Empresa Minera Arapa Sociedad Anónima Cerrada

Mediante Orden de Inspección N° 3259-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las

Que, mediante Imputación de Cargos N° 935-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada 22 de setiembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 14-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 27 de febrero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, notificada el 01 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de junio de 2023 la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 01 de junio de 2023, presentando como nueva prueba: transferencias de pago de fechas 12 de setiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022 por el monto de S/. 15,000.00 y S/. 10,000.00 respectivamente, a efecto de acreditar el cumplimiento de pago de la conciliación laboral acordada. Del análisis de la documentación presentada se acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones sociolaborales de carácter subsanable respecto de cinco infracciones detectadas, al haberse demostrado el pago íntegro de los montos acordados en el acuerdo conciliatorio. En consecuencia, resultó aplicable la reducción al treinta por ciento (30%) de las multas originalmente impuestas, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 40° de la LGIT, al haberse producido la subsanación desde la notificación de la Imputación de Cargos y antes del vencimiento del plazo para interponer el recurso de apelación. Dicha reducción fue aplicada a cuatro infracciones graves en materia de relaciones laborales y una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, esta última tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. No obstante, respecto de las cuatro infracciones restantes, consistentes en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, dos infracciones graves a la labor inspectiva y una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, estas se mantuvieron incólumes.

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 727-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 13 de julio de 2023, se declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Con fecha 31 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 727-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT3, concordante con el artículo 55° del RLGIT4 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS5, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Arequipa para el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de Intendencia N° 276-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 30 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 18 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 276-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002033-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 22 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo8 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”11.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Empresa Minera Arapa Sociedad Anónima Cerrada, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 276-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT y en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, respectivamente, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del mismo cuerpo normativo; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 01 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Empresa Minera Arapa Sociedad Anónima Cerrada.

Sobre el particular, es preciso señalar que la naturaleza excepcional del recurso de revisión se encuentra regulada en el artículo 218° del TUO de la LPAG, el cual establece que para su interposición debe estar expresamente facultada por ley o decreto legislativo. En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

De igual forma, el artículo 55° del RLGIT establece que, el recurso de revisión es de carácter excepcional e interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia. Asimismo, su procedencia y requisitos de admisibilidad se encuentran desarrollados en el Reglamento del Tribunal, tal como fue señalado en el punto 3.5 de la presente resolución.

Por su parte, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

En esa misma línea, corresponde invocar los criterios establecidos en los fundamentos 6.17, 6.18 y 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, mediante los cuales este Tribunal estableció como precedentes administrativos de observancia obligatoria, señalando que:

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se circunscribirá a los aspectos comprendidos dentro del ámbito de competencia del Tribunal, relacionados con las infracciones calificadas como muy grave e identificando si sobre ésta se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, así como en los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. En consecuencia, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre alegatos que no se encuentren dentro de esos presupuestos o que no estén vinculados a infracciones muy graves impuestas.

Respecto al alegato de la impugnante referido a la existencia de un proceso judicial en trámite, corresponde precisar que la sola tramitación de un proceso en la vía jurisdiccional no implica, por sí misma, la suspensión automática del procedimiento administrativo sancionador. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017- 93-JUS y el artículo 75° del TUO de la LPAG, la suspensión procede únicamente cuando concurre la denominada triple identidad entre sujetos, hechos y fundamentos, y el pronunciamiento administrativo dependa necesariamente de la decisión judicial previa.

En el presente caso, de acuerdo con el expediente judicial N° 01652-2021-0-0401-JR-LA- 02, se advierte la existencia de un acuerdo conciliatorio por el cual la impugnante reconoce la existencia de adeudos laborales a favor del ex trabajador. No obstante, dicho acuerdo no constituye un mandato judicial que condicione, limite o suspenda el ejercicio de las funciones del Sistema de Inspección del Trabajo, ni genera obligación alguna de inhibición por parte de la autoridad administrativa.

Al respecto, conforme a la LGIT, el sistema de inspección del trabajo se configura como un sistema único, polivalente e integrado, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, exigir responsabilidades administrativas, orientar y asesorar técnicamente, y conciliar administrativamente en los casos permitidos. En ese marco, la actuación inspectiva constituye un servicio público permanente, cuya intervención se ejerce de manera autónoma e independiente de la vía judicial, sin requerir un pronunciamiento previo del Poder Judicial para la determinación de infracciones administrativas.

En tal sentido, la responsabilidad atribuida a la impugnante comprende tanto infracciones en materia de relaciones laborales como aquellas vinculadas a la labor inspectiva, las cuales fueron establecidas con anterioridad a la interposición de la demanda judicial12.

Respecto al alegato de la impugnante referido a que, la instancia de mérito habría restringido su derecho de defensa al no haberse emitido pronunciamiento sobre determinados argumentos, corresponde precisar que la autoridad administrativa no se encuentra obligada a emitir pronunciamiento respecto de hechos o medios de sustento que resulten ajenos al objeto del procedimiento o que no guarden relación con los hechos materia de imputación. En el presente caso, si bien la impugnante solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador invocando la existencia de un proceso judicial, del análisis del escrito de apelación y de la verificación efectuada en el Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial, se advierte que el expediente judicial citado (Expediente Judicial N° 03643-2020-0-1601-JR-LA-09) corresponde a un proceso distinto, con partes procesales que no guardan identidad con el sujeto inspeccionado ni con el ex trabajador comprendido en la presente investigación. En tal sentido, no se configura la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos exigida por el artículo 75° del TUO de la LPAG para la procedencia de la suspensión del procedimiento, razón por la cual el pedido formulado por la impugnante carecía de sustento jurídico. En consecuencia, la decisión de no emitir pronunciamiento sobre dicho extremo no constituye una restricción del derecho de defensa ni una vulneración del Principio de Debido Procedimiento, sino el ejercicio regular de la potestad administrativa de delimitación del objeto de análisis conforme al caso concreto.

