Empresa de Transportes AVE Fenix S.A.C — Res. 1097-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el trabajo (Sub materia: cuadro de categorías y funciones y/o política salarial), relaciones colectivas (Sub materia: libertad sindical, cuota sindical, entre otros), contratos de trabajo (sub materia: formalidades), seguro de vida ley, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: trabajo nocturno, jornada y horario de trabajo, vacaciones), compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS), participación en las utilidades (sub materia: pago), planillas o registros que la sustituyan (sub materia: registro trabajadores y otros en la planilla; alta, modificación y baja en el T-Registro; entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), remuneraciones (sub materia: pago de remuneración, sueldos y salarios), registro de control de asistencia. CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft soft 20555195444 soft

entre otra, en mérito a la denuncia formulada por el Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú, el cual mediante oficio N°037-2021-SINTRATTP, solicitó verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones sociolaborales.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber otorgado ni pagado las vacaciones correspondientes a los períodos precisados en el numeral 4.13 de los hechos verificados del acta de infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden socio laboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. La inspeccionada manifiesta que, se debe dejar sin efecto la multa propuesta, revocar y/o proceder al archivo del presente procedimiento administrativo sancionador, por afectación al debido procedimiento (motivación aparente), afectación del ejercicio legítimo del derecho a la contradicción e insuficiente valoración de los medios de prueba ofrecidos, afectación en la tipificación de la sanción, y afectación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. ii. Asimismo, que lo resuelto por la autoridad administrativa carece de una eficiente y debida motivación, siendo este parte de sus funciones en cumplimiento normativo sustentar su posición, aún más cuando se pretende sancionar por hechos de los cuales han quedado demostrado el cumplimiento total del concepto de las vacaciones y que sus fundamentos tienen como base los medios de prueba exhibidos durante la absolución de sus descargos. iii. Que, al no ser valorados sus medios de prueba adjuntados a sus descargos y al no existir una motivación suficiente, lo convierte en una motivación aparente con la finalidad de imponer una sanción que a todas luces resulta abusiva, en la resolución impugnada no

garantiza el debido procedimiento (numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG). iv. Por otra parte, manifiesta que la nulidad del acto administrativo se funda en los incisos 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, en ese sentido la no valoración de su medio de prueba respecto a los convenios celebrados entre su representada y los supuestos colaboradores afectados es completamente válido. v. De otro lado, señala que su representada sí contrató un seguro a favor de sus trabajadores, y presentó todas las renovaciones y facturaciones que se realizan de mes a mes, en formato zip cuyo periodo consta desde el 01 de marzo de 2021, los mismos que incluyen la declaración de asegurados, el contrato, la lista de los asegurados desde esa fecha (especialmente de los 17 trabajadores del departamento de Cajamarca) y los conceptos de las facturaciones. Así también, presentó la carta de la aseguradora que señala la vigencia de la póliza y su cobertura, y la forma de contratación entre la aseguradora y su representada. vi. Argumenta que no resulta razonable que la Autoridad en esta oportunidad pretenda sancionar bajo criterios alejados a las demás autoridades de la misma SUNAFIL, cuando esta debe regirse bajo el principio de uniformidad, en consecuencia, solicita se deje sin efecto la multa propuesta por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral en la supuesta afectación a 17 trabajadores puesto que no se ha vulnerado la figura normativa alguna, existiendo entonces una tipificación incorrecta e ilegal de la norma. vii. Respecto al tema de vacaciones, señala que la Autoridad pretende sancionar con una tipificación incorrecta, basado en una interpretación meramente subjetiva y no acorde a la normativa según corresponde, afectando el ejercicio legítimo del derecho a la contradicción y valoración a los medios de prueba ofrecidos que sustentan los documentos debidamente presentados como los acuerdos y/o convenios sobre acumulación de vacaciones de los trabajadores Raúl Enrique Huaripata Aguilar, Hilda Rosita Mori Alarcón. Con relación a la trabajadora Moreno Montoya Nancy Janett, indica que en respuesta a la medida de requerimiento se presentó el Informe Nº 1516-2021- RRHH-EMTRAFESAC, que justifica la situación de la mencionada colaboradora, documento que según el inspector resulta insuficiente para su valoración, sin embargo, se hace la precisión que la trabajadora se encontró bajo suspensión perfecta de labores por el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021 y siendo que la trabajadora, no cumplía un año de labores efectivas el 30 de mayo de 2021. si no que, debido a la suspensión perfecta ésta aún cumplía un año el 01 de julio de 2021, por lo cual la programación de sus vacaciones que se realizó desde el 01 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, está correcto y dentro del periodo correspondiente. viii. Respecto a la suspensión perfecta de labores se ha iniciado el proceso de acción Contencioso Administrativo a fin de ser acogida y reconocida su petición inicial en la instancia judicial, la cual se encuentra en proceso de admisión, acorde con el reporte del expediente que adjunta.

