Empresa Municipal Agua Potable y ALC — Res. 207-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas (sub materia: convenios colectivos) Bianca FAU 20555195444 soft 20:01:36-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 30 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. No se ha considerado el escrito de descargos, afectando el debido proceso.

ii. Deben observarse los lineamientos generales emitidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

iii. Al momento de emitir la medida de requerimiento, no se ha observado la incorporación al régimen de apoyo transitorio.

iv. Pese a las gestiones realizadas, el gobierno central ha iniciado el procedimiento para trasladar los recursos necesarios.

v. Tras lo señalado por el directorio ante la comisión de dirección transitoria de EMAPICA-OTASS, y haberse aceptado una modificación presupuestaria en el año 2021, se dará inicio al procedimiento de cumplimiento del punto pendiente del convenio colectivo 2019.

vi. No se cumplió con el punto 11 del convenio colectivo 2019 por un caso fortuito.

i. Respecto al debido procedimiento, se expresa que los descargos debieron enviarse ante la plataforma web de mesa de partes virtual dentro de los horarios 08:30 am a 04:30 pm a una determinada dirección virtual. Empero, no se presentaron los descargos a la correcta dirección de envió pese a que se le advirtió cuál era esta, por

2 Notificada a la inspeccionada el 07 de junio de 2021.

lo que no hay vicio de nulidad. No obstante, se motivará los mismos en función en los presentes considerandos.

ii. En el numeral 2.13, con relación a la competencia de SERVIR sobre la presente materia controvertida, se esbozó lo siguiente:

“ (…) se tiene que los inspectores comisionados se encuentran revertidos de autoridad y competencia [artículos 4 y 32 del LIGT] para fiscalizar al sujeto responsable, por lo tanto lo esgrimido por el sujeto responsable en su escrito venida en alzada, carece de sustento válido.”3

iii. De otro lado, se trae a colación las líneas que sustentan el numeral 2.17 de la resolución impugnada:

“(…) el sujeto inspeccionado pese a encontrarse con recibos pendientes de pago a efectos de las disposiciones frente al covid-19, estos no fueron objeto de condonación, muy por el contrario las medidas adoptadas fueron las de fraccionar las deudas, situación que no le generaría perdidas absolutas de recaudación, más aún si como bien lo hemos señalado … la SUNASS adopto medidas para el caso en concreto a fin de sostener a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento”4.

iv. Respecto a las gestiones para otorgar cumplimiento al extremo pertinente del acuerdo colectivo, se expresó que la impugnante debió prever la falta de presupuesto, gestionando los trámites pertinentes para no generar incumplimiento ante los trabajadores sindicalizados.

v. Finalmente, respecto a la existencia de caso fortuito, en el numeral 2.26, se ha indicado lo siguiente:

“(…) en su momento pudieron adoptar medidas como gestiones internas que pudieron hacer cumplir con sus obligaciones pactadas en la cláusula 11 del convenio colectivo; sin embargo … el sujeto inspeccionada no adjunta documento más allá de lo manifestado que acredite haber cumplido con los beneficios establecidos en la cláusula 11 del convenio colectivo (…)”.5

3 Páginas 5 y 6 de la Resolución de Intendencia N° 050-2021-SUNAFIL/IRE-ICA. 4 Página 6 de la Resolución de Intendencia N° 050-2021-SUNAFIL/IRE-ICA. 5 Página 8 de la Resolución de Intendencia N° 050-2021-SUNAFIL/IRE-ICA. 1.6 Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 050-2021-SUNAFIL/IRE-ICA.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- De la vulneración del principio del debido procedimiento administrativo y motivación de resoluciones

Precisa que, la resolución impugnada vulneró el principio del debido procedimiento administrativo, porque no ha sido debidamente motivada ,ya que no ha analizado respuesta a todos los argumentos contenidos en el escrito de apelación, específicamente, sobre los efectos de la vigencia del Decreto de Urgencia N° 014- 2020 -Decreto de Urgencia que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público- (en adelante, D.U. N° 014-2020), en la que su representada se encontraba obligada en observar.

Finalmente, señala que mientras no se resuelva de manera definitiva la infracción grave, la que será ventilada en la vía judicial, no podrá determinarse si resultó exigible el requerimiento.

- De la imposibilidad de cumplir con la medida de requerimiento

Al encontrarse vigente el Decreto de Urgencia N° 014-2020, manifiesta que no corresponde sancionar el no cumplimiento de la medida de requerimiento, porque se encontraba imposibilitada de cumplir con la cláusula del convenio colectivo 2019, relativa al otorgamiento de vales de consumo.

