Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla Sociedad Anónima… — Res. 1094-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1036-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3979-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no asistir a los requerimientos de comparecencia programados para el 11 y 21 de noviembre de 2019; en mérito a la denuncia presentada por la señora Juana Paola Agüero Ferré (Cobradora), por el supuesto incumplimiento al pago de beneficios sociales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 202-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 11 de febrero de 2020, notificada el 30 de diciembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1016-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 30 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 904-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 27 de setiembre de 2021, notificada el 29 de setiembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,900.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación2 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 904-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 568-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de abril de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 29 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 568- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002501- 2022-SUNAFIL/ILM, recibido el 08 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA DE TRANSPORTES SANTO CRISTO DE PACHACAMILLA SOCIEDAD ANÓNIMA - ETRASCPSA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 568-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 18,900.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA DE TRANSPORTES SANTO CRISTO DE PACHACAMILLA SOCIEDAD ANÓNIMA - ETRASCPSA.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”10. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad11.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1112 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 16 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 05 de diciembre de 2019, notificado a la señora Belissa Pérez Quispe, con el cargo de secretaria (encargada del centro de trabajo al momento de la visita de inspección) del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 11 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar los siguientes documentos:

Asimismo, a folio 18 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 13 de noviembre de 2019, notificado a la señora Belissa Pérez Quispe, con el cargo de secretaria (encargada del centro de trabajo al momento de la visita de inspección) del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 21 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar, la misma documentación solicitada en el requerimiento de comparecencia de fecha 05 de diciembre de 2019. La documentación requerida se refiere a la extrabajadora: Juana Paola Agüero Ferré. Asimismo, de los referidos documentos se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, en los días y horas fijados, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a las diligencias programadas, pese a que se le esperó por espacio de veinte (20) minutos en cada oportunidad, superando el tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencia conforme al sub numeral 7.6.1. del numeral 7.6 de la Directiva General N° 001- 2016-SUNAFIL/INII, vigente a la fecha de comisión de las infracciones, incurriendo en dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado en el cuarto y quinto hecho constatado del Acta de Infracción que, el sujeto inspeccionado, no asistió el día 11 y 21 de noviembre de 2019, a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente; al requerimiento de Comparecencia efectuado el día 05 y 13 de noviembre de 2019; lo que, constituye dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el artículo 46 numeral 46.10 del RLGIT”.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias, alegando al respecto que, las comparecencias notificadas para los días 11 y 21 de noviembre de 2019, no resultaban necesarias, entendiendo que ya no existía materia de controversia ni deuda alguna respecto de dicha trabajadora. Sobre el particular, se debe señalar que, el hecho que la impugnante haya llegado a un acuerdo con la recurrente Juana Paola Agüero Ferré respecto de las obligaciones que se encontraban pendientes de pago, no lo exime de responsabilidad, en tanto que, las infracciones atribuidas en el presente procedimiento administrativo sancionador no reprochan la falta de pago de las obligaciones en materia de relaciones laborales, sino la falta del deber de colaboración con la inspección del trabajo. Por lo que, conforme a la normativa vigente, la impugnante tenía la obligación de concurrir a las citaciones de comparecencia, a fin de cumplir con su deber de colaboración; sin embargo, pese a haberse dejado constancia del apercibimiento en las citadas comparecencias, éste no asistió. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Por otro lado, de autos se advierte que se ha procedido a verificar la “Transacción extrajudicial”, de fecha 08 de noviembre de 2019 y, la “Liquidación de Beneficios Sociales”, verificándose que lo señalado en la transacción extrajudicial no se encuentra conforme a lo determinado en la hoja de liquidación de beneficios sociales, en tanto que, señala un monto diferente a lo calculado, lo que no causa convicción respecto del cumplimiento de las obligaciones socio laborales que fueron materia de investigación en el presente procedimiento; asimismo, de la verificación de los actuados dentro del procedimiento inspectivo y sancionador no se evidencia presentación de prueba fehaciente que exima de responsabilidad a la impugnante por la infracción imputada; por tanto no se advierte la subsanación de manera fehaciente, antes de la emisión del Acta de Infracción, dispuesta por el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, lo que se encuentra en concordancia con lo establecido en el numeral 17.3 del artículo 17 de la Resolución de Superintendencia N° 134-2019-SUNAFIL, que aprueba los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en material laboral aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo”. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, la duplicidad de la infracción no está justificada, en tanto que, habiéndose citado por primera vez y no habiendo asistido, pero presentado luego el documento firmado por la trabajadora y su representada, se cita a una segunda comparecencia. En todo caso, refieren que, se debió

Asimismo, cabe señalar que el sub numeral 3.2 del numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, dispone que en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para exigir la presencia del empresario o de sus representantes en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante, para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12, numeral 12.1, literal b) del RLGIT. En ese contexto, se advierte que, ante el incumplimiento de la impugnante, en tanto que, no presentó medios probatorios para comprobar que han observado correctamente las disposiciones legales, el inspector comisionado notifica posteriormente un requerimiento de comparecencia con el fin de requerir información que considera necesaria para continuar la investigación de las materias objeto de la Orden de Inspección. Por tanto, contrario a lo alegado por la impugnante se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de los requerimientos adoptados por el inspector comisionado, en tanto fueron emitidos dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 1036-2019-SUNAFIL/ILM, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción.

En tal sentido, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias de comparecencia de fecha 11 y 21 de noviembre de 2019, para las cuales se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en los referidos requerimientos de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a las comparecencias citadas, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.