Finalmente, se recuerda que las resoluciones emitidas por esta instancia excepcional pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo, conforme a ley. Por tanto, no resulta procedente el argumento de suspensión debiéndose continuar con la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

Por otra parte, en relación a los alegatos referidos al eximente de responsabilidad administrativa prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, corresponde precisar que no resulta amparable, toda vez que dicha figura exige, de manera concurrente, que la subsanación del acto u omisión constitutivo de infracción se produzca de forma voluntaria, íntegra y efectiva antes de la notificación de la imputación de cargos. En ese sentido, la sola manifestación de voluntad de pago, la suscripción de un acuerdo conciliatorio o el sometimiento a un cronograma de cumplimiento no constituyen, por sí mismos, una subsanación en los términos exigidos por la norma, en tanto no eliminan el estado antijurídico ni reparan efectivamente la afectación producida antes del inicio formal del procedimiento sancionador. El eximente invocado no opera

En el caso concreto, si bien el acuerdo conciliatorio fue suscrito con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, se advierte que el pago íntegro de los beneficios sociolaborales materia de fiscalización no se materializó antes de dicha notificación, toda vez que una parte sustancial del cumplimiento se efectuó con posterioridad a esta. En consecuencia, no puede sostenerse válidamente que las infracciones hayan sido subsanadas en los términos del literal f) del numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, pues el estado de incumplimiento persistía al momento del inicio del procedimiento sancionador. Bajo este contexto, los hechos alegados —aun cuando revelan una conducta colaborativa de la impugnante— no excluyen la responsabilidad administrativa, pudiendo ser valorados, en todo caso, como un supuesto de atenuación de las sanciones correspondientes conforme al marco normativo aplicable, tal como fue realizado por las instancias de mérito, mas no como un eximente de responsabilidad.

Con la finalidad de determinar si -en el presente caso- se ha producido la infracción que da origen a la sanción impuesta, esta Sala considera pertinente exponer algunos criterios sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo, a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la primacía de la dignidad de la persona humana, tal como lo consagra el artículo 1° de la Constitución Política del Perú de 1993, al establecer que “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. En el ámbito laboral, esta garantía se refuerza con lo dispuesto en el artículo 23° de la mencionada norma suprema, el cual señala que "ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Asimismo, el artículo 22° de nuestra norma fundamental establece que el trabajo constituye un deber y un derecho, siendo la base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

El artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en lo sucesivo, el TUO de la LPCL), establece que: “Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador (…)”.

Asimismo, corresponde señalar el séptimo fundamento de la Casación Laboral N° 4494- 2017-LIMA de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el cual señala:

Respecto al ius variandi visto como un componente de la facultad directriz, de orden excepcional, a decir de Moreno Manglano y otros, éste consiste a modo de lista enunciativa en:

En tal sentido cuando los límites al ius variandi no son respetados nos encontramos ante un ejercicio abusivo y desnaturalizado del mismo, lo cual incide directamente en los derechos del trabajador, configurándose como actos de hostilidad.

Por su parte, los actos de hostilidad son supuestos donde el empleador se excede en su facultad de dirección, así el artículo 30° del TUO de la LPCL señala que es un acto de hostilidad equiparable al despido: “b) La reducción de la categoría y de la remuneración. Asimismo, el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador”. (Énfasis añadido).

Sobre el particular, el autor Jorge Toyama, señala que: “los actos de hostilidad son los supuestos donde el empleador se excede en sus facultades de dirección y, por lo tanto, pueden ser controlados por los trabajadores. Al respecto, hay que señalar que en solo determinados supuestos las modificaciones de las condiciones de trabajo puede ser

Cabe precisar que si bien toda relación laboral supone para el trabajador el cumplimiento de obligaciones y para el empleador, el derecho a normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes y sancionar la falta de acatamiento de las mismas, lo cual es traducido como el poder de dirección; empero, éste como cualquier otro derecho no es absoluto y arbitrario, sino que debe practicarse de acuerdo a ciertos parámetros, los cuales son: a) la sujeción a la ley (la Constitución, normas jurídicas y reglamentarias) y el b) principio de razonabilidad que lo limita de tomar decisiones arbitrarias.

Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados en la afectación de un derecho fundamental y de la legitimidad de la medida acatada en uso del poder de dirección. De esta manera, se advierte que todo acto de hostilidad implica un uso desmedido de la facultad de dirección, al cual se encuentra sujeto el trabajador, por la relación de subordinación-dependencia existente en el contrato laboral.

Acorde a ello, la Corte Suprema de Justicia de la República, interpretando los alcances de la Casación N° 505-2012-LIMA, ha manifestado lo siguiente:

A propósito del concepto de razonabilidad, el Tribunal Constitucional lo ha definido como sigue15:

En igual sentido, al verificarse la configuración de acto hostil contenido en el inciso b) del artículo 30° del TUO de la LPCL, debe evaluarse el elemento subjetivo identificado como la acción del empleador de tener como “propósito ocasionarle perjuicio al trabajador”, el cual se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador, no se ha sujetado a los límites que impone el Principio de Razonabilidad, sino que por el contrario, se ha hecho uso abusivo del mismo, menoscabando así los derechos fundamentales de los trabajadores y denigrándolos.

