Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel… — Res. 792-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de Agua, Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Pucallpa (SUTAPAP), para que se verifique el cumplimiento de las medidas de SST, y el Plan de Prevención del COVID en el centro de labores.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber acreditado la entrega completa de los Equipos de Protección Personal de los trabajadores del Sindicato Unitario de Trabajadores de Agua Abastecimiento, Agua Potable y Alcantarillado de Pucallpa - SUTAPAP, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,452.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 62,392.00.

i. Refieren que la resolución materia de impugnación les causa agravio, por contener información falsa, por cuanto, en su oportunidad presentaron los medios probatorios idóneos y cumpliendo con las normas laborales vigentes y no como se pretende señalar que no se presentaron documentos sustentatorios que desvirtúen los hechos alegados por los comisionados. ii. Alegan que en un anterior escrito de apelación, ya se ha mencionado que al momento de realizar los descargos cumplieron con adjuntar los medios probatorios de los 117 trabajadores, incluyendo 1 trabajador que en su momento fue objeto de sanción y apelación. iii. Agregan que, en su escrito de descargo de fecha 13 de marzo de 2023, en el que se ha producido el descargo presentado con fecha 17 de noviembre de 2021, se invoca que la EPS cumplió con todas sus obligaciones.

2 Notificada a la impugnante el 10 de abril de 2023. Véase folio 1477 del expediente sancionador.

apelación interpuesto por la impugnante, revocando en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 000115-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, en el extremo de la infracción relacionada con la materia de SST, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT, y confirmando la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y adecuó la multa a la suma de S/ 62,392.00, por considerar los siguientes puntos:

i. De la Resolución de Sub Intendencia se aprecia que se imputa a la inspeccionada el no acreditar la entrega de equipos de protección personal – EPP de 117 trabajadores (01 trabajador administrativo y 116 trabajadores que realizan labor de campo) sindicalizados al sindicato unitario de trabajadores de agua abastecimiento, agua potable y alcantarillado de Pucallpa-SUTAPAP; sin embargo, este despacho luego de la revisión a detalle del expediente, advierte que la inspeccionada acreditó la entrega de EPP de los 117 trabajadores, de acuerdo a los implementos específicos que son necesarios en cada departamento de la empresa. ii. Entonces, al haberse advertido también que los equipos de protección personal – EPP fueron entregados en su oportunidad a los 117 trabajadores, antes de la notificación de la imputación de cargos; por lo tanto, corresponde aplicar el inciso f) del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444. En tal sentido, se procede a eximir a la inspeccionada de la infracción grave de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. iii. De la revisión del expediente se aprecia que el inspector con fecha 29 de abril de 2021, adoptó medida inspectiva de requerimiento, a fin de que la inspeccionada acredite el cumplimiento de sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo (entrega de equipos de protección personal a sus trabajadores), debiendo acreditar el cumplimiento de sus obligaciones hasta el 07 de mayo de 2021, al correo institucional: avela@sunafil.gob.pe; llegado el 07 de mayo de 2021, la inspeccionada remite documentación que luego de su valoración integral, el inspector advirtió que la inspeccionada no cumplió con entregar los elementos de protección personal a los trabajadores sindicalizados. iv. Entonces, en el presente caso no se pudo cumplir con el objeto de la medida inspectiva de requerimiento, el cual es “revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, y por tal motivo con el incumplimiento de la medida, la inspeccionada incurrió en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, las cuales son de comisión inmediata e insubsanables.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Empresa Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Coronel Portillo Sociedad Anonima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la resolución materia de impugnación les causa agravio, por contener información falsa, por cuanto, en su oportunidad, han presentado los medios probatorios idóneos que sustenta y evidencia que han cumplido y vienen cumpliendo con las normas laborales vigentes y no como se pretende señalar que no presentaron documentos sustentatorios que desvirtúen los hechos alegados por los comisionados. ii. Señalan que, en un anterior escrito de apelación, han mencionado que al momento de realizar los descargos cumplieron con adjuntar los medios probatorios de los 134 trabajadores. iii. Precisan que en su escrito de descargo de fecha 13 de marzo de 2023, en la que se producido el descargo presentado con fecha 17 de noviembre de 2021 invocan que cumplieron con todas sus obligaciones y que la sanción propuesta contraviene lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. iv. Agregan que en su escrito de apelación de fecha 25 de abril de 2022, precisaron que, los 116 trabajadores observados que realizan labores de campo, limpieza, conductores, entre otros, han recibido como corresponde sus Equipos de

