son de naturaleza permanente, salvo que las partes estipulen lo contrario”. (fundamento 14 de la resolución impugnada).

iv. En ese sentido, “la convención colectiva continúa rigiendo hasta que no sea modificada por una convención colectiva posterior. Entonces, en el presente caso, conforme lo argumentó el órgano resolutivo de primera instancia, la Empresa se encontraba en la obligación de otorgar los beneficios laborales contemplados en el Convenio Colectivo 2018-2019 a los trabajadores afiliados al SITAPASAM, debido a que no se ha establecido un Convenio Colectivo para el año 2020”.

v. Esta interpretación se condice con ciertas cláusulas contenidas en el Acta de Acuerdo de Reunión de la Comisión Negociadora período 2019 entre la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. y el SITAPASAM, que presentan un carácter permanente, tales como la cláusula segunda en la que se acuerdan otorgar la bonificación por alimentación por el importe de S/ 300.00 anuales, b) cláusula décimo, cuarta y quinta sobre el pago de bono por fallecimiento y sepelio del trabajador y familiar, c) cláusula vigésima octava: canasta navideña, convienen en otorgar a todos los trabajadores sindicalizados al SITAPASAM un cesto de víveres por navidad y un vale de S/ 150.00, d) cláusula

trigésima segunda, indumentaria de vestir y de trabajo, en la que se convienen en otorgar en el mes de marzo de cada año la dotación de uniformes o indumentaria de trabajo”.

vi. Frente a los alegatos de la impugnante, referidos a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 650-2020-PIURA, así como a lo indicado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 008-2005- PI/TC, en cuyo contenido se concluye que la convención colectiva caduca automáticamente cuando vence el plazo, debe tenerse presente que las resoluciones citadas no son un precedente vinculante que obligue a la autoridad a tomar en cuenta lo resuelto por éstas.

vii. No se ha producido la vulneración de algún dispositivo legal , señalando respecto del principio de provisión presupuestaria , que “…en este caso aplica sobre una gestión inherente a la entidad fiscalizada, que debió cautelarmente gestionar ante el erario público con la finalidad de cumplir sus compromisos derivados de la negociación colectiva; a toda luz las normas de orden público que regulan la materia, aplican la extensión del beneficio antes citadas, frente a una situación de ausencia de pacto contrario. En tal orden, tampoco hay inobservancia del principio que alude el administrado”.

Admisibilidad Y Análisis De Procedencia Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

8 Iniciándose el plazo el 06 de julio de 2021.

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando:

a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

De Los Fundamentos Y Analisis Del Recurso De Revisión

3.1.1.1 Se sostiene que la SUNAFIL incurre en error de derecho al sancionar a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, contraviniendo el artículo 43 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, que aprueba la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, así como el criterio jurisprudencial asumido por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional.

3.1.1.2 Así, el análisis de las resoluciones de las instancias antes señaladas se encuentra un sentido muy distinto al propuesto por la autoridad inspectiva y sancionadora, razón por la cual la impugnante no está obligada a cumplir con el pago de los

acuerdos adoptados en la convención del año 2019, salvo en los que se haya establecido su carácter permanente.

3.1.1.3 En ese sentido, la interpretación dada al artículo 43 del Decreto Supremo N° 010- 2003-TR, que aprueba la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, pues al momento de remitir el primer requerimiento de información, se ha cumplido con adjuntar el Acta de Negociación Colectiva 2019, a través del cual se dejó constancia de la vigencia del referido acuerdo únicamente por un año, de conformidad con la cláusula Trigésimo Séptima.

“La Empresa conviene con el SITAPASAM que el presente convenio colectivo tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019”

3.1.1.4 Reiterándose en este extremo lo señalado por el artículo 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2021 – Ley N° 31084, concordante con el literal 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175.

3.1.1.5 En ese sentido, la supuesta infracción de cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento no es exigible legalmente a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A.