Siendo así, complementariamente es pertinente mencionar los precedentes administrativos de observancia obligatoria establecidos en los fundamentos 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.16 de la Resolución de Sala Plena N° 006-2024-SUNAFIL/TFL, los cuales establecieron los siguientes fundamentos:

De las actuaciones inspectivas realizadas, se verificó —conforme consta en el considerando décimo cuarto del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción— que, el ex trabajador ingresó a laborar para la impugnante el 01 de enero de 2016, percibiendo una remuneración mensual ascendente a S/. 3,000.00, conforme se acredita con las boletas de pago correspondientes al año 2018 y a los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2019. Asimismo, se constató que, a partir del mes de junio de 2019, la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado redujo unilateralmente la remuneración del ex trabajador a S/. 1,281.00 mensuales, sin acreditar la existencia de un acuerdo válido con el trabajador ni la causa objetiva que justifique dicha modificación, situación que se mantuvo hasta la fecha de cese del vínculo laboral, ocurrido el 31 de octubre de 2020.

Al respecto, si bien la impugnante alegó la existencia de un supuesto acuerdo verbal de reducción de remuneración, no presentó medio probatorio idóneo que permita acreditar la aceptación expresa, libre e inequívoca del trabajador, ni la concurrencia de circunstancias excepcionales que habiliten legalmente una reducción remunerativa. En tal sentido, la sola afirmación de un supuesto acuerdo verbal no resulta suficiente para desvirtuar la naturaleza unilateral e inmotivada de la medida adoptada.

Sin perjuicio de ello, se advierte que el ex trabajador, con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectivas, y durante la vigencia del vínculo laboral, cursó comunicaciones escritas a la impugnante mediante las cuales puso en su conocimiento su disconformidad con el pago incompleto de sus remuneraciones y solicitó el cese de dicha conducta. No obstante, tales comunicaciones no generaron la restitución de la remuneración originalmente pactada, manteniéndose la reducción remunerativa hasta la extinción del vínculo laboral. Cabe precisar que dichas comunicaciones permiten corroborar no solo el carácter consciente, persistente y unilateral de la conducta desplegada por la impugnante, sino también la ausencia de voluntad de revertirla, pese al requerimiento expreso de trabajador.

En este contexto, el personal inspectivo determinó que la conducta descrita constituye un acto de hostilidad equiparable al despido, conforme al literal b) del artículo 30° del TUO de la LPCL, al haberse producido una reducción unilateral e inmotivada de la remuneración, afectando directamente la dignidad del ex trabajador y el ejercicio de su derecho a una remuneración equitativa y suficiente. En consecuencia, el personal inspectivo notificó, con fecha 19 de enero de 2022, la existencia de este hecho de carácter insubsanable, al constatar el incumplimiento y considerando que, al no existir vínculo laboral vigente entre el ex trabajador y la impugnante, la infracción no podía ser subsanada. Por lo tanto, se concluyó que la conducta del sujeto inspeccionado constituye una infracción insubsanable, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, criterio que ha sido consistentemente adoptado y sostenido por las instancias de mérito.

Durante el presente procedimiento administrativo sancionador, se constató que la impugnante presentó un acuerdo conciliatorio mediante el cual reconoció el adeudo laboral con el ex trabajador, por todo el periodo laborado, incluyendo todas las remuneraciones y beneficios laborales reclamados, comprometiéndose a su pago. Dichos pagos fueron efectuados en dos armadas y se completaron en su totalidad, circunstancia que ha sido reconocida por las instancias de mérito, con énfasis en la Resolución de Sub Intendencia N° 727-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, la cual valoró las transferencias de pago de fechas 12 de setiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022 por el monto de S/. 15,000.00 y S/. 10,000.00 respectivamente, a efecto de acreditar el cumplimiento del pago de la conciliación acordada. Si bien en la actuación inspectiva se consideró que la infracción no podía ser subsanada por no existir vínculo laboral vigente, con la celebración y cumplimiento del acuerdo conciliatorio se advierte que los efectos derivados de la situación pudieron ser atendidos. En consecuencia, se evidencia que las consecuencias del hecho no se mantuvieron en el tiempo ni produjeron una afectación permanente, conforme se desprende de las actuaciones y de la valoración efectuada por las instancias de mérito.