ix. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, señala que teniendo en cuenta lo sustentado en los párrafos precedentes, no corresponde continuar con el procedimiento sancionador, debido a la situación de los trabajadores, el cual a la actualidad se ha dado cumplimiento a todo lo requerido por la autoridad constituyendo una prueba veraz del cumplimiento de las normas sociolaborales en favor de sus colaboradores. Además, alega que las actuaciones realizadas por los inspectores y el análisis del sub intendente carecen de fundamentación de acuerdo a los hechos constatados y a derecho, pues no han sido valorados adecuadamente.

i. Expresa que, referente a la contratación de la póliza y pago del Seguro Vida Ley, los medios de prueba y argumentos presentados en su descargo, fueron valorados en el Informe Final de Instrucción, al punto que se concluye no acoger la sanción propuesta en este extremo de la imputación, dado a que la inspeccionada se encuentra dentro de uno de los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 257 del TUO, por cuanto presentó la FACTURA ELECTRÓNICA N° F048- 00049596, con el cual acredita haber pagado la prima del seguro vida ley correspondiente al mes de agosto 2021, antes de haber sido notificado con la imputación de cargos. Por lo que, no hay razón para que la apelante vuelva a cuestionar los hechos constatados por la inspectora comisionada. Por otra parte, si bien, a consecuencia de dicha conducta infractora se mantiene en la medida inspectiva de requerimiento, a 17 trabajadores afectados, es a razón que, la infracción a la labor inspectiva, posee naturaleza insubsanable, toda vez que, todo acto posterior no remediará los efectos negativos por no cumplir con subsanar, dentro del plazo establecido, las infracciones advertidas por la inspectora comisionada, es decir, que el comprobante de pago de la prima (FACTURA ELECTRÓNICA N° F048- 00049596) fue presentado recién en el descargo frente a la imputación de cargos, si bien, se evidencia fecha de pago 16 de septiembre de 2021, este hecho solo versa como eximente de responsabilidad por no haber pagado la prima del seguro vida ley, mas no corresponde aplicar dicho eximente a la medida inspectiva de requerimiento. ii. Asimismo, sobre lo relacionado a las vacaciones; el despacho discrepa con lo afirmado por la inspeccionada, pues no se está cuestiona la voluntad del trabajador sobre que éste puede convenir por escrito con su empleador en acumular hasta dos descansos consecutivos; sino que, para llegar a dicho acuerdo, se debe tener presente que la regla general establecida en el artículo 18 del Decreto Legislativo 713, implica: “siempre que después de un año de servicios continuos el trabajador disfrute por lo menos de 7 días naturales de descanso físico consecutivo”. Así, se verifica que la inspeccionada otorgó vacaciones a los trabajadores HUARIPATA AGUILAR RAUL ENRIQUE, desde el 07 de octubre al 09 de octubre 2019 (03 días), del 26 de febrero 2020 (01 día) y del 05 de noviembre al 07 de noviembre 2020 (03 días) y a MORI ALARCÓN HILDA ROSITA, del 09 de marzo al 12 de marzo de 2020 (04 días) y del 05 de diciembre al 07 de diciembre 2020 (03 días). Apreciándose, que el descanso físico que otorgó la impugnante, no se encuentra amparado legalmente, toda vez que, los referidos trabajadores gozaron de los 7 días de descanso en forma interrumpida en los periodos señalados. iii. Respecto a la trabajadora MORENO MONTOYA NANCY JANETT, refiere que se ha tenido en cuenta el citado informe Nº 1828-2021/RRHH/EMTRAFESAC, siendo evaluado tanto por la Autoridad Instructora y Autoridad Sancionadora, no logrando desvirtuar el hecho constatado por la inspectora comisionada, debido a que, no adjuntó medio probatorio