3.1.1.6 Señala también la impugnante que “nos encontramos ante un atentado contra el debido proceso y derecho de defensa, generados por la motivación insuficiente por parte de la Autoridad Resolutiva, pues no sustenta fáctica y jurídicamente porque se aparta del criterio asumido por la Corte Suprema de la República y nuestro Tribunal Constitucional”.

3.2.4.1 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

3.2.4.2 El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004- AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

3.2.4.3 En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69) (énfasis añadido).

3.2.4.4 Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante: al derecho a la defensa, debida motivación, plazo razonable y legalidad, objetividad e imparcialidad

3.2.5.1 Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

3.2.5.2 En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora

administrativa9, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

3.2.5.3 Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

3.2.5.4 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto.

3.2.5.5 A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005- PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis agregado).

3.2.5.6 Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

3.2.5.7 En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10.

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del

3.2.5.8 Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí11, se ha expresado lo siguiente:

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

3.2.5.9 En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

3.2.5.10 Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

3.2.5.11 Conforme se ha identificado previamente, se evidencia que las instancias que precedieron al Tribunal en el análisis y emisión de los actos administrativos respectivos no cumplieron con garantizar una adecuada motivación, máxime tratándose de un procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional

3.2.5.12 Es ilustrativo de lo anterior que las instancias de la Intendencia Regional a cargo del procedimiento no hayan analizado las alegaciones del administrado respecto de la notificación realizada, evitando analizar lo correspondiente a la aplicación del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

3.2.5.13 Consecuentemente, las instancias de la Intendencia Regional responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho, así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes constitucionalmente establecidos.

deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

3.2.5.14 De la revisión de los Hechos Constatados del Acta de Infracción N° 012-2021- SUNAFIL/IRE-SMA del 02 de febrero de 2021, esta Sala identifica que el inspector actuante –al momento de identificar y fundamentar– la actuación contraria a derecho de la impugnante recurre a formalidades y citas. Así, por ejemplo, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2020 y obrante a folios 73 del expediente inspectivo, la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. solicitó que se reevalúen los hechos, haciendo una clara referencia a la Clausula Trigésimo Séptima y el plazo expresamente señalado para su vigencia (01 de enero al 31 de diciembre de 2019), así como a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la Casación N° 650- 2005-PIURA:

3.2.5.15 Justificando además que durante el año 2020 no se suscribió ninguna convención colectiva, conforme a la prohibición establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 014-202012:

“SEGUNDA. Tratamiento de negociación colectiva en curso

Las negociaciones colectivas y arbitrajes de índole laboral de entidades del Sector Público que se encuentren en proceso, se adecúan a lo establecido en el presente Decreto de Urgencia. En tanto se implemente el Registro al que se refiere el numeral 7.1 del artículo 7, las partes pueden designar como árbitros a profesionales de reconocido prestigio autorizados por SERVIR. En el caso de procesos arbitrales en que los árbitros no se hayan puesto de acuerdo en la elección del presidente del tribunal arbitral o que dicho

12 De conformidad con el artículo único de la Ley N° 31114, publicada el 23 de enero de 2021, se dejó sin efecto el citado Decreto de Urgencia

tribunal esté pendiente de instalarse, corresponde a SERVIR designar al presidente del tribunal arbitral, bajo sanción de nulidad de las actuaciones llevadas a cabo y del laudo arbitral correspondiente”.

3.2.5.16 Pese a ello, el Acta de Infracción en los numerales 7 y siguientes del punto 4.10 de los Hechos Constatados, sostiene:

“Si bien es cierto, corresponde a las partes negociadoras fijar la duración del convenio colectivo, esto tiene un ámbito temporal en función de lo que el mismo convenio indique; prorrogándose de año en año de no haberse solicitado un nuevo convenio, sin embargo si transcurrido un tiempo (un año) sin que se firme un nuevo convenio pierde vigencia el convenio anterior, salvo pacto en contrario; las condiciones laborales recogidas en el convenio anterior le seguirán aplicando a los trabajadores pero ya considerados como derechos adquiridos”.

