Empresa de Transportes AVE Fenix S.A.C - Emtrafesac — Res. 832-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1332-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico correspondiente a la materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 502-2021-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante bajo el importe ascendente a S/ 63,448.00 (Sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho

Que, mediante Imputación de Cargos N° 459-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 23 de noviembre de 2021, notificada vía casilla electrónica el 26 de noviembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 552-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha 23 de diciembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), notificada en fecha 4 de enero de 2022, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 156-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 29 de abril de 2022, notificada el 03 de mayo de 2022, le impuso sanción a la impugnante por la suma de S/ 63,448.00 , por haber incurrido en las siguientes infracciones:

En fecha 17 de mayo de 2022, la administrada interpuso su recurso de reconsideración, contra la Resolución de Sub Intendencia N° 156-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, lo cual generó que la autoridad de sanción emita la Resolución de Sub Intendencia N° 566- 2022- SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 02 de diciembre de 2022 y notificado el 05 de diciembre de 2022; reduciendo la multa a S/ 51,374.40 (Cincuenta y un mil trecientos setenta y cuatro con 40/100 soles).

Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 566-2022- SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de la cual se identifican los siguientes principales argumentos:

Mediante Resolución de Intendencia N° 099-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 09 de junio de 2023 y notificado el 12 de junio de 2023, la Intendencia Regional de Ancash declaró fundado en parte el recurso de apelación y reformuló la sanción contra la administrada en la suma de S/ 35,204.40 (S/ Treinta y cinco mil doscientos cuatro con 40/100 soles), sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

Con fecha 03 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 099-2023- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 658-2023-SUNAFIL/IRE-ANC recibido el 10 de julio de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C - EMTRAFESAC, presentó el 03 de julio de 2023 el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 099-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, que declaró fundado en parte el recurso de apelación y reformuló la sanción contra la administrada en la suma de S/ 35,204.40 por la comisión de, entre otras, una (01) infracción muy grave

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C - EMTRAFESAC

Previa evaluación de los argumentos postulados en el recurso de revisión, resulta pertinente tomar en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022- SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, el cual constituye precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, y que expresamente señala:

Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del

Sobre esa base, se advierte del recurso de revisión algunos argumentos genéricos, no ceñidos a los criterios antes señalados; es decir, no se ha incorporado en el recurso fundamentos encuadrados en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso8, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

Conforme a la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, se establecen una serie de medidas que definen la igualdad remunerativa entre el hombre y la mujer y la obligatoriedad de la implementación de un Cuadro de Categoría y Funciones en toda empresa, sobre la base de lo siguiente:

En ese mismo sentido, respecto a la definición de la Política Salarial y el contenido mínimo de los Cuadros de Categoría y Funciones, corresponde evocarse al Reglamento de la Ley Nº 30709, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, el cual establece:

En esa misma línea, la Tercera Disposición Complementaria Final del mismo Reglamento, señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante resolución ministerial expide pautas referenciales que podrán ser utilizadas por el empleador para evaluar los puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la publicación del presente reglamento.

Al respecto, mediante la Resolución Ministerial N° 243-2018-TR, denominada “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizados por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones” y la Resolución Ministerial N° 145-2019-TR, denominada “Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin discriminación de Género , de Puestos de Trabajo y Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones”, se definen las pautas a considerar al implementar la política remunerativa en un centro de trabajo.

Conforme a ello entonces, el empleador está obligado a contar con una política remunerativa, la cual, es un conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración de los trabajadores, con la finalidad que no exista discriminación remunerativa entre los varones y mujeres en el mismo puesto de trabajo; es decir que, la empresa cuente con un cuadro de categorías y funciones elaborado sobre la base de criterios objetivos, observando la prohibición de discriminación remunerativa entre varones y mujeres.

En el presente caso, del resultado de la actuación inspectiva, fundamentada en el acta de infracción Nº 502-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, se advierte que el comisionado solventa su imputación en razón al incumplimiento por parte de la administrada en la acreditación de implementación del Cuadro de Categoría y Funciones en el centro de trabajo, conclusión sobre la cual esta no ha manifestado oposición al verificarse su ausencia de cumplimiento y subsanación en la medida de requerimiento, de fecha 6 de setiembre de 2021.

Posteriormente, a propósito de la notificación de la Imputación de Cargos N° 459-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, la administrada adjunta, en fecha 2 de diciembre de 2021, un Cuadro de Categoría y Funciones que no cumplió con la estructura idónea, según lo definido en la Resolución Ministerial N° 243-2018-TR, denominada “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizados por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones” y la Resolución Ministerial N° 145-2019-TR, denominada “Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin discriminación de Género , de Puestos de Trabajo y Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones”. Al respecto, se adjunta una captura de la clasificación de cargos (puesto de trabajo) por cada área y categoría implementada y adjunta por la administrada al descargo de imputación de cargos:

Por dicho motivo, a pesar que la autoridad de instrucción, mediante informe final consideró como subsanada la infracción de dicha materia, la autoridad de sanción, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 156-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, concluyó en la subsistencia de dicha infracción al no haberse implementado el Cuadro de Categoría y Funciones en el marco de los requisitos definidos en la Resolución Ministerial N° 243-2018-TR y la Resolución Ministerial N° 145-2019-TR, entre otras.

