Empresa Minera los Quenuales S.A — Res. 868-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social (Declaración y pago de aportes en el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica). 2 Véase folio 115 del expediente inspectivo. soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft supuesto incumplimiento al pago del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (Ley N° 29741), desde el año que ingreso a laborar (2015) hasta febrero de 2019.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por el incumplimiento de la declaración y pago de aportes en el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica desde el año 2017 hasta febrero 2019, tipificada en los numerales 44-B.7 y 44-B.8 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento de fecha de presentación 30 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Alegan que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento, en tanto la resolución impugnada incurre en vicios de nulidad que afecta su validez. ii. Refieren que la Resolución de Sub Intendencia ha incurrido en el vicio de motivación antes señalado, en la medida que en ningún extremo sustenta por qué los argumentos expuestos no resultarían suficientes para desvirtuar la presunta comisión de las infracciones mencionadas, así como tampoco se aporta el sustento respecto a por qué considera que los documentos ofrecidos no son suficientes para levantar dichas observaciones. iii. Señalan que, a lo largo de sus descargos, han fundamentado que para determinar si un trabajador se encuentra o no dentro de los alcances del FCJMMS, es necesario verificar previamente si realiza trabajo pesado o labor directamente extractiva. O si ha estado expuesto a agentes de toxicidad, peligrosidad e insalubridad dos o más veces por encima de los límites máximos permisibles (LMP), lo que no ocurre en el caso del señor Joselito Espinoza Rodríguez, no sólo porque no se supera los LMP establecidos por Ley, sino fundamentalmente porque su labor es netamente administrativa, y si bien pertenece al área de planta concentradora, no labora

dentro de las instalaciones de la planta, ni requiere ingresar a ella para el desempeño de sus funciones, estando su oficina administrativa ubicada lejos de la planta. iv. Cuestionan que se trata de una motivación aparente, pues el solo hecho de tener cobertura del SCTR no determina que se encuentre automáticamente dentro del ámbito de aplicación de la jubilación minera. Por el contrario, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueba las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de trabajadores de la entidad empleadora que desarrollen labores de riesgo deben contar con la cobertura del SCTR. v. Asimismo, precisan que el haber reconocido el aporte del FCJMMS respecto del señor Espinoza, no es un argumento suficiente para determinar si el trabajador se encuentra o no dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues como resulta claro, el error no genera derecho, lo que nuevamente demuestra que la motivación ha sido tan solo aparente, incurriendo de esa forma en un vicio de nulidad. vi. Precisan que la infracción imputada se encuentra condicionada a que el caso materia de autos se encuentre dentro del supuesto legal establecido por “la ley y el Reglamento de la materia”. Sin embargo, ninguno de los documentos solicitados por la inspección de trabajo, estuvo dirigido a determinar si el señor Espinoza se encontraba o no dentro del referido supuesto legal. vii. Que, el referido beneficio del FCIMMS será aplicable solo para aquellos trabajadores que, a su vez, se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las referidas normas, esto es, la Ley N° 25009 o la Ley N° 27252, en tanto que solo resultan aplicables para aquellos trabajadores que realicen trabajo pesado en labores directamente extractivas, sea en subsuelo o tajo abierto, o que, en el desarrollo de sus labores, estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida por el Reglamento de la Ley N° 25009. viii. Previamente a formular una medida de requerimiento, la inspección de trabajo debió evaluar si correspondía o no la aplicación del FCJMMS al trabajador denunciante, y sin en virtud a ello estaban obligados o no a realizar los aportes. ix. Por todo lo expuesto, señalan que no han incurrido en infracción alguna y por ende no se encuentran obligados a dar cumplimiento a la medida de requerimiento de fecha 23 de junio de 2021, lo que determina que tampoco han incurrido en la infracción a la labor inspectiva que se les imputa.