3.2.5.17 En la misma Acta, se cita posteriormente al numeral d) del artículo 43 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y reiterando que “el convenio vencido y no denunciado (negociación colectiva) prorroga su vigencia de año en año, salvo pacto en contrario de las partes” (numeral 9) cuando de la lectura del mismo se obtiene otro resultado13, añadiendo que el Convenio incluye cláusulas que por su naturaleza tienen vocación de permanencia (Cláusula segunda, décimo cuarta y quinta, vigésimo octava, y trigésimo segunda) y concluyendo que por aplicación de los numerales c) y d) del citado Decreto Supremo N° 010-2003-TR, “el sujeto incumple la obligación con respecto a los pagos o entregas de los beneficios contemplados en el convenio colectivo 2019 que como prórroga y/o derechos adquiridos debe pagar y entregar a los trabajadores afiliados al SITAPASAM en el año 2020, debido a que no se ha presentado un nuevo pliego de reclamos en dicho año.”, sin realizar un mayor análisis al respecto.

3.2.5.18 Encontrándose que la misma fundamentación fue desarrollada por la medida inspectiva de requerimiento, obrante a folios 149 del expediente inspectivo en el punto 2 de los “Hechos verificados y hechos que constituyen una infracción”.

3.2.5.19 Posteriormente, la resolución que impone la sanción Resolución de Sub Intendencia N° 0158-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE del 28 de mayo de 2021 al fundamentar la sanción impuesta (así como la exigibilidad de la medida de

13 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo N° 010-2003-TR Artículo 43.- La convención colectiva de trabajo tiene las características siguientes: a) Modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior; o, si no la hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para las que señale plazo distinto que consistan en obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su suscripción. c) Rige durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e) Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares. f) Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación a la Autoridad de Trabajo con el objeto de su registro y archivo.

requerimiento, de competencia de este Tribunal), cita a través del considerando 29 los numerales 5 a 10 del Acta de Infracción, incurriéndose en el mismo error. 3.2.5.20 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en extenso sobre los vicios de la motivación14, siendo de entender de esta Sala que ni la primera instancia ni el Acta de Infracción15 han sustentado de manera adecuada las razones por las cuales habría de extenderse la vigencia del convenio colectivo –y de exigirse su cumplimiento a través de una medida inspectiva de requerimiento– sin haberse detallado de manera previa las razones que justifican tal contexto.

3.2.5.21 Por ello, a consideración de esta Sala, la contravención al derecho de la motivación en el Acta de Infracción y en la primera instancia vulneran el Principio al Debido Procedimiento16. Esta contravención de un principio ordenador del

14 Así, a través del considerando 7 de la sentencia recaída en el Expediente N° 0896-2009-PHC/TC del 24 de mayo de 2010, y en vinculación con el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, se precisó el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación, encontrándose que se entiende por Inexistencia de motivación o motivación aparente cuando “…Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o el Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por equis, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de equis en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrá ser enjuiciada por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.” 15 Tal y como se ha señalado en resoluciones previas de este Tribunal, el Acta de Infracción es comprendida como un acto administrativo de trámite, sujeto a los alcances del TUO de la LPAG. 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a

procedimiento administrativo contenido en el artículo IV del TUO de la LPAG acarrea la nulidad de las mismas, de acuerdo a lo regulado en el artículo 10 de la norma en desarrollo:

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

3.2.5.22 Por ende, al vulnerarse el Principio al Debido Procedimiento a través de la falta de motivación, contenido en el Título Preliminar del TUO de la LPAG, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 0158-2021-SUNAFIL/IRE- SMA/SIRE, sustentada en el Acta de Infracción N° 012-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la norma en desarrollo, por adolecer de una correcta motivación.

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Resultado Del Análisis Realizado

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 10° y 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 0158-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, fecha 28 de mayo de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de San Martín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 24-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver el presente expediente a la Intendencia Regional de San Martín, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 4.3 de la presente resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTÍN S.A. y a la Intendencia Regional de San Martín, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luis Gabriel Paredes Morales