Protección Personal (EPP), y no de manera parcial 96 y 20 que no han recibido, como lo menciona la Sunafil, sino que han recibido de manera total los EPP sin excepción; por lo que, se procede a separar y mencionar a los trabajadores por áreas de acuerdo al detalle de los descargos de fecha 17 de noviembre de 2021. v. Sostienen que, no se han tomado en cuenta los descargos, en los cuales se expresa que no incurrieron en la infracción invocada y que se encuentra debidamente acreditada. vi. Niegan los hechos que se les imputa, y son falsos, en cuanto, además del abundante medio probatorio aportado al presente procedimiento sancionador, se tiene que en el escrito de apelación de fecha 25 de abril de 2022, expusieron que, mediante Informe N° 043-2021-GG/GO/DSIMA-EMAPACOP S.A., se ha señalado que los EPPS se deben distribuir por cada área (Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Control de Calidad, Producción, Manejo y Disposición de Aguas Residuales, Mantenimiento, Redes de distribución, Seguridad Industrial, Catastro y Clientela, facturación y Medición, y Cobranzas). vii. Mencionan que, al solicitar información al Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente sobre los EPP, mencionados en el Informe N° 043-2021- GG/GO/DSIMA-EMAPACOP S.A., ha señalado con el Informe N° 221-2021- GG/GT/DSIMA-EMAPACOP S.A., que dicho informe refiere en forma general a los implementos de seguridad que corresponde al personal de la EPS; sin embargo, aclara que los implementos de protección son entregados a cada trabajador teniendo en cuenta las actividades que ejecuta cada uno de ellos, y no generalizando al departamento al cual pertenece, puesto que, cada departamento cuenta con personal con distinto cargo y cada actividad que ejecutan tienen distintos peligros y por ende distintos riesgos. En ese sentido, como una de las medidas de control para proteger al trabajador de los daños, se realiza la entrega de los EPP teniendo en cuenta las actividades que ejecutan de acuerdo a cada cargo operativo y administrativo. viii. Aducen que, vienen cumpliendo con la entrega de EPP a cada trabajador, por lo que, nuevamente adjuntan documentos que sustentan la entrega de los mismos, en especial de los 116 trabajadores obreros y 01 trabajador administrativo, con lo cual demostraría que la sanción que se pretende aplicar se encuentra sin sustento, por lo que, no se estaría vulnerando ninguna normativa que recaiga en infracción y por ende en una multa. ix. Advierten que la resolución materia de impugnación no ha realizado una valoración debida de los medios de prueba ofrecidos en los descargos de fecha 17 de noviembre de 2021, mucho menos los menciona en la resolución materia de impugnación, lo que vulnera flagrantemente el derecho de defensa. x. Consideran que, de los hechos que se vienen exponiendo, se puede apreciar que no realizan entrega de EPP de manera antojadiza, sino de acuerdo a un pacto

colectivo, según el lugar de trabajo del trabajador, por lo que este hecho, no puede ser tomado como si omitieran su obligación. xi. Agregan que, la carga de la prueba del hecho objeto de sanción corresponde a la Administración, no al administrado. No cabe en este punto ninguna clase de matriz. No es posible la imposición de sanción alguna con el fundamento de meras sospechas, y tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado inocencia. xii. Invocan el principio de presunción de inocencia, regulado en el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política y recogido en el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG, así como el fundamento 45 de la STC, recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC, referida a que no puede trasladarse la carga de prueba a quien soporta la imputación. xiii. Por otro lado, refieren que el artículo 173 de la LPAG, establece que la carga de la prueba se rige por el denominado principio de impulso de oficio, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. xiv. Alegan que la actividad probatoria de la Administración Pública no se encuentra limitada a aquellos medios probatorios obrantes en el expediente o los que voluntariamente hayan sido o puedan ser aportados por los administrados (verdad formal), sino también se le exige la constatación de la veracidad de los hechos (verdad material), de modo que las consecuencias jurídicas previstas en las normas efectivamente se apliquen a los presupuestos de hecho que les dan lugar. xv. Por último, sostienen que, la Administración no debe contentarse con lo aportado por el administrado, sino que debe actuar, aun de oficio, para obtener otras pruebas y averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva, ya que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima sobre la verdad formal.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

9 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

Figura N° 01

Sancionadora de primera instancia, en los considerandos 35. a 45. de la Resolución de Sub Intendencia N° 000654-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, y la Autoridad Sancionadora de segunda instancia, en los considerandos 4.5 y 4.6 de la Resolución de Intendencia N° 062- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA, proceden a valorar los medios probatorios presentados por el sujeto responsable en su descargo de fecha 17 de noviembre de 2021, referidos a la entrega de los Equipos de Protección Personal de los trabajadores del Sindicato Unitario de Trabajadores de Agua Abastecimiento, Agua Potable y Alcantarillado de Pucallpa – SUTAPAP, advirtiendo que los equipos de protección personal – EPP fueron entregados a los 117 trabajadores, antes de la notificación de la imputación de cargos; por lo tanto, se evidencia que se aplicó el eximente de responsabilidad por infracción, conforme a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 257 del TUO de la LPAG, dejando sin efecto la infracción grave en materia de SST. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.12 Al respecto, la impugnante alega que se ha vulnerado el debido procedimiento. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA, en contra la Resolución de Intendencia N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 05 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 256-2021-SUNAFIL/IRE- UCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA, y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702MCR - HR 43666-2021