Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Dionicia Casilda… — Res. 903-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11016183 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA CASILDA S.R.L.” se deberá entender que es dirigida a “EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA CASILDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios); Gratificaciones; Pago de bonificaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no dar cumplimiento con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de abril de 2022.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración a favor de sus trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 2,070.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación de julio 2020 a favor de los trabajadores, así como a los identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,796.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria sobre la gratificación de julio 2020 a favor de los trabajadores, así como a los identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,796.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de abril de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,844.00.

i. Manifiesta que, de la redacción del cuadro N° 01 de la resolución apelada se desprende un aparente cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, lo cual constituye un error también advertido en el informe final, generando una manifiesta incongruencia que vicia de nulidad todo lo actuado en el presente procedimiento. ii. En relación con el pago de remuneraciones a uno de los trabajadores mencionados, este se desvinculó treinta y siete días antes de la emisión de la Resolución Directoral

N° 1075-2020-GRA/GRTPE-DPSC, por lo que no correspondería imputar obligación alguna respecto a dicho concepto. Para tal efecto, se emitieron las constancias de alta y baja de SUNAT. iii. Respecto a otro trabajador, este se desvinculó treinta y ocho días después de la emisión de la resolución antes referida, por lo que tampoco correspondería la imputación sobre la falta de pago de remuneraciones posteriores. Se ha acreditado su desvinculación mediante carta de renuncia, constancia de baja y liquidación de beneficios sociales. iv. En cuanto al tercer trabajador, se ha presentado consulta de pagos masivos y boleta correspondiente al mes julio de 2020, evidenciando la percepción de remuneraciones. No obstante, dichos documentos no han sido considerados como cumplimiento en la resolución apelada, señalándose incorrectamente la falta de certeza en el pago, pese a que la imputación versa sobre el no pago oportuno de remuneraciones, numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT, y no sobre discrepancias en la documentación, numeral 24.3 del artículo 24° del RLGIT. v. Sobre el pago de gratificación y bonificación extraordinaria, se ha cumplido con lo exigido según se acredita en las boletas de pago. En consecuencia, ante la ausencia de acreditación de un supuesto excedente o monto faltante, cualquier imputación debería subsumirse en el numeral 24.3 del artículo 24° del RLGIT. vi. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, se ha negado la existencia de deuda por beneficios sociales respecto al grupo de trabajadores, lo que fue planteado como argumento de defensa. Por tanto, la conclusión alcanzada por la Sub Intendencia de Sanción, así como el requerimiento inspectivo, debieron ser debidamente fundamentos. La resolución apelada carece de una motivación adecuada. Asimismo, la imputación se subsume erróneamente en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, cuando en todo caso correspondería al numeral 46.3 del artículo 46° de la norma antes acotada, configurando así una imputación atípica que conlleva la nulidad e ineficacia del procedimiento. vii. Finalmente, en la determinación de la multa no se ha considerado la condición de REMYPE del sujeto inspeccionado.

i. El procedimiento administrativo sancionador está regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, como un procedimiento administrativo especial, compuesto por actos destinados a determinar la comisión de una infracción administrativa, con el objetivo de acreditar la responsabilidad del administrado. En este contexto, la Administración Pública actúa para satisfacer intereses públicos y no puede ejercer su potestad sancionadora de manera discrecional, sino justificándola en la afectación o peligro de vulneración de tales intereses. El Tribunal Constitucional ha señalado que la motivación de los actos administrativos, aunque no tiene un referente constitucional directo, es un principio implícito del Estado Democrático, el cual exige que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas para evitar arbitrariedades, conforme a lo establecido en los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú. ii. El numeral 6.3 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 establece que no son admisibles motivaciones genéricas, oscuras o vacías de contenido, y el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar reconoce el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En ese sentido, si bien el administrado argumentó que, a partir del cuadro N° 01 de la resolución apelada, se deduce el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, señalando una incongruencia también presente en el informe final, lo cual, a su criterio, invalidaría todo lo actuado en el procedimiento. No obstante, conforme a los artículos 16° y 47° de la LGIT, los hechos verificados por los inspectores formalizados en el Acta de Infracción se presumen ciertos y gozan de fe, salvo prueba en contrario. iii. Por otro lado, el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 permite rectificar errores materiales o aritméticos con efecto retroactivo, siempre que no se altere lo sustancial del contenido del acto ni el sentido de la decisión. En ese marco, se identificó un error material en la resolución apelada y en el informe final, ya que, respecto a las conductas infractoras contenidas en los ítems 1, 2 y 3 de las mismas, se consignó erróneamente que el sujeto inspeccionado había acreditado ciertos pagos, cuando en realidad no lo hizo. Por lo tanto, se rectifica dicho error material de oficio, sin que ello constituya una modificación sustancial del acto, y se desestima la incongruencia alegada por la inspeccionada. iv. Por otra parte, si bien la empresa inspeccionada sostuvo que había cumplido con el pago de remuneraciones a tres trabajadores correspondientes a distintos meses del año 2020, presentando como sustento documentos como boletas de pago y consultas de pagos masivos. En particular, respecto a uno de ellos, se alegó que laboró hasta el 01 de junio de 2020, y que no correspondía exigir pago por periodos posteriores a su desvinculación, respaldando dicha afirmación con constancias de alta y baja de la SUNAT. No obstante, la autoridad administrativa señaló que el periodo fiscalizado abarcaba desde el 28 de abril al 09 de julio de 2020, y que, en consecuencia, la inspeccionada debía acreditar el pago correspondiente por el tiempo efectivamente trabajado antes de la desvinculación, cosa que no hizo. Para el segundo trabajador, se indicó que la desvinculación se produjo el 15 de agosto de 2020, después de emitida la resolución que autorizaba la suspensión perfecta de labores. La empresa presentó carta de renuncia, constancia de baja y liquidación de beneficios sociales. Sin embargo, la autoridad reiteró que ello no exime a la inspeccionada de su obligación de pagar las remuneraciones y beneficios laborales correspondientes al periodo fiscalizado, durante el cual el vínculo laboral se mantuvo vigente. Dado que no se acreditó el cumplimiento de dicha obligación, el argumento fue desestimado. En el caso del tercer trabajador, la empresa presentó boleta de pago de julio de 2020 y consultas de pagos masivos, señalando que ello acreditaba el cumplimiento. No obstante, al comparar los montos consignados en las boletas