En ese contexto, resulta pertinente tener en cuenta los precedentes administrativos de observancia obligatoria contenido en los fundamentos 6.18, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 y 6.31 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2024-SUNAFIL/TFL, los cuales establecieron lo siguiente:

Contrario a ello, si la infracción o infracciones constatadas originan riesgo o un potencial daño, y, en tanto, las medidas adoptadas por el sujeto inspeccionado —espontáneamente o bajo el requerimiento del inspector actuante— garanticen que dicho riesgo desaparezca o sea reparado, se considerarán como subsanables. 6.28. De acuerdo con lo antes señalado, a fin de que los daños ocasionados por conductas infractoras sean considerados como insubsanables, deben ser reales, no susceptibles de ser corregidos o rectificados, y estar vinculados al incumplimiento normativo determinado por el tipo infractor. Sin embargo, serán consideradas como subsanables aquellas situaciones que, constituyendo un incumplimiento normativo, sólo ocasionan riesgos, sin llegar a ocasionar daños tangibles, pudiendo ser corregidos o rectificados. Para dicho efecto, sólo resulta necesario que el administrado adecúe oportunamente su conducta al cumplimiento normativo, previniendo con ello la ocurrencia de nuevas situaciones de riesgo o que se genere un daño irreparable. 6.29. Cabe señalar que la determinación del carácter insubsanable de una infracción a las normas de trabajo debe encontrarse plenamente identificada por los comisionados, teniendo la obligación de fundamentar las razones por las que el daño producido por los efectos del incumplimiento o incumplimientos atribuidos a las inspeccionadas no puede ser revertido. Ante la ausencia de esta motivación, se entenderá que el inspector actuante podría estar quebrantando el debido procedimiento administrativo. En otras palabras, constituye una obligación de los inspectores comisionados el requerir la subsanación correspondiente cuando ello sea factible, conforme a la proporcionalidad y razonabilidad de la intervención de la inspección del trabajo en las relaciones de trabajo objeto de su supervisión. 6.30. Debe tenerse en cuenta que el hecho de que las infracciones imputadas sean tipificadas como muy graves no implica que per se deban ser consideradas como insubsanables. Lo relevante en la calificación de un incumplimiento como “insubsanable” es —tal y como se ha establecido previamente— la determinación del carácter irreversible de los daños producidos por la infracción sobre los derechos e intereses tutelables de los trabajadores afectados por el incumplimiento. Un ejemplo claro de ello lo constituyen las infracciones que implican el incumplimiento de una obligación legal que consiste en la elaboración, entrega o presentación de documentos o formalidades relevantes, aunque no determinantes, para procurar la vigencia de un derecho fundamental (como es el caso del cuadro de categorías y funciones o políticas salariales17), que pese a ser considerada como una infracción muy grave —salvo que se determine, en el caso en particular, que produjo efectos irreversibles— no necesariamente tiene la calidad de insubsanable18, si es que no se han determinado daños que no puedan revertirse”. (Énfasis añadido).

En efecto, conforme a los criterios antes expuestos y en atención a los precedentes administrativos de observancia obligatoria establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 003-2024-SUNAFIL/TFL, corresponde tener en cuenta que la calificación de una infracción como insubsanable exige que la autoridad administrativa verifique y fundamente de manera concreta que los efectos del incumplimiento imputado han generado un daño real, efectivo y no susceptible de reversión, directamente vinculado al bien jurídico tutelado. Es decir, las instancias de mérito deben valorar que los efectos del incumplimiento no podían ser revertidos mediante medidas correctivas o compensatorias, circunstancia que, en el presente caso, se condicionó con la extinción del vínculo laboral del ex trabajador. En tal sentido, la sola extinción del vínculo laboral del trabajador no constituye, por sí misma, un criterio determinante para calificar la infracción como insubsanable, máxime si —como ocurre en el presente caso— los efectos patrimoniales derivados de la conducta imputada fueron íntegramente reparados a través de un acuerdo conciliatorio válido y debidamente cumplido, lo que evidencia que las consecuencias del hecho no se mantuvieron en el tiempo ni generaron un daño irreversible.

A consideración de esta Sala, la imposición de una sanción sustentada en la calificación de la infracción como insubsanable, sin que dicha condición haya sido debidamente delimitada ni motivada conforme a los criterios establecidos, genera serios cuestionamientos. En esa línea de razonamiento, se advierte que las instancias de mérito vulneraron el debido procedimiento, al incurrir en deficiencias en la motivación respecto de la irreversibilidad de los efectos del incumplimiento en cuestión.

La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental base del ordenamiento jurídico nacional que organiza los poderes e instituciones políticas, y norma los derechos y libertades de los ciudadanos. En ese marco, a través del artículo 25° de la Carta Magna se reconoce que: “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”. (Énfasis añadido).

En concordancia a lo señalado, las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin que ello implique la pérdida de su remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación se encuentra regulada por ley o convenio. Más aún, toda persona tiene derecho después de un año de prestación de servicios continuos, a unas vacaciones anuales pagadas.

En atención a lo anteriormente señalado, el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (en adelante, el Decreto Legislativo N° 713), establece que: “La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

Por otra parte, el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 713 dispone que: “Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente”.

Por tanto, el descanso vacacional, además de ser un derecho de naturaleza remunerativa, implica el otorgamiento de un periodo de tiempo al trabajador para el descanso, la recreación y otras actividades ajenas a sus funciones laborales, contribuyendo así a la protección de su salud física y mental. Siendo así, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, como mecanismo para reponerse del desgaste generado por la actividad laboral continua.