3 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022. Véase folio 48 del expediente sancionador. i. Que, para efectos de la Ley N° 27252, dentro de los trabajadores que realizan actividad minera están comprendidos los que laboran en minas subterráneas en forma permanente; los que realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto; los trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; y los trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño de sus actividades esten expuestos a riesgos. ii. Asimismo, se entenderá como centros de producción minera, los lugares o áreas en los cuales se realizan actividades directamente vinculadas al proceso de extracción, manejo, beneficios, transformación, fundición y refinación de los minerales. De este modo, para que un trabajador de centros de producción minera acceda a la pensión de jubilación regulada por la Ley N° 25009 y el Decreto Supremo N° 029- 89-TR, constituye un requisito necesario el haber laborado en alguna de las áreas y actividades mencionadas. iii. En este orden de ideas, se tiene que, la actividad económica del sujeto inspeccionado es la extracción de minerales no ferrosos (aluminio, cobre, plomo, cromo, manganeso, níquel, cinc-plomo, estaño, ferroaleaciones (cobalto, molibdeno, tántalo y vanadio), metales preciosos (oro, plata y metales del grupo del platino), tierras raras y otros minerales no ferrosos); y, que según las boletas de pago del trabajador, este realiza funciones en la planta concentradora (tipo de planta que tiene por objeto el procesamiento del cobre, con el fin de obtener el concentrado de aquel donde se preparan los minerales obtenidos de los yacimientos y se transforman en productos que pueden someterse a procesos propios de la metalurgia extractiva), desde el año 2005. iv. Además, si bien, se desprende de los documentos que dicho trabajador siempre ocupó el cargo de Asistente Administrativo, se evidencia de los documentos que el trabajador recibe seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y seguro complementario de riesgo – pensiones, debiendo entenderse que el SCTR se rige, de acuerdo a las normas técnicas del Decreto Supremo N° 003-98-SA, que otorga prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesional a los trabajadores que tienen la condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgos previstas por ley. v. En consecuencia, por la naturaleza del centro de trabajo es evidente que se encontraba en contacto con sustancias químicas y residuos metálicos tóxicos, lo que conlleva a la exposición de riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. vi. En tal sentido, es de observarse que la medida de requerimiento se encuentra debidamente motivada en concordancia con lo investigado y determinado en las actuaciones inspectivas de investigación, los mismos que son avalados por este Despacho; por cuanto no se evidencia vulneración al debido procedimiento u algún otro principio alegado por la inspeccionada; evidenciándose que la extensión del citado requerimiento tiene como sustento no haberse comprobado la existencia de infracciones en materia de seguridad social en pensiones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

v. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 21 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 128-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, se han interpretado erróneamente las normas en materia previsional, así como el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral, referidos a la debida motivación de las resoluciones y a la valoración de las pruebas que ofrecen los administrados; motivo por el cual solicitamos se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia. ii. Alegan que se ha incurrido en una serie de vicios de nulidad que afectan la validez de la Resolución de Intendencia emitida, en tanto que, no han hecho más que repetir sus argumentos expuestos, sin merituar adecuadamente los documentos que obran en autos, y sin aportar una motivación jurídica coherente que sustente las infracciones que se les atribuye. iii. Asimismo, reiteran que la Resolución de Intendencia ha incurrido en el vicio de motivación, en la medida que en ningún extremo sustenta porque los argumentos expuestos no resultarían suficientes para desvirtuar la presunta comisión de las infracciones, así como tampoco se aporta el sustento respecto a por qué considera que los documentos ofrecidos no serían suficientes para levantar dichas observaciones. iv. Precisan que, se aprecia de la Resolución de Intendencia, que el denunciante reconoce que tiene el cargo de asistente administrativo, en el Área de Planta Concentradora; sin embargo, no adjunta ninguna evidencia o medio de prueba que determine que supuestamente realiza sus labores en el “área industrial”, y menos aun acredita estar efectivamente expuesto a riesgos de toxicidad en el desempeño de sus labores. En tanto que no es lo mismo pertenecer al área de planta concentradora, que laborar y desempeñar sus funciones diarias dentro de las instalaciones de la planta concentradora, siendo esa distinción particularmente relevante si se considera que las labores que el trabajador realizar son netamente administrativas y que no está expuesto a riesgos de toxicidad en el desempeño de sus funciones. Por tanto, se trata de un supuesto de motivación aparente. v. Desconocen cómo es que se llega a la conclusión de que el señor Espinoza se habría encontrado en contacto con sustancias químicas, o expuesto a riesgos de toxicidad. vi. Precisan que, para estar dentro del ámbito de aplicación del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS), se requiere ya sea realizar labores directamente extractivas, o laborar en centros de producción minera estando expuesto a riesgos de toxicidad. Es decir, no basta trabajar en un centro de producción minera, sino que es necesario, cuando menos, estar expuesto a riesgos de toxicidad en el desempeño de sus labores, lo que no ocurre en el caso del señor Espinoza, no solo porque no se supera los límites máximos permitidos (LMP) establecidos por ley, sino porque su labor es netamente administrativa. vii. Refieren que se trata de una motivación aparente, pues el solo hecho de tener cobertura del SCTR no determina que un trabajador automáticamente se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la jubilación minera. Se trata de ámbitos distintos y supuestos legales distintos que se regulan por una normativa distinta, en razón que la norma referida al SCTR, pretende cubrir cualquier siniestro que se produzca como consecuencia del desempeño de labores en una empresa que desempeña actividades de riesgo, muestras que la norma referida a la Jubilación Minera, pretende otorgar posibilidad de acceder a mejores condiciones de pensión para los trabajadores que directamente desempeñan labores de riesgo. viii. Por el contrario, señalan que de conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la totalidad de trabajadores de la entidad empleadora que desarrolle labores de riesgo debe contar con la cobertura del SCTR; ese argumento podría llevar a concluir que todo aquel que cuenta con cobertura de SCTR, puede acceder a la jubilación minera, lo que carece de todo sustento. ix. Alegan que, si se repara en lo señalado por la Corte Suprema en la Casación N°155222-2016 del Santa, la conclusión nuevamente es equivocada, en tanto que se ha dejado establecido que el trabajador no se encuentra expuesto a riesgo de toxicidad, y si se remiten a los EPP que se le entregan para el desempeño de sus labores, en modo alguno se evidencia la entrega de equipos destinados a la protección frente a elementos de riesgo sino tan solo genéricos y propios de la actividad minera. x. Respecto al supuesto incumplimiento de la medida de requerimiento, es claro que no han incurrido en ninguno de los supuestos mencionados por SUNAFIL, pues no se han resistido a remitir la información requerida; sin embargo, no pueden renunciar a ejercer su derecho de defensa, hasta la última instancia administrativa y judicial. xi. Precisan que, las infracciones muy graves en materia de seguridad social tipificadas en los numerales 44-B.7 y 44-B.8 del artículo 44-B del RLGIT, se encuentra condicionada a que el caso materia de autos se encuentre en el supuesto establecido por “la ley y el Reglamento de la materia”. Sin embargo, ninguno de los documentos solicitados por la inspección de trabajo, estuvo dirigido a determinar si el señor Espinoza se encontraba o no dentro del referido supuesto legal. xii. Sobre el particular, reiteran que el trabajador ingresó a laborar en julio del año 2005, ocupando el cargo de Asistente Administrativo A, para la Superintendencia de Planta Concentrada. Posteriormente, fue promovido como Asistente Administrativo Senior, puesto que ocupa hasta la fecha. En ambos casos, el puesto había sido calificado como de confianza, conforme a lo establecido en el artículo 43 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

xiii. Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°29741, el Fondo Complementario de jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, resulta aplicable a aquellos trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, que se jubilen de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25009 y en la Ley N° 27252. En ese sentido, el referido beneficio será aplicable solo para aquellos trabajadores, que, a su vez, se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las referidas normas. xiv. Teniendo en cuenta lo establecido por la normativa legal aplicable, previamente a formular una medida de requerimiento, la inspección de trabajo debió evaluar si correspondía o no la aplicación del FCJMMS al trabajador denunciante, y sin en virtud a ello la empresa se obliga o no a realizar los aportes. xv. Señalan que, del Manual de Descripción de Funciones, aplicable al puesto que desempeña el señor Espinoza, se observa que las labores de Asistente Administrativo Senior son netamente administrativas, y no representan ni implican un riesgo para el trabajador, lo que se condice con lo señalado por su jefe directo, el Superintendente de Planta Concentrada. xvi. Finalmente, del perfil ocupacional, se advierte que el trabajador realiza labores administrativas y si bien existen riesgos potenciales por laborar dentro de un centro minero, estos se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la declaración y pago de aportes en el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica

“Artículo 1. Creación del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) Créase el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS), el mismo que se constituirá con el aporte del cero coma cinco por ciento de la renta anual de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, antes de impuestos; y con el aporte del cero como cinco por ciento mensual de la remuneración bruta mensual de cada trabajador minero, metalúrgico y siderúrgico; el mismo que constituirá un fondo de seguridad social para sus beneficiarios. El porcentaje de los aportes de empleadores y trabajadores podrá ampliarse, por decreto supremo, previo estudio actuarial. El FCJMMS es intangible y sus recursos se aplican única y exclusivamente para pensiones”.

“Artículo 2. Ámbito de aplicación Los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones Administrativo por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) que se jubilen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25009, Ley de Jubilación de los Trabajadores Mineros, y en la Ley 27252, Ley que Establece el Derecho de Jubilación Anticipada para Trabajadores Afiliados al Sistema Privado de Pensiones que realizan labores que Implican Riesgo para la Vida o la Salud, tienen derecho a percibir el beneficio del fondo complementario creado en el artículo 1. El beneficio se hará extensivo a los pensionistas mineros, metalúrgicos, y siderúrgicos que se hayan jubilado bajo el régimen de la Ley N° 25009 y de la Ley 27252. No genera devengados hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo 8”.

Figura N° 01:

“Artículo 5.- Del pago de los aportes Están obligados a retener el aporte, los sujetos que paguen o acrediten remuneraciones a los trabajadores. Las retenciones deberán ser pagadas a la SUNAT

dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. Los aportes de la empresa deberán ser pagadas a la SUNAT dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente de presentada la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que efectúen las empresas”.

“Artículo 6.- Del incumplimiento del pago de los aportes En caso de incumplimiento del pago de los aportes se aplicará los intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario”.

“Artículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta (50) años de edad, respectivamente. Los trabajadores que laboran en centro de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y cincuenticinco (55) años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la presente ley. Se incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores que laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos”.

“Artículo 2.- El régimen de jubilación establecida por la ley, comprende a los trabajadores que laboran en la minería, metalúrgica y siderúrgica, siempre que reúnan los requisitos señalados en dicha ley y en las disposiciones del presente Reglamento.

“Artículo 3.- Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior son:

a) Los que laboran en minas subterráneas en forma permanente. b) Los que realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto. c) Los trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad de insalubridad, según la escala señalada en el artículo 4 de este Reglamento. d) Los trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño de sus actividades estén expuestos a los riesgos previstos en el inciso anterior (énfasis añadido).

10 Véase folios 04 al 06 del expediente inspectivo.

“De acuerdo con lo establecido por el Art. 82 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho Decreto Supremo, sean empleados u oreros, sean eventuales, temporales o permanentes. Para estos efectos, se considera “centro de Trabajo”, al establecimiento de la Entidad Empleadora en el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan las actividades de riesgo inherentes a la actividad descrita en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA. incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, expone al personal al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva. Cuando por la dirección del “Centro de Trabajo”, las unidades administrativas o de

11 Véase folios 84 al 114 del expediente inspectivo. 12 Véase folios 30 al 39 del expediente inspectivo. servicios se encuentren alejadas de las unidades de producción por una distancia tal que evidencie que los trabajadores de dichas unidades administrativas o de servicios no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad desarrollada por la Entidad Empleadora, ésta podrá decidir, bajo responsabilidad, la no contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para dichos trabajadores (…) (énfasis añadido)”

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad13.

Figura N° 02:

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

13 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 14TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 15LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad Social El incumplimiento de la Declaración y pago de aportes en el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica desde el año 2017 hasta febrero 2019. Numeral 44-B.7 y 44-B.8 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva El incumplimiento de la medida de requerimiento de fecha de presentación 30 de junio de 2021. Numeral 46.7 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 128-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 456-2021-SUNAFIL/IRE-LIMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 128-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230906MCR