Empresa de Servicios Múltiples Mineros Civiles y Transportes Santa… — Res. 1114-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: gratificaciones, pago de la remuneración (sueldos y salarios)), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones, horas extras), compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS, hoja de liquidación y sus formalidades, constancia de cese), seguridad social (sub materia: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones), certificado de trabajo, planillas o registros que la sustituyan (sub materia: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

la labor inspectiva por no cumplir la medida de requerimiento, dictada en mérito a la denuncia presentada por la señora Luz Yuliana Gonzales Pari, en la cual solicita se realice una inspección laboral a su empleador puesto que no ha cumplido con el pago de sus remuneraciones.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar remuneraciones adeudadas correspondientes al mes de enero de 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración vacacional trunca, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la Compensación por tiempo de servicios (CTS) que se generó al cese del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar gratificación trunca, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señala que, debe declararse nula la Resolución de Sub Intendencia, puesto que vulnera los principios del debido procedimiento, de legalidad, de verdad material y por carecer

de motivación la resolución, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272. ii. Manifiesta que, la Resolución de Sub Intendencia carece de motivación por cuanto no contiene los requisitos establecidos en la Ley N° 27444, que no se ha realizado un análisis de lo expuesto en los escritos y medios de prueba presentados que demostrarían que ha cumplido con pagar los derechos laborales de la trabajadora durante su relación con la empresa desarrollada desde el 01 de setiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018; y que sin corroborar ni probar con ningún medio de prueba que la trabajadora supuestamente ha laborado un mes más, se le ha impuesto la multa arbitrariamente sólo con el argumento subjetivo de la trabajadora. iii. Menciona que a la trabajadora denunciante no se le renovó el contrato, procediendo a pagarle los beneficios sociales de tres meses, como lo ha demostrado con la hoja de liquidación que se ha presentado; sin embargo, en el mes de febrero de 2019, la trabajadora se acercó a las oficinas de la empresa aduciendo que había laborado desde su casa, todo el mes de enero de 2019 y que había suscrito un contrato con el secretario del Directorio de la Empresa ESMUMICIT SACRUCO S.A., Sr. Marco Antonio Alvarado Borja, el cual en enero de 2019 no contaba con la vigencia de poder y legalmente no podía realizar actos administrativos por no tener la Vigencia de Poder ni la representatividad respectiva. En ese sentido, señala que la única persona con representatividad era el Gerente General con vigencia de poder activa, por ello este hecho, les causó sorpresa pues nunca se conoció de esta situación, teniendo en cuenta que no registró su asistencia en el registro control y que al término de su contrato, se le requirió la entrega de la documentación que se encontraba, incumpliendo con su presentación, hasta que en el mes de febrero que se apersonó aduciendo que seguía trabajando, pero sin entregar evidencias del trabajo efectivo en nuestra empresa, por cuya razón, no se le reconoció las labores del mes de enero de 2019, concluyendo que no se le hizo efectivo el pago de sus haberes, CTS y otros. iv. Refiere que no se les ha convocado a una comparecencia con participación de las partes, resultando imposible conversar con el inspector por el tema de la restricción de la pandemia del COVID 19 y que en el MINTRA se tuvo una conciliación con la señorita Luz Yuliana Gonzales Pari donde no pudo demostrar objetivamente que ha laborado en el mes de enero de 2019, es por ello que no se llega a conciliar. v. Finalmente, considera que el procedimiento sancionador instaurado en su contra no tiene por finalidad recaudar dinero, sino que la finalidad es la de proteger los derechos laborales. Por tanto, apela al buen criterio de la autoridad con la finalidad que se advierta que no se incurrió en infracción alguna, debiéndosele exonerar de la multa propuesta o rebajar la misma, por cuanto dicho monto no se ajusta a la ley.

