Empresa de Transportes Perú BUS S.A — Res. 1191-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Certificado de trabajo; Bonificación no remunerativa; Registro de control de asistencia; Remuneraciones (Sub materias: Pago de la remuneración; Gratificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Horas extras; Vacaciones; Descansos en días feriados no laborables); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Seguridad social (Sub materia: Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, de fecha 6 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9, 675.00

i. La autoridad administrativa sancionadora al momento de emitir la Resolución de Sub Intendencia no se ha pronunciado sobre todas las cuestiones de hecho que se ha planteado en el escrito de descargo con lo cual se incurre en incumplimiento de uno de los requisitos de validez de los actos administrativos como es la falta de contenido.

ii. La información que solicito no era la necesaria para ver el caso del Sr. Urquía Zelada, como se desprende de manera textual del requerimiento de información que ella misma dice que realizo, teniendo en cuenta que la actividad inspectiva estaba centrada en verificar el pago de los beneficios sociales de un trabajador que trabajo desde 16.01.2019 al 09.08.2019; sin embargo, el inspector solicita información del 06 de enero de 2020; por tanto, es imposible hablar de una supuesta obstrucción a la labor inspectiva.

iii. No existe un requerimiento de manera expresa y precisa de parte del inspector donde requiera la entrega del registro de control e ingreso y salida del Sr. Urquía y el reporte de programación de viajes por el periodo de su labor que fue desde el 16 de enero de 2019 al 09 de agosto de 2019.

iv. La documentación que se requiera debe estar vinculada con la verificación de la materia objeto de la orden de inspección; por lo que la afirmación de la inspectora en el acta de infracción respecto a que no se ha entregado la información necesaria para realizar su trabajo, es una afirmación subjetiva que no se condice con la realidad de los actuados durante el periodo de fiscalización.

2 Véase folio 27 del expediente sancionador. 3 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, véase folio 43 del expediente sancionador.

interpuesto por la impugnante, confirmando el monto de la multa, por considerar los siguientes puntos:

i. La inspeccionada no ha presentado los descargos correspondientes al informe final de instrucción pese a que fue debidamente notificado por lo que lo alegado respecto a que la Resolución de Sub Intendencia no se ha pronunciado sobre todas las cuestiones planteadas en su descargo, no guardan coherencia con lo verificado en el expediente sancionador al no obrar descargo alguno que refute lo establecido en el Informe Final de Instrucción; sin embargo, cabe precisar que la Sub Intendencia en cumplimiento del principio de legalidad a evaluado el expediente inspectivo y sancionador determinando la comisión de la infracción a la labor inspectiva por parte de la inspeccionada.

ii. Es necesario precisar que las acciones y omisiones que perturbaron, retrasaron e impidieron el ejercicio de la función inspectiva, fue la falta de entrega de la información requerida y verificada el día 06 de enero de 2020, específicamente la relacionada al registro de control de ingreso y salida, el reporte de programación de viajes, la marcación del programador de ruta, la información (data) que se encuentra en el sistema informático de la inspeccionada en el área de sistemas relacionada al Sr. Urquía Zelada Neuter, es decir durante el tiempo que la inspeccionada mantenía una relación laboral con el Sr. Urquía Zelada Neuter (del 16/01/2019 al 09/08/2019), no evidenciándose que se haya requerido información de un periodo diferente respecto al trabajador afectado.

iii. Se ha podido constatar que, a pesar de realizar oportunamente el apercibimiento respectivo del requerimiento de información, y contando con dicha información la inspeccionada se ha negado a entregar la información, a pesar de que tenía conocimiento que, si no cumplía con lo requerido en cada actuación inspectiva y se negaba a proporcionar la información solicitada, constituiría infracción a la labor inspectiva pasible de sanción, aun así, no cumplió con lo requerido.

iv. La infracción imputada se ajusta al tipo legal por el cual fue sancionada la impugnante observándose los principios de tipicidad y legalidad. Así mismo, se considera que la resolución de primera instancia se encuentra debidamente motivado, en tanto, se han detallado los hechos que produjeron la sanción, respetando el debido procedimiento, determinándose que la impugnante incurrió en responsabilidad administrativa que amerita la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. En la Resolución Sub Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/ILM, no se ha pronunciado sobre todas las cuestiones de hechos que ha planteado en el descargo de fecha 19 de abril del 2021.

ii. La resolución de sanción, no se ha pronunciado sobre la existencia o no del requerimiento bajo apercibimiento que haya realizado el inspector de trabajo, simplemente la autoridad ha evadido hacer un pronunciamiento al respecto.