2 Notificada a la impugnante vía casilla electrónica el 14 de febrero de 2022, véase folio 107 del expediente sancionador.

que acredite el goce de las vacaciones, limitándose a señalar que dicha trabajadora se encontraba bajo la suspensión perfecta de labores, del cual tampoco adjuntó medio probatorio emitido por la autoridad competente. iv. Concluye que la inspeccionada no cumplió con lo requerido por la inspectora comisionada, pese a que se encontraba en la obligación de colaborar con los inspectores comisionados, y dentro del plazo otorgado para cumplir con la medida inspectiva de requerimiento (04 días hábiles), es así que, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento se encuentra tipificada como una infracción muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7) del artículo 46 del RLGIT. v. En relación a la supuesta vulneración de diversos derechos o principios invocados por la inspeccionada, considera que se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, en consecuencia la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que, el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT, concordante con el artículo 54 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 019-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando lo siguiente:

i. Refiere que, existe una interpretación errada del artículo 25 de la Constitución Política del Perú, los artículos 10 y 23 del Decreto Legislativo 713, el artículo 11 del Decreto Supremo N°012-92-TR de la Ley 29783 y el artículo 26 literal c del Decreto Supremo N°005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783, y el artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ii. Expresa una grave afectación al debido procedimiento administrativo sancionador (motivación insuficiente y/o aparente), afectación al derecho de defensa y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, refiere que se ha afectado su ejercicio legítimo del derecho a la contradicción e insuficiente valoración de los medios de prueba ofrecidos y afectación en la tipificación de la sanción. iii. Asimismo, señala que la autoridad administrativa carece de una eficiente y debida motivación, pretendiendo sancionar por hechos de los cuales ha quedado demostrado su cumplimiento total del concepto de vacaciones. A su vez, expresa que no es razonable que la autoridad en esta oportunidad pretenda sancionar bajo criterios alejados a las demás autoridades de la SUNAFIL, cuando debe regirse por el principio de uniformidad. iv. Respecto a lo decidido por el concepto de vacaciones, alega que se estaría tipificando incorrectamente, afectando el ejercicio legítimo del derecho a la contradicción y valoración de los medios de prueba ofrecidos que sustentan los documentos debidamente presentados como los acuerdos y/o convenios sobre acumulación de vacaciones. v. Manifiesta que cumplió con demostrar que contaba con la póliza de seguro de vida y su cobertura implica el pago oportuno de acuerdo a la proforma de cobertura en donde se evidencia el número de póliza, así como su vigencia. vi. Solicita se deje sin efecto la multa propuesta por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral en la supuesta afectación a 17 trabajadores. vii. Sobre la suspensión perfecta de labores, comunica que acudió a la vía judicial en la vía del proceso contencioso administrativo, a fin de ser acogida y reconocida su petición inicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

recurso de revisión, se observa que no ha formulado ningún argumento entorno a ello, ni precisado cuál es la interpretación errónea que se le da a estas normas ni cuál sería la interpretación correcta, debiendo desestimarse este argumento.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.8. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional

suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

De la infracción vinculada con el descanso vacacional del trabajador denunciante y la falta de pago del mismo

cumplido el año de servicios, de acuerdo a la normativa vigente9. Asimismo, el inspector concluye que la inspeccionada no ha cumplido con otorgar oportunamente el descanso físico vacacional, otorgando al trabajador Raúl Enrique Huaripata Aguilar once días de los 30 días que le correspondían y a los demás trabajadores, los descansos vacacionales luego que se venciera el año, conforme establece el artículo 23 del Decreto Legislativo 713.

9 “Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. (…) Artículo 22.- Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente 10 Resolución N° 491-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 03 de noviembre de 2021, así como Resolución N° 038-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 17 de enero de 2022.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y la supuesta vulneración de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, y uniformidad

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 1.14. Principio de uniformidad. - La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.”.

relacionado con la materia comisionada; con la debida advertencia de que el incumplimiento de requerimiento constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No haber otorgado ni pagado las vacaciones correspondientes a los períodos precisados en el numeral 4.13 de los hechos verificados del acta de infracción. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden socio laboral. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 019-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 442-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 019-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. –Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221123JCR