i. En el caso en concreto, señala que el inicio de las actuaciones inspectivas se desarrolló el día 14 de junio del 2021, en la que el inspector comisionado procedió a realizar las investigaciones, solicitando el requerimiento de información por medio de sistema de comunicación (Casilla electrónica) en materia sociolaboral de la trabajadora Luz Yuliana Gonzales Parí, otorgándole el plazo de cuatro (04) días para que cumpla con remitir la información por el mismo medio; posteriormente, el 25 de junio, remitió un segundo requerimiento de información concediéndole el plazo de (03) días hábiles para que remita lo solicitado; y con fecha 02 de julio, el inspeccionado remitió la documentación referente a su ex trabajadora. Sin embargo, el inspector advirtió el incumplimiento del pago de remuneraciones adeudadas correspondiente al mes de enero del 2019, que no se cumplió con acreditar el pago de la liquidación de beneficios sociales por el periodo laborado y la entrega de la respectiva hoja de liquidación debidamente firmada, por lo que, se extendió la medida inspectiva de requerimiento, a efectos de que el inspeccionado proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y proceda a cumplir con los documentos requeridos, otorgándole el plazo de 04 días; no obstante, llegada la fecha indicada el inspeccionado no cumplió con la adopción de las medidas inspectivas de orden sociolaboral, incumpliendo con acreditar la documentación requerida por el inspector. ii. Por otra parte, manifiesta que en el presente procedimiento, la autoridad instructora de primera instancia ha tenido en cuenta la aplicación de los principios de la potestad sancionadora, ya que en el transcurso de la investigación y procedimiento sancionador se ha respetado el principio del debido procedimiento, la debida motivación, razonabilidad, imparcialidad, conducta procedimental y tipificación de las conductas, traduciéndose todo ello en el respeto al debido proceso, como una garantía formal para el administrado, cumpliéndose todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige. iii. Finalmente, en relación a la infracción a la labor inspectiva, señala que pese a todas las oportunidades que el sujeto inspeccionado ha tenido para que pueda adoptar las medidas de cumplimiento en materia sociolaboral y acreditar documentalmente la información laboral de su trabajadora, no lo hizo, circunstancia que califica como una obstrucción a la labor inspectiva, toda vez que la inacción de la inspeccionada en no dar cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, no contribuye a lograr el objetivo de la inspección del trabajo.

2 Notificada a la impugnante el 21 de febrero de 2022, véase folio 123 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MINEROS CIVILES Y TRANSPORTES SANTA CRUZ DE CONDORCAYAN – ESMUMICIT SACRUDO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 006-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento, principio de legalidad, principio de verdad material, puesto que carece de motivación incumpliendo lo dispuesto en el artículo 6 de la LPAG, modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N°1272. ii. Argumenta que ha cumplido con pagar los derechos laborales de la trabajadora durante su trabajo en la empresa, y el inspector no ha corroborado ni ha probado con ningún medio de prueba que la trabajadora supuestamente laboró un mes más, es decir, enero de 2019. iii. Asimismo, considera se han inaplicado los artículos 170°, 171°, 172°, 173°, 174° y otros. iv. Sostiene que, no ha incurrido en infracción alguna, por lo que en aplicación del principio de razonabilidad debe ser exonerada de la multa propuesta o en el mejor de los casos rebajar la misma.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3)

del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa

expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre la supuesta vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y verdad material

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

Figura 01:

anónimas, donde se consta registrado y vigente el nombramiento a favor de Borja Artica Romeo Plinio, y 2. El DNI del representante legal.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipo Legal Y Calificación Relaciones laborales No pagar remuneraciones adeudadas correspondientes al mes de enero del 2019 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No pagar la remuneración vacacional trunca Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No pagar la Compensación por tiempo de servicios (CTS) que se generó al cese del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No pagar gratificación trunca. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MINEROS CIVILES Y TRANSPORTES SANTA CRUZ CONDORCAYAN - ESMUMICIT SACRUCO S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 006-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, emitida por la Intendencia Regional de Pasco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 141-2021-SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. -CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 006-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MINEROS CIVILES Y TRANSPORTES SANTA CRUZ CONDORCAYAN - ESMUMICIT SACRUCO S.A., y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

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