Si bien la administrada interpuso recurso de reconsideración, al adjuntar el mismo Cuadro de Categoría y Funciones que presentó en su descargo de informe final, la autoridad de sanción concluyó en lo mismo respecto de la materia evaluada. Sin embargo, fue en su escrito de apelación que incorporó su de Cuadro de Categoría y Funciones bajo los lineamientos definidos en las resoluciones ministeriales, razón por la cual la Intendencia Regional dispuso valorar su proceder conforme a lo regulado por el artículo 40 de la LGIT9, aplicando el descuento del 30% de la multa originariamente impuesta.

Sobre el particular, este Tribunal advierte que, en efecto, la oportunidad en la cual la administrada dio cumplimiento a su obligación sociolaboral correspondiente a la implementación del Cuadro de Categoría y Funciones fue en su recurso de apelación, oportunidad en la cual adjuntó dicha pieza acorde a la “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizados por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones”, según se verifica de la siguiente captura.

En esa línea de fundamentación, no resultan concurrentes ninguna de las condiciones que el TUO de la LPAG10 define como eximentes y atenuantes de la responsabilidad infractora, razón por la cual solo resulta ser aplicable lo regulado por el artículo 40 de la LGIT. Así, no se ha transgredido ningún parámetro de razonabilidad ni de legalidad en lo resuelto por las instancias de mérito, correspondiendo confirmar este extremo de la resolución impugnada.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, regula que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),9 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

En esa línea de argumentación, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado, esta debe cumplir con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad para su emisión y de cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, ello en concordancia a lo dispuesto en los precedentes administrativos contenidos en Resolución de Sala Plena N° 008-2023 SUNAFIL/TFL y Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL.

Del examen de la medida de requerimiento que sustenta la infracción muy grave a la labor inspectiva, se puede advertir que la misma hace referencia a acreditar -entre otros extremos- la implementación de una dependencia de relaciones industriales y el Cuadro de Categoría y Funciones como Política Remunerativa, para lo cual establece algunas consideraciones y otorga el plazo de cuatro (4) días hábiles para su cumplimiento. Así tenemos:

Del contenido del mandato de la medida de requerimiento, si bien se identifican otros dirigidos a la acreditación de pago de conceptos remunerativos, se advierte que, respecto de la materia de Relaciones Industriales, solicita contar con una dependencia (espacio), el contrato de trabajo del encargado, el título, diploma o calificación que tiene y la constancia de alta en la planilla electrónica, indicando el cargo de relacionista industrial.

De acuerdo a ello, se advierte que el mandato de la medida de requerimiento establece que para subsanar la materia de relaciones industriales se requiere labores de gestión dirigidas a la implementación de un espacio correspondiente, la contratación de personal específico que reúna un determinado perfil (relacionista industrial), lo cual supone el desarrollo de un proceso de organización del áreas y de selección de personal que involucra una serie de pasos (publicidad, proceso, selección y contratación) que excede, en la práctica, el plazo otorgado por el comisionado.

Por tanto, a criterio de este Tribunal, se advierte que la definición de cuatro (4) días hábiles como plazo para el cumplimiento de la medida de requerimiento respecto de la materia de relaciones industriales constituye a todas luces limitado sobre la base de lo exigido, máxime si para considerarlo subsanado la autoridad de sanción de primera instancia a necesitado capturas de la habilitación de un espacio en la empresa, el cual cuenta con moviliario, señalización y demás, y la designación de un personal que reúna el perfil de relacionista industrial. De acuerdo a ello, en el marco del principio de razonabilidad, no se puede perder de vista que cada una de dichos requerimientos ha involucrado acciones que exigen una organización que no ha permitido alcanzarse en el plazo de cuatro (4) días.

En ese sentido, este despacho resuelve dejar sin efecto la sanción formulada en contra de la administrada, respecto de la infracción tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, subsistiendo la imputación respecto de las demás infracciones.

Sobre la base de lo precedente, corresponde precisar que lo resuelto por esta Sala en cuento a la infracción por el incumplimiento de la medida de requerimiento no extiende sus efectos respecto de la materia infraccionada de relaciones industriales, en el marco de las competencias de este Tribunal. Por tanto, los argumentos formulados al respecto carecen de objeto su absolución.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de la administrada de la notificación electrónica mediante el correo electrónico notificacionesemtrafesa@gmail.com, se informa que mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó el uso obligatorio de la casilla electrónica a efectos de notificar los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por tanto, toda comunicación de esta entidad con los administrado se efectuará mediante el conducto legal implementado; por tanto, se desestima la solicitud planteada.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.