Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma… — Res. 1972-2025

Mediante Orden de Inspección N° 015-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 054-2023- SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, notificada el 19 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 310-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SIFN, notificada el 19 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 27-2024-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, notificada el 15 de enero de 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 02 de febrero de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 27-2024-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, solicitando que se declare la nulidad de la misma por quebrantamiento al debido proceso.

Mediante Resolución de Intendencia N° 051-2024-SUNAFIL/IRE-ANC, notificada el 20 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 11 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 051-2024- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA - EPS SEDACHIMBOTE S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 051-2024-SUNAFIL/IRE-ANC, que confirmó la sanción impuesta, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 21 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas,

Al respecto, importa recordar que las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

De igual manera, el artículo 2 de la misma normativa, establece como contenido obligatorio del registro de control de asistencia, lo siguiente:

Por su parte, el artículo 3 del mismo dispositivo normativo establece lo siguiente:

Del dispositivo normativo expuesto, se aprecia que la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores, conforme a ley. Para lograr dicho fin, el registro de control de asistencia debe contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”8.

Conforme se reconoce en los numerales del 6.10 al 6.12 de la Resolución de Sala Plena N° 007- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de abril de 2023, establecidos como precedentes vinculantes para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo” (énfasis añadido).

Adicionalmente, es importante establecer que el tipo legal del artículo 25.19 del artículo 25 del RLGIT, vigente al momento de la determinación de la comisión de la infracción sancionada, establece lo siguiente: “25.19. No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo” (énfasis añadido). De la norma citada se advierte que el tipo infractor contempla tres supuestos: i) la inexistencia de un registro de control de asistencia; ii) la existencia de dicho registro, pero sin contener la información mínima exigida; y iii) la sustitución o impedimento al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo.

En el presente caso, del literal d) y e) del numeral 4.3 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se observa que, mediante requerimiento de información del 18 de enero de 2023, se le solicitó a la inspeccionada la presentación del registro de control de asistencia del trabajador afectado desde enero del 2022 hasta el mismo 18 de enero de 2023. En respuesta, sin embargo, la inspeccionada presentó el documento denominado “Control semanal de Personal del EPP distribución y recolección” desde la “semana 39 que comprende desde el 26/09/22 al 02/10/22 hasta la semana 52 que compren desde el 26/12/22 al 01/01/23 y desde la semana 01 que comprende desde el 02/01/23 al 08/01/23 hasta la semana 04 que comprende desde el 27/01/23 al 29/01/23”. Ante lo cual, el inspector comisionado precisó que “se ha podido verificar que no se trata de un registro de control de asistencia de ingreso y salida, sino de hojas de tareo a cargo del sujeto inspeccionado, en la cual el trabajador… no registra de manera personal su hora de ingreso y salida de su centro de trabajo, así como no contiene la información mínima que debe tener todo registro de control de asistencia a que hace referencia el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR”.

Asimismo, el inspector comisionado en el literal h) del mismo numeral 4.3 de los Hechos Constados del Acta de Infracción, dejó constancia que si bien con fecha posterior la inspeccionada presentó los registros de control de asistencia de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2022, ello se hizo luego de que se notificara la Constancia de Hechos Insubsanables, en la cual se precisó el carácter insubsanable de la infracción advertida por no contar con el registro de control de asistencia; y también se incidió en que, sin perjuicio de la

Al respecto, esta Sala coincide en el criterio expresado por las instancias administrativas previas, pues se corrobora que el documento denominado “CONTROL SEMANAL DE PERSONAL DEL EPP DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN” proporcionado por la inspeccionada durante las actuaciones inspectivas, no corresponde a un registro de control de asistencia, pues no contempla el contenido de “información mínima” previsto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, como “nombre, denominación o razón social del empleador”, “número de registro único de contribuyente del empleador”, “número de documento de identidad del trabajador”, y la “fecha, hora y minutos de ingreso y salida de la jornada de trabajo”. Y, si bien posteriormente la inspeccionada proporcionó documentos denominados “CONTROL DE ASISTENCIA”, ello se efectuó luego de que el inspector calificara el carácter insubsanable de la infracción y de manera incompleta ya que como advirtió el comisionado, dichos documentos no cumplían con la información mínima establecida por ley y no correspondían sobre todo al íntegro del récord de trabajo fiscalizado.

A tal efecto, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por la impugnante en el recurso de revisión, esta Sala verifica que no ha existido por parte de las instancias previas una evaluación limitada o sesgada de las pruebas y la información aportada por la inspeccionada, sino que del examen minucioso de la misma, se ha podido determinar que no se cumplió con contar un registro de control de asistencia ceñido a los parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2006-TR, por el récord de trabajo materia de fiscalización, de enero de 2022 al 18 de enero de 2023, incurriendo así en tipo infractor previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

En relación con la valoración de la copia de la demanda y del proceso judicial seguido por el trabajador afectado contra la inspeccionada, tramitado en el Expediente N.° 3702-2022-0- 2501-JR-LA-01, corresponde precisar que el pronunciamiento judicial que se emita respecto de la existencia o no de adeudos a favor del trabajador, vinculados al pago de dominicales u horas extras, no incide en la determinación de la infracción administrativa materia de análisis. Ello, en tanto dicho pronunciamiento judicial no desvirtúa la constatación efectuada por el inspector de trabajo durante la fiscalización, consistente en que la inspeccionada no contaba con el registro de control de asistencia conforme a lo exigido por la normativa vigente para el período inspeccionado, ni tampoco subsana la conducta infractora verificada. En tal sentido, la existencia del referido proceso judicial no constituye un eximente de responsabilidad administrativa respecto del incumplimiento detectado.

Conviene precisar que la observancia del contenido mínimo previsto en el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR para el Registro de Control de Asistencia resulta esencial para garantizar que, en el marco de la prestación de servicios, exista información cierta, objetiva y verificable respecto del tiempo efectivamente laborado por el personal subordinado en favor de su empleador. Ello permite asegurar que la utilización de la fuerza de trabajo se desarrolle dentro de los límites contractuales, legales y constitucionalmente establecidos. En ese sentido, el cumplimiento del mínimo informativo exigido por el legislador para el Registro de Control de Asistencia no constituye una formalidad vacía, sino un instrumento

En base a todo lo señalado, esta Sala conviene en confirmar la imposición de la infracción muy grave prevista en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, desestimado el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.