con los depósitos bancarios, se observó una diferencia, evidenciando que no se efectuó el pago íntegro. Conforme al artículo 18° del Decreto Supremo N° 001-98- TR, el pago de remuneraciones se acredita con boleta firmada por el trabajador o constancia de depósito bancario a su cuenta personal, lo que no fue cumplido. Por tanto, se concluye que no se trató de una omisión formal, sino de una falta sustancial. v. Respecto al pago de la gratificación legal y la bonificación extraordinaria de julio de 2020, si bien la empresa alegó haber cumplido con lo dispuesto por ley, amparándose en las boletas de pago. Sin embargo, la autoridad identificó que dichas boletas no incluían el concepto de “Destajo” en el haber computable, lo que afectó directamente el cálculo de estos beneficios. Además, la inspeccionada no acreditó con medios probatorios el pago íntegro de tales beneficios a los treinta y siete trabajadores afectados. Por lo tanto, se consideró que el cuestionamiento a la tipificación de la infracción carecía de base legal, ya que no se trataba de simples errores formales en las boletas. vi. En cuanto al incumplimiento de la medida inspectiva, la empresa argumentó que no adeudaba beneficios a los trabajadores y que la resolución apelada no se encontraba debidamente motivada. También alegó que la infracción debió ser tipificada bajo otro artículo del RLGIT, lo que constituiría una supuesta imputación atípica. Sin embargo, se verificó que la inspectora comisionada fundamentó debidamente la existencia de infracciones laborales y emitió el requerimiento conforme a lo establecido en los artículos 14° de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT. En consecuencia, se determinó que la empresa debía cumplir con lo requerido, y su incumplimiento configuró una infracción muy grave tipificada correctamente bajo el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. vii. Finalmente, si bien la inspeccionada alegó que en la determinación de la multa no se había considerado su condición de pequeña empresa (REMYPE). No obstante, al revisar la resolución apelada se verificó que sí se tuvo en cuenta dicha condición, conforme al artículo 38° de la LGIT, que establece criterios de graduación de la sanción en función de la gravedad de la falta, número de trabajadores afectados y tipo de empresa. Además, en el acta de infracción se dejó constancia de que la empresa estaba registrada como pequeña empresa, y se aplicó la tabla correspondiente para el cálculo de sanciones en esos casos. Por lo tanto, también este argumento fue desestimado.

SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 03 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Empresa De Transportes Y Servicios Multiples Dionicia Casilda Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de julio de 2023, la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA CASILDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 65-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita la nulidad del acto impugnado. ii. Manifiesta afectación al debido procedimiento, dado que se produjo una variación del órgano decisor sin que ello haya sido debidamente comunicado o notificado antes de la emisión de la Resolución de Intendencia. Pese a tratarse de una resolución administrativa dictada en el marco del presente procedimiento, la autoridad omitió notificarla a la representada, lo que vulnera el artículo 139° de la Constitución.

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

iii. Asimismo, señala la improcedencia de la imputación, en base a los siguientes argumentos: • Sobre los puntos 6 al 11 de la resolución impugnada, se indica que no se ha precisado de forma clara y concreta la conducta atribuida, persistiendo un defecto de imputación no subsanado, correspondiente a las infracciones graves. • Respecto a los puntos 12 al 16, sobre la falta de acreditación del pago de remuneraciones, se precisa que dos de los trabajadores ya se encontraban desvinculados al momento de la medida inspectiva, sin considerar que dicho periodo se encontraba bajo suspensión perfecta. Además, se omite que el canal adecuado para reclamar estos beneficios sería la vía judicial. • En cuanto a los puntos 17 y 18, se indica que el hecho imputado es el no pago oportuno de remuneraciones conforme al numeral 24.3 del artículo 24° del RLGIT, y no una discordancia en la información de la boleta de pago, como lo sugiere la autoridad. Verificándose el pago, la infracción no debería subsistir. • Sobre los puntos 19 y 20, se considera que la empresa ha acreditado debidamente el pago de la gratificación y la bonificación extraordinaria, por lo que también correspondería dejar sin efecto esta imputación. • Finalmente, respecto a los puntos 21 al 25, relacionados con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se advierte una doble imputación, conforme al considerando 60 de la resolución de subintendencia. Se sostiene que el hecho debió enmarcarse en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT y no en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada, como fue imputado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 2. Debido procedimiento. – No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis añadido).