En el presente caso, se ordenó al sujeto inspeccionado acreditar el pago de las vacaciones correspondientes a los periodos 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y el periodo trunco del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020, a favor del ex trabajador afectado, debiéndose considerarse la remuneración mensual de S/. 3,000.00, tipificándose dicho incumplimiento laboral en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Cabe precisar que, durante la etapa inspectiva, el inspeccionado no presentó documentación que acredite el pago de la remuneración vacacional ni de la remuneración vacacional trunca correspondiente a los periodos señalados, conforme al considerando décimo tercero del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción. Asimismo, en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, la impugnante acreditó el cumplimiento de ciertas obligaciones sociolaborales, incluida la referida al pago de vacaciones, a través de la presentación de un acuerdo conciliatorio celebrado en sede judicial, mediante la cual se reconoció la deuda y se pactó su cancelación en dos armadas, las cuales fueron cumplidas conforme a lo acordado. Dicha situación fue valorada por la autoridad competente como una atenuante de responsabilidad administrativa, al haberse verificado la reparación de ciertos incumplimientos, razón por la cual se procedió a reducir las multas impuestas en un treinta por ciento, reducción que resultó aplicable al conjunto de infracciones graves determinadas en el procedimiento, comprendiéndose dentro de dicho ámbito la presente infracción calificada como muy grave, en observancia de los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad.

En ese sentido, corresponde señalar, en primer término, que el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les han sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. Este principio constituye un límite infranqueable al ejercicio de la potestad sancionadora, al imponer que toda actuación se sustente en lo previsto por el ordenamiento jurídico.

En estrecha relación, el Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, establece que solo constituyen conductas sancionables administrativamente aquellas infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Este mandato de tipificación se proyecta en dos niveles:

Respecto al segundo nivel, cuya materia es la que nos ocupa, se denota que la tipicidad cumple una función garantista en el procedimiento administrativo sancionador, al circunscribir la actuación de la Administración y evitar que, mediante interpretaciones amplificadas, se incluyan conductas no previstas en el ordenamiento. Ello obliga a que, desde la imputación de cargos, la autoridad administrativa verifique con precisión si la conducta atribuida al administrado se subsume en el supuesto infractor definido por la norma.

Bajo dicho marco, resulta pertinente examinar con detenimiento el contenido de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, contenida en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, y de la infracción grave en la misma materia, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT, a fin de delimitar sus alcances y evitar que se subsuman de manera indistinta supuestos que tutelan bienes jurídicos diferentes.

El numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT establece como infracción muy grave: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general”. Este supuesto sancionador se orienta a garantizar el goce efectivo del derecho al descanso vacacional, lo que presupone que el trabajador haya alcanzado dicho derecho y que, pese a ello, el empleador no cumpla con su otorgamiento, configurándose así el supuesto en el que trabajador no haya gozado del descanso vacacional. (Énfasis añadido).

Por su parte, el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT tipifica como infracción grave: “No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley”. En este caso, el bien jurídico protegido es el cumplimiento patrimonial de las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral, esto es, que el trabajador perciba de manera íntegra, completa y oportuna la remuneración y los beneficios que le corresponden. (Énfasis añadido).

Siendo así, la lectura sistemática de ambos numerales permite concluir que regulan dimensiones distintas del bien jurídico protegido, es decir, supuestos autónomos. En efecto, mientras el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT protege el goce efectivo del descanso vacacional, entendido como el otorgamiento del periodo de descanso al

En consecuencia, la correcta subsunción de la conducta imputada debe seguir un test secuencial. En primer término, corresponde identificar si lo cuestionado se vincula con el no otorgamiento del descanso vacacional, esto es, con la afectación al goce efectivo del derecho al descanso vacacional una vez alcanzado dicho derecho, en cuyo caso correspondería la calificación prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT; o si, por el contrario, la conducta observada se circunscribe al incumplimiento del pago de la remuneración vacacional, ya sea respecto de vacaciones efectivamente gozadas, y/o del pago de vacaciones truncas, supuesto que se subsume en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Solo superada esta delimitación, corresponde en segundo lugar, examinar si los elementos esenciales del tipo infractor se encuentran acreditados mediante prueba idónea.

A partir de lo expuesto, resulta necesario precisar que, para efectos de la actuación inspectiva y del procedimiento administrativo sancionador, la subsunción de los hechos debe realizarse en función del bien jurídico protegido por cada tipo infractor. En esa línea, las conductas que impliquen una vulneración de las disposiciones vinculadas al goce del descanso vacacional —esto es, al no otorgamiento del periodo de descanso vacacional a favor del trabajador que ya alcanzó dicho derecho— deben tipificarse bajo el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Por el contrario, las conductas que afecten el pago de la remuneración vacacional y/o el pago de vacaciones truncas, deben tipificarse bajo el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Esta delimitación resulta vinculante para la autoridad inspectiva y sancionadora, en observancia del Principio de Tipicidad, y garantiza un ejercicio uniforme y coherente de la potestad sancionadora. (Énfasis añadido).

En el caso concreto, se advierte que tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP se imputó a la impugnante el “(…) no acreditar el pago de vacaciones del periodo 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y trunca del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020, a favor del trabajador”, subsumiéndose la conducta en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Sin embargo, de acuerdo con lo analizado, tal subsunción resulta incorrecta.

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos. En esa línea de razonamiento, se advierte que se ha vulnerado el debido procedimiento, por deficiencias en la motivación.

De conformidad con el Principio de Buena Fe Procedimental establecido en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG se dispone que: “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto

Del mismo modo, artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

Cabe señalar que, a través del artículo 1° de la LGIT, se define las actuaciones inspectivas como “las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad17.

En ese orden de ideas, los inspectores de trabajo están facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las cuales se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

De conformidad con lo señalado, el artículo 14° de la LGIT, establece que: “(…). Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse. (…)”.

