Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C — Res. 829-2026

Mediante Orden de Inspección N° 32150-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 9907-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2197-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificada el 20 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora II emitió el Informe Final de Instrucción N° 3122-2022- Bianca FAU 20555195444 soft 08:50:59-0500 SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificado el 19 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1105-2023-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada el 30 de marzo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 14 de abril de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1105-2023-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 959-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 02 de agosto de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 22 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 959- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 11 de abril de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SALVADOR S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 959-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, respectivamente; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SALVADOR S.A.C.

El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Buena Fe Procedimental, establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

De conformidad con el artículo 1° de la LGIT, las actuaciones inspectivas constituyen diligencias que la Inspección del Trabajo realiza de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y adoptar, de ser necesario, las medidas inspectivas que correspondan para asegurar dicho cumplimiento. Asimismo, la LGIT define la función inspectiva como: “es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En tal sentido, el comportamiento del personal inspectivo debe estar orientado al cumplimiento de las funciones que establece la LGIT y su reglamento, procurando siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del Principio de Razonabilidad8.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 5° de la LGIT, en el ejercicio de sus funciones, los inspectores de trabajo debidamente acreditados se encuentran investidos de autoridad y facultados para llevar a cabo cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado. Esta facultad se encuentra alineada con lo establecido en el literal d) del artículo 12° del RLGIT, el cual señala que, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciarán las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. (énfasis añadido).

Del mismo modo, el artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”. Esta disposición reafirma el deber de colaboración activa por parte de los sujetos inspeccionados, como condición necesaria para el correcto desempeño de la función inspectiva.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la LGIT, dispone que: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, se entiende que los empleadores tienen la obligación ineludible de colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, contribuyendo a que estas se realicen de forma eficaz y conforme a su finalidad esencial: la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11° de la LGIT dispone que: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de

Es pertinente recordar que el artículo 36° de la LGIT establece que, el comportamiento subsumible dentro de la infracción a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario”. (énfasis añadido).

En línea con ello, el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT está dirigido a sancionar la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes a facilitar la información y documentación requerida. No se trata, por tanto, de sancionar una simple omisión o demora, sino de reprochar la falta de atención del requerimiento cuando esta, por sus efectos, frustra la labor inspectiva e impide verificar las materias objeto de inspección.

En ese contexto, corresponde analizar la observancia del Principio de Tipicidad9. Al respecto, la doctrina recuerda que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”10. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

Es preciso señalar que, del análisis de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, se desprende que la responsabilidad administrativa no se limita únicamente a conductas dolosas. En virtud del Principio de Culpabilidad, también se

En el caso concreto, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que obra el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 13 de setiembre de 2021, el cual fue debidamente notificado a la casilla electrónica de la impugnante. Mediante dicho requerimiento, el personal inspectivo otorgó un plazo de dos (02) días hábiles para la presentación de determinada documentación e información relacionada con las materias objeto de investigación, bajo apercibimiento de incurrir en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

Asimismo, conforme se advierte del numeral 4.7 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el trabajador recurrente presentó con fecha 15 de setiembre de 2021 lo siguiente:

Ahora bien, se puede verificar que la impugnante presento un escrito mediante mesa de partes virtual en fecha 15 de setiembre de 2021 -la cual no fue evaluada por el inspector comisionado-, en el cual especifica que el denunciante nunca trabajó en la empresa, por lo que no tiene ningún vínculo laboral, por tanto, no pueden cumplir con el requerimiento señalados en los numerales 4, 5 y 6.

Cabe precisar que, mediante el requerimiento de información de fecha 13 de septiembre de 2021, el inspector comisionado solicitó documentación e información vinculada específicamente a la situación laboral del recurrente. En particular, se requirió la presentación de boletas de pago, contratos de trabajo, adendas y el Anexo I adjunto al requerimiento, mediante el cual se solicitaba al empleador brindar información sobre los datos del trabajador o extrabajador, así como explicar las razones del cese y las circunstancias específicas en las que este se habría producido.

En este punto, es pertinente citar los considerandos de observancia obligatoria establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, los cuales señalan lo siguiente sobre la finalidad y razonabilidad de los requerimientos de información:

El deber de colaboración previsto en la LGIT y su reglamento tiene por finalidad garantizar que la autoridad inspectiva cuente con los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral; por ello, el incumplimiento de dicho deber se configura cuando el sujeto inspeccionado despliega conductas de obstrucción, resistencia, negativa o incumplimiento que impidan o dificulten el desarrollo de las actuaciones inspectivas.

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que la presente orden de inspección tuvo por objeto verificar la presunta comisión de un despido arbitrario denunciado, motivo por el cual el inspector comisionado requirió a la inspeccionada la presentación de diversa documentación laboral vinculada al denunciante, entre ella, contratos de trabajo, boletas de pago y demás información relacionada con la relación laboral materia de investigación.

Asimismo, se aprecia que la inspeccionada dio respuesta al requerimiento efectuado por la autoridad inspectiva dentro del marco de las actuaciones inspectivas, señalando expresamente que el denunciante nunca mantuvo vínculo laboral con ella.

En ese sentido, este Colegiado advierte que la conducta desplegada por la inspeccionada no evidencia una negativa a colaborar con la inspección del trabajo, ni una conducta orientada a impedir, perturbar o frustrar la actividad fiscalizadora de la Administración, sino la manifestación de una posición de defensa respecto de los hechos investigados, consistente en negar la existencia de una relación laboral con el denunciante.

Resulta pertinente señalar que la finalidad de la actuación inspectiva era precisamente determinar la comisión de un despido arbitrario denunciado, razón por la cual la afirmación efectuada por la inspeccionada en el sentido de que este último nunca fue su trabajador constituye un hecho que debía ser objeto de verificación y análisis por parte de la autoridad inspectiva.

Bajo dicho contexto, no resulta jurídicamente razonable concluir automáticamente que la falta de presentación de contratos de trabajo, boletas de pago u otros documentos

Por las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que la conducta atribuida a la inspeccionada no configura el incumplimiento del deber de colaboración tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, toda vez que atendió el requerimiento inspectivo, proporcionó información a la autoridad y expuso las razones por las cuales no contaba con determinada documentación, correspondiendo a la inspección valorar dicha información dentro del análisis de fondo sobre la verificación de hechos del presunto despido arbitrario. Asimismo, la omisión del inspector comisionado y las instancias de mérito de valorar los elementos aportados vulnera los principios de verdad material, tipicidad, culpabilidad y debido procedimiento administrativo.

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, al evidenciarse que la conducta de la impugnante no configura el incumplimiento del deber de colaboración a la inspección del trabajo.

Finalmente, debemos señalar al dejarse sin efecto la única sanción impuesta por la autoridad sancionadora, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, resulta inoficioso emitir pronunciamiento por todos los argumentos del recurso de revisión.