11 Iniciándose el plazo el 08 de junio de 2021.

Asimismo, agrega que de cumplir con el presente requerimiento constituiría responsabilidad disciplinaria respecto a los servidores que disponen su aplicación, conforme se encuentra dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del referido dispositivo.

A su vez, sostiene que se encontró atravesando un estado de insolvencia económica, debido a la baja recaudación ocasionado por la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el brote de la Covid-19. Agrega que ello se encuentra sustentado a través de Informes Económicos Financieros remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por tanto, corresponde eximir de responsabilidad administrativa por la causal de caso fortuito y fuerza mayor.

- Del trámite para dar cumplimiento de los vales de consumo

Refiere que, una vez derogado el D.U. N° 014-2020, se solicitó apoyo económico al gobierno central, lo que tuvo efecto en estos días, permitiendo sustentar su pedido a través del Informe Legal N° 052-2021-GAJ-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 04 de mayo de 2021.

En vista de ello, menciona que, a través del Informe N° 042-2021-GG-EPS.EMAPICA S.A. del 06 de mayo de 2021, solicitó al Directorio del Organismo Técnico de Administración de Servicios de los Servicios de Saneamiento (OTASS), la aprobación de modificatoria presupuestaria pertinente, lo que generó la formación del Comité de Selección del procedimiento denominado “Adquisición de Tarjetas de Consumo para el Personal de la EPS.EMAPICA S.A.”, revelando que se encuentra en proceso de entrega del beneficio colectivo antes dicho.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la creación de la Sunafil y sus competencias

12 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 13 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La Sunafil es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 14 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 15 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 16 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 17 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 18 Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981, que modificó el literal f) del artículo 48 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 19 A partir del 10 de julio de 2018, en tanto la referida ley fue publicada el 09 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano.

implementar Intendencias Regionales en aquellos ámbitos en los cuales éstas no se habían implementado hasta el 31 de diciembre de 2020.

20 Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR. 21 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, publicado el 25 de octubre de 2013. 22 Artículo 18 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806. 23 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 24 En ese sentido, el texto original del artículo 37 y el actual artículo 47 del ROF de la Sunafil establecen que las Intendencias Regionales dependen jerárquicamente del Despacho del Superintendente de la Sunafil. seiscientos cuarenta y tres con 00/100 soles), por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de labor inspectiva, conforme se muestran a continuación:

Tabla Única: Cuadro de infracciones determinadas N ° Conducta Norma Infringida Tipificac ión Calificac ión Número de trabajado res afectados Propuest a de monto de multa No pagar u otorgar íntegra y oportunam ente los vales de víveres pactado por convenio colectivo del 2019. Artículo 28 de la Constitución Política del Perú; artículos 41, 42 y del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto supremo N° 010- 2003-TR.

Numeral 24.4 del artículo del RLGIT Grave S/ 33,669.00

(7.83 UIT25) Relativa al incumplimi ento de la medida inspectiva de requerimie nto del 30 de noviembre de 2020. Literal c) del artículo 9 de la LGIT, y el numeral 3 del artículo 20 del RLGIT. Numeral 46.7 del artículo del RLGIT Muy grave S/ 60,974.00

(14.18 UIT) MONTO TOTAL DE LA MULTA (S/): 94,643.00 Elaboración: Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) 6.10 En consecuencia, esta Sala se pronunciará sobre el extremo referido a la infracción calificada como muy grave, así como también analizar la legalidad de la infracción en materia de relaciones laborales, a fin de determinar la corrección jurídica del requerimiento y verificar si la impugnante estaba obligada o no a cumplir con él, lo cual exige determinar la legalidad de dicha orden.

Respecto del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

25 UIT 2020: S/ 4,300.00

ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”26.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” 27.

26 El subrayado no es del original. 27 El subrayado no es del original. 28 Fojas 348 al 374 del expediente inspectivo. trabajadores. Para el cumplimiento de la misma, otorgó un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

Del argumento referido a los alcances del D.U. N° 014-2020 6.18 De acuerdo al recurso materia de revisión, la impugnante considera que, por mandato del referido Decreto de Urgencia, se vio imposibilitada en cumplir con el convenio colectivo antes precisado, aunado a la responsabilidad disciplinaria que se activaría ante su posible ejecución, por lo que, a juicio de este Tribunal, resulta imperativo evaluar la integridad del mismo, de cara a validar lo alegado. 6.19 Ante ello, corresponde reproducir el texto de la primera disposición complementaria transitoria del D.U. N° 014-202031, conforme se muestra:

