Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL — Res. 119-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones, gratificaciones, incluye todas; bonificación, incluye todas; jornada, horario de trabajo y descanso remunerados, vacaciones, incluye todas; compensación por tiempo de servicios, incluye todas. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, no acredito el pago de las gratificaciones legales de julio 2020, al trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/6,908.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, no acredito el pago de la bonificación extraordinaria de julio 2020, al trabajador Víctor Eduardo Correo Sánchez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/6,908.00.

- infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, incumplimiento de disposiciones legales relativas a la remuneración vacacional del periodo 2017, 2018 y trunco 2019 y la indemnización vacacional por el periodo 2017 y 2018, a favor del trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 08 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

i. No se ha tomado en consideración, el escrito de fecha 15 de enero del 2021, denominado “presento medios probatorios” con el que adjuntó un cheque por la suma de S/984.21, para cubrir el monto de la gratificación, bonificación extraordinaria y vacaciones truncas, no habiéndolo puesto en conocimiento del trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez.

ii. No se ha tomado en cuenta la carta N° 004-2018-ETSGSAGITARIO, de fecha 25 de enero del 2018, y su respuesta, de fecha 29 de enero del 2018, con la finalidad de verificar que el trabajador gozó de vacaciones del periodo 2017, del 01 al 15 de febrero del 2018.

iii. No se ha tomado en consideración el registro de control de asistencia de enero a abril del 2020, con la finalidad de verificar que el trabajador gozó de vacaciones por todo

el mes de enero del mismo año. Ni que en el recuadro donde aparece el nombre del trabajador, en el apartado Observaciones, fue el mismo trabajador quien escribió “Vacaciones”.

iv. No se ha tomado en consideración que el trabajador fue quien solicitó la acumulación de las vacaciones del periodo 2018 y 2019 y que gozó de descanso efectivo. Sin embargo, no las gozó en su totalidad porque las vendió y la impugnante adquirió 15 días por cada periodo (2017, 2018, 2019). Acuerdo que se visualiza en las hojas donde se aprecia el cheque, en el que consta la firma y el documento de identidad del trabajador, además de la suscripción “vacaciones 2017”, “vacaciones 2018 (enero) y “vacaciones enero 2020”, conforme a ley, ya que la norma indica que debe constar por escrito.

v. No se ha tomado en consideración el pedido efectuado, con fecha 15 de febrero del 2021, en el que se solicita oficiar a las entidades bancarias: Banco de Crédito del Perú y Scotiabank, con la finalidad de verificar quien cobró los cheques producto de la venta de vacaciones, y claro se verá que lo hizo el denunciante, de acuerdo a las facultades que tiene el inspector de trabajo, regulado en el artículo 5.3 de la ley N° 28806.

vi. Se ha cumplido con acreditar el artículo 75 del TUO de la LPAG, por lo que, se solicitó mediante escrito del 16 de marzo del 2021, el corte del procedimiento, y al presente, adjunta la resolución que admite a trámite las pretensiones demandadas y la fecha de audiencia de conciliación; por lo que se debió dar por concluido el procedimiento.

vii. Finalmente, argumenta que no ha obstruido la labor de inspección; por el contrario, ha venido contribuyendo a que se lleve a cabo un procedimiento válido, tal como se advierte de los pedidos primigenios, donde se alcanzó toda la información correspondiente.

viii. Solicita al Despacho informar oralmente su posición en el presente procedimiento sancionador.

2 Notificada a la inspeccionada el 07 de junio de 2021. i. SUNAFIL no es el órgano competente para realizar la entrega del mencionado cheque, al trabajador afectado, siendo que la impugnante debió seguir con el trámite correspondiente, como por ejemplo la consignación judicial.

ii. De la lectura de la carta y la respuesta de la misma, se verifica que, tienen el carácter de informativa, respecto al periodo vacacional del periodo 2017, a favor del trabajador afectado.

iii. Respecto a que la impugnante pretende acreditar el goce vacacional del trabajador afectado por 31 días naturales, al haber consignado este la palabra vacaciones, es de precisar que, dicha argumentación carece de razonabilidad; además, de que, de la revisión del mencionado registro, no se verifica que el trabajador haya consignado firma alguna y otro dato que acredite lo alegado por la impugnante.