iii. No existe un pronunciamiento donde la autoridad haya valorado o analizado que el requerimiento cumpla con estándares, respecto a que el requerimiento haya sido preciso y concreto respecto al tipo de información a entregar.

iv. No existe ningún análisis de parte de la autoridad que permita verifica si los trabajadores sobre los cuales se les solicito información pertenecían o no a la empresa, así como tampoco se analiza si la información era necesaria para realizar sus labores, pues cumplió con entregar la información necesaria.

v. Apartamiento inmotivado de los precedentes administrativos obligatorios del tribunal de fiscalización laboral: entrega de información necesaria. Los hechos que describe e imputa como una conducta infractora en el Acta de infracción no

se subsumen en la conducta típica que se describe en el numeral 46.3 del Art. 46° del RLGT.

vi. No existe un requerimiento de manera expresa y precisa de parte del Inspector para la entrega de dicha información, donde se requiera dicha información y que diga que se necesita la entrega del registro de control de ingreso y salida del Sr. Urquía Neuter y el reporte de su programación de viajes por el periodo de su labor que fue desde el 16 de enero de 2019 hasta el 09 de agosto de 2019.

vii. La autoridad al emitir la Resolución materia de revisión para nada se ha pronunciado en ninguno de sus fundamentos sobre el error incurrido por el inspector de trabajo, de hacer requerimientos de información a personas que no tienen ninguna vinculación con la empresa, sino con la empresa SOYUZ S.A.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el requerimiento de información

dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.10

10 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11 “LGIT, Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva

indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 12 “TUO de la LPAG, Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 13 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.14

i. A folio 120 se aprecia el documento denominado “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 3 de enero de 2020, emitida en mérito de la visita inspectiva al centro de trabajo inspeccionado, por la cual la inspectora comisionada dejó constancia de las actuaciones realizadas, de las manifestaciones de los trabajadores entrevistados y del requerimiento efectuado, en el que se señala que: “realizará visita de inspección el día 6 de enero de 2020, debiendo exhibir Registro de Control de entrada y salida digital del señor Urquia Zelada Neuter”.

ii. A folio 238 se aprecia el documento denominado “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 6 de enero de 2020, en la que se dejó constancia de la diligencia realizada, señalando que: “Se realizó visita de inspección al centro de trabajo ubicado en la calle Los Brillantes N° 120, distrito de La Victoria. El Sr. JUAN CARLOS CÁCERES ARGUEDA, apoderado del sujeto inspeccionado exhibió el mismo registro de control del Sr. Urquía que obra en autos. Se exhibió la siguiente documentación: Salida de conductores 06/01/19, captura de pantalla, registro de asistencia, autorización de permiso de tripulación. La inspectora actuante en compañía del Sr. JUAN CARLOS CÁCERES ARGUEDA se apersonó al centro de trabajo ubicado en la Av. México N° 333, distrito de La Victoria, donde fue informada por el Sr. CACERES se encontraba el área de sistemas. Constituidos en el lugar no se proporcionó la información materia de inspección.”

iii. De acuerdo a lo señalado en el numeral 4.6 del acta de infracción, se advierte que la comisionada dejó constancia que: “no puede pronunciarse sobre la conformidad de los pagos realizados detalladas en el 4.4 hecho constatado, por cuanto no se ha podido determinar el tiempo de trabajo efectivo realizado por el recurrente durante todo su tiempo laborado, por no haber entregado el sujeto inspeccionado la información que permita determinar la marcación directa del trabajador, la programación de ruta y la marcación del área de programación, al ocurrir acciones y omisiones que perturbaron, retrasaron e impidieron el ejercicio de la función inspectiva siendo estas las siguientes: i) No entregar la información y documentación necesaria para el desarrollo de la función inspectiva relacionada al registro de control de control de ingreso y salida del Sr. URQUIA ZELADA NEUTER y el reporte de su programación de viajes y la marcación del programador de ruta; ii) No entregarse información (data) que se encuentra en el sistema informático del sujeto inspeccionado, en el área de sistemas relacionada al Sr. URQUIA ZELADA NEUTER donde la inspectora actuante fue informada se encontraba la información y podía ser entregada en esos momentos”. Asimismo, en el numeral 4.8 señaló que no pudo verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales materia de inspección.

14 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.

15 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. 16 “TUO de la LPAG, Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia 70.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 70.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 70.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 70.1.3 Los nombres y apellidos del citado;

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige

por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación

administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Información Adicional

18 Véase folios 5 a 7 del expediente inspectivo. 19 Véase folio 10 del expediente inspectivo

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Labor Inspectiva No facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, de fecha 6 de enero de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 585-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 8 de abril de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 3564-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 585-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20231220CEC