10 De conformidad con lo señalado en la Exposición de Motivos del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los textos únicos ordenados no modifican el valor y fuerza de las normas ordenadas, por ende, no crean nuevas normas. Por lo tanto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, tiene como única finalidad reunir y sistematizar en un solo texto integral las normas del referido dispositivo legal a efectos de darle la coherencia sistemática que pudiera haber sido afectada como producto de las modificaciones, incorporaciones y derogaciones normativas. 11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 1.- Concepto de acto administrativo (…). 1.2. No son actos administrativos: 1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades.

externa. Como tal, se orientan exclusivamente a la búsqueda de la eficacia de los resultados de la gestión pública” 12.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

12 Morón Urbina, J. C. (2020). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) (15.ª ed., Tomo I, p. 216). Gaceta Jurídica.

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, la cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado.

(…)”.

Figura N° 01

13 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

expresa que debe cumplirse dentro del plazo otorgado. En este caso, la infracción se originó por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada el 11 de abril de 2022, cuyo contenido fue claro y específico. Por tanto, la calificación como infracción muy grave conforme al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT es correcta y no supone una doble imputación ni un error de subsunción normativa, en tanto se sanciona una conducta autónoma claramente tipificada en la normativa vigente.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…). - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser

14 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”15. (Énfasis añadido).

Información Adicional

15 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración a favor de sus trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la gratificación de julio 2020 a favor de sus trabajadores, así como a los identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de Infracción. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria sobre la gratificación de julio 2020 a favor de sus trabajadores, así como a los identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada a través de la casilla electrónica el día 21 de diciembre de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA CASILDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 65-2023- SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 31 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 539-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 65-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 31 de mayo de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa en el extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA CASILDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria adoptada por este colegiado con la cual se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto.

Considero que, con mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido la necesidad de analizar jurídicamente el procedimiento de abstención administrativa prescrito en el TUO de la LPAG, en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Respecto Al Procedimiento De Abstención En El Tuo De La Lpag En El Marco De Las Normas Del Derecho Adminsitrativo

“10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal La competencia para realizar actos estatales tiene como notas condicionantes las cuatro siguientes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Al respecto, veamos lo siguiente: (…) b) La taxatividad El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”. (Énfasis añadido).

“Artículo 100.- Promoción de la abstención 100.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que, sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. (…)”. (Énfasis añadido)

“Artículo 101.- Disposición superior de abstención

16 Artículos 99° al 103 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

17 COMADIRA, Julio. Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot- Lexis Nexis, 2° edición, Buenos Aíres, 2003. Pp. 126. 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 19 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…).

Respecto A La Facultad De La Autoridad En El Procedimiento De Abstención

"Artículo 2.- DELEGAR en el Secretario General de la SUNAFIL la facultad de resolver los pedidos de abstención a los que se refiere el numeral 6.4.4.3 de la Directiva aprobada según el artículo de la presente resolución, que presenten las Intendencias Regionales”.

20 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, que señala: “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

“6.4.4. Abstención de autoridades (…) 6.4.4.3. En el caso de la SUNAFIL, los pedidos de abstención de los servidores civiles dependientes de una IRE o de la ILM serán evaluados y resueltos por el Intendente Regional. En el caso que sea el Intendente Regional quien estuviera inmerso en alguna de las causales de abstención, los pedidos sobre el particular son evaluados y resueltos por la Gerencia General de la SUNAFIL o a quién designe. En los casos indicados, en el mismo acto que resuelve la abstención, se designa a quien continuará conociendo del asunto. (…)”.

Aplicación Al Caso Concreto

Figura N° 01

21 Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR Artículo 40. Intendencia de Lima Metropolitana (…) La Intendencia de Lima Metropolitana resuelve en segunda instancia el procedimiento administrativo sancionador, en el ámbito territorial de Lima Metropolitana. Depende de la Superintendencia. 22 Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR Artículo 42. Intendencias Regionales (…) La Intendencia Regional resuelve en segunda instancia el procedimiento administrativo sancionador, en el ámbito territorial de su competencia. Depende de la Superintendencia.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

23 Numeral 100.1 del artículo 100° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; mi voto es porque se declare FUNDADO EN PARTE, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 65-2023- SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 31 de mayo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 539- 2022-SUNAFIL/IRE-AQP.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730MABJ – HR: 135233-2023