En similar sentido, el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT estipula que: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. (…)”.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT ha establecido que, las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Las mismas que pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, consistente en no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo18. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sumado a ello, debe de tenerse presente los criterios de observancia obligatoria aprobados en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, de los cuales prescribe que, del análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, conforme al siguiente detalle:

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

Es pertinente señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento notificada el 19 de enero de 2022, obrante en el expediente inspectivo, dispuso al administrado en su calidad de sujeto inspeccionado20, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles:

En el presente caso, de acuerdo con los considerandos décimo séptimo del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo el administrado no cumplió con presentar documentación que acredite el cumplimiento de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, criterio que ha sido asumido y mantenido de manera uniforme por las instancias de mérito.

En tal sentido, corresponde efectuar un análisis específico sobre la legalidad de la notificación electrónica de la medida inspectiva de requerimiento emitida en el presente caso, toda vez que su eventual inobservancia resulta relevante para la configuración de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, pudiendo incluso acarrear la nulidad de las actuaciones posteriores que de ella se deriven.

Al respecto, debe tenerse presente que, en el marco de los procedimientos seguidos por la SUNAFIL, las notificaciones se efectúan a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica (SINEL-SUNAFIL), aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, siendo obligatoria la casilla electrónica y entendiéndose efectuada la notificación con el depósito del documento en dicha casilla, conforme al artículo 11° de la citada norma.

Sin perjuicio de ello, el artículo 6° del mismo cuerpo normativo establece que la Administración comunicará al usuario cada vez que se deposite un documento en la casilla electrónica mediante el envío de una alerta al correo electrónico y/o al servicio de mensajería registrados, actuación que forma parte del procedimiento de notificación previsto por la propia normativa aplicable.

En tal sentido, la evaluación de la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debe considerar no solo la existencia del depósito en la casilla electrónica, sino también la correcta realización de las actuaciones previstas para la comunicación de dicho depósito, en particular cuando se advierten inconsistencias atribuibles a la propia Administración que podrían incidir en el conocimiento oportuno de la medida por parte del sujeto inspeccionado.

En atención a lo expuesto, y en aplicación al Principio de Verdad Material amparado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de TUO de la LPAG, esta Sala ha procedido a verificar, a través del aplicativo “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que la impugnante había efectuado su primer acceso a la casilla electrónica con anterioridad a la notificación de la medida inspectiva de requerimiento. FIGURA N° 03 Acceso a la casilla electrónica

En efecto, se ha constatado que su primer acceso se efectuó el 29 de abril de 2021, a las 16:19:44 horas; sin embargo, se advierte que los datos de contacto fueron incorporados al sistema con posterioridad, a las 16:23 horas del mismo día. FIGURA N° 04 Datos de contacto

No obstante, pese a haberse registrado correctamente los datos de contacto, se advierte que la alerta electrónica correspondiente a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de enero de 2022, fue enviada a una dirección de correo electrónico distinta a

Sobre el particular, resulta pertinente resaltar que toda autoridad administrativa debe actuar conforme a los Principios de Buena Fe Procedimental y de Predictibilidad o de Confianza Legítima, los cuales garantizan que los partícipes que intervienen en el procedimiento administrativo orienten su conducta con respeto mutuo, colaboración y buena fe. Asimismo, dichos principios imponen a la autoridad administrativa la obligación de brindar información veraz, completa y confiable sobre los procedimientos a su cargo, asegurando así el respeto de los derechos y expectativas legítimas de los administrados.

En el presente caso, se advierte que las instancias previas incurrieron en una omisión al no realizar una evaluación adecuada de los hechos, al haber eludido pronunciarse sobre las evidentes incongruencias relacionadas con el envío de la alerta vinculada a la medida inspectiva de requerimiento que motivó la sanción, toda vez que la alerta fue enviada a una dirección distinta, cuya procedencia no ha sido esclarecida ni analizada por las

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44°, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC señaló que, no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse al caso concreto en relación la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. (Énfasis añadido).

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6° del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así, las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al Principio de Verdad Material21.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Conforme se detalla en la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE-SISA- AQP, notificada el 01 de junio de 2023, no se efectuó una correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado. Ello se advierte en la imputación referida al supuesto incumplimiento de la obligación de acreditar el pago de vacaciones del periodo 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y trunca del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020. En este caso, la calificación realizada no corresponde al tipo infractor aplicable, lo que genera un vicio de nulidad en la asignación de responsabilidad hacia la impugnante. Asimismo, respecto a la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, vinculada a la comisión de actos de hostilidad, se advierte que las instancias de

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentada en una motivación aparente, la cual se configura ya que, si bien la Sub Intendencia de Sanción y la Intendencia respectiva dan la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no realizaron un análisis ni subsumieron correctamente la infracción muy grave imputada, relativa al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Del mismo modo, respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, no motivaron de manera concreta la calificación de la conducta como infracción insubsanable, al no acreditar que los efectos del incumplimiento hayan generado un daño real e irreversible, omitiendo valorar que los efectos patrimoniales derivados de la conducta imputada fueron íntegramente reparados mediante un acuerdo conciliatorio válido y debidamente cumplido, por lo que la sola extinción del vínculo laboral no resulta suficiente para sustentar dicha calificación. Asimismo, no se verificó la validez de la notificación de la medida inspectiva de requerimiento vinculada al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse remitido la alerta a un correo electrónico distinto al registrado oficialmente, comprometiendo así la recepción efectiva de la medida por parte del administrado. Estas omisiones, apreciadas de manera conjunta, determinan que la decisión emitida carezca de sustento jurídico suficiente, al no haberse acreditado, mediante una motivación razonada y conforme a los criterios normativos y precedentes aplicables, la configuración de las infracciones imputadas ni la validez del procedimiento seguido, configurándose así una vulneración al debido procedimiento administrativo.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG22, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales

En efecto, no resulta aplicable la conservación del acto prevista en el artículo 14° del TUO de la LPAG, dado que el vicio identificado trasciende la mera insuficiencia o parcialidad de la motivación, constituyendo una motivación aparente que afecta directamente la validez del procedimiento administrativo. La omisión de un análisis integral y razonado respecto de la correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado —la infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT— constituye un defecto sustancial que compromete el núcleo del derecho al debido procedimiento y el Principio de Razonabilidad, al no demostrarse cómo los hechos atribuidos configuraban dicha infracción ni cómo se satisfacían los presupuestos normativos para su configuración. De igual modo, si bien respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT se concluyó que la conducta constituía un acto de hostilidad, las instancias de mérito no desarrollaron una motivación suficiente que permita sustentar válidamente su calificación como insubsanable, pues no evaluaron si los efectos derivados de dicha conducta subsistieron en el tiempo ni si generaron una afectación definitiva o irreparable, limitándose a asumir dicha condición de manera automática tras el cese del vínculo laboral. De igual manera, la falta de verificación de la efectiva notificación de la medida inspectiva de requerimiento vinculada al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse remitido la alerta a un correo electrónico distinto al registrado oficialmente, constituye un vicio adicional que impide al administrado ejercer su derecho de defensa de manera oportuna y efectiva, afectando la legalidad y validez del procedimiento sancionador.

En ese sentido, toda imputación debía sustentarse en un análisis completo de los hechos y del tipo infractor aplicable, verificando que los hechos atribuidos se ajusten correctamente al marco normativo. Sin embargo, en el presente caso, la Subintendencia de Sanción y la Intendencia competente no efectuaron dicho análisis integral, limitándose a reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo sin aclarar de manera suficiente cómo éstos encuadraban en el tipo infractor señalado, esto con respecto a la materia de vacaciones. Asimismo, en cuanto a la infracción vinculada al acto de hostilidad, no se efectuó un examen específico orientado a justificar la supuesta insubsanabilidad del incumplimiento, omitiéndose evaluar si la conducta imputada generó efectos permanentes o si, por el contrario, dichos efectos fueron plenamente neutralizados mediante mecanismos de reparación posteriores reconocidos por el ordenamiento jurídico, conforme al criterio de que la sola extinción del vínculo laboral no resulta

El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

En tal sentido, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dado que se ha advertido un defecto en un requisito esencial de validez del acto administrativo consistente en la motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG. Dicho requisito exige que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción a su contenido y conforme al ordenamiento jurídico, considerando todos los elementos fácticos y jurídicos relevantes para la decisión.

En el caso concreto, aun cuando las actuaciones inspectivas recopilaron hechos relacionados con el presunto incumplimiento del pago de las vacaciones correspondientes a los periodos 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y el periodo trunco del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020, las instancias de mérito no efectuaron una valoración integral que permita concluir de manera razonada que dichos hechos configuraban el tipo infractor imputado, esto es, la infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Por el contrario, la motivación se sustentó en afirmaciones genéricas que no otorgan coherencia fáctica y jurídica al reproche administrativo, afectando directamente el derecho de defensa de la impugnante y comprometiendo la validez del acto administrativo. Del mismo modo, respecto del numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, si bien la conducta fue calificada como acto de hostilidad, no se desarrolló una motivación específica que permita sostener de manera razonable su carácter insubsanable, asumiéndose implícitamente dicha condición sin evaluar si la conducta generó efectos permanentes. En particular, se omitió ponderar que las consecuencias económicas derivadas de dicha conducta fueron posteriormente regularizadas mediante un acuerdo conciliatorio válido y debidamente cumplido, lo cual evidencia que los efectos del incumplimiento no persistieron ni adquirieron un carácter irreversible. Asimismo, se advierte que respecto de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, la alerta fue remitida a un correo electrónico distinto al registrado oficialmente, impidiendo que la impugnante tuviera conocimiento oportuno de la medida inspectiva.

Por tanto, no resulta posible convalidar las actuaciones realizadas por la Subintendencia de Sanción ni por la Intendencia competente, en tanto ambas instancias omitieron efectuar una evaluación integral y razonada respecto de la correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado –numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT–, ni motivaron adecuadamente la calificación de insubsanabilidad atribuida a la conducta infractora establecida en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, al prescindir de un análisis concreto y razonado sobre la persistencia de los efectos del

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 01 de junio de 2023, así como la Resolución de Sub Intendencia N° 727-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 13 de julio de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 276-2023-SUNAFIL/IRE- AQP, incurren en vicio de nulidad en el extremo referido a la tipificación de los hechos relacionados con el presunto incumplimiento de la obligación de acreditar el pago de las vacaciones correspondientes a los periodos 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y el periodo trunco del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020. Ello obedece a que dichas instancias sustentaron su decisión en una motivación meramente aparente, sin efectuar un análisis integral, razonado y coherente que permita determinar de manera clara cómo los hechos atribuibles configuraban el tipo infractor imputado –la infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT–, ni verificaron la correcta notificación de la medida inspectiva de requerimiento vinculada a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse remitido la alerta a un correo electrónico distinto al registrado oficialmente. Del mismo modo, se advierte vicio de nulidad en el extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, toda vez que la calificación de la conducta como insubsanable carece de motivación suficiente, al haberse asumido de manera automática el cese del vínculo laboral como criterio determinante, sin analizar la persistencia de los efectos del incumplimiento. La omisión de dicha valoración afecta directamente un requisito esencial de validez del acto administrativo: la debida motivación. En consecuencia, se configura un supuesto de nulidad contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, al existir un vicio en el acto administrativo por motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad23. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, correspondiente a la parte que no adolece de vicio alguno o a la parte cuya validez no se encuentra en análisis. Tal situación se evidencia en el presente caso, en el que subsisten cuatro infracciones graves en materia de relaciones laborales, de las cuales tres se encuentran tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT y una se encuentra tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24° del RLGIT, además de dos infracciones graves a la labor inspectivas, tipificadas en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT; mientras que, las infracciones muy graves previstas en los numerales 25.6 y 25.14 del artículo 25° del RLGIT, así como una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 de artículo 46° del RLGIT quedan afectadas por la nulidad parcial.

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento, al momento de motivar sobre la presunta infracción cometida por la impugnante, que acarrearon la imposición de multa por la infracción prevista en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

Considerando lo expuesto, la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, notificada el 01 de junio de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12° y los numerales 13.1 y 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG24; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en los extremos relacionados con las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.14 del artículo 25° del RLGIT y con la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los Principios de Debido Procedimiento y Motivación.

Cabe mencionar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar

En tal sentido, subsisten los extremos de la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 01 de junio de 2023, así como la Resolución de Sub Intendencia N° 727-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 13 de julio de 2023 y de la Resolución de Intendencia N° 276-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, no vinculados a la causal de nulidad antes señalada.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 551-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión respecto de las infracciones muy graves contenidas en los numerales 25.6 y 25.14 del artículo 25° del RLGIT, así como de la infracción muy grave contenida en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, considerando los argumentos contenidos en la presente resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12° del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que –de ser el caso– procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

El artículo 13° del TUO de la LOPJ establece lo siguiente:

De igual forma, el artículo 4° del TUO de la LOPJ refuerza lo anteriormente citado, precisando enfáticamente que:

Como se desprende de las normas glosadas, se encuentra meridianamente establecido que la Administración está obligada a suspender el procedimiento administrativo que conociera, en caso existiese una causa pendiente siempre que se trate de una cuestión contenciosa que requiera pronunciamiento previo sin el cual no pueda ser resuelto el asunto que se tramita ante la Administración. Este es el extremo en el cual el suscrito

El mandato –entonces– del TUO de la LOPJ es claro e inequívoco: la autoridad Administrativa deberá suspender el procedimiento administrativo en tales circunstancias. Cuestión aparte merece la aplicación del artículo 75° del TUO de la LPAG conforme se analizará en el acápite siguiente.

Es en este punto en el cual el suscrito discrepa con la posición mayoritaria de la Sala, toda vez que la redacción establecida en el numeral 1 del artículo 75° del TUO de la LPAG establece la obligación –a cargo de la autoridad competente para la resolución del procedimiento administrativo– de remitir al órgano jurisdiccional una comunicación para conocer sobre las actuaciones realizadas; y recibida la comunicación (conforme al numeral 75.2 del artículo 75° del TUO de la LPAG), la autoridad administrativa verificará si existe identidad de sujetos, hechos y fundamentos, a fin de determinar su inhibición.

Sobre el particular, el artículo 75° TUO de la LPAG prescribe lo siguiente:

Conforme a ello, debe resaltarse que –lamentablemente– la mayoría de la Sala yerra al omitir su obligación de solicitar al Poder Judicial la comunicación sobre las actuaciones realizadas en el marco del proceso judicial respectivo antes de analizar la presunta existencia de una triple identidad. Dicha omisión funcional es resultado de una interpretación contraria al texto expreso del artículo 75° del TUO de la LPAG al considerar que no resulta aplicable al caso dado que cierta información del expediente es accesible desde la plataforma digital del Poder Judicial. (Énfasis añadido).

Asumir una interpretación como la sostenida por la mayoría de la Sala –a criterio del suscrito– resultaría en una conducta contraria al numeral 1.1 y el 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a saber:

Principio de legalidad.– Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (…). 1.8. Principio de buena fe procedimental.– La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”. (Énfasis añadido).

A consideración del suscrito y contrario a la posición mayoritaria de la Sala, asumir una interpretación contraria al texto expreso de la norma podría acarrear la nulidad de la propia Resolución, conforme se encuentra regulada en el artículo 10° de la norma en desarrollo, señalada en el numeral precedente:

Consecuentemente, discrepo y no suscribo los fundamentos de la presente Resolución que contradigan a lo expresado en el presente fundamento de voto. Por tanto, en mérito a la aplicación de los artículos 4° y 13° del TUO de la LOPJ se debe suspender la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador. De igual forma, conforme al artículo 75° del TUO de la LPAG se debe proceder –con urgencia– a solicitar la información pendiente al Poder Judicial y, posteriormente, evaluar la existencia de la triple identidad. Solo en tal momento, luego de recibida la información oficial del Poder Judicial –previamente solicitada– la Sala deberá considerar si se cumple la triple identidad y, en tal virtud, inhibirse del conocimiento del procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.