iv. No se verifica que haya existido un acuerdo previo entre la impugnante y el trabajador afectado sobre reducción o fraccionamiento vacacional, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 713, solo demuestra la comunicación de la impugnante a terceros sobre el periodo vacacional del trabajador.

v. La carga de la prueba respecto al pago de beneficios laborales se encuentra a cargo del empleador; asimismo, presenta una escrito en el cual supuestamente acreditaría que el trabajador afectado ha realizado el cobro de uno de los cheques de las entidades bancarias. Sin embargo, este Despacho no tiene manera de verificar que dichos montos corresponden a los conceptos materias de controversia.

vi. Si bien la impugnante puso en conocimiento, en la etapa sancionadora, la existencia de un proceso judicial, dicho proceso judicial no configura una cuestión litigiosa sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo.

vii. En el presente caso, como resultado de las actuaciones inspectivas de investigación el inspector comisionado, al comprobar la existencia de infracciones, emitió la medida inspectiva de requerimiento, para lo cual otorgo un plazo razonable para que se subsane las infracciones detectadas. Sin embargo, vencido el plazo la impugnante no cumplió con la medida de requerimiento.

viii. Con fecha 26 de mayo del 2021 se efectuó el uso de la palabra virtual, solicitado por la impugnante.

ante la existencia de un proceso judicial, hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio, notificada el 17 de agosto de 2021 a la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Empresa De Transportes Y Servicios Generales Sagitario Srl

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Interpretación errónea del artículo 75 del TUO de la LPAG9

8 Iniciándose el plazo el 08 de junio de 2021. 9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

Precisa que, la resolución impugnada recoge un craso error al considerar que el proceso judicial N° 165-2021, que interpuso la impugnante ante el Tercer Juzgado Especializado de Cajamarca, no es una cuestión litigiosa para ser esclarecida por el órgano jurisdiccional previamente al pronunciamiento administrativo, porque las conductas nacen de un proceso de inspección laboral, hecho que no coincide con la voluntad normativa, en tanto no se puede confundir el proceso judicial con el proceso administrativo, en tanto son esferas distintas.

En ese sentido, señala que interpuso un proceso laboral con la finalidad de esclarecer el cumplimiento y pago de los beneficios sociales que se encuentran en discusión en el procedimiento administrativo, que fueron materia de sanción por vuestra institución, pese a que la comunicación realizada fue antes de la emisión de la decisión final en primera instancia, donde se solicitó la suspensión del procedimiento hasta que la causa sea resuelta por el órgano jurisdiccional y así poder tener seguridad en la decisión que pueda adoptar el órgano administrativo.

- Interpretación errónea del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 71310

La resolución impugnada señala que no se ha probado con documento escrito o acuerdo previo la reducción del descanso vacacional de los periodos 2017, 2018 y 2019; por lo que, las copias de cheques y sus anotaciones no revisten valor.

Considera que ha existido una interpretación errónea del precepto normativo, porque si bien a lo largo del procedimiento no se tiene documento alguno expreso de la reducción de vacaciones, la norma mencionada no identifica la forma de la escritura, por tanto, la forma no puede ser impedimento para no considerarlo como tal. En ese sentido, el documento tiene en su contenido: copia del cheque (monto cobrado), voluntad del trabajador (firma) y el acuerdo (descripción del periodo vacacional), que se encuentra de acuerdo a lo prescrito en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 713

- Inaplicación del artículo 10 inciso a) del Decreto Legislativo N° 71311

Señala que el trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, dejó de laborar el 17 de marzo del 2020, producto de la pandemia y luego por acuerdo entre las partes, durante mayo y junio del 2020, de acuerdo a una licencia sin goce de haber, para luego abandonar el cargo y pasar a no ejecutar prestación laboral hasta el 20 de octubre del 2020. Prueba de ellos son las cartas notariales cursadas para que retorne a prestar sus

10 Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 713 “Artículo 19.- El descanso vacacional puede reducirse de treinta a quince días calendario con la respectiva compensación de quince días de remuneración. El acuerdo de reducción es por escrito. La reducción solo puede imputarse al período vacacional que puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a siete días calendario.” 11 “Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Dicho derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se señala a continuación: a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en dicho período.”

servicios y las de preaviso de despido por la causal establecida en el artículo 25 numeral h) del decreto supremo N° 003-97-TR. Por lo que, al no haber realizado trabajo efectivo no tuvo el derecho de recibir monto alguno por la totalidad de las vacaciones truncas computadas desde el 01.01.2020 al 20.10.2020.

- Aplicación indebida del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 71312

Señala que tal como se ha explicado, las vacaciones se redujeron de 30 a 15 días, por haber existido un acuerdo entre empleador y trabajador. En ese sentido, se le otorgó vacaciones por el año 2017 tal como se evidencia de la carta N° 004-2018- ETSGSAGITARIO, de fecha 25 de enero del 2018, remitida a los contadores de la empresa, donde se indica que el trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez saldrá de vacaciones del 01.02.2018 al 15.02.2018. Por lo que su goce vacacional se ha dado de forma efectiva al año posterior de haber prestado labores. Asimismo, para el año 2018 y 2019, hizo uso de su descanso vacacional, durante todo el mes de enero del 2020, tal hecho se encuentra reflejado en el cuaderno de asistencia, donde se aprecia que con su puño y letra suscribió que se encontraba de vacaciones. Por lo que, al haber cumplido con su obligación de goce efectivo y pago de remuneración vacacional, ha habido una aplicación indebida del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713.

- Inaplicación del artículo 6 de la Ley N° 2773513

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se tiene que el trabajador no laboró por los meses de mayo y junio del 2021, de forma voluntaria, de acuerdo a licencia sin goce de haber que suscribió. Asimismo, no prestó servicios desde julio hasta octubre del 2021; por lo que no le corresponde dicho derecho de forma íntegra, si no solo por el

12 “Artículo 23.- Los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente: a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.”

13 Ley N° 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad “Artículo 6.- Requisitos para percibir el derecho Para tener derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo, salvo lo previsto en artículo siguiente. En caso que el trabajador cuente con menos de seis meses, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborados, debiendo abonarse conforme al Artículo 5 de la presente Ley.”

proporcional del cálculo, debido a que no hubo una prestación de servicios efectiva; más aún, si opto por retirarse de forma voluntaria, por lo que se le inició procedimiento de despido fundado en el artículo 25 literal h) del Decreto Supremo N° 003-97-TR.

- Inaplicación del artículo 2.2 de la Ley N° 28806 (Principio de primacía de la realidad)

En aplicación del principio de primacía de la realidad, se debe tener en cuenta, que si bien se puede advertir alguna incoherencia en los medios probatorios presentados, para acreditar el goce efectivo de vacaciones y el pago de la remuneración convencional de los periodos 2017, 2018 y 2019 a favor del trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, se debe tener en cuenta que la impugnante ha dado las vacaciones durante los periodos antes indicados, de acuerdo al siguiente detalle: 2017 (febrero 2018), 2018 y 2019 (enero del 2020), quedando únicamente el periodo trunco 2020, que ha sido calculado en base al periodo efectivamente laborado.

- Inaplicación del artículo 1.2 del TUO de la LPAG (Principio del debido procedimiento)

No ha habido valoración de medios probatorios, tales como: Carta N° 004-2018 del 25 de enero del 2019 y el informe del 29 de enero del 2018, por el cual se acredita que el trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, hizo uso de su descanso vacacional por un lapso de 15 días.

Asimismo, señala que se le sanciona por no haber cumplido con remitir toda la información requerida. Sin embargo, presentó la totalidad de la información para cumplir y satisfacer lo requerido.

Se presentó un cheque con el monto de S/984.21, para que pueda ser entregado por el órgano administrativo al trabajador Víctor Eduardo Correa Sánchez, asumiendo la posición de que no cuenta con la potestad de entregar cheques, sin sustentar dicha información en norma legal alguna.

i) El art. 75 del TUO de la LPAG, referido al conflicto con la función jurisdiccional, establece que la “autoridad administrativa debe inhibirse de un caso que requiere de un pronunciamiento previo por parte de la autoridad judicial, siendo necesario para ello la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede judicial, b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, y, c) Que exista sujetos, hechos y fundamentos”.

14 La sentencia contiene el voto en discordia del vocal Luis Erwin Mendoza Legoas, quien opina debe declararse infundado el extremo del recurso que arguye que, por haber un caso judicial en trámite debiera extinguirse el procedimiento sancionador o suspender su tramitación. No existiendo relación de condicionalidad entre los pronunciamientos esperables en ambas vías, salvo que una orden judicial, motivadamente, así lo determine.

ii) En ese expediente el objeto contencioso, que se trata en sede judicial, coindice con el del procedimiento administrativo sancionador; la cuestión contenciosa versa sobre relaciones de derecho privado, porque se origina en un contrato de derecho privado; y, finalmente, existe identidad de sujetos, hechos y fundamentos, tanto en el proceso judicial como en el procedimiento administrativo sancionador, cumpliéndose con los requisitos establecidos en el art. 75 del TUO de la LPAG.

- Interpuso demanda contra su trabajador, con fecha 12/03/2021, para acreditar que ha existido el pago y goce de los beneficios sociales.

- En el expediente N° 00165-2021-0-0601-JR-LA-03, tramitado en el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de Cajamarca, se emitió la Sentencia N° 288-2021-L, de fecha 19/10/2021, donde a través de la Resolución Número Cuatro, se dispone: declarar fundada en parte la demanda interpuesta por la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL, contra el señor Víctor Eduardo Correa Sánchez, en consecuencia: A) Téngase por cancelado el pago de los beneficios sociales, consistente en vacaciones del periodo 2017, 2018 y 2019, B) Infundada, la pretensión de consignación de la suma de S/ 984.213. Asimismo, Fundado en parte el pago de gratificaciones de julio 2020, bonificación extraordinaria de julio de 2020 y vacaciones del 2020 (periodo trunco), subsistiendo un adeudo de S/ 238.87 que deberá hacer efectivo la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL, a favor del demandado. C) Ordenó, que el demandado, señor Víctor Eduardo Correa Sánchez, devuelva a la empresa, la suma de S/. 1,500.00, por concepto de adelanto de remuneración, emitido mediante Cheque Scotiabank N° 47513484.

- La impugnante, ha procedido a cancelar el monto de S/ 238.87, tal como lo acredita con el escrito de fecha 9/11/2021, anexando el depósito judicial N° 2021076104464 de la misma fecha.

- Al haber adquirido calidad de cosa juzgada el proceso judicial que dispuso el cumplimiento de beneficios sociales al trabajador, por los cuales les había denunciado el trabajador en sede administrativa, el mismo carece de objeto por haber declarado el órgano jurisdiccional que no existe deuda, por lo que el expediente administrativo debe archivarse.

- Luego con la Resolución Número Cinco, el juez declara consentida la sentencia y dispone que se ha cancelado la totalidad de la deuda, por lo que su representada no adeuda monto alguno; por el contrario, el trabajador adeuda montos por adelanto de remuneraciones.

- La impugnante anexa las resoluciones Número Cuatro y Cinco del Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de Cajamarca.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la conclusión del proceso judicial iniciado por la impugnante y sus efectos en el procedimiento administrativo sancionador

a) Fundada en parte la demanda interpuesta por el apoderado de la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL contra el señor Víctor Eduardo Cabrera Sánchez. En consecuencia, tener por cancelado el pago de los beneficios sociales al demandado, consistente en vacaciones del periodo 2017, 2018 y 2019. b) Infundada, la pretensión de consignación de la suma de S/ 984,21. A la vez, declaró fundado en parte el pago de los conceptos de: gratificación de julio 2020, bonificación extraordinaria de julio del 2020 y vacaciones del 2020 (periodo trunco), subsistiendo un adeudo de S/ 238,87, que la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL deberá hacer efectivo a favor del demandado. c) Que el demandado, señor Víctor Eduardo Cabrera Sánchez, devuelva a la empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL., la suma de S/ 1,500.00, por concepto de adelanto de remuneración a su favor, emitido mediante Cheque Scotiabank N° 47513484 d) Fijó los costos procesales en el monto de S/ 1,000.00 más el 5% de dicho monto (S/ 50.00) a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, sin costas procesales ni multas. e) Consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, ordenó que se le dé cumplimiento y en su oportunidad se ARCHIVE en el modo y forma de ley.

a) Corregir la parte resolutiva de la sentencia N° 288-2021-L, contenida en la resolución número CUATRO de fecha 19 de octubre de 2021, en el extremo que se consignó como parte demandada a Víctor Eduardo Cabrera Sánchez; siendo lo correcto VÍCTOR EDUARDO CORREA SÁNCHEZ; manteniéndose lo demás que contiene. b) Declarar consentida la sentencia N° 288-2021-L, contenida en la resolución número CUATRO de fecha 19 de octubre de 2021, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por el apoderado de la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL, contra el señor Víctor Eduardo Correa Sánchez, con lo demás que contiene. c) Tener por cancelada la deuda señalada en la resolución número CUATRO, de fecha 19 de octubre de 2021, la cual contiene la sentencia N° 288-2021-L, en mérito al depósito judicial N° 2021076104464, por el monto de S/ 264.00 (doscientos sesenta y cuatro con 00/100 soles) realizado por la demandante. d) Requerir al demandado, señor Víctor Eduardo Correa Sánchez, para que devuelva a la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL, la suma de S/1,500.00 (un mil quinientos con 00/100 soles), entregados por concepto de adelanto de remuneración a su favor, emitido mediante Cheque Scotiabank N° 47513484; más el pago de los costos procesales en el monto de S/ 1,000.00 más el 5% de dicho monto (S/ 50.00) a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, conforme lo ordenado en la sentencia N° 288-2021-L, dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento. e) Poner en conocimiento de la parte demandada el depósito judicial N° 20221076104464, por el monto de S/ 264.00 (doscientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), para que proceda conforme a ley.

Respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, relativas a la remuneración vacacional del periodo 2017, 2018 y trunco 2019 y la indemnización vacacional por el periodo 2017 y 2018

15 Obrante a fojas 211 del expediente inspectivo

Respecto de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de enero de 2021

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

Respecto a la presunta vulneración al debido procedimiento invocado por la impugnante

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipo legal y Calificación Multa Impuesta Relaciones Laborales No acreditar el pago de las gratificaciones legales de julio 2020 Numeral 24.4 del artículo del RLGIT

GRAVE S/ 6,908.00

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de julio 2020 Numeral 24.4 del artículo del RLGIT

GRAVE S/ 6,908.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- DÉJESE SIN EFECTO, la suspensión del procedimiento administrativo sancionador dispuesta mediante Resolución N° 187-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 12 de agosto de 2021, por los fundamentos expuestos en los considerandos 6.11 al 6.12 de la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SAGITARIO SRL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 072-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 03 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 033-2021-PS/SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 072-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, en los extremos referentes a la infracción en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46, dejando sin efecto las multas impuesta por estas infracciones. CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SAGITARIO SRL y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en los siguientes términos:

1) Considerando que la vía administrativa del Sistema de Inspección del Trabajo y la jurisdiccional obedecen a funciones distinguibles del poder público, que hacen improbable al avocamiento y no configura forma alguna de interferencia con la función jurisdiccional (supuestos vedados por la Constitución), no debió de suspenderse el presente procedimiento administrativo sancionador a través de la Resolución N° 187-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 12 de agosto de 2021.

2) En aquella oportunidad, por mayoría, al conocerse de un proceso judicial llevado por la impugnante en contra del señor Correa Sánchez se resolvió aguardar a la resolución judicial que ostente calidad de cosa juzgada, criterio que juzgo equivocado pues sitúa a la inspección del trabajo como una consecuencia ejecutoria de lo que resuelva el Juez de Trabajo, situación distinta a lo previsto en el ordenamiento jurídico. No existe una relación de condicionalidad entre los pronunciamientos esperables en ambas vías, salvo que una orden judicial, motivadamente, así lo determine. Tal estándar de motivación es relevante para que la autoridad administrativa evalúe su propia competencia, para así proceder, considerando debidamente lo expuesto el órgano jurisdiccional.

3) Las razones de mi posición han sido desarrolladas en extenso en los votos en discordia contenidos en las Resoluciones N° 071-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 144-2021- SUNAFIL/TLF-Primera Sala, del 08 y 27 de julio de 2021 respectivamente.

4) Por ello, en congruencia con la posición que defiendo, si bien estoy de acuerdo con el levantamiento de una suspensión, me ratifico que en principio esta no debió de autorizarse, bajo una lectura de los artículos 74 y 75 del TUO de la LPAG.

5) Ahora bien, debiendo haber resuelto esta Sala el fondo en la oportunidad de la dación de la Resolución N° 187-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 12 de agosto de 2021, conforme la competencia material de esta instancia de revisión, coincido con lo expuesto en el análisis efectuado ahora, por lo que, manteniendo mi discrepancia inicial, ahora me adhiero al criterio del colegiado, para así resolver que el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SAGITARIO SRL debe ser declarado FUNDADO EN PARTE, por las consideraciones sustantivas expuestas en el cuerpo de la presente resolución.

Presidente