“Primera. Vigencia de los convenios colectivos Todos los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la vigencia del presente Decreto de Urgencia, siempre y cuando hayan quedado firmes o, habiendo sido judicializados, cuenten con calidad de cosa juzgada, son registrados en el AIRHSP en tanto cuenten con disponibilidad presupuestaria, según corresponda. En el caso que los convenios colectivos o laudos arbitrales afecten la disponibilidad presupuestaria de la entidad del Sector Público o en los supuestos previstos en el numeral 6.3 del artículo 6 del presente Decreto de Urgencia, el titular de la entidad solicita al MEF un Informe Económico Financiero con la finalidad de iniciar una revisión del convenio colectivo o laudo arbitral, a fin de que el mismo se inaplique total o parcialmente de manera temporal, conforme a lo establecido en el Reglamento del presente Decreto de Urgencia”32. 6.20 Parafraseando el citado dispositivo, las entidades de la Administración deberán de solicitar la autorización del MEF para que, a partir de su pronunciamiento (la emisión del Informe Económico Financiero), dejen de aplicar los beneficios establecidos en convenios colectivos de manera temporal.

29 Foja 57 del expediente de inspección. 30 Inciso 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. 31 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 22 de enero de 2020. 32 El subrayado no es del original.

Del estado de insolvencia económica

Figura N° 1: Fragmento pertinente de la Directiva

33 Derogado a partir del 24 de enero del 2021, a través Ley N° 31114, Ley que Deroga el Decreto de Urgencia N° 014-2020, Decreto de Urgencia que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. 34 Fundamento 5 de la STC 0785-2004-PA/TC. 35 “TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”.

36 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo. siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 - 341) Partiendo de ello, el mencionado académico señala: ·para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o publico o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p 339). 37 Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Artículo 17.- La Fase de Programación Presupuestaria La Fase de Programación Presupuestaria, en el marco de los objetivos nacionales, tiene por objeto lo siguiente: a) Establecer los Objetivos Institucionales a lograr durante el Año Fiscal, dentro del marco de los lineamientos sectoriales de naturaleza económica y social y en función del planeamiento estratégico institucional. (...) El Titular del Pliego o su delegado, es responsable de organizar las tareas vinculadas a la Fase de Programación Presupuestal debiendo impartir las indicaciones pertinentes, en base a la propuesta conjunta que elabore el responsable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego y el responsable de la Oficina de Administración del Pliego, de acuerdo a la Directiva que para el efecto apruebe la Dirección Nacional del Presupuesto Público.” 38 Si bien el presente criterio normativo se encuentra dirigido para el cumplimiento de laudos arbitrales, en puridad, reviste el mismo supuesto que el planteado, donde se exige a una entidad de la Administración a cumplir una obligación sociolaboral a través de su pliego presupuestal, el cual se encuentra legalmente regulado.

criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, que es también aplicable, que refiere que “en el marco de las actuaciones inspectivas a entidades públicas (…) la medida de requerimiento (…) se considerará cumplida si se constata lo siguiente: i) Que la entidad ha realizado las gestiones propias, que correspondan a su trámite interno y/o ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas presupuestarias respectivas, a fin de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones (...)”.

Del argumento sobre el desarrollo del procedimiento de otorgamiento de los vales de consumo 6.34 Respecto al presente alegato expuesto, si bien la impugnante ha acreditado la ejecución de gestiones orientadas a dar cumplimiento al convenio colectivo del 2019, esta Sala debe dilucidar, previamente, el carácter subsanable del incumplimiento detectado, pues existen infracciones que, debido a su propia naturaleza, no son susceptibles de ser subsanadas.

39 César Abraham Neyra Cruzado, La subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracciones ambientales detectadas en los sectores extractivos y productivos, Revista Derecho & Sociedad (2020): 82. 6.37 Así las cosas, corresponde señalar que la presente imputación posee naturaleza insubsanable, toda vez que, todo acto posterior no remediará los efectos negativos por no cumplir con la medida de requerimiento del 30 de noviembre de 2020, lo que afectó seriamente la eficacia de la función inspectiva40, puesto que sus actuaciones persiguen, precisamente, la promoción del cumplimiento estricto de las normas socio laborales dentro del desarrollo del procedimiento de inspección.

Sobre el supuesto incumplimiento al deber de motivar las decisiones

40 RGLIT Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 41 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 42 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 050-2021- SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 04 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ica dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 13-2021- SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 050-2021-SUNAFIL/IRE-ICA en el extremo referido al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ica.

“Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13).

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga